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18 de enero de 2019 Twitter Faceboock

NACIONAL
Privatizaciones de los servicios públicos: la gran estafa detrás de los tarifazos
Andrea Lopez

Fueron impuestas por el FMI y el Banco Mundial desde fines de los 80 e inicios de los 90. Desde el menemismo hasta hoy, todos los gobiernos las sostuvieron.

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Desde que asumió el gobierno de Macri, las subas exorbitantes de los servicios públicos son un grave problema para millones de trabajadores, desocupados, jubilados y para los sectores más pobres de la población argentina.

Por un lado el macrismo defiende los tarifazos argumentando que son producto de la “herencia recibida”. Desde el kirchnerismo plantean que su esquema de subsidios millonarios que nadie controlaba fue mejor. Eso se señala sin poner en cuestión lo esencial de las privatizaciones.

Sin embargo, la realidad que viven millones de personas demuestra que, con el actual estado y precios de los servicios públicos, ninguna de las dos variantes han significado una salida para el pueblo trabajador.

Los tarifazos a los servicios públicos tienen un trasfondo que viene desde hace décadas: las privatizaciones fueron una gran estafa al pueblo, sostenidas por todos los gobiernos. Al vender las empresas estatales a precio de remate, dejaron a cientos de miles de sus trabajadores en la calle.

Una historia de robo y corrupción

Las empresas públicas fueron endeudadas en nombre del Estado durante la dictadura genocida del 76, mientras que a través de licitaciones fraudulentas se hicieron enormes negocios para la "patria contratista". Entre las empresas beneficiadas estuvieron varias pertenecientes a la familia Macri.

Ese desfinanciamiento de las firmas condujo a un desplome de las inversiones que colapsó los servicios. Sobre esta base se fue construyendo en los años 80 el "consenso privatizador".

En 1976 había 148 empresas públicas en la órbita del Estado nacional. Se sumaban otras 149 en las órbitas provinciales, municipales o mixtas. En 2001 solo quedaban 15 en funcionamiento y otras 10 residuales.

Las privatizaciones fueron, además, un negocio redondo para los consorcios que se quedaron con los recursos naturales y las empresas de transporte y comunicación. Por solo citar un ejemplo, en el caso de la empresa eléctrica (Segba), el Gobierno cobró U$S 1.294 millones, mientras el Estado absorbió deudas por U$S 1480 millones.

Estas empresas estatales, en la mayoría de los casos fueron adquiridas por asociaciones lideradas por compañías imperialistas: Telefónica del Estado Español, Telecom Italia, grupo Suez de Francia en el caso de Aguas Argentinas, la española Repsol en YPF, British Gas International en Metrogas.

Alfonsín lo intentó, Menem lo hizo y Kirchner lo sostuvo

En agosto de 1989 bajo el gobierno de Carlos Menem se sancionó la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, que fue lo que permitió la privatización de más de 60 empresas estatales, algunas de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, gas, electricidad y transporte. Todavía hoy padecemos las consecuencias de ese saqueo.

Pero el "padre" del intento privatizador fue Raúl Alfonsín. En 1987, dos de sus ministros, Juan Sourrouille (Economía) y Rodolfo Terragno (Obras y Servicios Públicos), fueron los encargados de comunicar públicamente que era decisión del gobierno avanzar en un plan de reformas del Estado. Producto de la crisis política que implicó la hiperinflación, ese plan no se pudo implementar.

Fue tarea de Menem hacerlo con éxito, gracias a la invalorable colaboración de las conducciones sindicales burocráticas de los gremios, que dejaron pasar alrededor de 500.000 despidos. El menemismo profundizó un camino que había emprendido el plan económico de la última dictadura cívico-militar.

La gran estafa

La privatización de servicios públicos convirtió a las empresas estatales en fabulosos negociados entre privados y funcionarios corruptos, que terminaron empobreciendo el servicio, precarizando a sus trabajadores y volviéndolo cada vez más caro para grandes sectores de la población.

