De la “memoria” a la reconciliación

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FFAA2

 

El kirchnerismo y su política hacia las FF.AA.

MYRIAM BREGMAN Y GLORIA PAGÉS

N.4, octubre de 2013.

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En Argentina, las Fuerzas Armadas salieron de la dictadura envueltas en un gran desprestigio, del que no han podido recuperarse por ser las responsables de un verdadero genocidio de clase en el que actuaron bajo las órdenes del gran empresariado local, el imperialismo yanqui y bendecidas por la cúpula de la Iglesia. La derrota en Malvinas profundizó ese desprestigio, al tiempo que aumentaba el descontento popular y la lucha de víctimas y familiares de los detenidos desaparecidos agrupados en organismos de derechos humanos.

Este no fue su primer genocidio. Preexistente a la Nación, como la Iglesia Católica, el Ejército masacró a los pueblos originarios en la “Conquista del Desierto” dirigida por Roca y Alsina. “Dos genocidios, ambos impunes, ambos perpetrados por las fuerzas represivas con el objetivo de reestructurar las relaciones sociales existentes. El primero para ‘organizar’ el estado-nación argentino. El segundo, para implementar lo que los genocidas denominaron como ‘Proceso de Reorganización Nacional’”1.

Como parte orgánica de la burguesía local, desde el golpe de 1930 al mando de Uriburu, el Ejército fue utilizado como Partido Militar para imponer con golpes de Estado los intereses de las clases dominantes, donde sin dudas su mayor rol contrarrevolucionario lo jugó en el ‘76. Los sucesivos gobiernos constitucionales tomaron nota del desprestigio que cargaban las FF.AA. y que esto les dificultaba recuperar el poder de fuego que hasta entonces tenían. Buscaron recomponerlas y reconciliarlas con la sociedad, intentos que adquirieron diferentes formas con el objetivo de que el Estado recupere de la crisis a uno de sus pilares, para tenerlas alistadas cuando los trabajadores y los oprimidos osen cuestionar De la “memoria” a la reconciliación a la clase dominante como en los ‘70, y las necesiten para cumplir el rol de represión interna y garantizarle los intereses al capital.

El gobierno de Alfonsín realizó el Juicio a las Juntas “bajo el paradigma de juzgar algunos casos y unos pocos responsables, preservando e imponiendo la impunidad al conjunto de las fuerzas represivas”2. Luego, atravesados por la resistencia de un sector militar y levantamientos carapintadas, promovió las leyes de Punto Final y la Obediencia Debida como formas de cortar la cadena de responsabilidades y preservar a la institución.

Carlos Menem completó la tarea con los indultos y sometió como nunca las FF.AA. a la política de EE.UU.3. Redujo presupuesto, armamento, infraestructura y terrenos; al mismo tiempo se vieron envueltas en escándalos de corrupción como la venta de armas a Ecuador o la voladura de Río Tercero. En un doble juego, Menem designó como jefe del Ejército a Martín Balza, que pidió perdón por los crímenes cometidos en nombre de las FF.AA.

La ofensiva neoliberal de los ‘90 y las profundas derrotas para el pueblo trabajador no pudieron. sin embargo, pasar la política de reconciliación. El reclamo de juicio y castigo siguió siendo una consigna democrática que mantenía vitalidad. La Era K

Luego de las jornadas de diciembre de 2001 que derrocaron al antipopular gobierno de la Alianza, el kirchnerismo llegó a la presidencia con el 22% de los votos. Para legitimarse, y como parte de una serie de políticas para recomponer el régimen, en el terreno de los derechos humanos, expropió la demanda de “juicio y castigo”, votando en el Congreso el proyecto de Izquierda Unida de nulidad de las leyes de impunidad en agosto de 2003. Se habilitó así volver a juzgar a los genocidas; una política que en última instancia podía servir para salvar al conjunto de las fuerzas, de momento expuso ante los ojos de millones el papel contrarrevolucionario de las fuerzas represivas y los atroces crímenes cometidos. Los Kirchner, llegan al poder 20 años después del fin de la dictadura. Se permitieron esta política porque especularon que ya no había peligro de quiebre de las FF.AA., pues ingresaron en ellas nuevas camadas de oficiales y suboficiales que no estuvieron implicados en el genocidio y varias otras se retiraron. Su frío cálculo fue que se podía votar la reapertura de los juicios sin poner en peligro a las fuerzas de conjunto (como sí sucedía en 1983).

