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La UIA a la carga para rebajar el salario

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Los empresarios de la Unión Industrial Argentina quieren acordar con el gobierno y la CGT una rebaja del salario de quienes no prestan tareas por la cuarentena. Quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores.

Facundo Aguirre

IG: @hardever // Twitter: @facuaguirre1917

Viernes 27 de marzo | 22:17

Ante el rumor casi confirmado de la extensión de la cuarentena, las patronales enroladas en la Unión Industrial Argentina buscan negociar con el Gobierno de Alberto Fernández y la CGT un acuerdo que les permita reducir el monto del salario a un 70 u 80 % de valor actual.

La cámara empresarial ha formado un Comité de Crisis que evaluá que “si tenés un mes más de parálisis, el que está en la casa y no trabaja va a tener que hacer un esfuerzo. Habrá que hacer un gran acuerdo extraordinario con la CGT”. Por lo tanto es necesario, para los industriales, “hacer un acuerdo con los gremios para que pueda pagarse un porcentaje menor de los salarios”. Las patronales sostienen que “no puede ser que una persona que no está trabajando cobre lo mismo que otra que sí está asistiendo a sus empleos y que tiene gastos de viáticos”. La medida que busca negociar la UIA afectaría el ingreso de 770.000 mil trabajadores.

Pero esta no sería la única medida que piden los empresarios. También exigen la reducción de las cargas patronales, acceso a un crédito preferencial y la extensión del Repro a toda la industria.

Recordemos que el ministro Martín Guzmán anuncio a mediados de marzo un paquete de rescate de las patronales y los empresarios que incluía una reducción de los aportes patronales, la extensión del Repro a las empresas afectadas por la cuarentena y una inversión de 350 mil millones de pesos destinados de distintas formas al salvataje empresarial.

Daniel Funes de Rioja -presidente de la Copal que nuclea a los empresarios de la alimentación- presentó esta propuesta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para que medie con la CGT, quien todavía no ha emitido opinión. Es paradójico que el representante de la industria alimenticia que no ve afectada su producción y vende sus productos en muchos casos a precios de especulación, sea quien encabece este pedido. Coincide con lo planteado por sectores de la derecha liberal económica que plantean se le descuente el salario a los trabajadores estatales.

Por su parte el Gobierno no solo ha buscado beneficiar a los empresarios con el paquete de medidas lanzadas, sino que se ha negado hasta ahora, en medio de una posible catástrofe sanitaria y social, a prohibir los despidos y las suspensiones.
El discurso oficial, repetido por todos los medios de comunicación y las patronales es el de la unidad nacional contra el coronavirus. Pero en nombre del “esfuerzo compartido”, los empresarios pretenden descargar el costo del descalabro económico que la crisis del coronavirus ha producido, haciéndosela pagar a los trabajadores y el pueblo pobre, mientras usan al Estado como una tabla de salvación ante la amenaza de hundimiento.

El Gobierno de Fernández por su parte, responde cediendo, hasta ahora, a las exigencias patronales, proponiendo un pobre subsidio de $ 10.000 a los trabajadores informales para que sobrevivan a la cuarentena. Pretende enfrentar una pandemia que amenaza la salud y la vida de millones sin afectar los intereses de la banca, los terratenientes y los grandes empresarios.

Una política así permitiría obtener los medios materiales para financiar un plan que centralice los recursos sanitarios y reconvierta la producción para equipar de camas, respiradores e insumos básicos al sistema de salud. En lugar de expropiar a los grandes laboratorios y realizar test masivos toda la población, le concede a Roemmers la licitación para la producción de test. No extraña entonces que la política de Estado más visible sea el despliegue de las fuerzas represivas y militares para establecer un control social sobre la población trabajadora.

Párrafo aparte merece la burocracia sindical, que se ha llamado a un silencio de tumba en esta crisis mientras la salud, los ingresos, los puestos de trabajo de millones de trabajadores y las libertades democráticas están en juego. Ni la CGT ni las CTA han pronunciado palabra en esta crisis sino que se han amoldado a la política de unidad nacional.

Organizar desde abajo la lucha contra la pandemia y contra los intentos patronales de hacernos pagar los costos de la crisis, es una tarea urgente. Si los empresarios no pueden hacerse cargo de la gestión de las empresas tienen que ser los propios trabajadores los que tomen en sus manos la misma mediante el control obrero de la producción.





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