Medios audiovisuales: kirchnerismo, concentración y convergencia

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MARTÍN ESPINOZA

Periodista

DANIEL SATUR

Redacción La Izquierda Diario

Número 21, julio 2015.

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“Yo sé lo que les digo, algún día vamos a aplicar en serio la Ley de Medios en la República Argentina” (Cristina Fernández de Kirchner, 03/06/15).

 

La frase la dijo la Presidenta en Mendoza hace unos días, mientras hacía inauguraciones por cadena nacional junto al gobernador Francisco “Paco” Pérez. Toda una confesión de parte de quien está a punto de terminar su mandato. Pese a estar vigente desde hace cinco años, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), esa que el gobierno llamó la “madre de todas las batallas”, no tuvo ningún efecto transformador profundo. Las promesas oficiales de democratización y mayor pluralidad de voces en los medios masivos de comunicación no fueron otra cosa que una trampa. Particularmente esto es así para el aspecto tal vez más progresivo de la ley 22.265, que generó enorme expectativa en un amplio sector de medios alternativos y comunitarios, que había visto la posibilidad de abrirse camino en la conquista de nuevos espacios mediáticos. Contrario a las frustraciones del llamado “tercer sector” u organizaciones sin fines de lucro, quienes sí se vieron favorecidos en estos años fueron algunos de los poderes tradicionales de la Argentina, como la propia Iglesia Católica que ha recibido, con todo el amparo legal y producto del pacto de amistad entre Cristina y Bergoglio, 20 licencias nacionales para canales de Televisión Digital Abierta. Además continuó, sin pausa y a veces con prisa, el crecimiento exponencial de los negocios de un puñado de empresarios ligados al gobierno como Cristóbal López o Sergio Szpolski y otros grupos empresarios.

Puede resultar frustrante intentar encontrar bibliografía que describa las “bondades” o avances de la Ley de Medios Audiovisuales en cinco años de vigencia. Por el contrario sí es posible encontrar diagnósticos críticos sobre la política de medios impulsada por los gobiernos kirchneristas. Es destacable en este sentido el aporte del docente e investigador Martín Becerra con su último libro De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina, publicado por editorial Paidós en mayo de este año.

En su último trabajo, Becerra aporta un pormenorizado recorrido por las políticas de medios de las últimas décadas, brindando una base argumental imprescindible para quienes pretendan pensar en una verdadera democratización de los medios de comunicación de masas, hoy integrados a un sistema infocomunicacional complejo, acrecentado exponencialmente con el impacto y la convergencia de las comunicaciones, las nuevas tecnologías y las redes sociales.

 

Tres décadas de concentración y centralización

Becerra aborda el estudio de los medios audiovisuales en Argentina y América Latina desde el enfoque de la economía política de la comunicación y la cultura, cuyo objeto de estudio tiene un doble carácter: ideológico y económico. Afirma que:

 

…si bien los medios de comunicación conforman un sector específico de las industrias culturales y éstas, por su parte, no incluyen muchas de las prácticas de cultura y comunicación que se realizan en sociedad, este libro pone el foco en el examen del sector de los medios por tratarse de dispositivos privilegiados de socialización que troquelan el ambiente en que se producen, editan, distribuyen y utilizan masivamente las informaciones y los entretenimientos” (p.12).

 

Dispositivos privilegiados que están además en manos de un puñado de grandes empresas, muchas de ellas multinacionales con presencia oligopólica extendida en todo el territorio nacional. Además, Becerra aborda las políticas regulatorias del sector, imposible de comprender en profundidad sin su relación con las metamorfosis y “el movimiento de la convergencia infocomunicacional en su conjunto.”

En una de sus definiciones más importantes, el autor considera al período que va desde principios de la década del ‘80 a la actualidad como un proceso continuo que, no sin vaivenes o crisis coyunturales, condujo a un estado actual de hiperconcentración mediática en pocas manos. En el primer capítulo del libro se hace una periodización del proceso de concentración de medios en la historia reciente de la Argentina que se divide en tres etapas: una primera “expansiva y conglomeral” que va desde 1989 hasta 2001, una segunda “defensiva” que va desde 2001 y 2008, y una tercera etapa que va desde 2009 hasta la actualidad denominada “de concentración convergente” que tiene como hito la sanción de la Ley “Argentina Digital” a fines de 2014. Ley que fue propuesta por el Poder Ejecutivo y votada en tiempo récord por el Congreso Nacional, sin siquiera hacer público el debate sobre un asunto, paradójicamente, mucho más problemático y profundo que el planteado en la Ley de Medios. De esta manera demostrará, con una montaña de datos estadísticos y objetivos, lo nada transformador que ha resultado en la materia el proceso kirchnerista.

