Relmu Ñamku: criminalización y resistencia

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LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CONTRA EL NEGOCIO DEL PETRÓLEO

 

AZUL PICÓN

Número 26, diciembre 2015.

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A principios de noviembre un fallo histórico absolvía a Relmu Ñamku, autoridad mapuche de la comunidad Winkul Newen, de la acusación de tentativa de homicidio contra una oficial de justicia que llevaba una orden de desalojo. Crónica de una causa armada para criminalizar la defensa de los territorios ancestrales, en pos de la avanzada petrolera.

 

Relmu Ñamku pertenece al Lof (comunidad mapuche) Winkul Newen, que ha vivido ancestralmente en el paraje Portezuelo Chico en el centro de la provincia de Neuquén. El hecho por el que fue imputada junto a Martín Maliqueo y Mauricio Rain (este último de la comunidad Wiñoy Folil) ocurrió el 28 de diciembre de 2012, pero los orígenes del conflicto se remontan tiempo atrás.

La comunidad Winkul Newen viene resistiendo los avances de las petroleras en la zona desde hace una década. Primero fue Pioneer, luego Apache Corporation y hoy Yacimientos del Sur, subsidiaria de YPF. La comunidad comenzó la resistencia cuando la petrolera Apache quiso instalar nuevos pozos dentro del territorio mapuche (había 9 y tenía planificados 40) en una clara situación de atropello, donde no se respetaron las leyes y convenios que amparan a las comunidades originarias, como el convenio 169 de la OIT, la Ley 26.160 y el artículo 75 de la Constitución Nacional. La resistencia de la comunidad logró frenar las masivas instalaciones de pozos, y solo pudieron instalar uno más.

El Lof Winkul Newen vive sobre el petróleo que extraen las multinacionales, pero la comunidad no tiene gas ni electricidad. El agua fue un elemento de extorsión, según explicó la antropóloga Diana Lenton en el juicio, la petrolera Apache la usaba como moneda de cambio: si la comunidad reclamaba, la petrolera cortaba el agua que les entregaba.

El impacto que genera la extracción de hidrocarburos es irreversible. Afecta la cultura, ya que altera el equilibrio ecológico y por lo tanto la manera de relacionarse con la naturaleza, y también la economía de la comunidad, que es la cría de ganado. Como denunciaba Relmu:

El avance de las petroleras genera desertificación, por lo tanto tenemos menos campo para producir, para tener nuestros animales; los animales se contaminan y son nuestra economía, nuestro sustento diario [1].

El 28 de diciembre de 2012 era el último día hábil del año y faltaban pocas horas para que comience la feria judicial. La comunidad estaba en la ceremonia de entierro de una beba que había nacido con malformaciones congénitas, producto de la contaminación –como denuncia la comunidad– cuando irrumpió una caravana de policías, camionetas de la petrolera y retroexcavadoras. Una oficial de justicia traía una orden de desalojo que había sido librada por la jueza Ivonne San Martín, del juzgado de Zapala. La comunidad en su conjunto decidió resistir el desalojo y se defendió con piedras. Una de ellas hirió a la oficial de justicia Verónica Pelayes.

La Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, indica que deben suspenderse los desalojos a las comunidades originarias hasta tanto se concluyan los relevamientos territoriales. Esta ley es continuamente vulnerada y esta no fue la excepción. Los miembros de la comunidad pedían que se fueran de sus tierras –lo cual fue confirmado por el testimonio de un policía en el juicio–, la petrolera tenía fuertes razones para ingresar y el aval del Estado (la medida judicial y la policía). La comunidad no lo iba a permitir.

 

La batalla cultural contra los mapuches

La campaña mediática para difamar a la comunidad y a las autoridades mapuches no se hizo esperar. “Se decía que lo único que nosotros queríamos era un acuerdo económico y que usábamos como una pantalla la cuestión medioambiental y cultural para buscar buenos acuerdos” decía Relmu Ñamku en abril a La Izquierda Diario [2].

