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Red Internacional

CONTRAPUNTO.La huelga del metal de Cádiz y la recomposición subjetiva de la clase obrera

Tiempo estimado 30:09 min


Tras 9 días de lucha, que incluyeron la represión del Gobierno y una dura resistencia obrera, la huelga del metal de Cádiz culminó en un acuerdo entre los sindicatos (UGT y CCOO) y la patronal. El acuerdo, cuestionado por las organizaciones del sindicalismo combativo y sectores de los trabajadores, llegó en el momento que la huelga cosechaba más solidaridad en todo el Estado y su ejemplo comenzaba a extenderse. No fue casualidad. Miles de trabajadores salieron al combate contra la precariedad, los abusos y el despotismo patronal, rompiendo un largo ciclo de pasividad social que sembró temor en las altas esferas de poder. Ayudar a sacar lecciones del conflicto es un ejercicio clave para que la clase obrera recupere su capacidad de lucha y organización independiente.

Diego Lotito

@diegolotito

Roberto Bordón

@RobertoBordon13

Domingo 28 de noviembre de 2021 | Edición del día

Ilustración: Diógenes Izquierdo

Vuelve la lucha de clases

“Ha habido miedo estos días. Era necesario neutralizar la llama que prendía en Cádiz para alumbrar España entera con la solidaridad obrera. Así que se han movido todos los resortes necesarios para mitigar la protesta. Han trabajado los enemigos muy duro, pero también los colaboracionistas”. Con esta serie de acertadas afirmaciones comienza un inusual artículo de Antonio Maestre a propósito del fin de la huelga del metal en Cádiz.

Efectivamente, ha habido miedo estos días. Pasada la primera semana de huelga indefinida en Cádiz, los poderes fácticos del capitalismo español comenzaron a temer. No era para menos. Los ataques de la derecha y el mainstream mediático contra la huelga en los primeros días, criminalizando a los obreros por “violentos” para justificar la represión, no surtieron efecto. Empezando por toda la población de Cádiz, que se volcó a apoyar la lucha sin condiciones. Pero el apoyo no sólo fue local. El impacto político de la huelga ha sido enorme en el conjunto del Estado, generando muestras de solidaridad en todos los rincones del país. Más aun con las imágenes de tanquetas militares y cientos de efectivos enviado por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para reprimir la huelga en todos los telediarios.

A esta dinámica del conflicto es necesario sumarle la crisis social, el aumento de los precios y una inflación que ya roza el 6% (algo que no se veía hace treinta años), la intensificación de la precariedad laboral, la persistencia del paro, y, sobre todo, el inicio de una incipiente oleada de huelgas obreras. En muchos casos por convenios vencidos, pero también contra la precariedad, despidos arbitrarios y otras demandas. Un cóctel verdaderamente explosivo.

“En cada huelga se esconde la hidra de la revolución”, escribió Von Puttkamer, un militar reaccionario alemán. Es obvio que de la huelga del metal en Cádiz no iba a desencadenarse la revolución, pero su ejemplo podía (y todavía puede) ser el catalizador de un inesperado invierno del descontento tras un largo período de pasividad (y pasivización) del movimiento obrero. Por eso había que terminar con la huelga, del modo que fuera.

Sacar lecciones de este combate de clase no es un ejercicio académico ni periodístico, sino una tarea política para reflexionar sobre las condiciones en que puede darse la recomposición subjetiva de la clase obrera, y para colaborar activamente con ello.

Los motivos profundos del conflicto

Las movilizaciones de los trabajadores gaditanos, al principio contra el cierre de Airbus Puerto Real en los primeros meses del año y en la última semana con jornadas de huelga en todo el sector del metal gaditano, han puesto sobre la mesa una serie de importantes demandas. Desde los reclamos por una renovación del Convenio sectorial del metal que actualice los salarios en un momento en el que la inflación golpea el poder adquisitivo de los trabajadores, hasta la pelea contra los intentos de aumentar la jornada laboral por parte de la patronal o, como marca el ejemplo de Airbus, evitar la destrucción de empleo que conllevan los cierres de centros de trabajo y la desaparición de la industria auxiliar.

