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[Video] ¿Qué hacer para que los tarifazos no nos sigan robando nuestros salarios y nuestras vidas?

Tiempo estimado 6:25 min


En los últimos 3 años las tarifas aumentaron un 2338 %, volviéndose impagables para las familias trabajadoras, quienes hacen enormes esfuerzos para poder tener gas o luz cuando estos servicios, entre otros, son un derecho fundamental y por ende debieran estar garantizados por el Estado.

Sábado 1ro de junio | 00:00

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Seguramente ustedes van a responder que son un derecho y tienen razón. El acceso al gas para cocinar o para no tener frió en invierno, al agua, a la energía que necesitamos para iluminar o al transporte son cuestiones fundamentales.

Sin embargo, estos y otros servicios básicos, al estar gestionados por empresas privadas han dejado de ser un derecho para convertirse en un negocio.

Aquí te vamos a contar por qué esto es así y por qué para que estos servicios vuelvan a ser un derecho hay que anular las privatizaciones y estatizarlos bajo control de sus trabajadores como desarrollaremos más adelante.

En los últimos tres años el aumento en las tarifas de los servicios fue del 2.338 %, un robo a los bolsillos de la inmensa mayoría de la población.

Un incremento muchísimo mayor que la inflación y que por supuesto los aumentos salariales. Pero además, los valores de las tarifas ahora están dolarizados, cuando los ingresos de la población son en pesos.

Se estima que las familias destinan hasta un 30 % de sus ingresos al pago de tarifas. Un enorme gasto que se suma a la carestía de vida que deben afrontar producto de la profundización del ajuste ordenado por el FMI.

Pero los tarifazos también alteran de manera brusca las vidas de las familias y hasta provocan la muerte de sus integrantes. Veamos algunos ejemplos que ponen al descubierto las consecuencias de que hoy los servicios sean un negocio capitalista:

  •  Romelia: tenía 14 años. Murió electrocutada en un asentamiento de Ituzaingó, por una descarga eléctrica. El tendido eléctrico en su casa era precario. ¿Saben por qué? Porque Edenor había retirado los medidores por falta de pago.
  •  Valentino: tenía 5 años y murió por un corte de luz. Era electrodependiente, es decir que necesitaba de la luz sí o sí para poder vivir. Sin embargo, eso a Edesur no le importo y le cortó la luz por una factura de $ 60.000 que su madre no pudo pagar.
  •  Quimey, Lucas y Sofía, tenían 3, 5 y 7 años. Vivian en un asentamiento en San Martín. Un temporal los había dejado sin luz varios días y su casa era iluminada con velas. Murieron producto de un incendio.

    Estos son algunos casos desgarradores de muertes evitables. Pero si vemos el panorama general los datos son alarmantes:

  •  A principios de este año se conoció que aumentó la cantidad de familias que se dan baja de la red de electricidad y utilizan medidores prepagos, o sea tienen luz solo cuando tienen el dinero suficiente como para poder cargarlo. Sí, como el celular. Si no tenes plata, no tenés luz. Solo en la zona norte del país, Edenor contabilizó hasta ahora la colocación de 140.000 medidores y planea instalar 250.000 más este año.
  •  El año pasado, en CABA y provincia de Buenos Aires fueron 87.000 las familias que se dieron de baja de la red de gas y volvieron al uso de gas envasado, como la garrafa. Habrá que ver al final de este invierno cuántas van a abandonar la red de gas.
  •  En 2018 Edenor y Edesur ganaron 5.000 millones de pesos mientras que en 2017 las 6 empresas de gas más importantes del país, incluida Metrogas, ganaron en total más de $ 6.000 millones.

    ¿Qué revelan estos impactantes datos?

    En primer lugar, que con la gestión privada de los servicios públicos estos han dejado de ser un derecho esencial al que todos deberían poder acceder, para convertirse en un negocio redondo para los empresarios concesionarios de los servicios, algunos amigos del presidente Macri, como Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin.

    En segundo lugar, que El Estado, lejos de garantizar el libre acceso a los servicios públicos, es el garante de las ganancias empresariales.

    Pero veamos como llegamos a esta historia...

    En los ’90, el Gobierno de Carlos Menem llevó adelante la privatización de los servicios públicos. Privatización que implicó la dolarización de las tarifas que se ataron a los costos internacionales y no a lo que realmente cuesta producir en Argentina.

    Desde el 2002 las tarifas se pesificaron y congelaron. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvo lo esencial del esquema privatizador. Y entre los años 2004 y 2015 el Estado repartió U$S 162 mil millones en subsidios. Dinero que, por supuesto, los empresarios no usaron para mejorar la calidad del servicio.

    Y en tercer lugar, estos datos revelan que la única manera de lograr que los servicios vuelvan a ser un derecho elemental es anulando el curro de las privatizadas y estatizando los servicios bajo control de sus trabajadores.

    En unos meses habrá elecciones y la campaña electoral ya está en marcha. Sin embargo, ninguna de las fuerzas políticas ni oficialistas ni opositoras, incluida la fórmula Fernández-Fernández cuestiona las privatizaciones ni plantea dar marcha atrás con los tarifazos de toda la gestión macrista.

    Solo el Frente de Izquierda propone retrotraer las tarifas y además tiene en su plataforma la única salida real: la estatización de todos los servicios públicos acompañada de otras dos medidas fundamentales.

    Por un lado, una auditoría de los subsidios, para que la población pueda saber dónde fue a parar todo ese dinero del Estado. Está claro que a mejorar la calidad del servicio o las condiciones laborales de sus trabajadores no.

    Y por el otro, los servicios deben ser gestionados por sus propios trabajadores, con la participación de usuarios para que formen parte de las decisiones de las empresas y técnicos y especialista que son los que realmente saben lo que hace falta para tener un buen servicio.

    Sin cuestionar las privatizaciones no hay manera de que los servicios vuelvan a ser un derecho y de que exista una verdadera red de servicios públicos de calidad, extendida y accesible a toda la población.

    Mientras el lucro de las empresas en manos de capitalistas sea lo que organice el sistema, la vida de muchos sigue en riesgo. Nuestras vidas no pueden valer menos que sus ganancias.





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