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La Izquierda Diario
29 de junio de 2016 Twitter Faceboock

DERECHO A LA PROTESTA
La Cámara Federal de San Martín falla contra manifestantes de Lear
Matías Aufieri | Abogado | CeProDH

Empecinados contra los trabajadores, el fiscal Jorge Sica y la Cámara Federal de San Martín continúan embistiendo contra los manifestantes reprimidos en dicha lucha y luego imputados. Tras la apelación fiscal, por segunda vez fue revocado el sobreseimiento de nueve luchadores.

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En los últimos días, se conoció una nueva resolución de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que sin fundamentos, se adapta al particular odio del fiscal federal Jorge Sica hacia las protestas de trabajadores, y plegándose a su pedido, revocó por segunda vez el sobreseimiento dispuesto por la jueza federal de Primera Instancia, Alicia Vence, que reconocía el derecho constitucional a la protesta, en relación a una causa armada contra nueve manifestantes por “entorpecimiento del transporte” y otras figuras penales, tras una jornada de protesta de los trabajadores despedidos ilegalmente por la multinacional Lear en 2014.

Sin el aporte al cabo de nueve meses de una sola medida de prueba tras la primera revocatoria de la mencionada sala que ordenó la continuidad de la investigación contra los luchadores imputados, esta escandalosa causa impulsada por Sica, se basa, como ya se ha denunciado, casi exclusivamente en la declaración testimonial del impresentable comandante Jorge López Torales, mundialmiente conocido como el ““gendarme carancho”, por los hechos que protagonizó contra manifestantes durante el mismo conflicto de Lear, y por los cuales ha sido procesado por Sandra Arroyo Salgado, de la Justicia Federal de San Isidro.

Los manifestantes de Lear reprimidos y detenidos al cabo de trece jornadas de una lucha heroica que se extendió por meses (enfrentando a una multinacional propiedad de los fondos buitres, a la burocracia sindical de SMATA que entregó a sus afiliados y delegados, y a las fuerzas represivas del Estado al mando de Sergio Berni), fueron sobreseídos por la Justicia de San Isidroo que, por el contrario, procesó a López Torales y el agente infiltrado Roberto Galeano por la detención violenta e ilegal de un manifestante tras interrumpir la marcha de su vehículo arrojándose encima del mismo y fraguando una causa penal contra aquel.

Increíblemente, en la protesta por la cual Sica y los jueces Alberto Lugones, Daniel Rudi, y Hugo Gurruchaga de la Sala II de San Martín persiguen a nueve manifestantes, existió directamente una brutal represión contra centenares de trabajadores, mujeres, y jóvenes que apoyaban el reclamo de más de doscientos despedidos, lo que implicó no sólo el desalojo a sangre, fuego, y gases de la Autopista Panamericana, sino también una cacería posterior por las calles cercanas, lo cual incluso consta en el expediente. Algunos de los imputados por el inefable Sica, ni siquiera fueron detenidos en dicha ocasión, sino que se presentaron como denunciantes de las cuantiosas lesiones y heridas de las que fueron víctimas, dando cuenta de la realidad de los hechos que se debían analizar. Sica, sin sonrojarse, pidió también que se investigue a cuatro de ellos.

Estamos ante una causa penal digna del “Mundo del Revés”: lejos de ser perseguido penalmente el represor y mentiroso profesional ya procesado de Torales, jefe de aquel operativo también represivo del 8 de julio de 2014, son perseguidas las víctimas, sin prueba alguna siquiera de los delitos que se les imputan. Por el contrario, se han ignorado hasta el momento los contundentes testimonios de Victoria Moyano(nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo), Carlos Platkowski y Guillermo Ermili, todos víctimas de la represión durante aquella salvaje jornada.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, junto a Myriam Bregman apelaremos esta nueva medida reaccionaria de la Justicia Federal, y agotaremos todas las vías contra esta avanzada criminalizante de la lucha obrera, a la par de denunciar firmemente al aparato estatal, que reprime a quienes enfrentan el ajuste de los gobiernos y empresarios.

 
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