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Red Internacional

Criminalización.Exigen a Cafiero que asuma su responsabilidad y no extradite a Facundo Molares a Colombia

Tiempo estimado 4:55 min


Decenas de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales marcharon a la Cancillería y le entregaron a funcionarios del ministro de Relaciones Exteriores un petitorio con más de 700 firmas. Reclaman al Gobierno del Frente de Todos que interceda para que quede sin efecto la ilegal extradición del periodista y militante argentino a pedido del Estado represor de Colombia.

Jueves 16 de junio | 10:48

Este miércoles decenas de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales se movilizaron la Ciudad de Buenos Aires hasta la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Allí solicitaron una reunión con el ministro Santiago Cafiero para reclamar acciones concretas del Gobierno argentino en relación al caso de la ilegal detención y posible extradición a Colombia del militante y periodista argentino Facundo Molares.

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Como informó La Izquierda Diario, el 2 de mayo Molares fue víctima de una sentencia reaccionaria en favor de su extradición a pedido del Estado colombiano. Fue en un juicio amañado a cargo del nefasto juez federal de Esquel Guido Otranto (especialista en criminalizar a luchadores populares en beneficio de terratenientes, corporaciones y gobiernos).

Encabezada por una bandera que decía “Libertad a Facundo Molares y todxs lxs presxs por luchar”, la movilización llegó a las puertas de la Cancillería y una delegación logró reunirse con el secretario de Coordinación y Planificación Exterior Pablo Delgado, el director general de Asuntos Jurídicos Santiago Herrera y la abogada del Ministerio Mariela Bondar.

La delegación de solidaridad con Facundo estuvo integrada, entre otros, por el abogado defensor en el juicio de extradición Gustavo Franquet (Gremial de Abogados), Leonardo Pérez Esquivel (Serpaj), María Adela Antokoletz Gard (hermana de desaparecidos e integrante de Madres de Plaza de Mayo), Luis María Alma Bornes (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Susana Rearte (Encuentro Militante Cachito Fukman), Matías Aufieri y Carlos Platkowski del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Pablo Vasco de Cadhu, Mónica Glomba (Movimiento Rebelión Popular), Carlos Aznárez (Resumen Latinoamericano) y María José Cano (ATE Nacional).

Delgado, Herreray Bondar recibieron de manos de la delegación un petitorio con más de 700 firmas de diversas personalidades y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. Entre esas firmas figuran las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y las diputadas y diputados del PTS en el Frente de Izquierda Unidad Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Alejandrina Barry y Christian Castillo (éste último de mandato cumplido).

En la reunión la delegación planteó exigencias al Poder Ejecutivo para que arbitre medidas ante la Justicia Especial de Paz de Colombia (que interviene en los casos de militantes que actuaron en organizaciones guerrilleras en Colombia) para definir la situación de Molares y que quede sin efecto el requerimiento de la justicia ordinaria colombiana, concedido por el el juez Otranto en la Argentina.

A la salida de la reunión el abogado del CeProDH Matías Aufieri declaró a este diario que “la delegación remarcó firmemente a los funcionarios del ministerio conducido por Santiago Cafiero la responsabilidad política que cabe al Poder Ejecutivo argentino si avalara un proceso ilegal contra Molares y lo entrega a Colombia en la situación que vive aquel país, donde muchos exmilitantes de las FARC, sobre todo quienes tuvieron disidencias con los acuerdos de paz, fueron asesinados tras la firma de los acuerdos de paz de 2014 violados por el uribismo”.

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En la reunión Aufieri recordó ante los funcionarios el antecedente de la detención de Molares en Bolivia a manos de la dictadura de Jeanine Añez que, tras un año de detención sin fundamentos, tuvo que liberarlo. “Un tiempo después, el Gobierno argentino lo detuvo en Esquel y ya lleva siete meses privado de su libertad, con la celebración en aquel momento del ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el fortalecimiento del relato delirante de los medios de comunicación derechistas, que le atribuyeron ser el instructor de guerrillas mapuches, de la RAM, y similares teorías ya conocidas”, detalló el miembro del CeProDH. Por esos antecedentes, planteó que “la actuación del gobierno argentino no es irrelevante, ni estamos ante un mero caso entre los poderes judiciales de dos países”.

En las próximas semanas, diputados del Frente de Izquierda Unidad visitarán a Molares en el penal federal de Ezeiza, donde está detenido desde hace meses.





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