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Colombia, México y Brasil entre los países donde fueron asesinados más defensores del medio ambiente

Tiempo estimado 4:48 min


Según un reporte de Global Witness más de 220 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2020.

Lunes 13 de septiembre | 21:38

El número alarmante de ambientalistas y defensores de la tierra que fueron asesinados en todo el mundo en 2020, fue recogido por un reporte de la organización de derechos ambientales Global Witness. Colombia es el país con el mayor número de asesinatos por segundo año consecutivo.

Después de Colombia, con 65 asesinatos, siguen en la lista México con 30, Filipinas con 29, Brasil con 20. Luego aparecen Honduras con 17, República Democrática del Congo con 15, Guatemala con 13, Nicaragua con 12, Perú con 6 e India con 4.

Crisis climática, incendios forestales, sequías, inundaciones, intereses comerciales, hidroeléctricas, explotación de recursos, minería, agroindustria a gran escala. Por esas y razones locales luchan los defensores del medio ambiente mientras están expuestos a la violencia incentivadas por intereses de las grandes empresas y el agronegocio.

La organización que reveló la cifra aclaró que el número podría se mayor, "nuestros datos sobre asesinatos no reflejan la verdadera dimensión del problema. En algunos países la situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir. Las restricciones a la libertad de prensa así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras pueden dar lugar a un subregistro.".

La investigación revela la relación entre las muertes y el sector de la tala, que es el más vinculado a los asesinatos, con 23 casos, en países como Brasil, Nicaragua, Perú, Filipinas y México.

Según el portal Mongabay Latam, que publicó una investigación periodística donde revela que América Latina es una de las regiones donde se da el mayor número de asesinatos.

Esa investigación revela que hay un alto grado de colusión entre el sector empresarial y estatal al momento de criminalizar a activistas que se oponen a ciertos proyectos extractivos, entre los cuales destaca la minería con 58 procesos abiertos y la agroindustria con 34.

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Muchos de esos activistas y comunidades experimentan intentos de silenciarlos a través de amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o arrestos, según el informe de la ONG.

Según Global Witness, al menos cuatro defensores del medio ambiente han sido asesinados cada semana desde la firma por las principales potencias en 2015 del Acuerdo de París sobre cambio climático, un acuerdo que poco a modificado las políticas de las grandes empresas más allá de las declaraciones gubernamentales.

La ONG agrega que los gobiernos en varios países utilizaron la pandemia de coronavirus en 2020 para aumentar las medidas represivas usando la situación sanitaria "como una oportunidad para tomar medidas drásticas contra la sociedad civil mientras las empresas avanzaban con proyectos destructivos".

Ganancias por encima de los derechos

Las grandes empresas que se involucran en un modelo económico extractivo le dan prioridad a las ganancias económicas sobre los derechos humanos y la naturaleza, indican desde la ONG, dejando claro el motivo detrás de los asesinatos.

Para Global Witness, "las empresas se han beneficiado de los abusos contra los derechos humanos y el daño ambiental con relativa impunidad durante demasiado tiempo", y agrega que, con tal de producir ganancias, muchos gobiernos están dispuestos evitar tomar medidas.

Varios gobiernos han implementado políticas en beneficio de actividades extractivas como solución a la crisis económica resultante de la pandemia, tal es el caso del gobierno de López Obrador, o los intentos de gobierno argentino de Alberto Fernández. Las actividades económicas extractivas, como la minería y megaproyectos que comprometen el equilibrio de los sistemas naturales y sociales, son puestos como única alternativa de garantizar el ingreso de divisas que luego se fuga en el pago de la deuda externa.

En Colombia, con el gobierno de Iván Duque, ha alcanzado niveles de violencia máximos, posicionando al país como el más peligroso para la defensa de la naturaleza y el territorio. Tan solo en el 2020, 65 asesinatos de líderes sociales ocurrieron, a la par de la ola de criminalización contra comunidades indígenas que se oponen al avance de industrias extractivas, como el fracking y el agronegocio.

Latinoamérica representa la región más peligrosa para la defensa de la naturaleza, a pesar de las ratificaciones de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la situación para las y los defensores de la Tierra y el territorio sigue siendo adversa.





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