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31 de marzo de 2020 Twitter Faceboock

COVID-19
El aborto clandestino aumenta los riesgos para las mujeres en Estados Unidos
Celeste Murillo | @rompe_teclas

El aborto legal es más necesario que nunca para garantizar la salud de la mayoría de las mujeres. ¿Cómo intenta avanzar la derecha conservadora contra este derecho en medio de la pandemia de COVID-19?

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Estados Unidos se transformó en uno de los nuevos epicentros de la pandemia de COVID-19. La mayoría de la población enfrenta la crisis sanitaria sin salud pública, las trabajadoras y trabajadores de clínicas y hospitales ya denuncian la saturación del sistema y la falta de insumos básicos para trabajar de forma segura y garantizar la atención de las y los pacientes. Las cifras del país son alarmantes: casi 3.000 muertos, cientos de miles de personas infectadas.

En este contexto, algunos estados utilizan la crisis sanitaria para avanzar en su agenda antiderechos. La derecha conservadora, las iglesias católica y evangélica y organizaciones contra el aborto legal acompañan los esfuerzos por restringir o prohibir directamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

En Estados Unidos, el acceso al aborto legal está garantizado desde 1973 por el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade. Pero desde esa misma fecha, las iglesias cristianas y la derecha han intentado recortarlo. Se impulsaron durante estas décadas 1.074 restricciones al derecho a decidir de las mujeres, y casi el 30 % (288) fueron promulgadas de 2010 en adelante (es decir durante las administraciones de Barack Obama y la actual de Donald Trump).

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Por favor, dame las pastillas

La pandemia estalló y afectó la vida cotidiana de millones de personas, mientras trabajaban, cuidaban a sus familias, su salud, incluida la salud sexual y reproductiva. En algunos estados, los gobernadores se apresuraron a impulsar prohibiciones que afectaban la realización de abortos legales y seguros y dejaron libradas a su suerte a mujeres que dependen de clínicas y ONG para acceder la interrupción legal del embarazo.

La noticia llegó cuando algunas mujeres estaban en las salas de espera para ser atendidas. “Había mujeres que venían y nos rogaban. Por favor, dame las pastillas”. Esta fue la realidad que vivieron las clínicas de salud reproductiva del estado de Texas, uno de los primeros en promulgar la prohibición de “cualquier tipo de aborto que no sea médicamente necesario para preservar la vida o la salud de la madre”, según la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott.

La misma semana, el gobernador de Ohio suspendió las intervenciones en hospitales y clínicas relacionadas con abortos legales “no urgentes”. Frente a eso, la organización Planned Parenthood señaló que, "el aborto es un procedimiento esencial para el que el tiempo es una cuestión clave", y subrayó la recomendación al respecto de la Asociación de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos.

Esto desató una ola de demandas, la herramienta más rápida y efectiva que encontraron las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres para frenar las prohibiciones que solo aumentan los riesgos para la salud. El lunes 30, dos jueces federales fallaron contra los estados de Texas y Ohio para permitir que las clínicas que realizan abortos legales puedan seguir abiertas, tomando las medidas de seguridad sanitarias necesarias.

Las demandas de Planned Parenthood fueron acompañadas por la organización de derechos humanos ACLU (por sus siglas en inglés American Civil Liberties). El fallo del juez federal de Texas Lee Yeakel señaló que la medida del gobernador de ese estado, “impide a las mujeres de Texas ejercer el derecho constitucional fundamental, declarado por la Corte Suprema, a interrumpir el embarazo antes de que el feto sea viable”. El mismo fallo indica que la prohibición provocaría, “un daño irreparable” a las clínicas y sus pacientes. Se espera que fallos como este desalienten las medidas similares que estudiaban los estados de Oklahoma, Iowa, Misisipi y Alabama.

