El malestar en la Universidad

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ENTRE LA ILUSIÓN PRIVATISTA Y EL ESTATALISMO PRECARIZADOR

Cheliz

 

SOL CHELIZ y LUCÍA ORTEGA

Número 30, junio 2016.

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El intento de Macri de incluir en su ajuste a la Universidad derivó en un masivo pronunciamiento en las calles.  Esta respuesta expresa un debate abierto sobre el rol de la Universidad y su futuro. Acá, una radiografía del panorama después del ciclo kirchnerista.

40.000 personas en las calles el pasado 12 de mayo, y las semanas de conflicto que vieron involucrarse a miles de estudiantes y docentes, pueden –y deben– ser leídos como el inicio de un debate sobre el rol de la Universidad. Este debate que viene de décadas, hoy vuelve a aparecer bajo un contexto de visible deterioro y ajuste que imprime el gobierno de Cambiemos. Pero si este fue el disparador de una contundente respuesta de la comunidad como no se veía desde hace años, sería un error interpretarlo como el verdadero motor de la crisis universitaria. En sus raíces se albergan una serie de contradicciones estructurales.

 

Un modelo universitario “estatalista precarizador” y “mercantilista” a la vez

En el masivo movimiento por la defensa de la educación pública, es conveniente no perder de vista que existen intereses disímiles. Estos van desde autoridades y camarillas ligadas a los partidos del régimen que buscan defender sus intereses materiales, pasando por un conjunto de docentes e investigadores que ven peligrar sus proyectos científicos y laborales, hasta sectores estudiantiles para los cuales el ingreso a la Universidad no significa en absoluto la continuidad casi natural de una “trayectoria familiar”, sino la oportunidad de una mejora en la escala social.

Pero, ¿existió en la última década un cambio profundo que impida hoy al macrismo avanzar en una mayor mercantilización de la universidad? En primer lugar, se mantuvo viva durante 12 años la Ley de Educación Superior (LES) menemista[1]. Aunque esta ley “baluarte” del programa neoliberal nunca logró en la práctica imponerse en su totalidad por la lucha del movimiento estudiantil en los ‘90, que incluyó la toma de 23 de las 27 Universidades que había por entonces y piquetes de bloqueo al Congreso, fue implementándose parcialmente bajo los sucesivos gobiernos. Lo que no logró imponerse fue su aspecto más privatista, ya que se evitó el arancelamiento de grado y el recorte total de la duración de las carreras, y la restricción generalizada por medio de exámenes. Sin embargo se avanzó en la creación de posgrados pagos (más de 2.400 posgrados acreditados por la CONEAU)[2] y la acreditación de algunas carreras de grado junto a la extensión de convenios con empresas privadas que avanzaron en la mercantilización de la educación.

Apenas se realizaron pequeñas modificaciones a la LES a fines de 2015, siendo la única significativa la eliminación de los exámenes de ingreso donde los había, que rápidamente fue anulada por un fallo favorable a la UNLaM. Mientras tanto, el kirchnerismo dejó inalterada la ley de conjunto y sus núcleos, que hacen a la posibilidad de recursos propios para financiamiento que continuaron en torno al 20 %, la evaluación de la CONEAU y sobre todo, el régimen de cogobierno[3].

De conjunto se mantuvo un desfinanciamiento del sistema: mientras que en 2016 la UNAM (México) destina 6.633 dólares por estudiante, la UBA destina tan solo 2.200 dólares por estudiante y la UNSJ, unas de las que más presupuesto por estudiante destina, llega a 3.900 dólares. No es de extrañar entonces que en la UBA existan más de 11.000 docentes sin salario –según el Censo docente de 2011–, mientras que el conjunto de la planta docente padezcan un deterioro de los salarios reales[4], fuerte incidencia de la inestabilidad laboral, subrogancia[5] y otras condiciones de precariedad laboral que asumen formas propias en cada institución.

Mientras que el kirchnerismo pretende mostrar que construyó un modelo de “Universidad popular” bajo un “Estado garante de derechos”, debemos referir una doble dinámica que se asentó en la última década.

Por un lado, no se alteraron los avances mercantilistas de la LES y la sumisión al mercado, sobre todo en las universidades tradicionales en su relación con las grandes corporaciones a través de convenios en la mayoría de las facultades profesionalistas[6] y de ciencias aplicadas, profundizando las ruinas de las facultades humanísticas. Hoy se reparte nacionalmente entre las universidades los fondos provenientes de la minería contaminante[7].

