Política

A 36 AÑOS DE LA ASUNCIÓN DE ALFONSÍN

De Alfonsín a Fernández: ¿con la democracia se come, se educa y se cura?

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Alberto Fernández nombró a Raúl Alfonsín al comienzo y al final de su discurso. Lo llamó “padre de la democracia” y reivindicó su frase: “Con la democracia se come, se educa y se cura”. ¿Tienen algún fundamento estas afirmaciones?

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Miércoles 11 de diciembre de 2019 | 01:05

Comenzamos por la transición a la democracia burguesa, una comparación entre Argentina y Chile.

Los golpes militares en el cono sur en la década del 70, estuvieron impulsados por los Estados Unidos para derrotar el ascenso obrero en la región. El plan de Richard Nixon, por entonces presidente del país del norte, junto al secretario de Estado, Henry Kissinger comenzó en julio de 1973 con el golpe de estado en Uruguay. Los trabajadores lo enfrentaron con una huelga general por 15 días, pero fueron derrotados.

El 11 de septiembre de 1973, el bombardeo del Palacio de la Moneda, terminaba con el gobierno de Salvador Allende. Financiado por la CIA, el golpe de Estado de Pinochet puso fin a la experiencia del Gobierno socialista de Unidad Popular (UP), pero sobre todo a la formidable respuesta de los trabajadores al boicot patronal. Crearon los cordones industriales -organizaciones de trabajadores autoorganizados- que tomaron el control de las cuencas de cobre y establecieron un marco para la producción y distribución de productos básicos en la población.

Los trabajadores también se organizaron para armarse y defenderse contra la multiplicación de grupos violentos de ultraderecha.

Tras el golpe, Chile se convirtió en una de las bases ejecutivas de la Operación Cóndor, diseñada por los Estados Unidos, para coordinar la represión contra la clase trabajadora y la vanguardia joven en gran parte del continente sudamericano.

En Argentina, el terror impuesto por el golpe cívico-militar de 1976, tuvo como objetivo derrotar el ascenso obrero que comenzó en el Cordobazo.

La clase obrera resistió a la dictadura desde 1977 y en abril de 1979 realizó un paro general. La crisis económica de 1980 llevó a que la clase media cuestionara la dictadura. El 30 de marzo del 82, una enorme movilización convocada por la CGT irrumpe en Plaza de Mayo y es brutalmente reprimida. Los manifestantes coreaban “se va a acabar la dictadura militar”.

El 2 de abril de ese mismo año Galtieri, al frente del gobierno de facto, ocupa las Islas Malvinas y se larga a una aventura militar. El objetivo: aprovechar una causa justa, como recuperar las Malvinas y el genuino odio antiimperialista, para contrarrestar la situación inestable del gobierno dictatorial.

Dos meses después, los militares capitularon vergonzosamente ante las tropas británicas. El día de la rendición decenas de miles salieron a las calles al grito: “los chicos murieron, los jefes los vendieron”.

Dadas estas diferencias entre los dos países, las transiciones de estos procesos dictatoriales a las nuevas democracias en la región fueron distinta en cada país.
En Argentina, la dictadura estaba liquidada, había perdido todo apoyo interno y externo. Y no había logrado imponer su plan económico neoliberal como dictaban desde Estados Unidos. Sin embargo, la Multipartidaria (compuesta por la UCR, PJ, PI, Demócrata Cristiano y Movimiento de Integración y Desarrollo), salió al rescate de los genocidas. Para evitar que cayeran por medio de la movilización de las masas, pactaron un llamado a elecciones para el 30 de octubre de 1983 (más de un año después). La Multipartidaria, además, apoyó la asunción del gobierno de facto de Bignone, quien asumió tras la salida de Galtieri.

La derrota de Malvinas fortaleció al imperialismo y significó nuevas cadenas para la opresión nacional. Esta derrota le asestó una estoaca final al llamado Partido Militar, que en distinto período del siglo XX gobernó el país a través de golpes de facto y tuvo el poder de decidir y aplicar la política nacional, junto a los grandes empresarios.

En cambio, en Chile, luego de las derrotas de las movilizaciones populares a mediados de los 80, se inician conversaciones entre militares, partidos políticos y empresarios, respecto a la posibilidad de iniciar una vuelta a la democracia. En octubre de 1988 se llevó a cabo el plebiscito para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. El triunfo del No implicó la convocatoria para 1989 de elecciones conjuntas de presidente y parlamentarios.

