Con la fuerza de las mujeres

0
Share Button

 

ANDREA D´ATRI

Candidata a Diputada al Parlasur por el Frente de Izquierda. Fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, con presencia en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, México y el Estado español.

Número 23, septiembre 2015.

VER PDF

En la última década, especialmente en América latina, la presencia de las mujeres en altos cargos ejecutivos y su creciente participación parlamentaria fueron objeto de análisis, pero también fundamento para la ideología de que las mujeres latinoamericanas avanzaban cualitativamente en sus derechos civiles y políticos. Cristina Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil y Michele Bachelet en Chile se pusieron, en numerosas ocasiones, como ejemplo de los logros y alcances del género femenino en este lado del mundo.

Lejos de esa visión simplista e idealizada que supone que el género de un mandatario hace a las políticas de género implementadas por su gobierno, los índices de violencia contra las mujeres, las tasas de mortalidad por las consecuencias de los abortos inseguros, la impune actuación de las redes de trata y prostitución y la precarización laboral femenina son una constante en la región. El Frente de Izquierda también se propone que esas voces acalladas por la violencia, la sobreexplotación y la discriminación no solo expresen su verdad y sus reclamos en las legislaturas provinciales y el Congreso Nacional, sino también en el Parlasur. Y que las nuevas bancas que conquiste el Frente de Izquierda se conviertan en tribunas y trincheras desde las cuales se fortalezca la lucha por todos los derechos de las mujeres.

 

El femicidio invisible del aborto clandestino

El contraste entre la presencia de mujeres en altos cargos políticos en la región y la vida cotidiana de las masas femeninas, es vergonzante. En todo el mundo, el 38 % de los embarazos son no deseados, lo que equivale a 80 millones, cada año, de un total de 210 millones de embarazos. En América latina, se calcula que el aborto clandestino provocado en condiciones insalubres y precarias es la causa de una de cada tres muertes de mujeres gestantes y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año. Según la Organización Mundial de la Salud, el índice de abortos inducidos de América latina es superior al promedio mundial y es más alto en los países donde esta práctica está penalizada. “En Bolivia, Brasil y Argentina, el aborto es muy restringido. En raras ocasiones, cuando la interrupción del embarazo es legal, las barreras de acceso son insuperablemente altas. Estas barreras incluyen negación por profesionales médicos a prestar atención médica, requisitos jurídicos que piden la autorización de un juez antes que se permita un aborto y tiempos de espera gravosos, entre otros”, señala un informe de la organización internacional Ipas1.

La investigación realizada por Ipas entre 2011 y 2013 en la región revela que existe “una aplicación selectiva de las leyes sobre el aborto y el trato discriminatorio y humillante que las mujeres reciben al no escoger la maternidad. Los infractores pueden ser amenazados o castigados con multas, servicio público o prisión, con condenas que van de entre unos pocos días hasta varios años. La mayoría de las mujeres que son detenidas ya son marginadas por ser pobres, afrodescendientes, indígenas o jóvenes, y carentes de una defensa legal competente”2.

Sin embargo, mientras la penalización del aborto empuja a millones de mujeres a la clandestinidad y, a las más pobres y jóvenes, a una muerte altamente probable provocada por estas condiciones, los gobiernos de la región fortalecieron y estrecharon sus lazos con el Vaticano y otros sectores religiosos fundamentalistas, fervientemente opositores a la legalización de las interrupciones voluntarias del embarazo.

En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández –después de un primer período de cierta relativa confrontación con la jerarquía eclesiástica local– dio un giro rotundo hacia el establecimiento de un pacto con el Vaticano, apenas el cardenal Bergoglio fue ungido Papa. Mientras Bergoglio actúa como mediador entre el gobierno y la oposición derechista y garante de la gobernabilidad en el fin de ciclo kirchnerista, el gobierno nacional le permitió la injerencia en asuntos civiles, tales como la modificación a gusto y piacere de la Iglesia de la reforma del Código Civil. La permanente intervención de la presidenta argentina para ordenar a su bloque parlamentario que no otorgue quórum al tratamiento del proyecto de legalización del aborto es una muestra de su tenacidad en esta decisión, que contraría incluso a muchos de sus legisladores y legisladoras que son firmantes del proyecto, pero quienes ponen por encima de sus convicciones la “disciplina partidaria”. Disciplina que cuesta la vida a casi 300 mujeres cada año.