Paralelamente al mantenimiento de esta estructura heredada de los ‘90, se continuó el desarrollo de un entramado de nuevas universidades en el conurbano, que había tenido su primer salto en el menemismo. Muchas de ellas acogieron a una primera generación de universitarios, hijos de trabajadores. Sin embargo, el mentado rol social de las Universidades creadas significó su incorporación a un sistema estatal de transferencia tercerizada de recursos y servicios. De una parte, la función de este entramado es más clásica en relación a la formación de personal y asesoramiento rentado para las empresas en el territorio, así como para favorecerlas con trabajo precario a través de las pasantías. De otra, se cuentan los programas de formación tercerizados[8], la oferta de contrataciones precarias para organismos estatales, (que allanó el camino para los despidos masivos de Macri), la desregulación de las condiciones laborales de los propios docentes bajo diversas formas que se amparan en la LES, y la vinculación con las pequeñas y medianas cooperativas de trabajo locales, que se reivindica como parte de los logros. Esto último consiste en contratar servicios a bajos costos y brindar asesoramiento sin esclarecer que, en muchos casos, o bien estas cooperativas no son otra cosa que formas encubiertas de trabajo precario, o bien en el mejor de los casos la modalidad del cooperativismo implica una competencia desventajosa en el mercado bajo la ilusión de una economía social.

De esta manera, a pesar del contexto económico favorable de la última década, el kirchnerismo no alteró los aspectos esenciales de la Universidad que había dejado el menemismo aunque la invistió de un discurso estatalista.

 

Universidad, mercado y sociedad

Resulta interesante retomar algunas de las tesis planteadas por Emmanuel Barot, que tienen su base en considerar la mercantilización de la educación no como un patrimonio propio del neoliberalismo, entendido como la expresión más brutalmente privatista, sino un producto de la economía capitalista:

No es suficiente con criticar la “mercantilización neoliberal”, se trata de comprender la evolución de la relación de los saberes con la forma mercancía, y en particular de la evolución de los “indicadores de performance” […] Estos indicadores vienen a apoyar la idea de que las formaciones “útiles” son las que llevan a oficios o trabajos “productivos”, todo lo que es “improductivo” debe ser dejado de lado[9].

La Universidad alcanzó un salto cualitativo en su masividad incorporando amplios sectores de las clases medias de la mano del boom de posguerra, donde el capitalismo requería de una nueva masa de trabajo intelectual para la “producción reproductiva”. Las revueltas estudiantiles del ‘68 no solo cuestionaban a las anquilosadas organizaciones reformistas y burocráticas sino que atacaban también la Universidad “destinada a formar en masa una mano de obra intelectual, tan especializada como disciplinada”.

En el llamado período neoliberal, y con un nuevo golpe de la crisis capitalista mundial que no logra cerrarse desde 2008, este modelo entró parcialmente en crisis en sus aspectos estatalistas, se “aceleró la des-democratización social y la des-masificación técnico-económica del conocimiento y de la investigación, al servicio de un management, la privatización y la austeridad presupuestaria”. Estos elementos explosivos dieron nacimiento a luchas estudiantiles en Francia contra el llamado Contrato Primer Empleo, o contra el Plan Bolonia en Europa.

El proceso incluye la prolongación de la mercantilización a esferas no ya de las ciencias “aplicadas”, sino a la investigación social que se busca incorporar productivamente al capital y el desmedro de la teoría social y la investigación que abarque y se oriente hacia las grandes problemáticas sociales. Además genera una integración nueva a las funciones capitalistas tradicionales de la universidad:

…de reproducción ideológica del orden establecido, de cooptación de la pequeñoburguesía, y, sobre todo, de reproducción calificada de futuros ejércitos industriales de reserva[10].

Detrás de la crítica de la Universidad de clase, de la Universidad al servicio de los intereses empresarios, ya sea en forma directa o a través de la trasferencia estatal, se encuentra la crítica de la sociedad de clases para la cual cumple un conjunto de funciones.

 

Viejas y nuevas contradicciones de la Universidad argentina

El discurso kirchnerista oculta que comparte con el macrismo la base de una Universidad del “saber mercantilizado”. Para muestra de esto, puede verse la continuidad de Lino Barañao frente al Ministerio de Ciencia y Técnica. Asimismo, la pretensión de mostrar una “Universidad popular” no se sostiene: el ingreso de los sectores de extracción obrera representa una relación estrechamente pequeña, y se mantiene como principal vertiente el afluente de sectores medios[11].