En el segundo capítulo Becerra da un detalle pormenorizado, con cuadros ilustrativos, de la relación entre concentración y libertad de expresión en América Latina. Da cuenta de las dos grandes concepciones que han dominado el Siglo XX y el actual: una “liberal”, defensora de la concentración encarnada en el empresariado de medios latinoamericanos, enemiga de toda política regulatoria por parte del Estado; y otra de “debate público robusto” que propone límites a la concentración, nociva para la pluralidad de voces e inspirada en la perspectiva abierta por el Informe Mc Bride de 19801.

 

¿Públicos, estatales, gubernamentales?

Los capítulos tres y cuatro del libro de Becerra resultan particularmente importantes para comprender cabalmente la concepción y la lógica política del kirchnerismo durante toda una década respecto a los medios masivos de comunicación. Allí el autor aborda la cuestión de “los medios públicos”, a los que denomina “el agujero negro de la política de medios” y “la publicidad oficial y sus múltiples facetas”. En tal sentido, el manejo gubernamental que el kirchnerismo hizo de los medios de gestión estatal, mal llamados públicos, no es diferente de cualquier gobierno anterior, todos subsidiarios de la idea de que quien gana una elección se queda con todo lo que posee el Estado, incluyendo la palabra “pública”.

Aquí el análisis se centra en dos aspectos, diferentes pero complementarios, que hacen a la intervención directa el Estado nacional (aunque también la misma lógica es aplicable a las provincias y municipios): como gestor y operador de emisoras de radio y televisión, por un lado, y como financiador de medios, productoras y contenidos, por el otro (sobre todo vía subsidios y publicidad). Y utiliza como referencia comparativa la experiencia de los medios sostenidos por los Estados hace décadas en los países centrales, sobre todo los europeos luego de la Segunda Guerra Mundial, a los que el autor les imprime una valoración positiva y virtuosa al estar contenidos bajo la caracterización teórico-política de “servicios públicos”.

De la comparación surge, obviamente, una caracterización negativa de la experiencia argentina y latinoamericana, basadas en una extendida lógica comercial privada que permitió (sobre todo en las últimas décadas, “neoliberales”) la conformación de grandes conglomerados mediáticos que encontraron en el Estado un aliado central y hasta un impulsor directo. Clarín y Telefónica (Argentina), Globo (Brasil), Televisa (México), Caracol-El Tiempo (Colombia), Cisneros (Venezuela) y El Mercurio-Copesa (Chile), son los exponentes emblemáticos de un largo proceso de “asociación estratégica” entre los grandes capitalistas del rubro y todos los gobiernos de turno. En estas páginas se abordan desde las formas de regulación estatal sobre el esquema de medios en general (donde el autor hallaría ciertos indicios positivos) hasta la casi nula dedicación al debate político en los noticieros de radio y televisión gestionados por la burocracia gubernamental (donde obviamente no hay nada para rescatar).

Sumado a lo anterior, es lapidaria la observación que hace el autor del uso de la publicidad oficial por parte de los funcionarios de este gobierno en todas las etapas. Como planteó en su intervención en Mendoza citada al comienzo de este artículo, la propia Presidenta habló de un futuro en el que “van a ser premiados los que verdaderamente lo merecen”. En realidad su amenaza ya se vive en el presente, ya que con la publicidad estatal se conformó una suerte de sistema de premios y castigos con el que se sostuvo a una serie de medios que sin la ayuda estatal no hubieran podido sobrevivir. El ejemplo del diario Página/12 es muy ilustrativo.