La Concertación de Partidos por la Democracia negoció una transición que se basó en la lógica de la reconciliación y la continuidad. Luego de 17 años de violaciones a los derechos humanos -con miles y miles de asesinados y torturados-, y de arrebatar gran parte de los derechos conquistados a lo largo del siglo XX como la salud o la educación y de transformar las condiciones de trabajo, imponiendo la precarización laboral, la subcontratación, la atomización de los sindicatos. El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin recibió la banda presidencial de manos del dictador Augusto Pinochet.

Es decir, en Chile hubo una total continuidad a pesar del cambio de régimen, lo que queda muy claro con las actuales movilizaciones contra Piñera, los 30 años de la Concertación y todas sus fuerzas represivas, especialmente Carabineros. No hubo casi juzgamiento a los militares genocidas y continuaron el modelo neoliberal ya impuesto por la dictadura. Por eso la consigna de los manifestantes hoy, es “no son 30 pesos, son 30 años”.

En cambio, en Argentina las Fuerzas Armadas, como decíamos más arriba, salió derrotada por varios factores: la oposición de la clase obrera, que aún con más de 30.000 desaparecidos, siguió resistiendo a la dictadura -aunque lograron cortar los hilos de continuidad con la vanguardia de los 70 y sobre todo con las coordinadoras industriales-; la crisis económica que empujó a la clase media a pasarse a la oposición; la capitulación en la Guerra de Malvinas, y un movimiento democrático -que se inició en dictadura y se desarrolló en los años post dictadura hasta hoy, donde continúan planteando juicio y castigo a los culpable-.

En abril de 1983, el entonces presidente de facto Reynaldo Bignone, presentó el documento final de la Junta Militar sobre la “guerra contra la subversión y el terrorismo”. Meses después firmó la denominada Ley de Autoamnistía. El candidato del peronismo, Ítalo Luder, aceptó respetar esta ley. En cambio, el candidato por la UCR, Raúl Alfonsín, supo leer el surgimiento del movimiento democrático, y promete anular la ley y llevar a juicio a las cúpulas militares. No obstante, el 10 de diciembre Raúl Alfonsín recibe de manos del dictador Bignone la banda presidencial.

Uno de los objetivos de Alfonsín fue desviar el movimiento democrático que reclamaba juicio y castigo a los genocidas, pero infligiendo el menor daño posible a las Fuerzas Armadas como brazo armado del Estado. Por esto crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que avaló que sólo fueran procesadas a las cúpulas de las tres juntas militares, en el marco de la teoría de los “dos demonios”.

Esta teoría equipara a la guerrilla (diezmada al momento del golpe) con el terrorismo de Estado que perpetraron los militares, y que ocultó que el verdadero objetivo de este genocidio era acabar con la insurgencia obrera.

Así y todo, y más allá de sus límites, el informe recabado por la CONADEP permitió probar la existencia de un plan perpetrado por las Fuerzas Armadas genocidas.
La otra tarea importante para la democracia burguesa, que comenzó el gobierno de Alfonsín, fue la llamada “desmalvinización”, que instalaba la idea de que no se puede derrotar al imperialismo militarmente. Esta idea fue promovida por la burguesía y sus partidos. Alfonsín llegó a decir que “la guerra de Malvinas comenzó como un carro triunfal y terminó como un carro atmosférico”.

Juicio a los dos demonios, impunidad para la Triple A

A cinco días de su asunción, Alfonsín decretó el juzgamiento de las Juntas Militares que dirigieron el país desde el golpe militar, 24 de marzo de 1976, hasta la Guerra de las Malvinas. El 13 de diciembre de 1983 firmó el decreto 157/83, por el cual se declaraba la prosecución penal contra integrantes de grupos armados, entre ellos Montoneros.

En mayo de 1984 se sancionó la ley 23.062, que garantizó la impunidad de los representantes del Partido Justicialista que comandaron la Triple A. Esta ley establece que la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, no podría ser juzgada por ningún delito que hubiera cometido antes del golpe militar, porque no había sido desaforada ni sometida a juicio político como prevé la Constitución, sino destituida por un “acto de rebelión”.

Por la guerra de Malvinas fue a juicio Leopoldo Fortunato Galtieri. Un Tribunal Militar lo llevó a prisión. Cumplió cinco años de cárcel hasta ser indultado y restituido su grado militar por el entonces presidente Menem en 1990.

El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia a las Juntas. Fueron condenados a prisión: Jorge Rafael Videla (presidente de facto entre 1976 y 1981), Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola (presidente en 1981), Armando Lambruschini.
El fallo que condenó sólo a cinco de los responsables del genocidio fue apelado. El 30 de diciembre de 1986 la Corte Suprema de Justicia modificó la calificación de los delitos y se consiguió la reducción de penas para Viola y a Agosti.

