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25 de febrero de 2017 Twitter Faceboock

SANTA FE
Monticas: doce muertes por desidia empresaria y política
Corresponsal LID | Santa Fe

La empresa de transporte interurbano del Grupo Flecha Bus desde hace años es denunciada por los usuarios pero recibe aportes millonarios del Estado.

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Doce personas fallecidas, entre ellos los dos choferes, y 34 heridos producto de un choque entre dos unidades de la empresa de transporte Monticas en el kilómetro 779 de la ruta nacional 33, entre Pérez y Zavalla. Es el resultado directo del desprecio a los usuarios y sus trabajadores por parte de sus propietarios y del gobierno nacional y provincial. El gobernador Lifschitz, dispuso duelo provincial mientras la empresa en un comunicado de prensa expresó su "profunda consternación". En Casilda, una gran cantidad de usuarios concentraron en la Terminal de Omnibus en protesta en medio del dolor y la bronca.

Por otro lado, Octavio Crivaro dirigente del PTS y referente del Frente de Izquierda en Santa Fe, se solidarizó con los familiares de las víctimas y declaró: “Algunos de ellos eran docentes, que cumplen con el periplo eterno de recorrer distancias enormes para titularizar, para hacer reemplazos, para conseguir trabajos distantes a decenas y decenas de kilómetros”. A su vez, denunció a las autoridades y fiscales que “con la frialdad característica, dicen que aún se desconocen las causas pero todos los que usaron alguna vez ese servicio conocen lo deplorable que es, las condiciones lamentables que tiene”.

Monticas, que pertenece al Grupo Flecha Bus, realiza servicios de corta, media y larga distancia desde Rosario hacia el resto del sur de Santa Fe y Córdoba, cubriendo buena parte de las localidades de la ruta nacionales Nº 33, 8 y 9.

El control y cumplimiento de la concesión y el servicio, además del estado de las unidades, corresponde a la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). La prestación de Monticas en la región es casi monopólica y la única conexión que tienen muchas localidades con Rosario.

Los usuarios, rehenes de la firma monopólica, vienen realizando denuncias desde hace años por falta de mantenimiento, mal estado de las unidades, el incumplimiento de horarios y la falta de descanso de los choferes. Héctor Michelini, conductor jubilado hace dos años, sostuvo en diálogo con el diario El Ciudadano, respecto al tiempo de descanso para los trabajadores de la firma: “No lo respetan en ningún caso. Muchas veces el chofer termina un viaje y sin dormir vuelve a tomar el volante”, señaló. También contó que las unidades no respetan las leyes vigentes en torno a las comodidades que deben prestarse a discapacitados motrices. “No hay un solo coche que tenga espacio para que ellos suban y se ubiquen”, dijo.

En 2014, en el marco de medidas de fuerza de su personal reclamando sueldos atrasados, Monticas pidió en los tribunales el concurso preventivo de acreedores.

33 millones de pesos recibió Monticas del gobierno nacional en 2016

La millonaria suma fue otorgada en concepto de subsidios nacionales cuyo detalle puede leerse en la web del Ministerio de Transporte de la Nación.

A su vez, el gobierno de Santa Fe, a pesar de las graves denuncias de usuarios y pedidos de informes de legisladores, continuó la concesión a Monticas. El subsecretario de Transporte santafesino, Gustavo Peirano, dijo en febrero del año pasado al Diario El Ciudadano, que el servicio venía mejorando. “En este último tiempo venían levantando un poco la puntería. Parecía como que la cosa se estaba acomodando. Al menos en lo primero que hay que hacer, que es que los coches salgan y lleguen a destino. Tenemos indicadores que daban que tienen menos colectivos rotos. Pero bueno, ninguna empresa es infalible. Nosotros la seguiremos fiscalizando”. La hipocresía no tiene fin.

Lo cierto es que la pérdida de la vida de 12 personas podría haberse evitado y la desidia del gobierno provincial en connivencia con empresarios sin escrúpulos trae inevitablemente el recuerdo de los 22 fallecidos en la explosión por fuga de gas y posterior derrumbe del edificio de Salta 2141 en la ciudad de Rosario, que al día de hoy, continúa impune.

 
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