La fiscal Sandra González Taboada –quien tiene pedido de juicio político por irregularidades y mal desempeño en la causa que investiga la desaparición del estudiante Sergio Ávalos– junto al fiscal Marcelo Jofré, el abogado Julián Álvarez y el abogado de la petrolera Mariano Brillo instalaron en los medios provinciales que Verónica Pelayes estaba sola y que solo se trataba de una notificación (no de un desalojo), para hacer pasar como desmedida la defensa de la comunidad. Pero las contradicciones quedaron en evidencia con las preguntas de los abogados defensores sobre la particularidad de un amparo obtenido el último día hábil del año y ¿por qué para una simple notificación, había concurrido con policías, guardias privados de la empresa y una retroexcavadora [3]?

La “batalla cultural” contra las comunidades mapuches, crece al ritmo del avance de las petroleras y el fracking en la provincia. El propio gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, que en 2012 reconoció a la comunidad Campo Maripe como primeros pobladores, dijo un año después que esa familia “no era mapuche”, que “vinieron de Chile”. Su primo Luis Sapag afirmó cuando se gestaba el acuerdo YPF-Chevron que “YPF no fue a instalarse en la tierra de los mapuches”, sino que éstos “fueron a poner sus casas donde estaba YPF para generar toda esta movida” [4].

En nombre de una supuesta “argentinidad” los soldados de las multinacionales se arrogan el derecho a decidir quiénes son los auténticos y los falsos mapuches. Y no nos sorprende. Hace un año la antropóloga Diana Lenton explicaba en esta revista:

De tanto en tanto y crecientemente, nos hemos acostumbrado a encontrar en los medios de comunicación […] editoriales o notas de “Opinión” que giran en torno a la idea de que los mapuches son parte ilegítima de un conflicto social y político […] los conflictos ambientales y territoriales, como los que suscita la actividad petrolera, la minería, las explotaciones forestales y turísticas, frente a los que el pueblo mapuche viene mostrando una voz firme y coherente, son leídos en clave de soberanía […]. Esta clave consiste en afirmar que los mapuches no tienen derecho alguno en su condición de Pueblos Originarios porque en realidad serían extranjeros (chilenos); que por ende su presencia en territorio argentino y más aun en las zonas en conflicto, obedece a oscuros intereses materiales […]. Estas reiterativas y concertadas notas de opinión concluyen –o sugieren– que dado que los derechos y demandas y la misma existencia de los mapuches son falsos, estos últimos deben ser desoídos y borrados del mapa del conflicto” [5].

La antropóloga explica que la afirmación tan difundida que dice que “los mapuches son chilenos” es errónea tanto desde el punto de vista histórico como antropológico, pero muestra a las claras cómo estos argumentos falaces son reeditados en los medios de comunicación cuando el pueblo mapuche pelea por recuperar sus territorios, y funcionan para legitimar la criminalización y represión a las comunidades.

 

Criminalización a la medida de las petroleras

La criminalización que vive la comunidad es innegable. Para cuando ocurrió el hecho de 2012, ya habían pasado más de 5 instancias de desalojo, inspecciones oculares en la madrugada y militarización de la comunidad, espacios culturales y de pastoreo.

La justicia que tan rápidamente actuó ante el pedido de la petrolera, fue indiferente a decenas de denuncias previas realizadas por la comunidad, en las que se denunciaba entre otras cosas una golpiza propinada por una patota a Petrona Maliqueo, una anciana de 70 años, y contra Violeta Velázquez, que estaba embarazada. También que un menor de 17 años recibió un tiro en la pierna. Las denuncias se realizaron en la Fiscalía de Zapala y estuvieron en manos de los fiscales Sandra González Taboada y Marcelo Jofré, los mismos que instruyeron las causas a los miembros de la comunidad, pero fueron archivadas. Además la comunidad tuvo once causas penales aunque solo una llegó a juicio.

En este contexto de atropellos y resistencia, que el juzgado ordene un desalojo en las horas previas a la feria judicial es, como mínimo, llamativo. Las piedras que eran la evidencia de lo sucedido, debían recolectarse al día siguiente, pero se recogieron 9 meses después. Suena absurdo, pero fue la excusa perfecta para que los referentes de la comunidad sean detenidos (aunque fueron liberados a la brevedad por la movilización de las organizaciones y abogados) y armarles la causa judicial que los tuvo en el banquillo hasta el mes pasado.