La huelga del metal despertó desde el inicio una gran simpatía en la población gaditana. No sólo por el número de trabajadores que fueron convocados, alrededor de 30.000, con lo que casi no había vecino o vecina que tuviera un pariente o conocido en la huelga. Sino porque su lucha condensaba un malestar general en la provincia andaluza en la que la precariedad y el paro son el pan de cada día.

Con cifras del paro de más de un 25% en la mayoría de los municipios, llegando a 34% en municipios como la Línea de la Concepción, el combate por la defensa de los puestos de trabajo y mejores condiciones en la industria del metal es sentido como la lucha por el futuro de toda la población. Con numerosas referencias a otros procesos de desindustralización que ha sufrido la provincia durante varias décadas y con un ejemplo reciente, el cierre de Airbus Puerto Real tras la traición de CCOO y UGT, la población trabajadora se ve condenada a subsistir en trabajos precarios de una economía de sector servicios o a sufrir altas tasas de paro crónico. “Nuestros hijos estudian mucho para poder irse fuera”, resumía un huelguista en los piquetes las perspectivas de futuro que maneja la población gaditana.

Los motivos formales de la convocatoria de las jornadas de huelga del día 9 y 10 de noviembre, así como la extensión del conflicto a través del paso a una huelga indefinida el 16 de noviembre, estaban relacionados con la negociación salarial. Pero había razones de fondo para que la huelga alcanzase la magnitud que ha logrado. No sólo se trataba del convenio, sino del estallido de un sector donde se sufre una absoluta precariedad y donde la patronal hace y deshace a su antojo con impunidad.

Para comprender los motivos profundos de la huelga del metal de Cádiz es necesario partir del modelo de temporalidad imperante en el sector y sus efectos en la vida de los trabajadores y sus familias, condenados a la precariedad y a sufrir los abusos permanentes de la patronal. Tal es la situación que a pesar de ser la mayoría dentro de su propio sector (75% de los trabajadores son eventuales) no han tenido ni voz ni voto a lo largo de la negociación debido a la fuerte política antisindical de las empresas y el rol de las burocracias sindicales que aprovechan la división entre fijos y eventuales para sostener su poder.

Dicha temporalidad descansa en una extensión a lo largo de décadas de un modelo de subcontratas, en el que las empresas tractoras fueron reduciendo su plantilla fija alimentando toda una industria auxiliar donde el modelo de contrato es el de obra y servicio. Este modelo proporciona amplios beneficios a la patronal del sector, abaratando el coste de la mano de obra, ya sea porque el convenio del sector es peor que el de las grandes empresas como Airbus o Navantia o porque directamente no se cumple en la gran mayoría de casos. Como afirman distintos testimonios de trabajadores, no se trata de que no se cumpliese en los últimos años, es que no se ha cumplido nunca.

Se producen de forma frecuente casos de obreros que terminan su vida laboral sin haber sido fijos en ningún momento. Acumulando una enorme cantidad de contratos de obra y servicio, por un salario real menor al fijado en el convenio, haciendo un número de horas extras por encima del límite legal de forma habitual, pagadas normalmente en negro o con fraudes legales. ¿Pueden hacer algo frente a esto? Poco por lo que relatan los trabajadores, para empezar ni pueden participar normalmente en las elecciones sindicales, ya que no consiguen estar los seis meses necesarios en el mismo empleo que es el requisito para ejercer dicho derecho. Pero cualquier otro método de protesta también queda descartado por el miedo a la represión, la posibilidad de convertirse en “cadáveres laborales” como dicen los propios trabajadores, sirve muchas veces para acallar cualquier tipo de protesta. Y es que las empresas de la provincia mantienen la política de hacer listas negras de trabajadores, a los que simplemente no se les vuelve a contratar tras la finalización de su contrato de obra y servicio, una forma legal de represión antisindical que fuerza a veces a los activistas más combativos a emigrar para sobrevivir expulsándolos de forma efectiva de cualquier pelea.

