El tiempo en que situó la referencia histórica (“40 años”), no es casual. Alude, precisamente, a modificar una significativa cantidad de convenios colectivos de trabajo que fueron negociados en 1975 y en la ronda de negociaciones de 1988, y que se mantienen vigentes por “ultraactividad”, una de las características que prevé la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. Esto significa que hasta tanto las “partes” no acuerden otro convenio colectivo, sus contenidos permanecen vigentes más allá del período de vigencia acordado al momento de celebrarse la negociación. Si bien los convenios que se mantienen ultra activos pueden haber sufrido distintas modificaciones a través de otros convenios (de empresa articulados a convenios de actividad) y/o de acuerdos (predominantes durante la última década), la vigencia de esas condiciones, conquistadas en el marco de una relación de fuerzas más favorable a la clase trabajadora que en los años ’90, pueden convertirse en una herramienta defensiva para los trabajadores.

El último avance concreto contra esta condición fue durante el gobierno de la Alianza, con la Ley de Empleo Estable (25250), más conocida como ley “Banelco”, que dispuso un plazo de 2 años para la renegociación de convenios ultraactivos de las rondas del ’75 y del ’88. Este artículo fue derogado en 2004 con la Ley de Ordenamiento Laboral (N° 25877). De todos modos, más allá de la referencia a los convenios ultraactivos,

el planteo del Gobierno apunta a un nuevo avance de la flexibilización laboral

, en tanto desde diversas cámaras empresarias consideran que en la última década sólo se habrían negociado salarios, desplazando la preocupación por la productividad.

El Gobierno también abonó otro de los ejes sobre los cuales insiste una y otra vez la clase dominante argentina: la negociación por empresa. Sobre este punto, cabe señalar que la negociación a nivel de empresa se encuentra instalada a partir del avance que tuvo en los años ’90 [1], por lo tanto no se trataría de una vuelta a los ’90, como insistieron distintos referentes del FpV, sino que ese es precisamente uno de los puntos de continuidad en la estructura de la negociación colectiva durante los años de la postconvertibilidad.

Ahora bien, el discurso del Gobierno al instalar la cuestión de los convenios de empresa puede entenderse no sólo en el sentido de apuntar a una mayor fragmentación y heterogeneización en las condiciones de la clase trabajadora, sino también de instalar la discusión sobre el monopolio de la representación sindical por rama de actividad, habilitando que sean sindicatos de empresa los que negocien las condiciones de trabajo, posibilidad limitada en la actual Ley de Asociaciones Profesionales.

De todos modos, las condiciones plasmadas en las negociaciones colectivas son expresión de las relaciones de fuerza entre las clases, y la efectividad de sus condiciones en el suelo de las fábricas depende, también, del estado de las relaciones de fuerza y la organización sindical, especialmente en los lugares de trabajo.

El actual Gobierno no parece tener la fuerza para establecer grandes cambios en el cuestionado modelo sindical argentino. La burocracia sindical así se lo planteó en la voz de Maturano, resaltando su función como garante de la paz social.

¿Qué creés que busca el Gobierno y el empresariado con este discurso?

Grosso modo, ¿cuáles fueron las transformaciones más importantes que se registraron en las últimas décadas mediante las modificaciones en los convenios colectivos de trabajo?

Pese a que diversos autores destacaron el significativo aumento de las negociaciones durante el kirchnerismo, estas condiciones no se modificaron sustancialmente, salvo en sectores puntuales, producto de la organización de los trabajadores, en muchos casos enfrentados a la dirigencia sindical de sus gremios (caso subterráneos, Fate, entre otros). Primero, es preciso mencionar que durante la última década la mayor parte de las negociaciones fueron acuerdos, que modifican aspectos parciales de los convenios colectivos, y se trató de acuerdos fundamentalmente salariales. El hecho que la negociación durante la postconvertibilidad haya sido fundamentalmente salarial responde a la renovada centralidad de la lucha sindical en un contexto inflacionario. En los primeros años, la disputa salarial permitió a los trabajadores registrados tan sólo recuperar el poder adquisitivo perdido tras la devaluación de enero de 2002 y, posteriormente, fue determinada por la búsqueda de recomposición salarial en función de la dinámica inflacionaria, acelerada a partir de 2007/2008.

