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En una semana seis asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad

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Sucedieron durante el confinamiento estricto de la semana pasada. Las consecuencias de empoderar a las fuerzas represivas.

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Sábado 5 de junio | 15:54

El último informe elaborado por Correpi da cuenta de casi una muerte por día a manos de agentes de las fuerzas de seguridad. Cuatro fueron en el territorio conocido como AMBA, uno en Santiago del Estero y otro en Lago Puelo, Chubut.

Las víctimas son Gianfranco Fleita Cardozo (25) en Don Torcuato, Richard Junior Gómez (25) en Monte Grande, Alejandro “Tino” John (62) en Lago Puelo, Chubut, Juan Francisco Ghergo (29) en el barrio porteño de Saavedra, María José Fernández (36) en La Banda, Santiago del Estero y Victoria Herrera (6) en Virrey del Pino.

Los días que siguieron, no estuvieron exentos de las mismas prácticas, como pudimos ver en la avenida 9 de Julio cuando un agente de la Federal pretendió terminar una discusión con un joven limpiavidrios literalmente a los tiros.

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Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, según datos del CELS, hubo seis asesinatos a manos de la policía de Larreta que estaban fuera de servicio, y otras seis fueron heridas en los últimos tres meses.

Veamos la trágica cronología de la semana, la misma en la que el asesino Luis Chocobar recibió un irrisoria condena, mientras su "doctrina" se despliega a lo ancho y largo del país.

* El miércoles 26 de mayo, Richard Junior Gómez (25) subió a una pieza en desuso en la parte superior de la casa en Monte Grande y por allí salió al techo, como a veces hacía para eludir la vigilancia familiar ya que era joven con problemáticas de consumo de sustancias. Una vecina, oficial de la policía bonaerense de 27 años, se despertó de la siesta y lo vio por la ventana. Salió al patio con su arma reglamentaria y disparó seis veces contra Richard. Tres disparos lo impactaron, uno en la nuca. Richard cayó y quedó colgando de un árbol. A pesar de que la fiscalía nº 4 de Esteban Echeverría apartó a la Policía Bonaerense de la instrucción, la versión del intento de robo fue tomada como cierta y no se tomó medida alguna en relación a la oficial, cuyo nombre, por supuesto, fue especialmente preservado.

*El jueves 27 de mayo en el paraje de Las Golondrinas, Lago Puelo, Chubut, un vecino, Tino Jhon, quien padecía problemáticas en su salud mental fue muerto a manos del Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) con un tiro en la cabeza. Un fusilamiento. Su esposa fue maniatada mientras se realizaba el operativo policial durante más de una hora. Esto fue reconocido por Miguel Gómez, jefe de la policía provincial.

Mientras el ministro de Seguridad, Federico Massoni, se apresuró a calificar el accionar policial como correcto, la fiscalía interviniente recibió múltiples comunicaciones de organismos de derechos humanos de la zona, y un pedido de explicaciones de la Embajada de EEUU, ya que Tino tenía doble nacionalidad.

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* El viernes 28 de mayo, en La Banda, Santiago del Estero, Rafael Arce Ibáñez, de la Guardia de Infantería de la policía provincial, mató de un disparo a su esposa, María José Fernández (36). El femicida luego se suicidó con la misma arma reglamentaria.

* La madrugada del sábado 29, en Don Torcuato, partido de Tigre, personal del COT (Centro de Operaciones Tigre) detuvo a Gianfranco Fleita Cardozo (25) a media cuadra de la casa de su novia. Luego de una brutal golpiza, mientras lo trasladaban a la comisaría 3ª, Gianfranco murió dentro del patrullero.

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Su hermano Gabriel contó a este medio que le entregaron sin vida a su hermano el sábado a la mañana. Las fuerzas policiales le dijeron que falleció por un paro cardíaco. En la autopsia que le están realizando en estas horas del domingo, ya adelantan que su cuerpo está todo golpeado como subproducto de la violencia policial.

El mismo sábado, familiares y amigos movilizaron a la fiscalía para exigir justicia. Fueron reprimidos por la misma policía que mató a Franco cuando se acercaron este sábado a la fiscalía de la zona para pedir respuestas. El saldo fue 7 personas detenidas en distintas comisarías. Son jóvenes trabajadores como él, amigos del barrio que querían saber que sucedió realmente.

La familia exige la cárcel para todo el personal que participó, directa e indirectamente, del abuso policial. Actualmente son 11 imputados.

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*La madrugada del domingo 30 de mayo, Juan Ramón Herrera y Natalia Bergamaschi, ambos integrantes de la Policía de la Ciudad, tuvieron una violenta discusión en su casa de Virrey del Pino, La Matanza. Herrera amenazó a la mujer con su arma reglamentaria e hizo un disparo. La bala impactó en el abdomen de Victoria, hija de 6 años de ambos que dormía en la misma habitación.

La nena murió camino al hospital. El policía fue detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo. En su defensa argumentó que “no sabe cómo se produjo el disparo”.

*El lunes 31 por la noche, en el barrio porteño de Saavedra, Juan Francisco Ghergo (29) fue asesinado por un oficial de la policía de la Ciudad de un disparo en la espalda. Inicialmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a cargo de Diego Santilli, intentó instalar la versión del policía, naturalmente un intento de robo, y la propia fuerza aseguró que el disparo había sido por el pecho producto de un “tiroteo”.

Sin embargo, según las pericias realizadas por la Policía Federal, el disparo ingresó por la “región escapular derecha”. Es decir, por la espalda. Enterados de la noticia, familiares y amigos de Juan, que estaba desocupado luego de haber trabajado para la cooperativa del Barrio Mitre donde vivía, se acercaron al lugar donde todavía estaba tirado su cuerpo y fueron reprimidos por la policía de la Ciudad con disparos de balas de goma. La causa está a cargo de la jueza Elizabeth Alejandra Paisan y del fiscal José Campagnoli, que era conocido en los `90, junto a sus colegas Norberto Quantín y Pablo Lanusse como “Los Centauros”, por tener cabeza de fiscal y cuerpo de patrullero.

El policía que asesinó a Juan Francisco está en libertad.

Todos estos hechos descriptos demuestran cómo las fuerzas de seguridad actúan impunemente y empoderadas contra las vidas de jóvenes y trabajadores. Las medidas coercitivas que ha aplicado el gobierno para restringir la circulación de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en el marco de la pandemia no hacen más que fortalecer este accionar.

Pero se trata de un modus operandi extendido nacionalmente como hemos mostrado, porque el gobierno nacional y los gobiernos provinciales necesitan fortalecer las fuerzas represivas. Saben que esta crisis sanitaria, económica y social y al servicio de pagar la deuda externa ilegal y fraudulenta y garantizar las ganancias de los empresarios va a enfrentar una resistencia del pueblo trabajador y la juventud.

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