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La Izquierda Diario
11 de enero de 2019 Twitter Faceboock

NO A LA BAJA DE IMPUTABILIDAD DE LOS JÓVENES
Detrás de la criminalización a la juventud, la impunidad para los verdaderos delincuentes
Gloria Pagés | Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Mientras avanza la campaña punitivista, el macrismo y el Estado amparan a los grandes empresarios que pagan coimas, evaden o fugan capitales.

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Acompañada del coro mediático sin el cual no habría campaña, Patricia Bullrich se ha lanzado estos primeros días del año a dejar en claro que la represión, la impunidad a los integrantes de las fuerzas de seguridad, la mano dura y la demagogia punitiva serán los ejes con los cuales conquistar a un electorado con cada vez más bronca hacia el gobierno y el ajuste.

El discurso punitivista y la campaña alrededor de la llamada "inseguridad" están basados en (falsos) sentidos comunes, en un discurso mentiroso y cifras manipuladas. Sin embargo, cala hondo en amplios sectores de la sociedad porque sería necio negar la existencia, hoy, ayer y mañana, de robos y en menor medida, de homicidios.

La repetición al infinito de un hecho delictivo en cadena nacional, día tras día, da la idea de que no ocurrió uno, sino centenares de delitos. De este modo, el "te matan por un celular" parecería dar cuenta de una ola imparable de asesinatos que asedian nuestro país. Así, de manera esquemática, se construye la campaña punitiva y de mano dura del gobierno y su ministra estrella.

Una vez más, apunten contra los menores

La baja de edad de punibilidad como solución frente a la comisión de delitos por parte de menores es el caballito de batalla de este y de anteriores gobiernos. Fue el propio gobierno de Cristina Kirchner, quien en acuerdo con la oposición, en 2009 impulsó la baja de 16 a 14 años que recibió media sanción en el Senado.

Hoy, una vez más, se trata de poner el foco en los niños, niñas y adolescentes pobres estigmatizándolos como delincuentes y asesinos. Pero no dicen nada sobre cómo un gobierno que prometió pobreza cero hoy tiene a la mitad de los chicos de hasta 17 años bajo la línea de pobreza, ni de que se han recortado presupuestos de educación, salud y programas de niñez. El último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) de diciembre de 2018 da cuenta de que el 33,6 % de la población de nuestro país es pobre, 13,6 millones de argentinos está bajo la línea de pobreza. Se trata del nivel más alto desde 2010.

Lo más significativo es lo referente a la niñez y adolescencia: según los datos de abril de 2018 provenientes del mismo Observatorio algo más de 6 de cada 10 chicos y chicas de 0 a 17 años son pobres (62.5 %), es decir: 7.930.000. Escalofriante.

Frente a este escenario gravísimo, la única política "activa" del gobierno hacia esta juventud es criminalizarlos, encerrarlos y aumentar así su marginalidad. La miseria a la que son sometidas los niños, niñas y adolescentes y sus familias es la causa de que una gran cantidad de ellos trabajen o cartoneen para ayudar a sus padres, o que realicen tareas domésticas, o cuiden de hermanos o ancianos para que su madre, en la mayoría de los casos, pueda salir a trabajar.

En sus hogares prima el hacinamiento, la falta de servicios esenciales como agua potable, luz, calefacción; la alimentación es de pésima calidad, mientras que el acceso al sistema de salud es cada vez más dificultoso, por no decir nulo. Se debe a la profundización de las políticas que el macrismo viene implementando en el sector: vaciamiento de hospitales, despidos de profesionales -el caso del Hospital Posadas es el más duro-, cierre de guardias y salas de atención primaria.

Sin dudas, esto provoca el abandono escolar y por supuesto la ausencia de todo tipo de actividad reacreativa, artística o deportiva, en definitiva, chicos y chicas que no tienen nada de lo que se supone debe tener una niñez sana y feliz.

¿Alguna vez escuchamos a funcionarios del gobierno consternados por estas cifras, o porque hoy la niñez está absolutamente vulnerada en sus derechos más elementales? Jamás.

La juventud es objeto de ataque permanente, empezando por la quita del derecho a estudiar, aprender, divertirse y tener un trabajo digno. El deterioro creciente de las escuelas y el cierre de las nocturnas es ejemplo más crudo: a los chicos y chicas que hacen incontables esfuerzos por seguir sus estudios mientras trabajan y/o crían a sus hijos ahora les dicen que no van a poder seguir más en su escuela. Algo similar sucede con las escuelas de música. Ellos no valen nada.

Mientras, 1 de cada 4 jóvenes no tiene trabajo y si lo tiene es en su mayoría precario.

Qué horizonte tienen esos miles de niñas, niños y adolescentes por fuera de la desazón, el resentimiento frente a la ostentación de la abundancia por parte de un puñado de familias millonarias o de ministros que anuncian brutales aumentos en las tarifas el mismo día que se van a Punta del Este porque están estresados. No puede sorprender que una sociedad cada vez más desigual genere mayores niveles de violencia.

¿Alguno de los que pregona la baja de la edad de imputabilidad se pregunta porqué una criatura es capaz de sentir que su vida y la del resto no vale nada y llega a cometer crímenes en algunos casos aberrantes?