Si bien compartimos el diagnóstico general de Becerra de la situación, disentimos en la idea de que todo podría haber sido distinto si el gobierno finalmente “se hacía caso a sí mismo” y hacía cumplir la ley. Nuestra caracterización inicial, corroborada hoy a la luz de los hechos, no era que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era buena pero con límites, sino que era una falsa promesa en pos de permitir un nuevo esquema capitalista de medios, más favorable a los intereses gubernamentales. Por lo tanto, si coincidimos en el diagnóstico pero no en las causas que lo produjeron, difícilmente podríamos coincidir en el pronóstico. Nosotros partimos de una concepción diferente de las características estructurales del propio Estado. Ubicados aquí, imaginar que la conformación político-social vigente desde hace siglos, con sus leyes y sus instituciones, garantes en última instancia de la propiedad privada capitalista, puede arremeter contra sus propias bases en pos de una democratización y pluralización, no es muy atractivo. En cambio sí atrae pensar en un combate (en el terreno de las ideas pero también en la lucha de clases material y concreta) contra ese propio Estado a partir de la organización independiente y decidida de los millones de explotados y oprimidos que son desposeídos de los medios de información y entretenimiento, y del resto de los resortes estratégicos de la economía y la vida social y cultural.

Otra cuestión importante para completar un balance sobre la década kirchnerista y los medios de comunicación refiere a la misma matriz capitalista que une en intereses comunes a los gobiernos y al conglomerado empresarial, incluido el de los grandes medios. Una matriz que hace coincidir a oficialismo y oposición en agendas informativas, lógicas de trabajo y unidad patronal contra el conjunto de los trabajadores de prensa y de medios en general. Este conjunto de elementos los analizamos en un dossier especial en el número 11 de esta revista, de julio de 2014.

La denominada convergencia de plataformas, como todo avance tecnológico, es utilizado por la lógica capitalista en pos de nuevos nichos de ganancias y avance sobre conquistas laborales, precarización laboral, liquidación de puestos de trabajo, y la imposición flexibilizadora expresada en la polifuncionalidad y las multitareas para los trabajadores de los medios.

 

La democratización no será televizada

Becerra realiza una enumeración de políticas concretas encaradas por el kirchnerismo en los últimos años que chocan directamente contra la letra de una ley de medios audiovisuales sobre la que mucho se dijo y discutió. Específicamente plantea que

 

…los movimientos que se registran en el sistema de medios responden a una política que no tiene necesariamente a esta norma como referencia, aunque la invoca con insistencia. El programa Fútbol para todos; la TDA (Televisión Digital Abierta), la iniciativa gubernamental sobre la TDT; la inyección de recursos estatales para estimular el crecimiento de grupos empresariales como Szpolski, Indalo (Cristóbal López), Fintech, González (Canal 9) o Electroingeniería; el financiamiento a medios y productoras comunitarios de todo el país a través de los fondos del FOMECA (Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), al igual que la escasa (pero no nula) entrega de autorizaciones y –en menos medida aún– licencias para organizaciones sin fines de lucro en zonas donde no existe conflicto en el uso del espectro radioeléctrico –es decir, fuera de las ciudades grandes y medianas de Argentina– merecen consignarse como políticas activas que en algunos casos contravienen y en otros corren en paralelo a los dispuesto por el texto legal vigente.

 

Esas políticas, sumadas a otras tantas iniciativas oficiales y a una no menor cantidad de medidas contrarias a los intereses de organizaciones sociales, políticas y culturales sin fines de lucro que siguen demandando un merecido lugar en el espectro mediático nacional, son la demostración palmaria del fin último perseguido por el gobierno y sus funcionarios. Lejos de todo interés democratizador y pluralista, el kirchnerismo termina su fase “nac&pop” con pocos o nulos laureles para mostrar a sus simpatizantes, dejándole la posta a su fase conservadora, corporizada nada menos que en Daniel Scioli, para que cumpla su función ajustadora. En sus conclusiones Becerra sostiene, creemos correctamente, que la

 

…llamada “batalla cultural” contra el grupo Clarín orientó la sesgada aplicación de la ley audiovisual hasta que, en 2014, el mismo gobierno impulsó una nueva ley [Argentina Digital] que es indulgente con la concentración y extranjerización de la propiedad de las redes digitales y que altera en un aspecto fundamental la norma audiovisual, al permitir a las telefónicas participar del apetecible mercado de televisión por cable (p. 191).