Los empresarios que las gestionan se enriquecieron enormemente. Sirve de ejemplo el grupo Macri, beneficiado con la concesión del Correo Argentino.

Lo que hasta entonces eran servicios públicos, cuya prestación corría a cargo de empresas de propiedad del Estado, se transformó conceptualmente desde la raíz. A partir de entonces pasó a ser ante todo un negocio y, sólo en la medida en que lo era, también un servicio público. Ya bajo ningún concepto podía considerarse un “derecho” para todos y todas: sólo podría serlo para quienes pudieran pagarlo.

Estafa con ganancias garantizadas (por el Estado)

Desde los años 90, todos los gobiernos han garantizado mantener las privatizaciones y las ganancias de las empresas que las explotan.

Durante sus tres gobiernos, el kirchnerismo mantuvo un esquema basado en el otorgamiento de subsidios millonarios para mantener las tarifas fijas.

Lo que fue presentado como una ventaja para los usuarios implicó sumas millonarias en calidad de subsidios, que fueron a parar a los bolsillos de las empresas concesionarias. Sumas que no sólo no sirvieron para mejorar el servicio, no invirtieron, sino que ni siquiera fueron controladas ni auditadas por parte del Estado.

La Masacre de Once mostró hasta dónde ese esquema no garantizaba un servicio de calidad.

Entre 2005-2015 los subsidios alcanzaron la cifra de 162 mil millones de dólares. En 2015 el gasto en subsidios llegó al 5 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Sin embargo, no hubo ningún control antes ni ahora sobre el destino de estos subsidios, en gran parte fugados en forma ilegal al exterior. La “salida” que el macrismo impuso fueron los tarifazos.

Durante las administraciones kirchneristas tuvieron lugar estatizaciones parciales y limitadas, como ocurrió en el caso de YPF o Aguas Argentinas. Sin embargo se mantuvo el esquema general de las privatizaciones.

Sin embargo, la historia del kirchnerismo tiene un pasado ligado a las privatizaciones menemistas. En 1993, cuando el entonces presidente Carlos Menem impulsó la colocación en Bolsa de la mayoría de acciones de YPF, uno de los gobernadores de provincias petroleras que más apoyó la iniciativa fue Néstor Kirchner.

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A cambio del voto a favor de la privatización parcial de YPF, el Estado central otorgaba a las provincias acciones de la petrolera y pagaba regalías mal liquidadas en el pasado. En el caso de Santa Cruz el monto ascendía a U$S 480 millones.

En 1999, cuando Repsol lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 99% de YPF, Kirchner le vendió su 5% de YPF por más de U$S 600 millones.

Los servicios públicos no pueden ser un negocio. En las últimas tres décadas, la continuidad de las privatizaciones demostró que, lejos de mejorar los servicios y extenderlos a toda la población, estos son cada vez de peor calidad y mucho más caros.

Pero los servicios básicos no pueden ser objeto de lucro. Por el contrario, es fundamental garantizar el acceso a la luz, el gas o el agua al conjunto de la población. La ganancia de los empresarios no puede estar por encima de las necesidades básicas de millones de personas.

Desde hace décadas, desde la izquierda se cuestiona el esquema de privatizaciones. En oposición al mismo se plantea la nacionalización de todos los servicios. Se exige, al mismo tiempo, que esas empresas estén bajo gestión directa y control de los propios trabajadores y de técnicos que colaboren.

También es central la participación de comités de usuarios populares. Solo así se puede plantear realmente la posibilidad de todo el pueblo trabajador acceda a tarifas bajas.

Denunciando la actual situación, el diputado nacional del PTS- FIT Nicolás del Caño, sostiene que “el acceso a la energía eléctrica, al agua, al gas, al transporte, son un derecho esencial para el pueblo trabajador. Su provisión hay que desacoplarla de la lógica de la ganancia empresaria”.

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