Sociedad

CONTAMINACIÓN

El derrame en Veladero reaviva el debate sobre los peligros de la megaminería

Tiempo estimado 11:10 min


Aunque la Barrick afirma que el líquido no llegó al río, vecinos y especialistas denuncian que sí lo hizo y que el derrame sería mayor al del 2015, considerado el mayor desastre ambiental de la minería.

Roberto Andrés

Periodista | Editor y redactor de la sección Ecología y medioambiente | @RoberAndres1982

Viernes 16 de septiembre de 2016 | 07:00

Este jueves 15 los medios de comunicación relataron durante toda la jornada los hechos ocurridos en Veladero, la mina de oro de San Juan explotada por la imperialista Barrick Gold. Una discordancia entre dos senadores sanjuaninos habría permitido la filtración de información del suceso: el pasado 8 de septiembre se produjo un “incidente dentro del valle de lixiviación producto del desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas con solución de proceso”, hecho confirmado por la empresa en un comunicado de prensa. En un segundo comunicado se confirmó que el agua cianurada superó el dique de contención.

El demonio del derrame de cianuro en los ríos de Jáchal y otros pueblos revivió coincidentemente al conmemorarse un año del derrame de más de un millón de litros de agua cianurada (aunque recientemente abogados de Jáchal como Enrique Viale señalan que se trató de cinco millones de litros) en los ríos Potrerillos, Jáchal, Las Taguas, Palca y Blanco, hecho considerado como el mayor desastre ambiental de la minería en Argentina y que tuvo como primera víctima a un nene de cinco años con arsénico y mercurio en la sangre.

La Barrick Gold ya había ocultado al menos tres derrames de cianuro que se produjeron entre 2011 y 2012 en la mina Veladero. Esta información se desprendió de un informe elaborado por la ex Secretaría de Medio Ambiente y que fue dado a conocer en el marco de la causa que observaba el juez Sebastián Casanello por el derrame ocurrido hace un año atrás. Ante este nuevo acontecimiento, el pueblo de Jáchal no tardó en salir a protestar en defensa del agua y la vida.

Aunque en esta ocasión, la Barrick afirma que el líquido no llegó al río Potrerillos, vecinos de la zona y especialistas denuncian que sí lo hizo y que el derrame sería mayor al del año pasado. Recordemos que la multinacional canadiense negaría en un primer momento el derrame del 12 de septiembre de 2015, y posteriormente distorsionaría el impacto del derrame diciendo que eran unos pocos litros: de 15 mil litros se pasaría luego a 224 mil, hasta finalmente admitir que se habría tratado de más de un millón de litros de agua cianurada derramados.

En el reciente caso, tras filtrarse la información y ante la amenaza de una pueblada, el nuevo Gobernador provincial Sergio Uñac (PJ), en conferencia de prensa, declara el cierre preventivo de la mina y el pago obligado de los empleados durante este cierre. La medida preventiva de Uñac da cuenta de una correlación de fuerzas distinta. Tras el derrame del 12 de septiembre de 2015, el entonces Gobernador provincial y ahora presidente del Partido Justicialista José Luis Gioja habría actuado directamente como un “abogado” de la empresa, acompañando en un primer momento la negación del hecho ocurrido por parte de la Barrick, y luego cuestionando los resultados de la investigación realizada por la Universidad Nacional de Cuyo que demostró la presencia de aluminio, magnesio y mercurio por encima de los límites permitidos en las localidades de Mogna y Tamberías. Uñac, ayer vicegobernador de Gioja, y que estuvo participando activamente en el mini Davos, en esta ocasión declaró el cierre preventivo de la mina ante la amenaza de una pueblada.

En un comunicado los vecinos y ambientalistas organizados en la Asamblea Jáchal No Se Toca declararon que “frente al quinto derrame de cianuro confirmado” en las fuentes naturales de agua y ante el reconocimiento de Uñac de “no contar con información certera” sobre lo sucedido, “nuevamente los mecanismos de control y seguridad demuestran completa incompetencia”. Este jueves 15 se movilizaron a partir de las 20 horas hasta la plaza 25 de mayo de San Juan (capital), exigiendo el cierre total y definitivo de Veladero y la remediación y prohibición de la megaminería.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman (PRO), cauteloso, señaló acompañar la medida preventiva indicada por Uñac, sin embargo un grupo de diputados de su propio partido piden interpelarlo por el nuevo derrame de cianuro en Veladero. El pedido, que también se extiende al secretario de Minería, Daniel Meilan, fue impulsado por el sanjuanino Eduardo Cáceres, pero lleva las firmas de Nicolás Massot, jefe del bloque PRO en Diputados, Eduardo Amadeo, Silvia Lospennato, y Luciano Laspina, entre otros legisladores. Elaboraron un proyecto para que el ministro de Ambiente explique en el Congreso qué sucedió en la mina de oro. Bergman en marzo de este año habría anunciado en la misma ciudad sanjuanina de Jachal que el Gobierno Nacional pediría que se ejecute un seguro ambiental de 90 millones de pesos en agua potable por el impacto ambiental negativo que produjo el derrame de solución cianurada de septiembre pasado. Sin embargo en la misma ocasión y ante la exigencia de los asambleístas de Jáchal de cerrar Veladero, el ministro macrista aclaró que no tiene la más mínima intención de “modificar una actividad que tiene que ver con una política de Estado, como es la minería”. Por su parte, el juez Sebastián Casanello ordenó un procedimiento en los ministerios de Ambiente y de Energía y Minería, y dándoles a Bergman y Meilan cinco días para sumar la información que les provean los técnicos que están en el terreno.

