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Editorial

Poliladron bonaerense: la “seguridad” de la derecha y las inseguridades progresistas

Tiempo estimado 14:28 min


Tras la derrota electoral, el gobierno de Kicillof tomó nota de los temas de “inseguridad” fogoneados desde la derecha y sale a hacer campaña con Berni, quien junto a Insaurralde recorrió la escuela Vucetich. En medio de la crisis social el peronismo busca ganar presencia en el territorio negociando aún más con la Bonaerense. ¿Cuántos sapos más se tragará el progresismo?

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Daniel Satur

@saturnetroc

Lunes 11 de octubre | 11:39

“Sacar a todos los policías a la calle, endurecer las penas, terminar con la puerta giratoria, frenar las excarcelaciones”, dijo este jueves Diego Santilli en el acto de Juntos que tuvo lugar en Tigre. Como hizo en el camino a las PASO, el candidato de Horacio Rodríguez Larreta volvió a agitar “la mano dura” en el lanzamiento de la campaña hacia las generales del 14 de noviembre.

El discurso de mano dura que levanta el candidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires es la marca de origen del espacio macrista que tiene a Patricia Bullrich como principal vocera. Pero también es parte del abordaje que, diariamente, llevan adelante las grandes empresas periodísticas, sean opositoras u oficialistas. La agenda de “inseguridad” está al tope. Y aunque el Frente de Todos busca polarizar con “la derecha”, su gestión al frente de las fuerzas represivas del Estado sólo difiere en matices -cada vez menos visibles- con lo hecho por quienes lo antecedieron.

Los dos millones quinientos mil votos que perdió el peronismo unido -exceptuando a Florencio Randazzo- en territorio bonaerense merecieron especial atención en las zonas que concentran mucha pobreza. Allí hubo muchísima abstención. Como sostuvo Walter Moretti en este medio, la mayor derrota fue en “el propio bastión del peronismo, como expresión del descontento social que provocó el ajuste del gobierno, pero que a la vez no estaba dispuesto a votar a la oposición de derecha de Juntos, que ya les había saqueado sus vidas durante los gobiernos de Macri y Vidal”.

Para recuperar estos votos el Gobierno dispuso una series de medidas económicas paliativas para el bolsillo de los trabajadores y sectores populares -mientras beneficia al gran empresariado con excepciones impositivas-. Pero también perdió votos desde el territorio de Sergio Massa. El tigrense supo cosechar votos hablando de mano dura y tolerancia cero. Para recuperar estos votos se agitan las campañas contra la inseguridad.

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Ante el fracaso del “gabinete de amigos” de Kicillof, el gobernador fue empujado por Cristina Kirchner -y el resto de las alas del peronismo provincial que le pasó factura- a “territorializar” su gestión. Con esto buscan reeditar una estructura de gobierno con peso en los barones del conurbano y la Policía Bonaerense -con alrededor de 100.000 efectivos armados por el Estado-. El objetivo es acercar al gobierno a los sectores más vulnerables a través de la dirigencia territorial del peronismo.

Este jueves Alberto Fernández convocó a todos sus ministros en Casa Rosada, junto a Juan Manzur, y les pidió “mucha presencia territorial”. Al finalizar, Juan Zabaleta, actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, habló sobre el pedido del Presidente: “nos dijo que todos los programas que lanzamos están funcionando muy bien y nos pidió mucha presencia territorial, que vayamos a contar todo lo que hacemos”. En sintonía con el planteo de Juan Manzur, luego de asumir como jefe de gabinete, de que los planes de asistencia social que brinda el Estado, sean claramente identificados con el Gobierno.

Zabaleta destacó que, en las últimas semanas, Alberto Fernández tomó la modalidad de "salir a escuchar, de reunirse con vecinos, vecinas, en fábricas, con empresarios, de ver la realidad que vive esta Argentina que está saliendo de la pandemia”.

Poco se sabe de lo que sucede en las reuniones del Presidente con grupos de vecinos. Sólo aparecen fotos y videos cortos con frases que circulan por redes. De lo que los funcionarios dicen off the record y de lo que algunos participantes de esos “focus” dicen a periodistas, en esas giras Alberto recibe planteos económicos y también otros referidos a la “inseguridad”.

Endureciendo la mano

La incorporación de Aníbal Fernández, también debe leerse bajo la intención de atender ese reclamo expresado, particularmente, por sectores medios de la población. El ministro de Seguridad cumplirá con el relato de “solucionar” los temas de inseguridad, mientras ejerce mano dura tanto en lo que hace al control territorial de las barriadas populares como contra las protestas sociales.

