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La Izquierda Diario
6 de abril de 2019 Twitter Faceboock

ENTRE RÍOS
Condenaron al cura Moya a 17 años de cárcel por abusar de monaguillos en los 90
Daniel Satur | @saturnetroc

La Iglesia católica siempre lo encubrió. Dos sobrevivientes lo denunciaron en 2015. Este viernes fue declarado culpable. Seguirá en libertad y nada le impide seguir dando misas a niños y adolescentes.

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El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos, condenó este viernes a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo a Marcelino Ricardo Moya, conocido en la región como “el cura payador”.

Según el veredicto firmado por las juezas María Bruzzo, Melisa Ríos y el juez Fabián López Moras, Moya fue hallado autor de los delitos de promoción de la corrupción agravada y abuso sexual simple agravado, en concurso real entre sí, en perjuicio de Pablo Huck y Ernesto Frutos.

El Tribunal dispuso que Moya permanezca en libertad, aunque bajo “medidas de coerción”, como la prohibición de abandonar la provincia. El cura podrá gozar de esa libertad hasta que la sentencia se torne “ejecutable”. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 15 de abril.

La pena aplicada a Moya, si bien suena a bastante, es cinco años menor a la solicitada tanto por la querella (representada por Florencia Montiel y Juan Cosso) como por la fiscalía, que coincidieron en pedir una pena de 22 años de cárcel y la prisión preventiva de Moya hasta que la condena quedara firme.

Culpables

Marcelino Moya fue condenado por abusar sexualmente de dos monaguillos en la parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, cuando sus víctimas tenían entre 12 y 15 años.

Durante el juicio pasaron en total 17 testigos, entre ellos los propios denunciantes Pablo Huck y Ernesto Frutos, excompañeros suyos del colegio secundario, peritos y dos excuras que relataron muchos hechos coincidentes con la denuncia contra Moya.

Del lado de la defensa del sacerdote, sus abogados no presentaron ninguna prueba ni tampoco testigos que pudieran ayudar a su defendido. Pese a ello, el trato de los jueces hacia Moya fue preferencial. No solo entró y salió a algunas de las audiencias por un acceso a los Tribunales que generalmente es exclusivo para los funcionarios, sino que este viernes directamente se dio el lujo de no concurrir a escuchar la sentencia.

Lo que sí hizo la defensa fue plantear de entrada, no la inocencia del cura, sino la prescripción de la causa. Hecho que fue rechazado por los jueces (hasta tanto no se la iban a jugar).

Vale recordar que el mismo Tribunal, el primer día del juicio, le prohibió el ingreso a la prensa, que no pudo estar presente ni siquiera en el hall de los Tribunales. Fue, en definitiva, un juicio oral pero no público.

Pese a todas las maniobras de la jerarquía eclesiástica y las ayudas del Poder Judicial, Moya fue condenado. Y ya es el tercer cura de diócesis entrerrianas condenado por delitos contra la integridad sexual de menores de edad. El dato, más que hablar bien del Poder Judicial, habla de la cantidad de curas impunes que pueblan la provincia. Solo tres de ellos terminaron sentados en el banquillo. Los otros dos son Justo José Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria, ambos condenados en juicios diferentes a penas similares: 25 años de prisión por abusar de niños.

En diálogo con La Izquierda Diario, Pablo Huck afirma que la sentencia que escuchó este viernes le dio “un poco de alivio y un poco de esperanza, porque a través esta condena se le da un mensaje a la sociedad de que es posible lograr justicia si se denuncia”.

Para el querellante, el veredicto “dejó al descubierto, más allá del delito puntual de este tipo, el encubrimiento por parte de la Iglesia, como lo viene haciendo con todos los curas condenados, que siguen siendo curas. Hablo desde la no colaboración con la Justicia hasta la falta de acercamiento y colaboración con las víctimas”.

El encubrimiento y ocultamiento de parte de la Iglesia de los delitos de Moya quedaron muy en evidencia, tanto que entre los testigos hubo dos excuras que conocieron de cerca el proceder religioso y terminaron dando un paso al costado y dejaron de ser parte de la Iglesia.

Para Huck, sin embargo, la cosa no depende solo de los tribunales. “Que los abusos existan y se perpetúen es un producto social, por eso se pueden desarticular y prevenir a través de la visibilización, la concientización y las denuncias”, afirma.

Moya abusó tocando, masturbando y practicándoles sexo oral a sus víctimas. Hechos cometidos dentro de la propia casa parroquial, ubicada en frente a la plaza del pueblo.

En el caso de Pablo, los abusos se dieron entre 1993 y 1994, entre sus 14 y 15 años, en tiempos en que el chico participaba de la Acción Católica y estudiaba en el Instituto de la Inmaculada Concepción de Villaguay. En ese período el cura hizo un uso totalmente consciente de la manipulación hacia quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, tanto por cuestiones materiales como familiares.

Moya llegó a provocar en él un verdadero quiebre de la voluntad, como si lo hubiera pasado por encima con un camión. Por eso, después de una década de psicoterapia y al igual que el resto de los miembros de la red que integra, se considera un sobreviviente.

Tanto daño le hizo el cura a Pablo, que este pasó de ser abanderado en la escuela a vivir un derrumbe emocional, fobias, baja autoestima y hasta alcoholismo.

Pablo recién pudo hablar del tema a los veinte años. Y fue a los 35 cuando juntó el coraje necesario para denunciar penalmente a Moya. Es decir que el cura vivió sin sobresaltos e impunemente por más de dos décadas, durante las cuáles seguramente siguió abusando.

Pablo hoy está un poco aliviado y un poco esperanzado. Nunca dudó de denunciar a Moya y llegar hasta las últimas consecuencias. Pero confiesa que esa denuncia no hubiera sido posible si su cabeza no hubiera hecho un clic cuando tuvo hijos y sobrinos. “Yo tenía que denunciar, para que la historia no se repitiera, al menos en lo que de mí dependa”, dice mientras se abraza fuerte con sus seres queridos.

Desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina acompañaron este viernes con una delegación a Pablo, Ernesto y sus familias. Liliana Rodríguez, psicóloga la Red, dijo a este diario que "lo importante es que los delitos quedaron demostrados, que hubo condena, que 17 años quizá tiene gusto a poco, pero como Red no dudamos de que es un inicio que va a ayudar a que otras personas puedan denunciar. Destacamos el invalorable trabajo de los abogados querellantes y el digno rol de los fiscales".

 
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