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La Izquierda Diario
12 de diciembre de 2016 Twitter Faceboock

RESCATE AUTOPISTAS
El Gobierno rasca el bolsillo del dinero público y rescata las autopistas de peaje en quiebra
Ivan Vela | Barcelona | @Ivan_Borvba

El Gobierno desembolsará cerca de 5.000 millones de euros para hacerse cargo de las autopistas en quiebra. Según la ley, a este desembolso se le deberá sumar la inversión no recuperada por parte de las empresas concesionarias.

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El nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy ha decido adelantar las navidades y ofrecer un suculento regalo a sus verdaderos “votantes”, banqueros y empresarios. Ayer, el nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna aseguró que ante la dificultad de llegar a un acuerdo con los bancos acreedores, y para evitar el cese de actividad de las vías, la única alternativa que quedaba en el horizonte era el rescate.

De la Serna no especificó sobre ningún plan futuro, más allá del pago actual y se limitó a señalar que “las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas”. Esta decisión, que supondrá un fuerte desembolso de las arcas públicas fue defendida por el ministro con la, poco creíble, excusa de que el objetivo es que estas vías “sigan operativas para que los ciudadanos puedan seguir usándolas”.

Sobre la mesa del ministro se acumulan hasta 8 autopistas de peaje en quiebra, una patata caliente que viene de meses atrás. Ya la antecesora de Serna, Ana Pastor, intentó sin éxito una negociación con los bancos acreedores, y según fuentes ministeriales, sería la oferta que de nuevo Iñigo de la Serna quiso volver a plantear.

Ésta consistiría en una quita sobre los créditos del 50% y el pago del resto en un plazo de 30 años mediante titulización, algo que los acreedores no aceptaron en su momento, ni piensan aceptar ahora.

No hay estimación oficial del coste que esta operación puede alcanzar, no obstante el año pasado la patronal de las grandes constructoras, Seopán, cifró en alrededor de 5.500 millones el rescate.

Las concesionarias buscan su trozo del pastel

Pero no solo los bancos se frotan las manos ante el inminente “regalo” del Ejecutivo, las concesionarias están a la espera de que se resuelva la operación. El motivo es la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

Bajo esta cláusula, el Estado tiene que asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado.

Las autopistas de peaje quebradas, o en riesgo, son las madrileñas 2, 3, 4 y 5 (consorcio Accesos de Madrid y que está compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia), se encuentra también la M-12 (eje Aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta).

Crisis para el pueblo, beneficio para los capitalistas

De nuevo grandes bancos y constructoras vuelven a sacar tajada doble. Primero construyen servicios de uso público que explotan privadamente, y luego si éste falla, el Estado viene en su ayuda, les quita el activo que les provoca pérdidas, en este caso las autopistas, y además les paga el dinero que las constructoras no consiguieron recuperar de su inversión previa. Vamos, negocio seguro para los capitalistas.

La hipócrita excusa del ministro de Fomento, asegurando que el rescate se lanza para poder mantener el servicio “por el bien” del ciudadano, no esconde la verdad de estas operaciones, el uso por parte de banqueros y capitalistas del Estado para beneficio propio.

En medio de la brutal crisis que sufren las clases populares, estas medidas no pueden ser sino definidas como cínicas. Ante tal robo por parte de banqueros y constructoras, tan solo se puede expropiar las autopistas y nacionalizar su gestión bajo control de los trabajadores y usuarios.

Mientras la clase trabajadora soporta desde hace más de 8 años los duros golpes de la crisis con más paro, más pobreza, más desahucios, ellos se niegan a perder un solo euro de su riqueza. Día a día se empeñan en demostrarnos que tan solo sobre las ruinas de este Régimen a su servicio, será posible iniciar un proceso político y social en el Estado español que permita, no solo quitarles un euro, sino expropiarles de toda riqueza que consiguen con nuestra explotación.

 
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