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Entre rumores de renuncia, Berni asegura que ayudó más que nadie a la Policía

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Algunos sectores dicen que el ministro de Seguridad provincial no quiere seguir al frente de la cartera por sus diferencias con Insaurralde. Mientras, acusa que “anónimos” de la Policía están agitando una nueva movida extorsiva en reclamo de más plata y privilegios. ¿El ladero de Cristina tiene sus días contados?

Daniel Satur

@saturnetroc

Miércoles 13 de octubre | 10:30

Sergio Berni y Cristina Fernández de Kirchner

Este martes el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dio una entrevista en el canal A24. Allí acusó a “grupos anónimos” de la Policía Bonaerense de estar alentando una nueva protesta (con “retención de tareas”) para los próximos días.

“Se han enterado que estamos trabajando con el gobernador y el jefe de gabinete justamente en un aumento de las horas cores. Y a raíz de que filtraron esa información, empiezan a especular y a amenazar”, dijo Berni ante el periodista Luis Novaresio y su equipo. “Son grupos anónimos que están jugando en este escenario de la política”, sentenció sin dar mayores detalles.

En ese sentido, el ministro mano derecha de Axel Kicillof reivindicó lo que viene haciendo la gestión del Frente de Todos en favor de la Bonaerense. “Recibimos una Policía que había perdido el 27 % de su poder adquisitivo, fue el gobernador Kicillof quien no solo aumentó los sueldos sino que los equiparó a las fuerzas federales y, además, a las horas cores las multiplicó por seis”, señaló.

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Por el momento la medida extorsiva de la “maldita policía” no pasa de meros posteos en redes sociales. “Son todos agites periodísticos”, dijo un vocero de Berni al diario La Nación, una de las empresas periodísticas que más viene prestándole atención a los movimientos internos de la Gobernación bonaerense que tienen al ministro como protagonista en las últimas horas.

En su editorial televisivo del último lunes por LN+ (luego convertido en columna en La Nación), Carlos Pagni aseguró que “empieza a circular la versión de que Sergio Berni estaría por irse del Ministerio de Seguridad” y que de ese modo quedaría “decapitado el esqueleto más importante que tiene la provincia de Buenos Aires: la policía”.

Allí Pagni afirma que no sería un “despido” de Berni por parte de Kicillof sino una decisión del propio ministro que “se querría ir. ¿Por qué? No sabemos. ¿Es por el imperio de La Cámpora? Él tuvo un altercado con Máximo Kirchner, lo agarró del cuello, y los tuvo que separar el jefe de Policía. Viejos enfrentamientos que, vaya a saber, se hunden en el fondo de la historia porque Berni debe conocer a Máximo desde chiquito. Casi una historia familiar”.

A renglón seguido el editorialista de La Nación arriesga una hipótesis: “¿Berni se va porque ve venir problemas de seguridad o porque no está claro quién es su jefe? ¿Porque no sabe si su jefe es Insaurralde o Kicillof?”. Vale recordar que el propio excarapintada se fotografió la semana pasada con el nuevo jefe de Gabinete provincial y exintendente de Lomas de Zamora en la escuela de policías Juan Vucetich. Allí intentó mostrar, como afirmó en la entrevista de A24 que está muy a gusto con Insaurralde.

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Pero la interna entre el médico militar, “soldado” de la vicepresidenta Cristina Fernández, y los barones del conurbano existe desde hace mucho tiempo y, en momento de crisis, es poco probable que no vuelva a manifestarse. Según Pagni, otro “barón” estaría con ganas de volver a ocupar el Ministerio de Seguridad. Se trata de Alejandro “El Sheriff” Granados, intendente de Ezeiza desde 1995, cargo que dejó sólo entre 2013 y 2015 tras el llamado del entonces gobernador Daniel Scioli para hacerse cargo de la “seguridad” en la provincia.

Daniel Scioli y Alejandro Granados en 2015
Daniel Scioli y Alejandro Granados en 2015

Granados es el gran socio, en todo el sentido de la palabra, de Martín Insaurralde”, dijo Pagni en LN+ este lunes, y agregó que de ser ciertos los rumores de la ida de Berni, “los intendentes le quieren tomar la seguridad a Kicillof”.

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Como ya se dijo en este sitio el año pasado, intendentes como Insaurralde, Granados y varios más, incluyendo al exjefe comunal de Tigre y actual presidente de Diputados, Sergio Massa, no repudiaron públicamente el accionar de la fuerza represiva provincial cuando extorsionó a sus jefes políticos rodeando la Gobernación bonaerense, la quinta de Olivos y Puente 12 (las oficinas de Berni en La Matanza).

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“Sería irónico que fueran ellos los que vuelvan a controlar a la Policía que se levantó”, dice Pagni buscando mostrar una crisis interna en el Frente de Todos que, por el momento, sus protagonistas prefieren no desmentir pero tampoco expresar en público.

Como sea, en la provincia de Buenos Aires la negociación con los 100.000 efectivos armados de la Policía (sobre todo con sus comisarios) es siempre un asunto “estratégico” de cada gobernación. Sobre todo en momentos donde la pobreza hace estragos en las barriadas populares y urgen (para los intereses de la burguesía y sus gerentes políticos) tanto el control del territorio como la represión a la protesta social. En eso están hoy el Frente de Todos y sus diferentes alas internas, incluyendo a las “progresistas”.

Ni Cristina, ni Berni, ni Insaurralde, ni Kicillof ni Granados dudan en que a la Bonaerense hay que tenerla “contenta”. A lo sumo difieren en los modos y en los puntos de negociación que cada parte está dispuesta a resignar. Y se sabe que tener contenta a esa fuerza es pagarle buenos ingresos por reprimir y garantizarles la impunidad total para poder manejar y regentear el gran delito que deja ganancias hipermillonarias.

Si Berni se quiere ir o no, es secundario. De todas formas, ya hizo bastante. Él fue el máximo garante de la impunidad de sus subordinados durante estos casi dos años de gestión peronista, con casos emblemáticos de criminalidad uniformada como los de las desapariciones seguidas de muerte de Facundo Castro y Francisco Cruz, los crímenes de Brandon Romero, Alan Maidana, Fernando Leguizamón, Lucas Verón, Franco Cardozo, Jonathan Morales y tantos otros jóvenes.

En esos casos (sólo tomados a modo de ejemplos), la Bonaerense actuó directa o indirectamente, sus agentes fueron los ejecutores o son los máximos sospechosos de haberlo sido. En algunos, los asesinos son de otras fuerzas pero actúan en territorio provincial. En ninguno el Ministerio de Seguridad puso a disposición de las familias la información necesaria para saber qué pasó con sus pibes, tampoco la Jefatura de Gabinete que ahora conduce Insaurralde. Ni siquiera la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia (que actúa a las órdenes del ministro de Justicia Julio Alak, otro exponente de la derecha peronista) ha actuado al menos para diferenciarse del resto de los funcionarios.





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