Dictadura, empresarios y el cinismo de Macri

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GLORIA PAGÉS Y AZUL PICÓN

Número 27, marzo 2016.

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A cuarenta años del golpe, las políticas implementadas por el presidente Macri y la composición de su gabinete obligan a volver sobre el análisis de la responsabilidad de los grupos empresariales en la dictadura. La expresión en el presente de elementos de continuidad de aquel período es un debate que sigue vigente.

 

En los escasos tres meses de gobierno, el macrismo ya mostró sus intenciones de avanzar aún más sobre elementales libertades democráticas, volver a la “teoría de los dos demonios” y profundizar las políticas represivas y la impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad. Esta ubicación significa un cambio respecto del kirchnerismo, que había acusado recibo de la relación de fuerzas heredada de 2001, y tomado como propias las banderas de lucha de los organismos de DDHH, familiares de desaparecidos y sobrevivientes (como la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final), para lograr que un sector de estos organismos pasaran abiertamente a la defensa de las políticas estatales, y así esconder y evitar toda crítica a graves hechos de los últimos doce años: la designación del genocida Milani al frente del Ejército, la sanción de la ley antiterrorista, el espionaje a las organizaciones obreras y sociales a través del Proyecto X; el encubrimiento por parte de funcionarios en la desaparición de Julio López; la persecución y criminalización de la protesta (más de 4 mil procesados por luchar) y represiones brutales encabezadas por Berni y la Gendarmería.

El 40° aniversario del golpe contrarrevolucionario nos obliga a volver sobre algunos aspectos y profundizar el análisis de la relación entre las grandes patronales y su rol en la dictadura a la luz de las consecuencias y continuidades que hoy persisten.

 

Las empresas y la dictadura

El grado de involucramiento de las empresas en la represión a los trabajadores durante la dictadura excede el concepto de “complicidad” y muestra que se trató de una estrategia en la que los grupos económicos concentrados utilizaron al gobierno militar y el terrorismo de Estado a su servicio. Los empresarios expresaban su preocupación por el grado de organización obrera que implicaba límites en sus beneficios económicos. José Alfredo Martínez de Hoz lo decía sin tapujos: esta preocupación se centraba en que el accionar obrero estaba “impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad; es decir, el gobierno debía asegurar la libertad y el imperio del orden sobre todas las cosas”. En ese sentido, buscaron disciplinar a una clase obrera organizada que crecía en fuerza y combatividad (no es un dato menor que el día del golpe hubo paro en cerca de 200 fábricas), imponer una profunda reestructuración de las relaciones sociales y retroceder en los derechos conquistados.

La participación de los empresarios en la dictadura se dio en varios sentidos: a través del aporte de información sobre los trabajadores, detenciones en los lugares de trabajo, militarización de las fábricas, agentes de inteligencia infiltrados; y brindando recursos económicos y materiales, desde movilidad para trasladar a los detenidos hasta la expresión más extrema que fue la instalación de centros ilegales de detención y tortura en los propios establecimientos, como ocurrió en los casos de Acindar, Ford, Ingenio La Fronterita, Astillero Río Santiago y La Veloz del Norte1.

La represión fue acompañada de una batería de leyes que buscaban transformar la acción sindical: por un lado, la intervención de la mayoría de los grandes sindicatos y federaciones, que comenzó con la CGT y se extendió a decenas de organizaciones obreras y el retiro de la personería jurídica a otras, mas allá de que preservaron “estratégicamente” a la mayoría de las capas altas de la burocracia sindical. Por otra parte una serie de normas establecieron el congelamiento de la actividad gremial. Así se suspendió el derecho de huelga, se eliminó el fuero sindical, fue prohibida la actividad gremial y la ley de seguridad industrial prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano y baja de la producción2.