Al mismo tiempo, combinaron hechos simbólicos como bajar los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar, actos en la ESMA, con la institucionalización de organismos de derechos humanos como oficinas estatales, esmerilándoles todo perfil de lucha. Todo esto no pudo tapar hechos como la desaparición de Julio López, una represalia de sectores de las fuerzas represivas, expresión de la relación entre éstas y personajes que actuaron en la dictadura4. Como tampoco el “suicidio” del prefecto Febres5 o el asesinato de la testigo Silvia Suppo6.

A 30 años de gobiernos constitucionales y de un cambio de discurso con relación a la dictadura, esto no implicó un correlativo avance en cuanto a la cantidad de involucrados ni encarcelados. A 10 años de aquella votación, la cantidad de represores que se sometieron a proceso no ha cambiado: cerca de 1.000 se decía en el gobierno de Alfonsín, y al mes de julio de 2013 son 1.049 los que están siendo juzgados. La responsabilidad aquí es compartida. Por un lado, un poder judicial, garante de los intereses de la clase dominante, que conserva decenas de funcionarios de la dictadura y otros con múltiples relaciones familiares, políticas e ideológicas con los genocidas, que impidió avances serios en las causas, aceptando en muchos los juicios las chicanas de los defensores de los represores, dilatando ad infinitum, llegando al colmo de que solo 28 tienen condena firme. Por otro lado, un gobierno que no tomó una medida elemental para el esclarecimiento y enjuiciamiento de los genocidas como es la apertura de los archivos de la represión. Así, no se dependería en forma casi exclusiva del testimonio de los sobrevivientes sino que aparecerían los nombres de los agentes del Estado involucrados en el genocidio, de los que secuestraron bebés, de las patotas que hacían el trabajo sucio, de los buchones que hacían inteligencia (como Gerardo Martínez7 o Américo Balbuena8), de los empresarios, los dueños de medios de comunicación, los partidos como la UCR y el PJ que les brindaron intendentes a la dictadura, de la cúpula y miembros de la Iglesia, principal sostén ideológico, y un sinnúmero de etcéteras que elijen ocultar ante el conjunto de la sociedad. La polémica designación de César Milani al mando del Ejército, implicado en causas de lesa humanidad, volvió a sacar a la luz que están aún en funciones miles y miles de los que participaron del genocidio. El kirchnerismo hasta aquí llegó y se le comienzan a ver los hilos con que maneja la política para las FF.AA. Los que se entusiasmaron con que un gobierno burgués, con un discurso con tintes de centroizquierda, podía juzgar al conjunto de los militares genocidas, se chocarán una vez más contra la pared de la realidad. Quiere demostrar que se empieza a hacer cargo de la tarea burguesa de cerrar esa brecha enorme (el río al decir de CFK) que abrió el golpe del ‘76 entre las mayorías populares y las fuerzas armadas.

Los últimos discursos de Cristina Kirchner son elocuentes. Se mezclan apelaciones a la verdad y la justicia, al nuevo rol, al desarrollo nacional. En un llamado a la unidad nacional dice: “Me siento responsable (…) de incorporar a esas Fuerzas Armadas a este proyecto de desarrollo nacional, de integración latinoamericana, de crecimiento económico porque somos todos argentinos”; así lo expresó el 26/6/13. El ministro de Defensa Agustín Rossi la secundó en esta línea: “Un país, que pretende profundizar su camino de autonomía y soberanía, necesita a sus FF.AA. integradas a la sociedad civil”9. Discurso poco creíble cuando entregan a inversores extranjeros como Chevron los recursos hidrocarburíferos, se paga sin pausa la deuda externa y se votan las leyes que reclama EE.UU. como la Ley Antiterrorista. Pese a ello, estas declaraciones no han caído bien en los sectores más reaccionarios de la derecha que las criticaron, de conjunto, por “chavistas”, crítica que cree ver en las FF.AA. un empoderamiento y politización inexistentes.