Que la carátula de Relmu Ñamku haya comenzado por “lesiones” y dos años después del hecho haya cambiado a “tentativa de homicidio” es otra de las muestras de un salto en la criminalización del caso.

La criminalización contra los que luchan contra la explotación petrolera, no se reduce a los casos de Winkul Newen o Wiñoy Folil. La comunidad Campo Maripe en Añelo, viene luchando contra el fracking y la multinacional Chevron, también en Neuquén. El Estado provincial se negó a reconocerlos como Lof durante años. En 2013, luego que la Legislatura de Neuquén firmara el acuerdo con la estadounidense Chevron para extraer gas y petróleo con el método de fractura hidráulica (fracking) de sus territorios, sufrió el incendio de dos viviendas, un salón comunitario y un galpón. Los incendios, que se produjeron después de la brutal represión que se desatara contra los manifestantes que rechazaban el acuerdo, nunca se investigaron.

 

No culpable

“El juicio era desmesurado y tenía un tinte racista. Yo creo que eso conmovió a la sociedad, y a los jurados”, señaló Relmu.

El juicio que se desarrolló desde el 26 de octubre al 5 de noviembre de 2015, se trató del primer juicio por jurados intercultural. A pedido de la defensa, quien alegó que tal como establece el Código Procesal Penal de Neuquén, la mitad de los jurados deben pertenecer al entorno social y cultural que los acusados, 6 de los 12 integrantes fueron de origen e identidad mapuche.

“No culpable” fue el veredicto leído por la presidenta del jurado popular en el octavo día de audiencias. Relmu Ñamku fue absuelta del cargo de tentativa de homicidio; Martín Maliqueo y Mauricio Rain también resultaron absueltos de los cargos de “daños graves”. A Relmu le quedó la imputación de “daños leves” por haber golpeado una camioneta en el momento que los iban a desalojar, pero los abogados apelaron y fue absuelta de ese cargo también el 26 de noviembre.

Los juicios por jurados se implementaron en Neuquén en enero de 2014 y rigen para casos de “delitos contra las personas o integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado haya sido muerte o lesiones gravísimas” siempre que el fiscal solicite una pena superior a los 15 años [6]. Estos juicios se presentan como más democráticos por limitar las atribuciones concentradas en la persona de un juez y proponer un juzgamiento entre pares, pero la participación popular directamente ligada al poder punitivo del Estado, amerita un análisis especial [7]. La composición intercultural de este jurado, que se ve como un reconocimiento y un avance, somete al mismo tiempo a representantes de un pueblo que da luchas contra un código penal que tiende a criminalizarlos y beneficiar al capital, a ser parte de una institución burguesa –la Corte– que se regula de acuerdo a estatutos que tiene incorporados los privilegios del capital (por ejemplo, en una provincia dominada por los intereses de las compañías petroleras se excluyen de estos juicios los delitos económicos y los derivados de desastres ambientales), donde los defensores de los imputados se enfrentan a poderosos fiscales que cuentan con la policía y el poder punitivo del Estado.

Este juicio desmesurado y escandaloso, falló con un veredicto favorable a la comunidad, pero no hay que desestimar el importante rol de la movilización de personalidades y organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos e indígenas que acompañaron todo el año a los acusados y también estuvieron presentes en el juicio, como Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Pablo Pimentel de la APDH La Matanza, ATEN Zapala, Félix Díaz de la comunidad qom La Primavera, Nilo Cayuqueo de la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, Diana Lenton, antropóloga especialista en Genocidio indígena, Raúl Godoy, diputado electo por el FIT, Natalia Hormazabal del CeProDH, familiares de Luciano Arruga, de Sergio Ávalos, obreros de la fabrica sin patrones Fasinpat ex Zanon, y organizaciones sociales y de izquierda.

Se probó que se trató de legítima defensa del territorio y que no hubo intencionalidad de matar a Pelayes, así como no hubo peligro de vida. Durante la audiencia declararon más de quince testigos, ninguno salvo la denunciante identificó a Ñamku como la responsable de arrojar la piedra que hirió a la oficial de justicia. Por otro lado tanto el médico de la policía de Zapala, José de la Rosa Cárdenas, como Jorgelina Carmona, perito forense del Poder judicial, acreditaron las lesiones, pero descartaron que en algún momento haya habido riesgo de vida.

