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22 de julio de 2019 Twitter Faceboock

SERVICIOS PÚBLICOS
Empresarios del transporte público: ¿por qué no dejan las concesiones si les va “tan mal”?
Cristian Ramírez

En Tucumán y otras provincias dicen que no tienen plata para salarios de los choferes. Las propuestas de la izquierda para terminar con el chamullo patronal.

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En las últimas tres semanas de conflicto por salarios en las empresas de colectivos, se convulsionó la cotidianidad de la provincia y en otras partes del país. El transporte público demostró su peso en la vida de miles.

Recordemos que el conflicto inició porque las empresas adeudan salarios a los choferes, quienes realizaron dos paros de 48 horas. En respuesta, los empresarios nucleados en la Aetat (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) presentaron en la Legislatura, un pedido para pagar menos impuestos y para que se apruebe un nuevo tarifazo, que llevaría el precio del boleto a $38,90. Dicen que no tienen plata para aumentar los sueldos, que atraviesan una crisis, pero en estas semanas no han demostrado nada al respecto. ¿Tenemos que creerles sin que muestren sus balances?

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Consultado por el diario La Gaceta, sobre por qué continúa con la concesión del servicio de transporte si no es redituable y genera tantos problemas, el dueño de El Ceibo, César Atim, dijo que "no sabe hacer otra cosa en la vida". Casi que conmueve, ¿no? La realidad es que si los empresarios no largan las concesiones de los servicios públicos, (en este caso del transporte, pero sucede lo mismo con el gas y la luz) es porque gracias a los tarifazos, los subsidios y los beneficios impositivos, hacen negocios redondos.

Aquí desarrollamos cinco medidas que plantea el Frente de Izquierda Unidad, como una salida a la crisis del transporte. Partiendo de una medida elemental como la anulación de los tarifazos, la propuesta de la izquierda es opuesta a la del Gobierno y el resto de las fuerzas políticas que bancan las privatizaciones.

1- ¿Por qué no exigirle a las empresas que abran los libros de contabilidad y muestren los números?

Para demostrar su supuesta quiebra, ¿No es preciso dar a conocer los números reales del funcionamiento del transporte? Se podría garantizar una auditoría seria de todas las empresas en las cuales se determine si realmente están yendo a pérdida. También, para establecer cuál es el precio real del boleto para que el transporte continúe funcionando y cuánto pagamos solo para que los empresarios prestadores se llevan más ganancias. Ligado a esta medida elemental, lo primero que hay que hacer es anular los tarifazos.

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2- ¿Qué hacemos cuando se demuestra el negociado que hacen con el transporte?

La concesión es un contrato entre el Estado y los empresarios. Con la apertura y análisis de los libros contables se demostraría que el precio del boleto es un robo y que los subsidios y tarifazos han ido destinados a aumentar las ganancias empresarias. Hay que terminar con las concesiones para que el transporte se reestatice. Los servicios como el transporte, la luz y el gas, son un derecho, no un negocio.

3-¿Qué pasa con los trabajadores y con las unidades de transporte si se terminan las concesiones?

Sumando todos los subsidios que ha otorgado el Estado a los empresarios en la última década se pagó con creces cada colectivo, cada herramienta, cada terminal. En Tucumán, la suma de subsidios destinados al transporte en los últimos dos años es superior a los 1.200 millones de pesos. Esto equivale a la mitad de toda la flota de colectivos de la provincia, nuevos. ¿Y si multiplicáramos esto por los últimos 10 años?

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Todo esto es legítima propiedad del pueblo trabajador, que además de tener que pagar cada tarifazo con más esfuerzo, les ha dado en impuestos millones y millones de pesos desde hace años. ¿Por qué deberíamos indemnizar a los empresarios desplazados de los servicios? ¿Por haberse llenado de plata por un servicio que nunca hicieron funcionar bien? ¿Por haber llevado a una supuesta quiebra a las empresas que hoy no pueden afrontar el pago de salarios? El cese de la concesión debe ir acompañado de la estatización del servicio, con toda la logística e infraestructura y sin indemnización. Además, del pase al Estado de todos los trabajadores y trabajadoras, choferes, mecánicos y personal administrativo, manteniendo el mejor convenio para su actividad.