 

Amigos y socios

Además de ser los artífices de la dictadura, grupos como Pérez Companc, Acindar, Techint, Macri, Arcor, Loma Negra, Clarín, automotrices, capital financiero y los dueños del campo, pusieron a sus principales cuadros gerenciales en los distintos gabinetes entre 1976 y 1981. El caso más emblemático es el de José Alberto Martínez de Hoz, nieto del fundador de la Sociedad Rural y presidente de Acindar que asumió como ministro de Economía de Videla; pero los ejemplos abundan: Terán Nougués, representante del grupo Garovaglio y Zorraquín, fue vicepresidente del Banco Central; De Achával, del mismo grupo, director del Banco Nación; Soldati, del grupo homónimo, director del Banco Central; Nicholson de Ledesma, fue subsecretario de Programación; Braun Lasala del grupo Braun Menéndez, fue subsecretario de cuestiones institucionales; y la lista sigue3.

Esto tuvo su correlato en los beneficios económicos de estas empresas, que aumentaron exponencialmente durante el gobierno de facto. Las siderúrgicas Techint y Acindar, de los hermanos Rocca y de Arturo Acevedo respectivamente, absorbieron a partir del golpe a las empresas más pequeñas, concentrándose en ellas toda la actividad de la rama. Los subsidios y créditos del Estado serían la base de su “desarrollo” que culminó en los ‘90 con la compra a precio vil de la estatal Somisa. El grupo Techint tiene un triste récord: 75 de los 220 obreros metalúrgicos desaparecidos durante la dictadura eran empleados de sus empresas. El mismo 24 de marzo ya había militares en la planta y personal civil realizando “tareas de inteligencia”. Lo mismo sucedió en Acindar: se militarizó la planta de Villa Constitución para doblegar a la poderosa clase obrera que había protagonizado el Villazo un año antes y que, a pesar de la durísima represión, seguía en pie y era un verdadero obstáculo para los planes de Martínez de Hoz y Acevedo. Las automotrices Fiat, Mercedes Benz y Ford cuentan con 175 trabajadores detenidos y/o desaparecidos. El triste récord lo encabeza Fiat, con 118, mientras que Ford utilizó el quincho como centro de detención y tortura de sus trabajadores. Fiat, además, realizó acuerdos comerciales con el Ejército para la provisión de material bélico a las Fuerzas Armadas durante los primeros años de la dictadura, capacitó a pilotos de la Fuerza Aérea en sus instalaciones y durante la guerra de Malvinas proveyó equipamiento de guerra. Los beneficios económicos trascendieron a la dictadura: Fiat llevó adelante un importante proceso de reestructuración empresarial que culminó a mediados de los ‘90. Durante ese lapso de tiempo, se produjo la asociación entre Fiat y el empresario local Franco Macri, por el cual este último adquirió el 85 % de las acciones de la empresa. Poco después la mayoría de las acciones de la empresa fueron vendidas a SOCMA (Sociedad Macri).

El caso de SOCMA es emblemático por el gigantesco crecimiento del grupo en el que el presidente Mauricio Macri tiene actualmente el 20 % de la participación accionaria. A la vera de los negocios con el Estado, pasó de tener 7 empresas al momento del golpe a 40 al finalizar la dictadura.

La medida impulsada por Domingo Cavallo, por entonces presidente del Banco Central, de estatizar las deudas del sector privado, implicó importantes beneficios para más de 70 empresas y un aumento exponencial de la deuda externa argentina en el período de la dictadura. Años después, el juez Ballesteros llevó adelante una investigación que estableció la trama de esa descomunal estafa. Sevel, la automotriz de Franco Macri, adeudaba 124 millones de dólares en 1983 que fueron licuados por el Estado, Acindar 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, 62 millones. Corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat y el sector financiero, integran el listado. El perjuicio que ocasionaron al Estado fue calculado en 1983 en 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años.

 

“Nunca Más”, ¿junto a la derecha y los empresarios?

En la apertura de las sesiones en el Congreso, Macri dijo que el golpe de 1976 “consolidó el más oscuro período de nuestra historia”. Como bien leyó Julio Blanck, hablar de consolidación y no de inauguración “fue su manera de desafiar otro sacrilegio: el de incluir en la condena a la violencia previa al golpe”4. Así fue que reavivó la teoría de los dos demonios, que tras un discurso “democrático”, esconde el intento de reconciliación con los genocidas y sus mentores, haciendo pasar un genocidio por un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas represivas. La designación de funcionarios defensores del genocidio, vinculados a éste o directamente implicados en el golpe, confirma este giro.