Sin embargo, la existencia de universidades masivas también dio lugar al surgimiento del movimiento estudiantil como un actor que se expresa como caja de resonancia de los conflictos entre las clases.

Las últimas décadas dejaron planteadas en Argentina nuevas contradicciones: por un lado la importante masividad hoy llega a 1,46 millones de estudiantes universitarios de grado en el sistema estatal[12], una cifra significativa para un actor social que, si bien amplió la militancia organizada en las corrientes burguesas y en la izquierda, en la última década estuvo casi ausente de la escena. Por otro, la descentralización en más de 50 Universidades dio lugar a lazos más orgánicos entre los sectores estudiantiles y la comunidad, además de que 13 de ellas están emplazadas en el conurbano con población mayoritaria de hijos de trabajadores. La política de descentralización fue planteada originalmente por el Plan Taquini en los ‘60 bajo la idea desarrollista de acercar servicios cualificados para las empresas locales, luego cobró impulso a través de Lanusse con la idea de desarmar las peligrosas concentraciones de fuerzas estudiantiles después del Cordobazo, y más tarde fue retomada durante el menemismo y el kirchnerismo. Con distintos fines, las oleadas descentralizadoras crearon, como consecuencia no deseada, nuevas condiciones para una alianza obrero-estudiantil. Ambos aspectos entran en juego en tiempos de crisis y ajustes como el actual, que pone en cuestión las ilusiones de ascenso social de amplias franjas estudiantiles planteando la posibilidad de una emergencia del movimiento estudiantil.

 

La Universidad según los CEO

El actual secretario de Políticas Universitarias, un expresidente del Consejo Interuniversitario Nacional que proviene del régimen universitario gobernado por radicales y peronistas, señalaba: “pueden existir leyes y podemos hablar de ingreso irrestricto, pero esto no se refleja en la realidad”. No en una genuina preocupación por garantizar la aplicación del mismo con los recursos que sean necesarios, sino para sentar que “uno de los problemas más fuertes del sistema universitario es que hay una tasa de graduación muy baja”[13]. Si persiste el hecho de que el 5 % de los jóvenes graduados proviene del quintil de menores ingresos y dos tercios de los graduados corresponden a jóvenes de estratos con mayores ingresos[14] no es un asunto en el cual reparar para los CEO. Fiel a la lógica empresarial, de lo que se trata es de mejorar la relación entre el “costo” educativo (presupuesto) y el resultado (graduados). Para ello, “adaptar nuestros estándares a los internacionales”, o “mejorar la calidad de la enseñanza” va ligado, entre otras cosas, a una reducción de gastos mediante el acortamiento de las carreras de grado. Las señales apuntan a continuar la tradición noventista de transferir contenidos a posgrados, pagos –por supuesto–, y recortar así el gasto a cuenta del fisco.

Un primer adelanto está poniéndose a prueba en Córdoba, donde el flamante rector radical Hugo Juri ya presentó diversos proyectos que incluyen la reforma de los estatutos para asignar una banca con voz y voto en el Consejo Superior a empresas, ONG y sindicatos. El criterio profundo es seguir perfilando la Universidad para servir a los intereses empresarios, sea aportando sus “recursos” de mano de obra barata (pasantías precarias de estudiantes), desarrollos e investigaciones, o sea más integralmente como vimos, reduciendo los contenidos de estudio y la producción de conocimiento a esos estrechos límites.

Con contornos inciertos, el proyecto macrista se perfila a cuestionar la masividad e indirectamente la gratuidad de la enseñanza, haciendo de los problemas existentes un argumento a favor de los criterios eficientistas y privatistas; tarea fina que completó en las últimas semanas una lluvia de notas y editoriales de “la corpo” alrededor de los bajos indicadores de graduados en relación a matriculados e inversión. El plan hasta ahora parece ser avanzar “lo más que se pueda” realizando acuerdos con las camarillas que componen la “corporación universitaria tradicional”. Pero la aplicación de grandes contrarreformas que permitan dar rienda suelta a la plena vigencia de la LES hasta ahora, al menos, parecen encontrar una limitante en la relación de fuerzas y el costo que podría implicar poner en pie de guerra al movimiento estudiantil al tiempo que se intenta atacar al movimiento obrero y los sectores populares.

 

Una Universidad de calidad y al servicio del pueblo trabajador

¿Qué sería entonces, y qué condición de posibilidad tendría, una Universidad verdaderamente de calidad abierta al pueblo trabajador y cuyos saberes estén al servicio de sus intereses?