Es decir, durante el período 2003-2015, las negociaciones fueron eminentemente salariales, centradas en la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida tras el ajuste devaluatorio de 2002 y la posterior dinámica inflacionaria.

Ahora bien, el aumento del empleo en un marco de recomposición de la acumulación de capital, sentó las condiciones objetivas para el desarrollo de un proceso de reorganización sindical que no sólo se evidenció en el protagonismo de las dirigencias sindicales sino también en un significativo proceso de organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo[2] . La dinámica de conflicto laboral, se expresó en cambios en ciertos contenidos de la negociación, como la incorporación de sumas al salario básico de convenio, o en materia de subcontratación, equiparando condiciones entre el fragmentado colectivo de trabajadores. Sin embargo, permanecieron, tanto en la letra de los convenios, como en la realidad de los lugares de trabajo, aspectos nodales de las condiciones impuestas por la reestructuración capitalista en los años ’90, fundamentalmente en cuanto a la organización del tiempo de trabajo y de las tareas. De hecho, uno de los elementos legales que habilitan condiciones de flexibilización del tiempo de trabajo, como el establecimiento de jornadas en base a promedios, introducido en la ley de reforma laboral de 1991 (Ley N° 24013), se mantiene vigente.

Desde ya, estas características presentan diferencias sectoriales significativas, y la modificación de condiciones impuestas por el capital en los ’90 ha dependido, fundamentalmente, de la organización de los trabajadores y de la adopción de una política sindical combativa, en muchos casos en contra de las dirigencias sindicales.

¿Cómo es hoy la situación de la clase trabajadora argentina, después del ciclo kirchnerista?

Pese a esta debilidad estructural, la reducción de la desocupación constituye un aspecto central para comprender los avances en la organización de la clase obrera durante la última década. Sobre este punto suelen tomarse como indicadores, además de la negociación colectiva, la evolución de la conflictividad laboral, la tasa de sindicalización y, la presencia de organización sindical en los lugares de trabajo. Más allá de las controversias en torno a estos indicadores, y la falta de información sistemática sobre tasa de sindicalización y representación sindical en los lugares de trabajo (aspecto que no podemos desarrollar aquí), distintas estimaciones permitirían dar cuenta de un aumento de ambos indicadores. La ausencia de información cuantitativa sistemática sobre estos indicadores, no puede soslayar la emergencia de distintas experiencias y procesos de organización de base, antiburocráticos y combativos. Sin embargo, también el ciclo kirchnerista, en tanto restauración del orden de dominación y acumulación puesto en cuestión por la insurrección de 2001[4], significó un fuerte proceso de institucionalización de las relaciones laborales y del conflicto capital-trabajo, y uno de los principales mecanismos de dicha institucionalización fue la negociación colectiva. En este escenario, el dinamismo de la negociación colectiva, al tiempo que sirvió como modo de contener y ordenar las demandas de los trabajadores, potenció el protagonismo de las dirigencias sindicales tradicionales en su papel en la disputa (y contención) en la puja distributiva.

La clase trabajadora se encuentra hoy más organizada que en los comienzos del ciclo kirchnerista, pero en su mayoría aún está representada por la dirigencia sindical tradicional, que le ha otorgado una significativa tregua al gobierno de Macri.

En este marco, los distintos sectores combativos fortalecidos en la última década tienen el desafío de desarrollar y consolidar una construcción sindical independiente de las patronales y del Estado.

Notas:

[4] Sobre esta caracterización consultar Bonnet, A. (2015), La insurrección como restauración. El kirchnerismo 2002-2015, Buenos Aires: Prometeo.