El cambio que está mostrando el gobierno para reinsertar las FF.AA. tiene una de sus patas en el intento de otorgarles un rol productivo tal como señaló CFK en la última cena de camaradería con los militates: “la Armada con la recuperación de los astilleros Tandanor y Domeq y (…) reestructuración de Fabricaciones Militares”. Esto va de la mano de tareas que se le han atribuido ante catástrofes naturales, lavándole la cara a esta institución y naturalizando su intervención social. El 25 de mayo, la Presidenta declaró: “algo maravilloso que me llenó el corazón y que fue ver trabajar a miles y miles de jóvenes de la política, de las iglesias junto a los hombres de las Fuerzas Armadas”.

Este intento de naturalización se ve reforzado por el envío de 4.500 soldados del Ejército para reemplazar a los gendarmes que fueron afectados a la Provincia de Buenos Aires, violando incluso la ley de Defensa.

Hoy reconciliación es impunidad Con nuestra participación en los juicios como parte del Colectivo de querellantes Justicia Ya! hemos demostrado que se cometió un genocidio: “contra una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo: cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas”10. Todos los que participaron de este plan son parte del engranaje genocida, de los cuales una gran cantidad sigue en funciones hoy.

En los diferentes alegatos en los que participamos, utilizamos esa oportunidad para denunciar, por ejemplo, que en la Armada hay 4.366 oficiales y suboficialees que prestaron servicios entre el ’76 y el ‘8311; y en la Policía Bonaerense hay de 9.026 efectivos de la dictadura12 sobre un total de 55.000 integrantes de la fuerza. Por supuesto que el resto de las fuerzas no están exentas de esto, Milani es sólo una muestra. CFK el 25 de mayo llamó a reconciliarnos: “Tenemos que cerrar ese río con memoria, con verdad, con justicia, con trabajo (…) tenemos que unirnos porque la patria es el otro, sea quien sea”. A lo que el genocida Milani agregó cuando asumió al mando del Ejército: “Queremos una fuerza (…) mirándose al futuro, (…) un ejército sanmartiniano profundamente comprometido con los valores de la argentinidad, la democracia y los derechos humanos”13.

Dejar de mirar para atrás como se nos propone, es impunidad de los genocidas que siguen libres y en su gran mayoría, en funciones. Seamos concretos, en este caso el otro es el torturador, es el violador, es el apropiador de bebés. No hay retórica que tape esa realidad. No hay futuro de la mano de los genocidas y sus cómplices. Martín Fresneda14, actual Secretario de Derechos Humanos fue claro al reclamar que “en el transcurso del 2015 empiecen a concluir los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad”. Las declaraciones de Estela de Carlotto diciendo que “si presumimos que cada miembro de una fuerza que estuvo en un lugar determinado es responsable, tenemos que juzgar a todos sus integrantes”15 son funcionales a una política que tiende a la reconciliación.

Es evidente que con juicios abiertos –aún con sus enormes limitaciones de las que hablamos– seguirán apareciendo los más brutales crímenes; por lo tanto, avanzar en la reconciliación implica darlos por cerrados, esta vez con un discurso inverso: diciendo que ya fueron juzgados todos los responsables y al mismo tiempo, yendo contra el sentir popular que indica que “son todos genocidas los milicos del proceso”. El genocidio y sus consecuencias no son cuestión del pasado, las nuevas generaciones de jóvenes y militantes deben saber de qué son y serán capaces las FF.AA. y de Seguridad, muy distantes a las casi irónicas alusiones de Milani: “el Ejército (tiene) la convicción y el compromiso de jamás empuñar las armas que la Nación nos ha confiado para un fin que no sea defender a nuestro pueblo”. Oculta la historia y la razón de ser de las FF.AA.

Es fundamental continuar la pelea por el juicio y castigo de todos los genocidas, exigiendo la apertura de los archivos de la represión. Si el proceso iniciado con la dictadura del ’76 tuvo como fin último disciplinar a la clase trabajadora que avanzaba en fuerza y combatividad, que comenzaba a desarrollar elementos de poder dual con las coordinadoras interfabriles y a la superación del peronismo como dirección, toda política de reconciliación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con la sociedad tiene por objetivo evitar ese curso e intentar que esa institución esté lo más preparada posible cuando, más temprano que tarde, la clase trabajadora vuelva a poner en cuestión este sistema de opresión y explotación.

