En los términos del protocolo, el Estado es “criminal”

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ROBERTO GARGARELLA

Número 27, marzo 2016.

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La situación de la que venimos, en materia de protesta social, es muy preocupante, y requería de una reflexión colectiva, muy diferente y mejor de la que tenemos hoy.

¿De dónde venimos? Venimos, en primer lugar, de una comunidad con tradición militante, y con fuerzas suficientes como para ponerse de pie, quejarse y marchar: lo ha hecho siempre, aún durante la dictadura, cualquiera sea el momento. Venimos del desguace del Estado, en los 90, que llevó a los primeros piqueteros a ensayar por primera vez con intensidad el corte de rutas, como forma de ser escuchados. Venimos del 2001, cuando la ciudadanía salió masivamente a las calles para obtener cambios radicales en la política diaria tanto como en el largo plazo, y que luego no obtuvo. Venimos del kirchnerismo, que practicó en la materia, también, una política marcada por la hipocresía y la mentira: gritos orgullosos a favor de “un gobierno que no reprime”, que llegaban desde la militancia acomodada, y que servían para encubrir los gritos de los obreros, que eran los que recibían las balas: obreros de Lear, Kraft, Pepsico y Donnelley, entre tantos otros. Esa hipocresía es la que tuvo su punto cúlmine en la muerte de Mariano Ferreyra, en donde nunca se investigó ni condenó a los principales responsables (el Presidente de entonces, junto al Ministro del Interior que daba las órdenes de liberación a la policía, hasta el Ministro de Trabajo, a las carcajadas con el principal imputado, apenas después del crimen), que quedaron escondidos detrás del árbol Pedraza. Venimos, también, de una práctica repetida y cansada, sobre la estrategia de cortes de ruta, que ha hartado a la parte más acomodada de la ciudadanía, y que nos llevaba a preguntarnos acerca de cómo se sigue con esto. Podía resultar razonable, entonces, hablar del tema: ¿cómo seguir pensando sobre la protesta?

Pero el tema debía ser hablado a la luz de un contexto como el antedicho, y no bajo la ausencia de historia, no como si todo lo anterior no hubiera existido. Entonces, en el reciente Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, impuesto por el Consejo de Seguridad Interior, todo parece errado.

En primer lugar, en términos procedimentales y democráticos, hay un error porque una cuestión que cruza a sectores muy diversos (ricos y pobres, empleados y desempleados, fuerzas policiales y grupos sindicales, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, etc.), no merecía ser tratada sólo por unos pocos. Tampoco se soluciona el tema invitando al resto a decir lo que quiera (“acérquennos sus propuestas”): las voces hoy ausentes eran las imprescindibles, las necesarias, las que debían salir a buscarse, para evitar errores, falta de información y sesgos en la materia. Como eso es lo que no se hizo, lo que terminó resultando entonces fueron esos errores, desinformaciones y sesgos, que podían anticiparse y que debían haberse evitado.

En segundo lugar, en términos institucionales encontramos otro gran error: y es que el Protocolo no debió discutirse sin plantear al mismo tiempo otros temas. Uno, fundamental, es el relacionado con la cuestión institucional: en la enorme mayoría de los casos (lo fue así, claramente, desde antes del 2001), los manifestantes protestan en la calle, porque reconocen que el sistema institucional no les responde. El pueblo sale a cortar calles, como lo hiciera desde hace décadas, porque golpea la puerta de sus representantes y de sus jueces, y encuentra silencio, hostilidad o sino, directamente, procesamientos. Es obvio entonces: si las autoridades de turno clausuran o ilegalizan todos los canales institucionales, resulta simplemente natural que los que protestan opten por reconducir sus quejas a través de vías extra-institucionales o extralegales. No es sorpresa, sino una construcción propia del poder que ahora aparece perplejo.

En tercer lugar, en términos jurídicos y constitucionales, el error también es mayúsculo: el Protocolo tampoco debió discutirse sin tratar al mismo tiempo las violaciones graves en que viene incurriendo el Estado, desde hace décadas. El Estado incumple uno a uno los derechos sociales, económicos y culturales que se ha auto-obligado a cumplir, a través de una exigente Constitución. Mientras la Constitución de 1994 esté en vigencia, él no tiene otra opción sino la de garantizar esos derechos. Y si no lo hace, se encuentra en falta constitucional gravísima. Contra esta indicación, en el Protocolo trata inmediatamente a los que protestan como “delincuentes”, porque –se supone– ellos al cortar la calle, violan la ley. Pero en estos términos, que son los mismos del Protocolo, el Estado es “criminal”, por las violaciones masivas, sistemáticas y graves de derechos, que comete regularmente. Parece claro: no son estos los modos, los tiempos, ni los términos en que mereció plantearse la discusión sobre la protesta.

Finalmente, entonces, no estamos aquí frente a la simple bobada de “tu derecho contra el mío” (tu expresión contra mi derecho al tránsito). Todo es más complejo: son diversos los derechos afectados (sociales y laborales en primer lugar): es el Estado y no los manifestantes el primer violador de derechos; y es responsabilidad institucional más que social, la ausencia de canales de queja y responsabilización de los representantes. Discutamos entonces sobre la protesta, y hablemos entonces de todo aquello sobre lo que corresponde hablar.

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