Sobre el andamiaje jurídico del menemismo, sostenido y profundizado por el kirchnerismo y ahora por el macrismo, la megaminería se desarrolló como una nueva forma de explotación de recursos minerales hasta hace pocos años desconocida en el país. Las multinacionales que la impulsan provienen de Canadá, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Suiza y Brasil, sin embargo su característica principal se basa en su dimensión a gran escala y en su modalidad de explotación intensiva, lo que la hace contaminante, insostenible e incontrolable.

El uso colosal de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas, sumado a la ubicación geográfica de las minas en zonas cordilleranas, la convierte en una actividad absolutamente peligrosa y antipopular. Solo la Alumbrera de Catamarca consume el 85 % de la energía eléctrica del total de la provincia (en un país con crisis energética) y el uso de agua por día llega a los 86 millones de litros, mucho más que todo el resto de la provincia. En el caso de Veladero, en San Juan, que consume hasta nueve millones de litros de agua por día, esta mina opera sobre glaciares y ambiente periglacial, tal como se desprende del propio Informe de impacto ambiental realizado por la empresa. Esto convierte en ilegal a esta actividad, al contradecir la Ley de Protección de Glaciares, que establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre esas superficies.

Y en el caso específico de la extracción de oro, el 80 % del producto tiene como objetivo el uso como instrumento de especulación financiera, mientras que el 18 % es para joyería (la elaboración de un simple anillo genera más de 18 toneladas de desechos tóxicos), y solo un 2 % tiene como objetivo el uso tecnológico en la industria. Tampoco existe en el mundo alguna región que haya logrado desarrollarse socioeconómicamente con la gran minería y en la que esta actividad no esté ligada a la conflictividad social. Tras 20 años de explotación de La Alumbrera de Catamarca y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de la provincia no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país. Por ejemplo, Catamarca es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo. En San Juan, la minería ocupa a menos del 1 % de la población económicamente activa.

El nuevo derrame en Veladero generó un amplio repudio en la población y el arco político y social. La joven senadora provincial por Mendoza, del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito (PTS) junto al diputado provincial Lautaro Jiménez (PTS), viajó el mismo jueves a Jáchal tras enterarse del nuevo derrame en Veladero para solidarizarse junto a la comunidad y los asambleístas que luchan por el cierre de la mina: “Hemos venido para ponernos a disposición de la comunidad de Jáchal, que nuevamente ha sufrido la contaminación de su agua, de sus ríos, por la Barrick Gold, una empresa multinacional que quiere saquear nuestros recursos naturales”, dijo Barbeito en una entrevista. “Lo que la naturaleza ha tardado millones de años en hacer, ellos quieren extraerlo en pocos segundo a costa de la vida de los trabajadores, a costa de la vida de las comunidades”.

Anoche, la diputada nacional del FIT y abogada de derechos humanos Myriam Bregman, señaló en televisión que “en esto no hay pesada herencia (para el macrismo), sino que hay una continuidad absoluta”. “El federalismo les importa tanto a la hora de no meterse contra la Barrick, (pero) a la hora de quitarle impuestos, el federalismo sirve para este tipo de empresas, que les sacan impuestos, no pagan absolutamente nada y que hacen que provincias como la de San Juan sean cada vez más dependientes del Gobierno Nacional. Casi no generan puestos de trabajo y se llevan todo afuera, y encima no pagan impuestos”.

Miguel Bonasso, expresidente de la Comisión de Recursos aturales y conservación del ambiente, y autor de la Ley de Glaciares, indicó que “el ministro (Bergman) ignora que en el estudio de impacto ambiental de la famosa compañía canadiense Barrick Gold, anterior a que nosotros discutiéramos y aprobáramos en la cámara de diputados la Ley de Glaciares, cuya primera versión fue vetada por CFK (una de las dos leyes que vetó), Barrick reconoce que hay glaciares y periglaciares en Veladero”.

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y abogado de los asambleístas de Jáchal declaró en televisión: “Ahora nos enteramos de este nuevo derrame, que tiene todas las características, muy similares, al del año pasado: hermetismo, silencio, ocultamiento”. “La justicia de San Juan está absolutamente a merced de las corporaciones mineras y fueron las que garantizaron la impunidad del anterior derrame. El juez Oritja, que es un juez local, fue el que garantizó la impunidad y nos encontramos hace un año con ningún responsable del anterior derrame. No hay funcionario procesado provincial, ni directivo de la Barrick real. El peor desastre ambiental de la historia Argentina quedó impune hasta la actualidad”.





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