El aumento del punitivismo como solución

La impunidad que reina sobre los grandes ladrones que saquean las riquezas del país, los que se fugaron millones de dólares, los que nos entregaron de pies y manos al FMI, a los que desde la dictadura vienen amasando fortunas a costa de endeudar y empobrecer al conjunto del pueblo trabajador, es proporcional al ataque y la criminalización de los sectores más postergados, en particular la juventud.

Los verdaderos ladrones no son objeto de campañas de mano dura. Todo lo contrario, de ellos no se habla. Tampoco que su riqueza aumente a costa de la pobreza de las grandes mayorías es cuestionado por los que administran el Estado, que, digamos para ir a fondo, es el garante de esta desigualdad.

Sin embargo, la juventud pobre es puesta en el tapete para señalarla como el enemigo de la "gente de bien". El gobierno acaba dar otro golpe de efecto con el proyecto de "Responsabilidad Penal Juvenil" que baja la edad en que los menores son punibles de los 16 a los 15 años para "delitos graves".

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Se ha escuchado por parte de la cada vez más reaccionaria Florencia Arieto, que esto viene a dar por tierra una ley de la dictadura para otorgarle a la juventud en conflicto con la ley penal un régimen que lo contenga. Un cinismo insólito.

Es cierto que en esta materia, una de las primeras medidas de Videla fue bajar la edad de punibilidad mediante el Decreto Ley 21.338 que fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años, pero manteniéndose al día de hoy el Decreto Ley 22.278 que condena a niños/as y adolescentes al encierro en institutos que no son más que tétricos reductos donde la violencia, el castigo, la insalubridad imperan y de donde, si salen, los chicos se han convertido en seres destrozados.

El falso garantismo (punitivo) que le sirve de cobertura a este proyecto sigue teniendo como eje la baja de la edad y el encierro de los jóvenes que cometieron un delito, con la cobertura de que se le respetarán ciertas garantías procesales y democráticas.

El proyecto dice promover “Plan Individualizado” para cada adolescente donde se irían a “contemplar aspectos sociales, educativos, recreativos y de salud”. Si el menor de 15 años hubiera sido encontrado responsable de un hecho al que corresponda una pena máxima superior a los diez años de prisión, se establecerán “acuerdos restaurativos, programas de salud, o tratamiento de adicciones en caso de que sea necesario”.

¿Cómo creer que esas garantías y derechos serán respetadas cuando estando libres le son vulneradas todos los días?

Mary Beloff, especialista en derecho penal juvenil, en su libro “¿Qué hacer con la justicia juvenil?”, señala un dato a tener en cuenta: “la reducción de la edad penal en clave garantista ocurrida en América Latina una década atrás no contribuyó ni a paliar la voracidad punitivista, ni a asegurar la vigencia efectiva de derechos a los adolescentes”

¿Basados en qué premisas se plantea esta política punitiva?

Una vez más, sobre mentiras. Lejos de ser un flagelo, lejos de un aumento en la criminalidad las cifras sobre menores en conflicto con la ley demuestran que la incidencia del delito juvenil es minúsculo. Tomando datos de 2017 relevados por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, solo el 3,2 % de los delitos de ese año fue cometido por menores de 17 años. Dentro de esa cifra, el 0,9 % fueron homicidios y la mitad de ellos en grado de tentativa.

Además de ser bajas las cifras, hay que señalar que los jóvenes son el eslabón más débil de una cadena criminal y que casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Como grafica Claudia Cesaroni, abogada del CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos): "Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los repuestos para sus autos".

Desarmadero que por supuesto cuenta con la complicidad policial. Idéntico ejemplo puede aplicarse a los delitos que tanto gusta señalar Bullrich, alrededor del narcotráfico: no puede existir sin el amparo de las fuerzas de seguridad.

Son los jóvenes los que pagan, incluso con su propia vida, las consecuencias. El trágico ejemplo de Luciano Arruga, el joven que se negó a salir a robar para la policía Bonaerense y fue asesinado por ello, grafica crudamente esto que decimos. Es la policía y el conjunto del aparato estatal represivo que en 1.110 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, mató 1.206 personas.

Una cifra elocuente la señala el informe de Unicef, que señala que la mitad de los chicos en situación de encierro ha tenido contacto con una única institución antes de ser encerrados: la policía.

Terminar con el sistema que genera esta desigualdad y descomposición social

Muchos reclaman que la izquierda o el progresismo den una respuesta porque la única que "habla" es la derecha. Algunos presentan salidas como las que mencionamos: garantistas, donde la juventud en conflicto con la ley sea tratada con régimen especial. Otros, en relación al hostigamiento policial, mencionan una utópica salida: "control popular de las fuerzas de seguridad".

Frente a esta realidad, no podemos pensar ninguna salida intermedia ni "reformista". No hay solución sin un cuestionamiento y una pelea a fondo contra este sistema que genera el creciente empobrecimiento, descomposición social y desigualdad cada vez más extrema, que tiene la represión social y el control social de la juventud y de los sectores populares, las cárceles e institutos de menores, y un poder judicial que los criminaliza para salvaguardar los intereses de la clase parasitaria a la que sirve, los poderosos y dueños de la opulencia, en un mundo donde el 1% de más rico concentra el 82% de la riqueza del planeta.

 
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