Esta mezcla de temporalidad, abuso patronal y precariedad produjo un cóctel explosivo que terminó de estallar en el propio conflicto, donde los huelguistas combatieron lo que es en realidad el miedo de toda una provincia que sufre cada proceso de desindustralización como un combate a vida o muerte por su futuro. Solo desde esta perspectiva podemos entender el gran seguimiento del conflicto -a pesar incluso del riesgo que conlleva hacerlo por la persecución antisindical de las empresas-, así como de la radicalización de los métodos de lucha y la capacidad de resistencia ante la represión del Gobierno.

El combate y la represión “progresista”

Una de las grandes lecciones que nos ha dado la huelga de Cádiz es que los trabajadores han recuperado para el gran público métodos clásicos de la lucha de clases. Si, como afirmaban los obreros gaditanos, ellos estaban acostumbrados por su propia tradición y las enseñanzas de sus mayores, a las barricadas y los piquetes, en los últimos años muchos se encargaron de tratar que estas se olvidaran.

La prensa del establishment -y no solo ella-, sus periodistas a sueldo del capital y tertulianos de todo pelaje, se esforzaron en criminalizar desde el inicio la huelga de Cádiz y los métodos de lucha de los trabajadores. Pero no tuvieron éxito. Al contrario, fueron precisamente estas acciones las que permitieron a la huelga coger el impulso necesario para ser una inspiración para el resto de la clase obrera del Estado: el corte de vías de comunicación, el control del tráfico, los intentos de impedir que se mantenga la producción, los piquetes y las barricadas para defenderse de la brutal represión policial enviada por el Gobierno para sofocar la llama que prendía en tierras gaditanas.

La intensificación de la represión, con el aumento de efectivos y hasta una tanqueta militar de la UIP, lejos de aplacar la lucha tuvieron como respuesta mayor combatividad y radicalización. Sin embargo, las barricadas durante el conflicto no fueron más que la reacción defensiva ante una policía que no dudó en atacar a los trabajadores para que la producción continuase en puntos como Navantia San Fernando, donde la empresa presionó a los trabajadores para dar salida a una corbeta que debía ser terminada a finales de mes.

Los combates no se redujeron a los polígonos industriales, sino que como denunciaban muchos trabajadores, se extendían a sus propios barrios, con despliegues que parecían verdaderas ofensivas militares. La impunidad de las fuerzas represivas alimentó el sentimiento de rabia entre la población, especialmente ante incidentes como la policía disparando cerca de colegios donde entraban menores de edad o con destrozos en los barrios.

El Gobierno utilizó sus cartas para tratar de aplacar el conflicto. No sólo mediante el garrote de la represión, sino también mediante sus activos políticos a través de Unidas Podemos. Así Enrique Santiago, en su doble cargo de Secretario de Estado y Secretario general del Partido Comunista de España, llamó a desmovilizar la huelga y confiar en un gobierno que acababa de apoyar el cierre de Airbus Puerto Real y mandaba a la policía a apalear obreros. Al mismo tiempo, algunos diputados de Unidas Podemos jugaron a apoyar la movilización, incluso aparecieron en alguna manifestación y en fotos con CCOO. Todo en un intento del neorreformismo de cuidar la imagen de su propio Gobierno, cuando estaba reprimiendo a los obreros como lo haría la derecha. Una verdadera operación política que se fue desarrollando a lo largo de los días, que buscaba especialmente proteger la figura de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y futura candidata del espacio neorreformista en las siguientes elecciones, ya desgastada por el fiasco de su “derogación” de la reforma laboral.

“En esta huelga se han mostrado nuevamente el papel clave de UP en el gobierno para frenar la represión y hacer frente a los sectores más socioliberales del PSOE. También se ha retratado las provocaciones de la derecha infiltrada en los aparatos policiales, a la maquinaria mediática al servicio de la reacción y la patronal, y también el nefasto papel de determinadas organizaciones ‘izquierdistas’, que solo buscan instrumentalizar todo conflicto social para hacerse publicidad, atacar a UP y al gobierno”, dice un insólito artículo publicado en Mundo Obrero, órgano del PCE.