 

Como escribimos en estas mismas páginas hace un año2,

 

…si en verdad quisieran democratizarse los medios, deberían tomarse medidas como la inmediata entrega de licencias y financiamiento (en base a impuestos a los grandes grupos) a las organizaciones obreras, estudiantiles, de derechos humanos, medioambientalistas, pueblos originarios, barriales, artísticas, de la diversidad sexual y toda la sociedad; para que desarrollen sus propios medios de expresión en igualdad de condiciones técnicas, operativas y de alcance; con los que cuentan los grandes medios privados y del Estado. Pero ni el Estado ni las empresas van a hacer eso porque no pretenden que se los cuestione ni mucho menos que se les terminen los negocios. La verdadera democratización vendrá, inevitablemente, por otro lado.

 

Allí también pusimos en debate el rol que le cabe a miles de trabajadoras y trabajadores de medios, verdaderos convidados de piedra en este debate a quienes tantos los empresarios y funcionarios kirchneristas como los pulpos de “la Corpo” atacan por igual:

 

El trabajador de prensa, en muchos casos, se ve obligado a reproducir la opinión patronal, que es la forma concreta que adquiere la venta de su fuerza de trabajo. Cuando los trabajadores actúan como fuerza colectiva pueden imponer su voluntad en esa lucha por la interpretación de los acontecimientos.

 

Ese debate recorre hoy particularmente los medios de gestión estatal, como la llamada “TV Pública”, donde los trabajadores del noticiero protagonizan una puja permanente con la gerencia en manos de La Cámpora por los contenidos y la pluralidad de opiniones en las noticias, logrando ciertos triunfos como la cobertura de conflictos en fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires como Lear, Gestamp y Donnelley; o de conflictos con trabajadores de prensa como el desatado en el diario digital “Minuto Uno” del Grupo Indalo, tras el despido de dos delegados. En un comunicado de la asamblea de trabajadores de prensa del noticiero y su comisión gremial interna se denuncia que

 

…en plena campaña electoral, la Gerencia de Noticias, a cargo de Carlos Figueroa y Víctor Taricco, utiliza masiva y descaradamente los espacios de los noticieros públicos para posicionar a los candidatos del Frente para la Victoria en detrimento de los aspirantes a cargos electivos de otros partidos.

 

En ese sentido, el relevamiento que hace Becerra, en porcentajes, de menciones a la distintas fuerzas políticas en el noticiero de la TV Pública, es muy revelador y coincide plenamente con el relevamiento que realizaron los trabajadores de prensa de Canal 7 de la campaña para las PASO porteñas con un claro favorecimiento para el candidato del kirchnerismo, Mariano Recalde (Boletín de la CI de la TV Pública “Unidad de los Trabajadores”, mayo-junio de 2015).

Esa tensión pondrá seguramente a la orden del día la lucha para que los medios de comunicación masiva sean gestionados directamente por sus propios trabajadores y sientan importantes bases para avanzar en la unidad con el resto de la clase trabajadora y sectores populares. Sin injerencia del Estado ni de las empresas. Es decir, sin funcionarios ni gerentes en sus oficinas pero también sin condicionamientos por medio de la pauta publicitaria, estatal o privada.

Democratizar significa romper la dinámica de la información controlada por la burguesía. Y para eso, el conjunto del sistema infocomunicacional debe ser despojado de la reglamentación capitalista para que toda la población pueda acceder a un sistema público nacional de producción y distribución de televisión, radio e internet, manejado directamente por distintos sectores sociales organizados democráticamente, con acceso libre y gratuito para los trabajadores y el pueblo pobre y con tarifas progresivas para empresas y sectores ricos.

Para tales objetivos históricos, se necesita de la más amplia movilización de los trabajadores y los sectores populares.

 

1. El Informe MacBride, también conocido como “Voces Múltiples, Un Solo Mundo”, es un documento de la Unesco publicado en 1980 y redactado por una comisión presidida por el irlandés Seán MacBride, que propone un nuevo orden comunicacional.

2. Martín Espinoza y Daniel Satur, “Cinco años de una tramposa Ley de Medios”, IdZ 11, julio de 2014.

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