Las prohibiciones criminalizan directamente a médicos y médicas, con multas altas y penas de cárcel. A pesar de las amenazas, muchas clínicas siguieron respondiendo e intentaron brindar ayuda a los casos más urgentes, especialmente aquellos que superarían el periodo permitido para abortos legales si se pospusiera la interrupción por el COVID-19. Durante los primeros días de la prohibición en Texas, las mujeres eran derivadas a Oklahoma y Kentucky, pero el efecto dominó de las prohibiciones y las dificultades, logísticas y económicas, que representan moverse de un estado a otro para acceder al aborto seguro solo multiplican los riesgos.

En respuesta a estos problemas (que ya enfrentaban las mujeres pobres en la mayoría de los estados antes de la pandemia) muchas organizaciones de profesionales de la salud y que defienden el derecho al aborto legal sugirieron ampliar la oferta de abortos medicamentosos, más seguros y menos riesgosos en medio del Covid-19 (ya que no exige traslado a menos que surja alguna complicación, algo que sucede en poquísimos casos). En este sentido, el lunes 30, el fiscal general de California, Xavier Becerra, envió una carta firmada por 21 fiscales generales estatales al Ministerio de Salud federal para ampliar el acceso a la salud reproductiva. ¿Cómo? Eliminando las restricciones de prescripción de mifepristona (una droga utilizada en abortos medicamentosos, como el misoprostol) para que pueda ser recetada y vendida en farmacias como otras drogas. De esta forma, se busca minimizar el traslado a clínicas y hospitales.

No era el virus, eran los antiderechos

Al contrario del sentido común que pretenden imponer las organizaciones contra los derechos de las mujeres, en momentos de crisis sanitarias como este, el aborto legal es indispensable. Es la única herramienta que permite responder los ataques de gobernadores y legisladores que aprovechan la pandemia para avanzar en sus agendas conservadoras. Si existe un momento en el que es clave defender el acceso al aborto legal es hoy, cuando la mayoría de las mujeres enfrentan las consecuencias de la crisis sanitaria: desempleo, pobreza, precariedad en sus condiciones de vida y de empleo.

Solamente el aborto legal garantiza el acceso igualitario a un derecho elemental. Cualquier retroceso no significará menos interrupciones voluntarias, solo representará más desigualdad: solo aquellas mujeres que puedan pagarlos accederán a abortos seguros. El resto será arrojado a la clandestinidad, algo que ya sucedía en muchos estados antes de la llegada del Coronavirus. El Guttmacher Institute, que sigue de cerca la situación del aborto legal en Estados Unidos, estima que la mitad de todas las mujeres del país vive en estados que son hostiles al derecho al aborto legal.

Las trabajadoras, las jóvenes y las mujeres pobres son las que tienen menos posibilidades de evadir las prohibiciones y menos posibilidades de viajar a otros estados con periodos más extensos. Todas estas soluciones representan tiempo, dinero y hoy, además, riesgo sanitario.

Como señalan muchas asociaciones de profesionales de la salud, durane una pandemia no es una medida adecuada suspender el acceso a la interrupción legal del embarazo. Las prohibiciones resultan en mayores riesgos para las mujeres, especialmente las trabajadoras y las pobres que no tienen acceso a abortos quirúrgicos (que pueden costar entre 8.000 y 15.000 dólares). “Muchas [de las mujeres que necesitan realizarse un aborto] son las mismas que mostraron ser indispensables para que Texas siga funcionando: las trabajadoras de cadenas de comida rápida, las trabajadoras de supermercados, de mantenimiento, repartidoras de comida, entre otras”, así lo graficó Marsha Jones, de Afiya Center, una organización en defensa de los derechos reproductivos en Texas.

Los estados que impulsan las prohibiciones no solo desconocen las recomendaciones de profesionales de la salud, sino que hacen una utilización hipócrita de la crisis sanitaria para obstaculizar el acceso a un derecho. Aunque las primeras restricciones fueron revertidas en la Justicia, se esperan medidas similares en otros estados. Antes del brote de COVID-19 en Estados Unidos, ya se libraba en el país una batalla por el derecho de las mujeres a decidir. El gobierno de Donald Trump es el primero en varios años en involucrarse de forma directa en la campaña contra este derecho.

 
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