En primer lugar, existe una precondición necesaria para plantearse desterrar la injerencia de las grandes empresas, que es contar con un financiamiento estatal íntegro. La mayor expectativa del kirchnerismo es llevar en 2021 el presupuesto educativo al 10 % del PBI, y el universitario a que al menos alcance el 1 %. Poder realizar lo primero, no en una década sino en el corto plazo, no parece una utopía de otro planeta cuando por ejemplo Cuba destina arriba del 12 %. Un aumento al 2 % del presupuesto universitario es factible si la asignación de recursos no fuese al pago de deuda externa y financiación de subsidios empresarios.

Este presupuesto debe alcanzar a cubrir salarios docentes y de los trabajadores del ámbito universitario iguales a la canasta familiar y otorgar rentas y estabilidad laboral a todos los docentes frente a curso terminando con la figura del docente ad honorem y todo tipo de contrato precario. Asimismo para la formación continua en la carrera docente.

Permitiría otorgar becas que sostengan los estudios para todos aquellos que lo necesiten, no como las actuales (encima recortadas) que en general cubren el costo de viáticos y algún apunte. Al mismo tiempo, permitiría terminar con el negocio de los recursos propios, con los convenios con empresas y su consecuencia en la injerencia de contenidos, modificar los planes de estudio hacia carreras orientadas según las necesidades del pueblo trabajador y convenios con las organizaciones combativas de la clase obrera.

De la mano de una verdadera inversión, se transforma en necesaria la administración del presupuesto bajo el control directo de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad, y la democratización de los órganos de cogobierno: mayoría estudiantil en los órganos de gobierno, abolición del clientelar claustro de graduados, voz y voto para los trabajadores no docentes, e incorporación de todos los docentes a un único claustro, para que los destinos de la Universidad no queden librados a los arbitrios de las distintas camarillas ni a organismos de control como la CONEAU.

Para garantizar el acceso y permanencia de los sectores que cuentan con educaciones secundarias disimiles, cursos niveladores extracurriculares para quienes consideren que necesario tomarlos. La calidad de la enseñanza debe ser controlada no por organismos como la CONEAU[15], sino por una comisión de los científicos más destacados, no vinculados a instituciones privadas ni empresariales, junto a estudiantes, docentes y trabajadores con fiscalización de las organizaciones sociales.

Estos serían los primeros pasos, que encuentran su unidad en la anulación de la conocida LES, para garantizar una verdadera educación universitaria, masiva, de calidad, y en función de los intereses del pueblo trabajador.

 

[1] “Ley de Educación Superior: ¿se mantiene el espíritu menemista?”, La Izquierda Diario, 5/11/2015.

[2] Gastón Ramírez y Verónica Valdez, “Privatismo ‘nacional y popular’”, IdZ 14, octubre 2014.

[3] En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se mantiene la alternancia entre el peronismo y el radicalismo.

[4] “Evolución del salario de los docentes universitarios”, CIFRA-CTA, agosto 2014. El último conflicto salarial dejó a los salarios docentes por detrás de la inflación.

[5] Refiere a docentes nombrados con una categoría menor a la que se correspondería con las funciones que desempeñan, con un menor salario.

[6] Ejemplos salientes son los posgrados financiados empresas como Monsanto en Agronomía, UBA, y el convenio con banco Santander Rio.

[7] “Empresas megamineras y universidades: YMAD y la distribución de fondos al sistema universitario nacional”, www.opsur.org.ar, octubre 2010.

[8] Ver por ejemplo el Centro de Servicios de la UNGS.

[9] “¿La ‘mercantilización’ del saber nació con el neoliberalismo?”, IdZ 6, diciembre 2013.

[10] Ídem

[11] Ver en esta misma revista “La desigualdad educativa”.

[12] Anuario 2014. Estadísticas Universitarias Argentinas, Secretaría de políticas universitarias.

[13] “Se gradúan 3 de cada 10 chicos que ingresan a la universidad”, entrevista a Albor Ángel Cantard en La Nación, 26/5/16.

[14] Ana García de Fanelli, “La cuestión de la graduación en las universidades nacionales de la Argentina: indicadores y políticas públicas a comienzos del siglo XXI”, Propuesta educativa 43, año 24, junio 2015.

[15] Comisión Nacional para la Evaluación y Acreditación Universitaria, integrada por diputados (3), senadores (3), funcionarios del gobierno (1), rectores de universidades privadas y ANE (2), y rectores del CIN (3) todos designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

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