Carlos Melconian, actual presidente del Banco de la Nación Argentina, en 1986 ocupaba el cargo de Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. Allí realizó el informe en el que se pedía anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a principios de los ‘80. Es decir, es uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada, ideado por Domingo Cavallo durante la dictadura.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad es el abogado Pablo Noceti, integrante del estudio de abogados que defendió a Galtieri durante el Juicio a las Juntas, que sostiene que los genocidas juzgados por delitos de lesa humanidad son “instrumentos de revancha y de represalia política”.

En el Ministerio de Defensa, en el cargo de Director General de Política Internacional de Defensa, se designó al coronel (R) Osvaldo Tosco, implicado en el Operativo Independencia en Tucumán, cuando fue destinado al departamento de Famaillá donde funcionaba un Centro Clandestino de Detención (CCD). Años después, fue destinado al Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 601 en Mar del Plata como instructor sobre métodos de tortura, según denuncias de los conscriptos.

En Jujuy, gobernada por el aliado de Macri Gerardo Morales, el secretario de Seguridad Guillermo Siri fue denunciado por haber sido durante la dictadura el jefe de Regimiento 20 de infantería y parte también los “Consejos de guerra” de la subzona 33 comandada por Luciano Benjamín Menéndez. Este genocida formó parte recientemente de la Fiesta del inicio de la zafra en Ledesma junto al gobernador Morales y Pedro Blaquier.

En la AFI desembarcaron en los últimos meses militares, comisarios y subcomisarios retirados para “reforzar la lucha contra el narcotráfico”, eufemismo que el macrismo utiliza para aumentar el poder represivo de las fuerzas de seguridad y hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

La continuidad entre pasado y presente se evidencia también en la cantidad de militares de la dictadura que hoy siguen en funciones (de lo que es responsable el kirchnerismo). Pero también en que empresas y entidades agrarias que ayer sostuvieron la dictadura, hoy aportan funcionarios al gobierno de Cambiemos (Buryaile de la CRA dirige el Ministerio de Agricultura y Puente, de Techint, es Secretario de Empleo en el Ministerio de Trabajo, por dar algunos ejemplos).

 

Modernización con olor a impunidad

Las políticas implementadas van en el mismo sentido. El secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, cuestionó que hayan sido 30 mil los desaparecidos en la dictadura y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, recibió a representantes del CELTyV, una ONG que pretende que los militantes de organizaciones sociales de los ‘70, sean juzgados.

Dentro de la ola de despidos en organismos del Estado no es un dato menor que áreas enteras relacionadas a políticas de derechos humanos fueron desmanteladas, como la subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central que investigaba la complicidad del sistema bancario y financiero durante la última dictadura cívico- militar. Dentro del Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Derechos Humanos sufrió grandes recortes y el Grupo Especial de Asistencia Judicial para casos de apropiación de niños en dictadura fue desmantelado. En el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, que tuvo como tarea convocar testigos para que presten declaración en los debates orales, fueron despedidos los abogados que son nexo entre los tribunales y víctimas y testigos. El portal de ese ministerio, InfojusNoticias, sufrió la mutilación de más de 10 mil notas e investigaciones. Por ejemplo, notas sobre Martínez de Hoz hoy están literalmente en blanco, además de aquellas sobre despidos en Shell que involucran a Aranguren. También despidieron a varios periodistas. Por último, si el kirchnerismo convirtió muchos centros clandestinos de detención en “museos”, hoy el macrismo directamente pretende vaciarlos de toda carga simbólica.

Resulta entonces evidente que su paseo por la ex Esma, la reunión –mal y tarde– con los organismos de derechos humanos y sus alusiones al “nunca más”, son muestras de un cinismo descarado y gestos que ni sus defensores saludan.