Alzamiento carapintada

El 24 de diciembre de 1986 fue promulgada la Ley 23.492 de Punto Final que estableció el fin de los juicios a todos aquellos que no fueron llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley". Quedaban exceptuados los responsables del secuestro de recién nacidos. La avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, permitió continuar con los juicios.

Este fue un disparador del alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987, que cuestionó los juicios a las juntas y reclamó mayor impunidad. La base del levantamiento fueron los oficiales y suboficiales genocidas que no se beneficiaron con la ley de Punto Final (el nombrado ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni intervino en los levantamientos de Semana Santa alzándose desde el Regimiento de Rospentek, en el extremo suroeste Santa Cruz).

A pesar de que el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsables de las tropas, las Fuerzas Armadas se negaron a reprimir a los militares rebeldes.

Un sector amplio de la sociedad se movilizó frente a este alzamiento. Desde el jueves santo, la Plaza de Mayo y la de los dos Congresos estaban repletas de manifestantes dispuestos a marchar hasta Campo de Mayo para impedir que se consumara la extorsión de los militares. El domingo de Pascua, un sector se manifestó en las puertas de Campo de Mayo al canto de “si se atreven, les quemamos los cuarteles”.

Nuevamente el radicalismo opta por el camino de pactar con los militares y desmovilizar a amplios sectores populares que querían pelear contra los carapintadas y salvar a los militares de las consecuencias que podían sufrir por el pueblo movilizado. El Partido justicialista y la CGT jugaron su rol infame. No llamaron a movilizarse y mucho menos llamaron a una huelga general que podría haber derrotado a los carapintadas y a los militares que secretamente los secundaban. En cambio, la CGT acompañó a Alfonsín en su política de desmovilización.

Finalmente, el domingo de Pascua, Alfonsín se traslada a Campo de Mayo y pacta con los amotinados mayor impunidad. Cuando regresa a la Casa de Gobierno, se dirige a los manifestantes y pronunció la frase que recuerda su capitulación: "Felices Pascuas. La casa está en orden”.

La CGT, los dirigentes empresarios, la UCR, el peronismo, el Partido Comunista y la mayoría de los partidos políticos del régimen (con la excepción del MAS, el Partido Obrero y las Madres de Plaza de Mayo, que denunciaron la capitulación) firmaron el Acta del Compromiso Democrático, donde se concede el reclamo carapintada: “el debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”.

En junio de ese año, el Congreso aprobó la Ley de Obediencia Debida. De este modo el régimen político iba a sostenerse sobre la impunidad para los crímenes de la dictadura que garantizaron tanto el radicalismo como el peronismo.

El alzamiento carapintada no tuvo por objetivo perpetrar un golpe militar, como desde distintos sectores se quiso presentar. Los militares habían perdido legitimidad y poder, pero tenían fuerza para poner en vilo a un gobierno que intentó disciplinar, con concesiones, a las Fuerzas Armadas, que, aún debilitadas y desprestigiadas por los crímenes de la dictadura y la capitulación frente a las tropas inglesas, quería sostener su autonomía y se negaba a tener procesados.

El gobierno de Raúl Alfonsín, junto al partido Radical y el PJ, cedió a los reclamos de los militares en nombre de poner a resguardo la democracia. Cuando en realidad todos estaban unidos para reconstruir el Estado burgués, aplastando las demandas democráticas y sociales de las mayorías populares que no cesaron de movilizarse.
Que Alfonsín no pudiera disciplinar los reclamos militares, más una situación económica convulsiva, que llevó a la hiperinflación y altos niveles de desocupación -que llegó al 7,6 % en 1989- lo obligó a entregar anticipadamente el poder a manos del presidente electo, Carlos Menem.

Con la democracia no se come, no se educa ni se cura

Alberto Fernández comenzó su discurso en la Asamblea Legislativa recordando a Raúl Alfonsín, y afirmó que: “Es tiempo de ciudadanizar la democracia. Tenemos una democracia con cuentas pendientes y siento que expreso a una generación que llega en esta hora al poder para tomar la decisión de saldarlas”.

Y cerró su discurso diciendo: “Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera poder demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón. Espero que entre todos podamos demostrar que con la democracia se cura, se educa y se come”.

Pasaron 36 años de la vuelta de la democracia. Las altas tasas de desocupación, el 40 % de pobreza, la educación y la salud pública en crisis, no son imperfecciones o falta de maduración del ideal democrático. Sino que se trata de una democracia burguesa, donde hay interés de clases en pugna, en el que siempre ganan los capitalistas. Chile, Ecuador, Colombia y Francia demuestra que las grandes mayorías no le deben nada a este sistema de opresión y explotación.





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