Pero ninguna operación de prensa puede arreglar la dura imagen de una tanqueta en mitad de un barrio obrero y de la represión policial que sufrió la población. “Una tanqueta de la UIP ha sido la otra protagonista de la respuesta a la movilización. Una jodida tanqueta dirigida por el gobierno más progresista de la historia para reprimir a los trabajadores de Cádiz”, escribe Antonio Maestre, con una sutil mezcla de indignación y decepción.

El acuerdo

En la noche del miércoles 24 los representantes de CCOO y UGT y la patronal del Metal en Cádiz (FEMCA) firmaron un preacuerdo para renovar el Convenio colectivo del metal en la Provincia de Cádiz y poner fin a la huelga. El Convenio, caducado desde diciembre de 2020, afecta a las empresas auxiliares de Construcción naval y aeronáutica.

Aunque pasó desapercibido, el propio Gobierno se implicó en poner fin al conflicto con la intervención de la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, que apretó las tuercas a burócratas y empresarios para que llegasen a un acuerdo lo más rápido posible.

Los representantes de CCOO y UGT en la mesa de negociación presentaron el preacuerdo como un gran avance, en el que virtualmente se contemplan todas las reivindicaciones planteadas en relación al Convenio: la subida salarial vinculada a la variación de la inflación y garantías de los derechos del personal temporal. El preacuerdo asume una parte de esas reivindicaciones, es cierto. Pero globalmente, como explica claramente Juan Carrique en un artículo de Izquierda Diario, es un mal acuerdo. Veamos.

Por un lado, el ámbito temporal del Convenio es de tres años, con expresa ultraactividad de dos años (eso es, que despliegue efectos dos años más allá de la fecha de caducidad). Esto fue una concesión a la patronal, ya que la petición inicial de los sindicatos era de un año para que este pudiera adecuarse al aumento de la inflación.

Por otro lado, los incrementos salariales para los años 2021, 2022 y 2023, son presentados por los sindicatos como una gran conquista. En concreto, un 2% de aumento fijo, mas una subida variable de hasta el 80 % de la diferencia con el IPC real en cada año de duración del Convenio. Si bien esto representa un avance en relación a lo que quería otorgar la patronal, se encuentran por detrás del aumento del IPC que ya en octubre alcanzó el 5%.

Sin embargo, el aspecto fundamental para valorar el acuerdo es otro: tiene que ver con la situación de los trabajadores temporales, que representan el 75% de las plantillas, es decir, más de 15 mil trabajadores. El acuerdo dice que las empresas “trataran de abonar” a los eventuales las subidas, lo cual es una verdadera burla. Porque en la amplia mayoría de los casos, el contrato de los trabajadores eventuales finalizará antes de que se haya calculado el IPC anual del año en que han trabajado. Por ello no verán ni un duro del incremento salarial por compensación de la inflación pactado por fuera del aumento fijo.

Para cubrirse las espaldas -tanto CCOO y UGT como la patronal-, el acuerdo establece una “comisión de seguimiento” para controlar la temporalidad de las plantillas, el control de las jornadas y el pago de las horas extraordinarias, con invitación a la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y otros organismos públicos. Es decir, una declaración diplomática que reconoce la situación de absoluta precariedad que existe en el sector, pero no implica ningún tipo de medida que imponga a la patronal que se modifique. Y esto es así porque implicaría modificar un verdadero sistema de superexplotación laboral en condiciones de precariedad inauditas, como las que denunciaban los trabajadores a la prensa durante la huelga.

Los representantes del sindicalismo de base presentes en el sector, como CGT, la Coordinadora de Trabajadores del Metal, o el SAT, rechazaron el acuerdo. No solo por su contenido, sino especialmente por el método mediante el cual fue ratificado. En un comunicado, la CGT aseguró que el acuerdo no sólo “está muy por debajo del IPC actual”, sino que se firmó “en el más absoluto de los secretos” y que “mediante esta acción, a espaldas de los trabajadores, se pretende desconvocar la huelga indefinida”.

