Géneros y Sexualidades

DERECHOS DE LAS MUJERES

Contra su voluntad, le practicaron una cesárea a la niña violada en Jujuy

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En la mañana de este viernes, tras siete días de calvario, se practicó una cesárea a la niña sanpedreña. La beba de 700 gramos sería dada en adopción. El movimiento de mujeres y la izquierda denuncian incumplimiento de la ILE.

Verónica Valdez

@valveritos

Viernes 18 de enero | 14:23

Esta mañana, con el Hospital vallado, se practicó la cesárea a la niña sanpedreña embarazada producto de un abuso sexual. Siete días pasaron desde que fue internada en el Hospital Paterson de la localidad de San Pedro, donde tras ingresar con dolores estomacales diagnosticaron el embarazo.

Desde el primer momento, la niña y la madre solicitaron la interrupción legal del embarazo (ILE) contemplado en el artículo 86 del Código Penal desde 1921, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema al que la Provincia adhirió en 2012, así como en el Protocolo para la atención del embarazo en menores de 15 años, elaborado por UNICEF, al que la Provincia adhirió en abril de 2018.

Pasando por alto toda normativa vigente, las autoridades del Hospital Paterson negaron la ILE, derivaron a la Justicia aduciendo que es un paso necesario -lo cual fue desmentido por el propio fiscal de turno-, hicieron pública información de la historia clínica, de los procedimientos, violando la confidencialidad y el secreto profesional explícito en leyes y protocolos.

Finalmente, trasladada al Hospital Materno Infantil de la Capital jujeña el martes 15, se volvió a negar la realización de la ILE, se dio lugar al accionar de los grupos fundamentalistas, acompañados por la diputada de la UCR-Cambiemos Gabriela Burgos, que accedieron a tener conocimiento hasta del sexo del feto.

Toda la actuación del cuerpo médico, el Ministerio de Salud y el Gobierno provincial violó la legislación. El Protocolo para la atención del embarazo en menores de 15 años que el Ministerio de Salud aprobó en abril de 2018 establece que: no corresponde pedir autorización judicial; sólo un profesional de la salud debe intervenir sin interconsultas o dictámenes adicionales; no corresponde pedir denuncia, ni prueba o determinación judicial de la violación; los abortos deben realizarse de forma rápida, accesible y segura; quienes ejerzan objeción de conciencia no pueden imponer derivaciones o demoras; en todos los casos se debe respetar, en primer lugar, la participación de las niñas y adolescentes en la toma de decisiones.

Nada de esto se cumplió en Jujuy. Peor aún, el ministro de Salud miente alevosamente en sus declaraciones mediáticas, asegurando que no hay un procedimiento claro, asegurando al mismo tiempo que el protocolo provincial establece un tiempo máximo de 22 semanas de gestación para interrumpir un embarazo, algo totalmente falso.

Así, después de dilatar durante una semana, manipular y manosear la decisión de una menor de edad víctima de abuso sexual, en el marco de la ilegalidad y la negligencia, el Gobierno provincial, el auto-reconocido “pro-vida” ministro de Salud, Gustavo Bouhid y el cuerpo médico, anunciaron que se daría cumplimiento al aborto no punible solicitado por la víctima y su familia, con una cesárea. Algo rechazado de inmediato por las organizaciones de mujeres y especialistas ya que la cesárea no es un método de interrupción del embarazo, sino un parto, como explicó en FutuRock Stella Maris Manzano, especialista en Tocoginecología y Medicina Legal, y médica del fallo F.A.L.

En un comunicado oficial del Hospital Materno Infantil publicado este mediodía, así como en declaraciones del gobernador Gerardo Morales y su ministro de Salud, aseguran que “se procedió a realizar la interrupción legal del embarazo a la menor de 12 años, cumpliendo con todos los derechos que le asisten”. Pero lo que se hizo fue un parto. Como explicó la médica Stella Manzano, la OMS contempla “aborto con pastillas, la aspiración uterina, el legrado evacuador o la dilatación y extracción, no habla en ningún momento de hacerle un tajo de 10 a 12 centímetros en el abdomen a una mujer o menos que menos a una niña para sacar un feto que no va a vivir”.

Ante todas las irregularidades y arbitrariedades a la que fue sometida esta niña y su familia, desde las organizaciones de mujeres solicitaron hoy una audiencia con el ministro de Salud Gustavo Bouhid y evalúan acciones legales. Por su parte, desde la bancada del PTS-Frente de Izquierda, Alejandro Vilca solicita la interpelación del ministro.

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Lo que ha ocurrido en Jujuy es una manipulación perversa de la integridad de una niña víctima de abuso sexual, revictimizada por el Estado y los medios de comunicación hegemónicos, reducida por las autoridades, el cuerpo médico y la Iglesia a estatus de incubadora, sin importar su voluntad, sus derechos elementales avalados por las leyes vigentes, poniendo en evidencia el carácter profundamente patriarcal del régimen político provincial que es sostenido por los partidos tradicionales como la UCR y el PJ.

Un Estado y un Gobierno que desprecia la vida de las mujeres y la juventud, que mientras la provincia encabeza a nivel nacional los índices de embarazo adolescente, niega la aplicación de la Educación Sexual Integral e impone la educación religiosa en los colegios públicos. Pero esta realidad, no hace más que fortalecer la organización y lucha del movimiento de mujeres por todos nuestros derechos, por la separación de la Iglesia del Estado y el aborto legal, seguro y gratuito.





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