 

Más impunidad…

En relación a los juicios por delitos de lesa humanidad, la corporación judicial, ya de por sí renuente a realizarlos, tiene ahora mucho más plafón para frenarlos por inactividad de la investigación, además de otorgar indiscriminadamente prisiones domiciliarias. El Ministerio de Defensa otorgó más beneficios a los genocidas presos: derogó la Resolución que les prohibía recibir atención médica en los hospitales militares; la excusa fueron las quejas por la insalubre condición de las cárceles, condición que los presos “comunes” padecen sin la menor condolencia de ningún funcionario.

La impunidad a los civiles que orquestaron el golpe no es patrimonio del macrismo, aunque se ha profundizado. A Vicente Massot, director del diario bahiense La Nueva Provincia, la justicia acaba de confirmarle la falta de mérito por el secuestro, tortura y desaparición de dos obreros gráficos en julio de 1976. Hoy, el sobrino de Massot, Nicolás, es el jefe del bloque de diputados del PRO. Lo mismo sucedió con Blaquier, dueño de Ledesma: la justicia determinó que no había méritos para procesarlo cuando está suficientemente probada la actuación común de la empresa y el ejército en el secuestro y desaparición de 33 obreros y activistas en el tristemente célebre Apagón de Ledesma. Los hechos gravísimos en los que las patronales automotrices como Ford o Mercedes Benz estuvieron involucradas no han llegado a juicio. Otro tanto ocurre con Acindar y Techint.

Para los medios de comunicación que operaron a favor de los genocidas también reina la impunidad. Herrera de Noble fue beneficiada con la falta de mérito y Magnetto sigue impune. La causa en la que es querellante Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y miembro del CeProDH, no tiene juez porque se han declarado incompetentes. Un rotundo escándalo en una causa en la que se acusa a Editorial Atlántida y a su staff por haber realizado una campaña contra los desaparecidos utilizando fotos de ella de apenas tres años cuando sus padres habían sido asesinados por las Fuerzas Armadas, con las que la editorial montó un siniestro operativo para que parezca que Alejandrina había sido abandonada por sus padres.

 

En las calles por el juicio y castigo

Pasaron 40 años del golpe y los organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos, organizaciones sociales y políticas no dejaron nunca de movilizarse y luchar por el juicio y castigo a los genocidas y por el fin de la impunidad. Los gobiernos constitucionales tuvieron diferentes políticas en relación al genocidio, en función de recomponer ante la sociedad a las Fuerzas Armadas, profundamente desprestigiadas. Desde las Instrucciones a los Fiscales a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, pasando por los indultos del menemismo. Como “homenje” a la situación heredada pos levantamiento popular en 2001, el kirchnerismo armó un relato que, basándose en la nulidad de las leyes de impunidad, configuró un esquema de juicios a cuenta gotas que terminó desmembrando las causas: de 2.071 personas involucradas en el terrorismo de Estado fueron condenadas 370 y solo 14 tienen sentencia firme5. Siguen en funciones jueces, militares y policías que participaron de la dictadura, los beneficiados son los mismos grupos económicos que orquestaron el golpe y los archivos de la represión siguen sin abrirse. No hay un solo empresario preso por haber sido partícipe de la masacre que cometió la dictadura.

El macrismo va por más. La lucha por el juicio y castigo, por cárcel común y efectiva a los responsables civiles y militares, por la apertura de los archivos de la represión, es con la movilización obrera y popular en las calles, con independencia de todos los gobiernos, sabiendo que esta pelea hasta el final será ganada cuando se dé por tierra con este orden social contra el que peleó aquella generación de obreros y estudiantes nacida del Cordobazo.

 

  1. Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad. Represión a los trabajadores durante el terrorismo de Estado, Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015.
  2. Ídem.
  3. Schorr, M., “El poder económico industrial como promotor y beneficiario del proyecto refundacional de la Argentina (1976-1983)”, en Cuentas pendientes, Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013.
  4. “Macri se quiere dar todos los gustos”, Clarín, 6/3/2016.
  5. Datos aportados por el CELS, en base a las personas acusadas. Sin embargo, se estima que la cantidad de implicados es mucho mayor.

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