CGT y la CTM apostaron por mantener la huelga los días 25 y 26 de noviembre. Un sector de la base obrera quería mantener la pelea. Sin embargo, este intento ha sido infructuoso.

La burocracia sindical, sus métodos y sus escribas

Hacía mucho tiempo que un conflicto obrero no daba lugar a un debate tan encendido como el que ha habido en los últimos días sobre el rol de los sindicatos “mayoritarios”, en gran parte porque hace rato que CCOO y UGT no se embarcaban en un conflicto más o menos serio y con una repercusión tan destacada como la huelga del metal de Cádiz. Desde la firma del acuerdo y las denuncias de sectores del sindicalismo alternativo, las voces defendiendo el rol de la burocracia sindical han comenzado a multiplicarse. Desde varios ministros del Gobierno, pasando por el Secretario General del PCE, hasta burócratas de segundo orden de distintas latitudes del Estado, todos salieron a felicitar el acuerdo y pedir respeto por el papel jugado por los “representantes electos” de los trabajadores.

Uno de los principales defensores del acuerdo ha sido el inefable Daniel Bernabé, verdadero prohombre de la burocracia (sindical y política) de CCOO y el PCE. En un hilo de tuits Bernabé desplegó el argumentario de la burocracia, “después de hablar con algunos sindicalistas del sector”, justificando el acuerdo, el rol de la burocracia y su sistema de representación, y ya de paso, aprovechó para lavarle un poco la cara al Gobierno.

“Son los propios trabajadores los que han refrendado este acuerdo mayoritariamente empresa por empresa” dice Bernabé, defendiendo que CCOO y UGT son los sindicatos mayoritarios en el sector, como si el hecho de tener una mayoría fuera garantía de una política justa. Pero esconde que esa es una mayoría ficticia y amañada por el sistema dual que impera en el sector, en el que la mayoría de las plantillas ni tienen delegados y los trabajadores eventuales en muchos casos ni siquiera el derecho de sindicalizarse. Pero el prohombre de las burocracias no tiene problema en defender el mecanismo burocrático de las “asambleas de delegados sindicales” que respaldaron el acuerdo, porque así funcionan las cosas.

Por si faltaban canalladas en el argumentario, Bernabé tiene la desfachatez de acusar a los sectores del sindicalismo alternativo que planteaban la necesidad de mantener la huelga de querer llevar al “fracaso y la desmovilización”. Un argumento típicamente estalinista muy parecido al que reza que uno le hace “el juego a la derecha” cuando cuestiona las políticas de derecha del Gobierno “progre”.

La realidad es que la política de las direcciones de CCOO y UGT ha sido conscientemente contraria durante toda la huelga a que se desarrollaran asambleas, se eligieran delegados de los huelguistas o se establecieran coordinadoras democráticas de las diferentes empresas y polígonos. El preacuerdo fue sometido solamente a la votación de asambleas de delegados que no representan al conjunto de las plantillas. Pero a nadie puede sorprender un método así viniendo de burocracias como la de CCOO, que en su último congreso invitó a participar a la ministra Nadia Calviño y al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Sindicalismo alternativo y estrategia de lucha

Si la burocracia sindical pudo pasar el acuerdo sin mayor resistencia no se debe fundamentalmente a que los representantes de CCOO y UGT estén prestigiados entre la mayoría de los trabajadores. De hecho, nos consta que no es así. Pero entre la desconfianza y la posibilidad de plantear una alternativa hay una distancia considerable, más cuando los sindicatos alternativos son muy débiles. Pero no tiene que ver con un problema de tamaño, sino también de política y estrategia.

En un artículo aparecido un día antes de que finalice la huelga, esbozábamos cinco medidas para que triunfe la huelga del metal de Cádiz. Entre ellas, el apoyo masivo a una caja de resistencia unificada, el impulso de acciones de solidaridad y contra la represión, y la coordinación de las luchas. Pero hay dos medidas en particular que consideramos eran la clave para que el conflicto tuviera una perspectiva de triunfo y superara sus principales debilidades estratégicas: asambleas democráticas para decidirlo todo y la extensión de la huelga de solidaridad en las grandes empresas del sector naval.