 

1 Extractos del alegato de las abogadas Liliana Mazea y Myriam Bregman de Justicia Ya! en Causa “Campo de Mayo”, en 2009.

2 Alegato Causa ESMA por los abogados Bregman y Bonomi, 18/05/2011.

3 Tropas argentinas fueron enviadas a Irak y Kosovo, y a “misiones humanitarias” bajo órdenes imperialistas, misiones que hoy continúan como la MINUSTAH en Haití, o tropas a Chipre.

4 M. Bregman fue una de las abogadas de López.

5 Asesinado en su lugar de detención por ingesta de cianuro el 10/12/2007 sobre el final del juicio por su actuación en la ESMA, en el que participamos los abogados del CeProDH.

6 Exdetenida desaparecida, testigo en juicios contra genocidas, asesinada en Rafaela, Santa Fe, en marzo de 2010.

7 Dirigente de la UOCRA que actuó como personal civil en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.

8 Américo Balbuena entró en el ‘82 a la P. Federal. Durante los últimos 10 años se infiltró como periodista en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh.

9 Discurso ante oficiales y suboficiales Ejército en San Luis, 14/8/2013.

10 Alegato Causa ESMA por los Dres. Bregman y Bonomi, 18/05/2011.

11 Datos obtenidos en 2010 mediante presentación efectuada en Causa ESMA Nº14217/03.

12 Ante una exigencia de Justicia Ya!, el gobernador Solá tuvo que brindar en 2006 esos datos en la causa que investiga la desaparición de Julio López.

13 Acto de asunción de los jefes de las tres fuerzas, 3/7/2013.

14 Fundador de HIJOS Córdoba, La Voz, 29/04/2013.

15 La Nación, 25/07/2013.

***

EN EL MIENTRAS TANTO

Desde el ‘83, debido al retroceso de las FF.AA., se desplazó la función represiva interna hacia la Gendarmería Nacional y la Prefectura junto a las policías Federal y provinciales, cumpliendo un rol de guardia nacional.

Las feroces policías provinciales también están corroídas por el desprestigio, envueltas en escándalos de corrupción, trata de personas y narcotráfico como los recientes casos de las cúpulas de las policías de Córdoba y Santa Fe, provincias gobernadas por la oposición política al gobierno. La descomposición de la Bonaerense es en uno de los principales problemas del aparato represivo del Estado. No sólo involucrada, entre otros, en el atentado a la AMIA, en el asesinato de Kosteki y Santillán, sino en el extendido fenómeno denominado “gatillo fácil” como forma brutal de control social en los barrios populares.

La combinación de deslegitimación con descomposición, llevó a que el discurso kirchnerista de “no represión de la protesta social” haya sido un perfil político y también un producto de la necesidad. Este gobierno ha venido priorizando como ninguno las intervenciones y el despliegue de Gendarmería y Prefectura, saturando barrios y zonas de la provincia de Buenos Aires como reclamaban sectores de la derecha, acción que se profundiza notoriamente luego de la mala elección en las primarias de agosto, llevando cerca de 5.000 gendarmes a la Provincia de Buenos Aires1.

Mientras se la intentaba mostrar como una fuerza moderna, desligada de las prácticas propias de la pasada dictadura militar, desde el CeProDH, en representación de los trabajadores de la comisiones internas de las multinacionales Kraft y Pepsico denunciamos y demostramos que esta fuerza montó una red de espionaje autotitulada Proyecto X. Tuvo enorme repercusión mediática dado que descubrió como nunca antes un sistema de inteligencia ilegal orquestado desde los más altos niveles del Estado y con uso de moderna tecnología para tal fin, información que se utilizó para criminalizar la protesta social.

 

1 No estamos mencionando aquí las represiones a los luchadores como las que Sergio Berni lleva adelante con Gendarmería ante cada corte de ruta, ni las represiones que en los últimos años se han cobrado la vida de cerca de 30 luchadores (Qom, Parque Indoamericano, etc.).

2 comments

  1. Jorge Alberto 4 noviembre, 2013 at 11:41 Responder

    ¡¡Excelente artículo!! Esta escrito con una impecable visión de lo sucedido y de el actual “Gobierno”. Felicitaciones de mi parte a Myrianm Bregman y Gloria Pagés.

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