Por su parte Pelayes declaró que había sido presionada por sus superiores para realizar la notificación y también por el abogado de la petrolera, Mariano Brillo, en el lugar para que ingresen las camionetas. Los policías Gonzalo Salinas, Santiago Coria y Oscar Castillo confirmaron su participación en la intervención recordando uno de ellos que el abogado de la petrolera Apache presionaba a la auxiliar de justicia para lograr el avance territorial sobre la comunidad [8].

 

Pobre, india, mujer

“En este banquillo de acusados debieran estar los gerentes de las petroleras, el Gobernador y funcionarios del Poder Judicial. Pero estoy yo, por ser pobre, india y mujer”, fueron las palabras de Relmu en el juicio.

Las mujeres originarias son víctimas de una triple opresión. Opresión de clase, de género y de etnia. Son víctimas del racismo y del patriarcado y luchan también contra un complejo sistema de opresiones del Estado y las multinacionales. Las mujeres mapuches, así como de otros pueblos originarios, comienzan a visibilizarse como parte activa en las luchas por la territorialidad, contra la contaminación producida por industrias extractivas, por sus derechos como mujeres y como originarias.

La negación de la identidad indígena incluyó un tipo más de violencia. Durante todo el juicio, la fiscal se negó a llamar a Relmu por su nombre originario [9], que fue su primera lucha, por su identidad. En el juicio diría: “nos decía que no éramos mapuches, nos negaba nuestra identidad, es una falta de respeto para nosotros. Y nos decía que esa no era nuestra tierra”.

El derecho penal ha demostrado ser una efectiva herramienta de criminalización y amedrentamiento. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), desde 2005 hasta 2012, al menos 347 miembros del Pueblo Mapuce han enfrentado procesos judiciales [10].

El objetivo de la criminalización es sembrar el miedo para que las comunidades abandonen sus luchas y cedan sus territorios a las empresas extractivas. Si se lograba, la condena hubiera sido ejemplificadora contra quienes intentan frenar el avance petrolero en sus territorios.

“El estado que es quien te debería garantizar los derechos es también la empresa que avanza sobre el territorio violándolos. Esto deja en claro sus intereses y qué derechos quieren o no promover. Y teniendo en cuenta nuestra situación y la de tantos hermanos eligen perseguirnos y judicializarnos” [11]. El entramado de complicidades entre el Estado, los gobiernos, empresas multinacionales, el Poder Judicial, medios hegemónicos y fuerzas represivas, contra los originarios, es el mismo que criminaliza a trabajadores que pelean por sus derechos. El negocio petrolero, minero y sojero significa enriquecimiento para pocos y explotación, contaminación de los pueblos y destrucción del territorio para los trabajadores y originarios. Se torna entonces imprescindible la lucha que debe darse soldando una alianza estratégica entre la clase trabajadora, los originarios y el pueblo oprimido.

 

1 Azul Lilén, “Mapuches: ‘si el Estado no garantiza derechos, seguiremos en conflicto’. Entrevista a Relmu Ñamku”, La Izquierda Diario, 11/04/2015.

2 Ídem.

3 “Diario del juicio Relmu Ñamku”, disponible en la web de Amnistía Internacional, www.amnistia.org.ar.

4 Alejo Lasa, “Vaca Muerta, Chevron y la ‘batalla cultural’ contra el pueblo mapuche”, La Izquierda Diario, 23/10/2014.

5 Ver Diana Lenton, “Mapuches y Mitos”, IdZ 16, diciembre 2014.

6 Artículo 35 del Código Procesal Penal de Neuquén.

7 Al respecto Ver Myriam Bregman e Ivana Dal Bianco, “¿Participación popular o legitimación del sistema?”, IdZ 11, julio 2014.

8 “Diario del juicio Relmu Ñamku”, ob. cit.

9 Relmu fue adoptada de pequeña, por tanto en su DNI figura su nombre adoptivo: Carol Soae.

10 Informe de situación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia. 2013. Odhpi. Disponible en www.odhpi.org.

11 “Relmu Ñamku: ‘esta es una lucha testigo para amedrentar otras luchas’”, 8300web, 23/06/2015.

 

 

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