La división entre la base de la lucha que puso el cuerpo en los piquetes y los jefes sindicales que negociaron en despachos con la patronal, ha sido el principal elemento en contra de que triunfe la huelga. Si las bases no deciden, decidirán contra ellas, como hicieron con la lucha contra el cierre de Airbus, que terminó en una derrota. Por ello, la convocatoria de asambleas democráticas -abiertas a todos los afiliados y no afiliados, trabajadores fijos y temporales- era una clave para garantizar la unidad de todos los trabajadores en lucha y evitar que las cúpulas sindicales terminases negociando “por arriba” sin resolver realmente las reivindicaciones obreras.

En relación a este aspecto, un párrafo aparte merece el rol de Anticapitalistas en el conflicto. A través del alcalde de Cádiz, José María Gonzalez ‘Kichi’, Anticapitalistas planteo una política correcta de solidaridad. Sin embargo, esta fue más allá y ‘Kichi’ se ofreció a la Junta de Andalucía como mediador, dando así un aval a una mesa tramposa en la que patronal y burocracia sindical buscaban firmar un acuerdo a la baja que terminase con la huelga, como efectivamente sucedió. Como sostiene Santiago Lupe en una nota de polémica publicada en ID, nada más lejos de una política verdaderamente anticapitalista para el conflicto, que pasaba en todo caso por poner el peso institucional de la alcaldía en que se desarrollase la autoorganización obrera y no se negociara a espaldas de los trabajadores.

El desarrollo de la autoorganización y las asambleas democráticas, es decir, la creación de una nueva institución obrera al calor de la lucha, era la única vía que podía impedir que la burocracia hiciera una negociación a espaldas de los huelguistas, como es su ‘business as usual’. Pero para que esto fuera así, la batalla por las asambleas democráticas y resolutivas debía ser una de las claves desde el inicio del conflicto. Lamentablemente, las fuerzas de la izquierda sindical que han participado activamente de la huelga, no han hecho de esta política un eje de su intervención.

La democracia obrera no es un botón de emergencia que pulsar cuando el conflicto toma un giro repentino, es un proceso activo y preparatorio que debe desarrollarse antes, durante y después de los conflictos como una de las herramientas principales de la lucha de clases.

Como decimos en un artículo escrito al calor de la firma del convenio, “salvando las distancias, esta política recuerda a muchas de las huelgas de los últimos años de la dictadura y primeros de la Transición, y cuyas lecciones la izquierda sindical debería tomar en cuenta e incorporar en su práctica cotidiana. Conflictos muy duros y combativos, en los que era capital imponer comisiones de representantes, coordinadoras y otros organismos de democracia directa con base en las asambleas de trabajadores, para evitar que el vertical primero, o las direcciones del PCE más tarde, condujeran las negociaciones y llevaran los conflictos a acuerdos de vergüenza o la derrota”.

De haber existido esta nueva institucionalidad basada en la lucha, el rechazo al preacuerdo que se hizo sentir apenas conocida la notica hubiera tenido un cause donde expresarse para dar una respuesta organizada. Pero antes que eso, la autoorganización podría haber sido la clave para impactar sobre los trabajadores de las grandes empresas del sector naval y aeronáutico para sumarlos a la lucha.

Las plantillas de estas empresas, que en su mayoría tienen convenios propios, no estuvieron en huelga. Es decir que una buena parte del poder de fuego de la lucha no está en el “campo de batalla”. Si la tarea fundamental de una estrategia para vencer en la huelga es acumular fuerzas y concentrarlas en el punto decisivo, que los batallones pesados de la industria no participaran de la lucha fue un factor vital que la patronal aprovechó en contra de la huelga y para negociar el Convenio a la baja. Si las combativas plantillas de Navantia, Airbus y la Bazán de San Fernando se hubieran sumado al combate, entonces la patronal hubiera temblado de miedo. Ahí si que otro gallo hubiese cantado.

