Sociedad

CRISIS HABITACIONAL

Estafa olímpica en el sur de la Ciudad de Buenos Aires

Tiempo estimado 6:24 min


Alquileres por las nubes y se derrumba cada vez más el sueño de la casa propia. La gran estafa de la villa olímpica en el sur porteño es otra muestra de que esta problemática se encuentra dentro de las principales preocupaciones de los habitantes de la ciudad.

Nicolás Dimuro

Docente/ Miembro de la agrupación 9 de Abril / @DimuroNico

Lunes 11 de marzo | 17:36

El barrio olímpico fue presentado como un proyecto de vivienda social para el sur de la ciudad. Esta fue la promesa (una de las tantas de Cambiemos) que usó el Gobierno para lavarle la cara a un obsceno mega emprendimiento inmobiliario, que utilizó como vidriera al mundo ya que la Villa Olímpica fue una de las sedes más importante de los juegos olímpicos juveniles.

Decía Mauricio Macri en la inauguración “este tipo de eventos y todo lo que estamos haciendo están generando credibilidad en el mundo”. Las publicidades del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y palabras de funcionarios como Maqueyra o Larreta que hablaban de “vivienda social”, hoy en los hechos demuestran que de social no tienen nada.

Cientos de familias que pudieron ingresar al programa Barrio Olímpico (posibilidad por cierto muy restrictiva) para cumplir el sueño de la casa propia, se encuentran atravesando varias dificultades económicas para el acceso a estas viviendas.

¿Cuáles son esas dificultades? En el preacuerdo se debía realizar 6 % de ahorro del valor de la propiedad, en nueve plazos fijos consecutivos y requería ingresos formales, informales o mixtos.

Al momento del presente acuerdo se publicó, en varios sitios web y en el propio organismo del IVC, el valor de la propiedad como el monto al que se debía llegar por medio del ahorro previo.

Algo que no se respetó, ya que en febrero el IVC anunció el aumento de las unidades. No solo esto, el crédito al que accedieron cientos de familia por el sistema UVA está atado directamente a la inflación. Si se tiene en cuenta que en el 2018 la misma supero el 47% se podrá observar cómo se desvanece la ilusión de la casa propia.

Por ejemplo, una familia que comenzó pagando como ahorro previo por una unidad de dos ambientes, $15000 (610 UVAS en agosto) a la fecha de hoy (febrero 2019) está pagando $20611,9. Al aumento desmedido de las cuotas UVA y del valor de la unidad se le suma que en junio del corriente año, las familias tendrán que abonar en pesos y al contado la escritura. El panorama es crítico y cada día se bajan más familias dada la situación económica. Los créditos UVA llegaron al fracaso.

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Ahora bien, olvidémonos por un rato del sueño de la casa propia. ¿puede una familia acceder a un alquiler? En el sur de la ciudad, una unidad de uno o dos ambientes, parte como piso de $ 9.000.

A esto se le suman los requisitos generales, dos meses de depósito y uno o dos meses de adelanto. Un simple cálculo evidencia que una familia necesita entre $ 30 mil y $ 40 mil solo para poder ingresar a una vivienda. Y olvidábamos un “pequeño” detalle, el de la garantía de propietario de capital. Preguntamos nuevamente ¿puede una familia acceder a una vivienda medianamente digna?

Para contestar esto nos faltó mencionar el desempleo y empleo precario sobre todo para las mujeres y la juventud, los tarifazos en los servicios de luz y gas, la SUBE, el aumento fenomenal de los alimentos y muchos etcéteras más.

Según el último Censo del 2010, el déficit habitacional alcanza a 16 millones de argentinos, lo que equivale al 35 % de la población, convirtiéndose en uno de los problemas estructurales más acuciantes que afectan a amplios sectores de la población. En la ciudad se calcula que existen 340 mil viviendas desocupadas que superan dos veces y medio el déficit habitacional (140 mil).

Una última pregunta, al menos por ahora: ¿Con el país bajo la dirección del FMI, esta compleja situación tiene alguna perspectiva de solución? La respuesta es categórica: NO. Tanto el gobierno actual como la oposición peronista en todas sus variantes reafirmaron la subordinación al FMI de Lagarde. Si no se desconoce la deuda y se destina esa plata a educación, salud y vivienda junto con otras medidas para atacar seriamente esta problemática, las familias del sur y de la capital no tienen salida a tan compleja situación.

La legisladora por el PTS - FIT Myriam Bregman señaló, entre otros conceptos, que “el Nuevo Código Urbano y el Código de Edificación presentado, es para aumentar la capacidad de construir para los ricos y en función del negocio inmobiliario, en detrimento de las clases medias y populares. (…) están dictados por un sentido común neoliberal extremo, que supone que al incentivar la construcción de millones de m2, aumentará la población total de la ciudad o que bajará el precio del acceso a la vivienda, por la mayor oferta. Pero la realidad es que el precio ha subido, a pesar del promedio del millón de m2 construidos cada año”.

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Denunció que este “aumento del precio del suelo urbano genera gentrificación, es decir, la elitización del espacio público y el hábitat urbano a costa de expulsar a la población de menores recursos hacia las afueras”.

Las propuestas que levanta el Frente de izquierda a través de su programa para viviendas son medidas que se tornan urgentes para terminar con el flagelo de miles de familias.

Como primera medida, el no pago de la deuda externa para que esa plata se invierta en viviendas sociales, salud y educación.

Una medida elemental sería la prohibición de desalojos por 180 días o hasta tanto no se compruebe que la familia tiene ingresos estables para poder alquilar en otro lado.

A los grupos concentrados, sobre todo del rubro inmobiliario se les tendría que cobrar un Impuesto particular, destinado a la refacción y construcción de nuevas viviendas.

La Iglesia es una de las instituciones que más terrenos posee y en su gran mayoría ociosos. Tienen que estar puestos al servicio de familias que no poseen viviendas.

En cuanto a la construcción de viviendas nuevas, que participen vecinos, destinatarios, organizaciones sindicales y sociales, y las universidades para que aprueben o no la construcción en relación al impacto urbano (valores de suelo, ubicación, redes de servicios, infraestructura, impacto ambiental, en la movilidad, paisaje urbano, etc.)





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