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En la provincia de Buenos Aires la combinación de reforzar la “seguridad” y la vuelta a recorrer el territorio se vio diariamente la semana que pasó. Por una parte, el lunes Axel Kicillof relanzó la campaña electoral junto a su ministro de Seguridad Sergio Berni. En la localidad de Pilar entregaron cincuenta y cuatro patrulleros. Estaba presente el intendente Federico Achával, uno de los pocos barones que no perdió las elecciones de las PASO.

“Estamos realizando la inversión más grande que se recuerde en materia de incorporación de patrulleros”, dijo Kicillof. Los móviles forman parte del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad -que impulsó el gobierno nacional tras el levantamiento de gran parte de la Policía Bonaerense en septiembre del año pasado.

Continuando con este objetivo, este miércoles, Berni e Insaurralde estuvieron en la escuela Vucetich, donde elogiaron a la “maldita policía” y difundieron en sus redes sociales el mensaje de que la gestión del Frente de Todos está “profesionalizando” a las tropas.

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En la recorrida, el jefe de gabinete bonaerense dijo que se está viendo “un cambio impresionante en materia de capacitación y formación de los cadetes de la Provincia impulsado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad Sergio Berni”. A su vez reconoció que hay “una gran inversión en logística y equipamiento para la fuerza”.

Por su parte Berni sostuvo que el Gobierno de Kicillof “tiene el gran desafío de llevar a mayores niveles profesionales a nuestra policía, que se venía formando de manera rápida y teórica, sin capacitaciones en el territorio. Esto permite que los agentes, cuando egresen, estén más y mejor capacitados no sólo para defender los derechos de los demás, sino también, como bien decía el jefe de Gabinete, para saber lo que nunca se debe hacer con un arma. Eso es un gran cambio de paradigma”.

El ministro de Seguridad y el jefe de Gabinete hicieron hincapié en la “formación” de este enorme cuerpo armado por el Estado atendiendo por un lado, el reclamo de los propios uniformados cuando en septiembre de 2020, durante tres días, protestaron calzados con sus 9 milímetros frente al Puente 12, en la Gobernación bonaerense de La Plata y en las puertas de la residencia presidencial de Olivos -obteniendo un fuerte aumento de sus ingresos mensuales-; y por otro lado el gran desprestigio que tienen las fuerzas represivas en general, pero en particular la Policía Bonaerense.

La insistencia en mostrar un nuevo “paradigma” de formación para esta institución descompuesta, no es otra cosa que un intento de lavarle la cara a la “maldita policía” para que siga cumpliendo su rol represivo y de control social. Control social que se traduce, por un lado, en manejar a discreción la circulación de personas y de bienes, legales o ilegales en las barriadas populares, y por otro lado criminalizar y reprimir a quienes se organizan para luchar por sus derechos.

Asimismo, tienen por delante el desafío de mantener buenas relaciones políticas con la conducción de la Bonaerense, en tiempos en los que el peronismo se apresta a fortalecer su condición de “partido del orden”. Se trata de una institución represiva que históricamente ha tenido una dinámica de funcionamiento inmanejable hasta el final para quienes ocupan la Gobernación. Hay incluso quienes dicen que la Bonaerense siempre se “autogobernó”.

Para mostrar “gestión y eficiencia” Berni, al frente del Ministerio de Seguridad y con una campaña marketinera, lo único que hizo fue incrementar la cantidad de personas privadas de su libertad. Llevando al récord de la sobrepoblación carcelaria -en unidades penales y comisarías- de toda la historia de la provincia. En 2020 llevó adelante el decomiso de 14.208 plantas de marihuana. El doble que el año anterior, según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense. La criminalización a los jóvenes por cultivar está en su agenda, mientras los jefes de las bandas narco, siguen en funciones llevando adelante este negocio sangriento.

La inseguridad es la misma Policía

No hay analista de economía o de política, sea de la extracción ideológica que sea, que no afirme que la crisis social que atraviesa Argentina es descomunal, con cuatro de cada diez habitantes del país que son pobres. En el caso de niñas, niños y adolescentes, es decir en las generaciones del futuro, esos índices alcanzan cifras récord y el hambre es moneda corriente.

Mientras nadie niega la pobreza y la desesperación de millones, desde el poder se perpetúan las políticas que no hacen más que agravar la situación. Las llamadas políticas de “seguridad”, con matices en los discursos dependiendo quién hable pero sin grieta al momento de definir “qué hay que hacer”, se inscriben en el objetivo de mantener a raya a esos millones de pobres.