Tareas y perspectivas

“Los trabajadores del metal de Cádiz han mostrado una combatividad y determinación que hace tiempo no se veía. Este ha sido solo un primer asalto en un proceso de recomposición de la capacidad defensiva de lucha de nuestra clase, que más temprano que tarde logrará superar las trabas burocráticas y pasar a la ofensiva por recuperar sus derechos”, escribe con justeza Juan Carrique en un artículo antes citado.

Esta recomposición, sin embargo, no puede quedar librada a la pura espontaneidad. Este es un comienzo: “Lo espontaneo es la forma embrionaria de lo consciente”, escribió Lenin. Pero la clase trabajadora tiene muchos enemigos (externos e internos) que operan contra esta perspectiva. La recomposición de su capacidad defensiva y ofensiva de lucha debe ser por tanto una tarea consciente de las y los sindicalistas combativos, así como de la izquierda que se reivindica anticapitalista y revolucionaria.

Hay múltiples tareas que se corresponden con este objetivo, pero si tuviéramos que sintetizar dos tareas elementales -que además la huelga de Cádiz sitúa de un modo evidente-, podríamos resumirla en dos conceptos: unidad de las filas de la clase trabajadora y democracia obrera.

La clase trabajadora tiene un enorme peso social objetivo para imponer sus reivindicaciones sobre los capitalistas y vencer. Hoy la clase trabajadora a nivel mundial se ha extendido como nunca antes en la historia. Lejos del mito del fin del trabajo, en las últimas décadas cientos y cientos de miles personas en todo el mundo, empezando por países como China y la India, se han proletarizado en los servicios, en la industria, el transporte y múltiples actividades que hoy son asalariadas y antes no lo eran.

Sin embargo, a pesar que la clase trabajadora ha adquirido este enorme peso social a nivel global, que ni el propio Marx hubiera imaginado, la clase trabajadora también se encuentra enormemente fragmentada. Fragmentada como nunca antes en su historia, entre trabajadores precarios, “informales”, parados, eventuales, inmigrantes, nativos, etcétera. A su vez, el capitalismo se ha valido de todas las formas de opresión racial, de género, de nacionalidad, para fortalecer la explotación de los trabajadores y las trabajadoras.

Si algo ha puesto sobre la mesa la huelga de Cádiz es el papel pernicioso de esta división y la necesidad de luchar por la unidad de las filas obreras, bregando porque se ubique como clase hegemónica frente al conjunto de los sectores explotados y oprimidos.

Esta tarea fundamental, sin embargo, solo puede ser llevada a cabo en forma íntegra y efectiva si se enfrenta a los principales responsables de esta división: las burocracias. En primer lugar, las de los sindicatos, que cumplen la función de garantizar la división de las filas de nuestra clase, donde cada quién se debe limitar a pelea por un interés fragmentado. Pero también las burocracias políticas o semiburocracias de los “movimientos” que llaman a los trabajadores a confiar en los Gobiernos que defienden los intereses de los capitalistas.

La lucha por desarrollar las asambleas y los métodos de la democracia obrera en los lugares de trabajo, así como por recuperar los sindicatos y comités de empresa de las manos de las burocracias sindicales para ponerlos al servicio de la lucha de clases, es la segunda tarea fundamental.

La ampliación de la clase trabajadora y su mayor heterogeneidad la han hecho potencialmente muchísimo más fuerte como para pasar por encima de las burocracias y recomponerse subjetivamente. Pero que triunfe sobre sus enemigos depende, como decíamos antes, de la capacidad de adoptar una estrategia para vencer.

Como escribe Josefina Martínez en una columna publicada de CTXT, “la pandemia ha aumentado las desigualdades y los agravios acumulados, pero también ha desvelado la vulnerabilidad del capital. Sin trabajadores y trabajadoras no funciona nada. Las huelgas muestran ese poder potencial. Y que ya es hora de que el miedo cambie de bando.”





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