4- ¿Y cómo se administraría el transporte?

En primer lugar, si sacamos de la ecuación la ganancia empresaria y el transporte funcionase como un derecho, el boleto sería más barato. Hoy mismo podría bajar un 20% el valor de cada pasaje. ¿Cómo? Según los ideólogos del sistema de las concesiones de los servicios, una empresa privada debe obtener de ganancia como mínimo un 10 %. Esto está establecido por contrato con el Estado. Si eliminamos ese 10 %, que en dinero real son 36 millones de pesos por mes, podríamos bajar el precio del boleto de miles de usuarios, de 20 a 16 pesos.

¿Se lograría un mejor servicio? Para garantizar que el servicio funcione bien y mejor en interés de usuarios y trabajadores, la única garantía es que lo administren ellos. ¿Quién mejor que un chofer para saber los problemas de horarios, de circuitos, de frecuencias? Nos dicen que es muy difícil, pero en realidad quienes lo han administrado hasta ahora nunca se subieron a un bondi, no dependen del transporte para ir al trabajo, no conocen la tensión de manejar un colectivo en la hora pico en pleno centro.

Pero no alcanza solo con volver al viejo modelo de las empresas de servicios estatales. Bajo administración de funcionarios políticos, los servicios pueden convertirse fácilmente en fuente de corrupción, como ha sucedido a lo largo de todos los gobiernos. A inicios de la década del 90 el menemismo decía que las empresas de servicios eran una pérdida para el Estado. De esta manera las terminó regalando a precios bajísimos a los mismos empresarios que presionaban para que se privaticen. Hoy ganan fortunas a costa de aumentos del boleto y los servicios siguen siendo pésimos.

Para evitar que la historia se repita, la izquierda propone que se estaticen pero bajo administración de los trabajadores y el control de comités de usuarios. Además, con el asesoramiento de técnicos y especialistas de las universidades, como la UNT y la UTN.

5-¿Y a esos comités cómo los hacemos?

La administración correría por cuenta de los trabajadores, con delegados por línea y representantes por sector, que sigan de manera integral el sistema de transporte de la provincia. A su vez, cada línea de transporte siempre está relacionada a algún barrio. Así como existen comités vecinales, podrían desarrollarse comités de choferes y usuarios de cada línea y cada barrio, donde se intercambie sobre las condiciones del servicio. Donde se planteen las necesidades de frecuencias y recorridos y se discuta cómo mejorar el estado de las unidades de transporte, si hacen falta más unidades para personas con capacidades diferentes, qué medidas de seguridad adoptar. Los técnicos, sean estudiantes o ingenieros especialistas en movilidad, podrían ayudar a la contabilidad y a la planificación del transporte para volverlo más eficiente y que consuma menos, para que vaya de la mano del crecimiento de la ciudad.

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Las propuestas que las demás fuerzas políticas ponen sobre la mesa, no tienen como jerarquía garantizar un mejor sistema de transporte para la población. Su principal objetivo es garantizar que las empresas del sector sigan ganando, aunque sea a costa de que el usuario pague un boleto cada vez más caro. Esta es la política que, vía subsidios o tarifazos, todos los gobiernos implementaron. El transporte es un servicio esencial, como la luz o como el gas. Hace a la vida de millones. Que esté en manos de un puñado de empresarios solo ha significado un empeoramiento del servicio y un encarecimiento del mismo. Familias enteras ya no pueden viajar. La izquierda propone dar vuelta las prioridades, poner antes que nada las necesidades de vida de millones de trabajadoras y trabajadores y jóvenes.

 
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