Géneros y Sexualidades

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

#NoFueILE: organizaciones de mujeres denunciaron penalmente a funcionarios del Gobierno jujeño

Tiempo estimado 6:11 min


Ayer, en el marco de la jornada nacional en repudio al incumplimiento de la ILE en Jujuy, organizaciones de mujeres presentaron una denuncia penal contra el Ministro de Salud de la Provincia, los directores de los hospitales Paterson de San Pedro y del Materno Infantil, así como también contra todo responsable de la violación de los derechos de la niña que había quedado embarazada producto de una violación.

Maia Hirsch

Abogada del CeProDH Jujuy

Sábado 2 de febrero | 18:31

FOTO: José Luís Contreras

En la tarde de ayer, colectivos de mujeres de la Provincia presentaron una Denuncia Penal ante el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, por el accionar y las omisiones de funcionarios y agentes del sistema de salud de la provincia de Jujuy del que resultara víctima la niña de 12 años de edad, a quien, tras conocerse que había sido abusada sexualmente, que cursaba un embarazo forzado y manifestando su deseo de no continuarlo conjuntamente con el de su madre, se le negó reiteradamente el derecho legal a acceder a un aborto no punible.

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La denuncia fue realizada en contra de Gustavo Bouhid, Ministro de Salud de la Provincia de Jujuy, Marcelo Villa y Daniel Rocha, Director y Jefe de Servicio de Tocoginecología del Hospital Paterson de San Pedro de Jujuy respectivamente; Alice Vargas, Directora del Hospital Materno Infantil y de Gustavo Briones, Jefe de Servicio Obstetricia del mismo establecimiento, quienes intervinieron dilatando la práctica médica requerida por la menor y su madre -la Interrupción Legal del Embarazo, y finalmente procedieron en franca violación de lo establecido por los Protocolos, obligándola a ser madre a través de una maduración fetal y de la cesárea -que resulta un parto forzado y no forma parte de los procedimientos establecidos por la OMS como método para una ILE, practicada una semana después de ser internada.

Todo ello con la intención clara y consciente de sentar un precedente que avasalla un derecho, violándose asimismo la confidencialidad y la privacidad de la niña.

El cuerpo médico interviniente como los funcionarios del Gobierno hicieron públicos los motivos de su accionar, basado en sus creencias personales, religiosas y morales, por sobre los derechos de una niña a quien se la sometió a una experimentación con el sólo objetivo de instaurar fuertemente su supuesta "defensa de las dos vidas”.

En la presentación se destaca el avasallamiento de los derechos de la niña en el marco de que su situación encuadraba en tres de las causales previstas por el Artículo 86 del Código Penal como abortos no punibles, ya que corría riesgo tanto la salud como la vida de la menor, y el embarazo había sido producto de violencia sexual, así como también lo dispuesto por la Guía Técnica para la realización de los abortos no punibles de la cartera de Salud de la Nación a la que la Provincia se encuentra adherida, ni el manual de lineamientos de la OMS, indican que exista un término máximo para realizar la práctica médica.

Dentro de las organizaciones firmantes de la denuncia penal se encuentran el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH.), la Red por el Derecho a la Identidad, Red de Comunicadoras Feministas, CTA Nacional, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto - Regional Jujuy, ANDHES, Colectiva Ni Una Menos Tilcara-Maimara, Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Genero y el Área Académica de Género y DDHH de la FHyCS-UNJu, la Corriente Sindical Marina Vilte, entre otras. Así como la Diputada Provincial del PTS-FIT Natalia Morales y la concejal de San Salvador de Jujuy del PTS-FIT, Andrea Gutiérrez.

Las mujeres firmantes remarcan en el escrito que desde que rige el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “F., A. L. s/medida autosatisfactiva” (2012) resultan claros los estándares constitucionales de protección del derecho al aborto legal, determinando que: no corresponde pedir autorización judicial para para realizar ningún aborto; sólo un profesional de la salud debe intervenir -no requiriéndose consultas o dictámenes a terceros; no corresponde pedir denuncia ni prueba o determinación judicial de la violación, sólo se puede requerir declaración jurada de la violación; los abortos deben realizarse de forma rápida, accesible y segura y que quienes ejerzan objeción de conciencia no pueden imponer derivaciones o demoras que comprometan la atención.

En el mismo sentido la denuncia penal cita el “Protocolo para la Atención del Embarazo en Menores de 15 años” de la Provincia de Jujuy, elaborado por propio Ministro de Salud junto a UNICEF, cuya presentación oficial involucró al gobernador provincial Gerardo Morales, donde se prevé evitar los “embarazos infantiles forzados” ocurridos cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado o cuando se le niega, dificulta o demora u obstaculiza la interrupción del embarazo.

Por todo ello, en la presentación penal se solicita también se investigue la comisión del delito de Tortura, en el marco de la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, ya que la dilación en el acceso a un derecho sexual solicitado por la niña y amparado en instrumentos nacionales e internacionales la ha expuesto a una revictimización atroz por parte del Estado, quien está obligado a garantizar la práctica en condiciones seguras.

Al respecto el Comité contra la Tortura ha identificado específicamente el contexto del tratamiento médico, particularmente en el caso de las decisiones relacionadas con la reproducción, como una situación en la que las mujeres sufren o corren el riesgo de sufrir torturas o malos tratos, y sus consecuencias (OG N°2).

Mirá la denuncia completa.

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