La relación entre crisis social y discurso securitario es tan “natural” como histórica. Cuanto más gente es condenada a subsistir en condiciones infrahumanas, a comer de la basura, a vivir de las “sobras” de otras porciones de la sociedad, más se fomenta desde los centros de poder y las corporaciones mediáticas la idea de que de la entraña de esos sectores marginalizados surge la amenaza de más robos, violencia y crímenes. Y allí corren presurosos los gerentes del sistema para cumplir con el mandato de “más seguridad”, lo que en términos capitalistas es más policías, más patrulleros, más gente en las cárceles, más control social.

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Pero transitando la quinta década de esta “democracia” para ricos, queda demostrado de forma palmaria que un mayor fortalecimiento del aparato armado del Estado, un mayor endurecimiento del Código Penal y aumento exponencial de la tecnología de control -cámaras, radares, alarmas- y de represión -armas, móviles, tropas de élite- no sólo no derivaron en una vida más “segura” para las mayorías sino que no sirvieron para prevenir ni impedir las más diversas formas del delito. Sobre todo del delito que, por su propia condición de ilegalidad, deja ganancias hipermillonarias.

¿No habrá, entonces, una relación directa entre la existencia de esos aparatos represivos estatales y las dinámicas del gran delito y el crimen organizado? Una pregunta simple que, sin embargo, está prácticamente ausente en las columnas y análisis de las grandes empresas periodísticas.

Es innegable que cuando la degradación social crece, producto de las políticas aplicadas desde el Estado, crece también el caldo de cultivo para la proliferación de la “ilegalidad” y de hechos de violencia calificados como “delitos” por el Código Penal, desde robos menores al voleo en las calles hasta crímenes brutales. Y cuando los hechos se cuentan de a montones en un país o una región, culpar a los últimos eslabones de la cadena es, cuanto menos, un acto de hipocresía extrema.

En este diario se relatan cotidianamente hechos donde policías, gendarmes, prefectos y agentes penitenciarios organizan o integran bandas criminales. A veces los hechos trascienden la agenda pública y se producen “purgas” en las cúpulas de las fuerzas al tiempo que se promete más “profesionalización”. Eso sí, por más que las pruebas estén a la vista, el “problema de la inseguridad” se sigue enfocando en quienes, desesperados por escapar de la miseria, son la carne de cañón de un sistema perverso.

Desde las oficinas gubernamentales planifican más control social, lo que deriva en más poder de fuego en manos de las tropas que ejercen el gatillo fácil, las torturas y hasta las desapariciones forzadas. Pero el “delito” no baja en las estadísticas y las pantallas se siguen llenando de entraderas, salideras, tiros y muerte.

En 2011, cuando Daniel Scioli cumplía el primero de sus dos mandatos al frente del Ejecutivo bonaerense, la Policía provincial tenía alrededor de 60 mil efectivos, varios miles más de cuando asumió en 2007. Su gestión terminó en 2015 con unos 90.000. María Eugenia Vidal no quiso ser menos y siguió sumando tropas. Y Berni, ya se sabe qué piensa y qué quiere. Ese ejército de 100.000 mujeres y hombres armados tuvo un crecimiento mucho mayor, proporcionalmente, que la población de la provincia. Sin embargo, como un loop interminable, gobierne quien gobierne, la campaña de la “inseguridad” se reaviva todo el tiempo y los editoriales de las corporaciones mediáticas no dejan de pedir más y más policía.

La misma Policía que coimea en las rutas y calles, que verduguea a las pibas y los pibes en los barrios, que protege y se asocia a los narcos, a las redes de trata y demás negocios ilegales, es la que reparte palos, gases y balas cuando despedidos por patrones chupasangre cortan una calle pidiendo trabajo, cuando familias sin nada ocupan tierras abandonadas para construirse una casilla o cuando jóvenes cultivadores de cannabis exigen el fin de la persecución y el encarcelamiento.

Curiosamente, este diagnóstico constatable con solo caminar el conurbano bonaerense o cualquier gran ciudad de la provincia, parece no existir para periodistas, intelectuales y formadores de opinión “progresistas”. Los mismos que se desgañitan alertando sobre el “avance de la derecha”, en referencia al macrismo o los llamados “libertarios”, conviven como si nada -¡y llaman a votarlos!- con personajes como Sergio Berni o Aníbal Fernández, cultores del fortalecimiento del aparato represivo -criminal- del Estado.





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