El gobierno de Dilma Rousseff, en Brasil, se inició con un escándalo sobre este mismo tema: siendo candidata aún, su negativa a incluir el derecho al aborto en la agenda de su futuro gobierno desconcertó a muchos sectores progresistas que acompañaban al PT. Rápidamente, su alianza con el ex pastor evangélico Marcos Feliciano –quien había impulsado un proyecto para “curar” la homosexualidad-, como también las gestiones para que Brasil fuera elegido como el primer país del continente donde se concretara la visita del Papa latinoamericano, evidenciaron las fuertes alianzas políticas que el PT decidió establecer con los sectores religiosos y conservadores.

Párrafo aparte merece Paraguay, donde existe una verdadera cruzada contra las mujeres y las niñas, encabezada por el pacto entre la Iglesia y el gobierno de Horacio Cartes, que ni siquiera ensaya gestos progresistas.

La lucha por el derecho al aborto en América latina, evidentemente, debe estar acompañada de un fuerte impulso por promover la separación de la Iglesia del Estado que, en pleno siglo XXI, sigue ejerciendo un poder secular sobre las legislaciones, nuestras vidas y nuestra sexualidad.

 

Ni una menos en toda Latinoamérica

Sumado al reclamo por el derecho al aborto, la movilización contra la violencia machista y los femicidios también atraviesa las fronteras de los países de la región. Incluso la multitudinaria movilización por “Ni Una Menos”, del 3 de junio de 2015 en Argentina, se replicó espontáneamente en México, Chile y Uruguay.

Cientos de miles de mujeres, en Argentina, mostraron su hartazgo y su bronca por la brutal violencia que se cobra la vida de una mujer cada 30 horas en el país. Sin embargo, la movilización también fue más allá de señalar este macabro y reiterado fenómeno: grandes sectores señalaron que los medios de comunicación reproducen modelos sexistas que son también violentos; que el aborto clandestino es violencia contra las mujeres; que la precarización laboral también discrimina y que no solo los propios femicidas son responsables de los crímenes que ocurren a diario, sino también las instituciones del Estado, los gobiernos y la justicia, mientras que la Iglesia colabora con la reproducción de estereotipos que vulneran el derecho a la igualdad de las mujeres. “Sabemos que 15 mujeres mueren por día en Brasil solo por el hecho de ser mujeres”, disparó Dilma Rousseff, a principios de este año, cuando Brasil incluyó la figura del femicidio en el Código Penal. Mientras Argentina contabiliza 277 femicidios en el año 2014, en Brasil se registraron 4719 femicidios en 2012.

Sin embargo, las respuestas institucionales ante estas brutales estadísticas siguen siendo una verdadera burla para las sobrevivientes de la violencia machista y para aquellas a las que el Estado hizo oídos sordos ante sus denuncias y pedidos de auxilio hasta que fue demasiado tarde. El Frente de Izquierda, por el contrario, presentó un proyecto de ley que propone un Plan de Emergencia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Sus diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman –que actualmente encabezan la fórmula presidencial del FIT para las elecciones nacionales de octubre– abordan no solo la atención médica, psicológica y legal de las víctimas, sino también las problemáticas asociadas a la condición laboral, salarial, falta de refugios y también acceso a la vivienda propia, entre otros. Pero este proyecto –que está siendo debatido y difundido por grupos de mujeres en todo el país– permanece en un cajón del Congreso porque esas muertes cotidianas no forman parte de la agenda del oficialismo ni de otros bloques mayoritarios.

 

La voz de las mujeres al Parlasur

Otra constante en los países del bloque, y que representa un desafío para cualquier agenda de izquierda, son las condiciones laborales de las mujeres. De diferentes formas y mediante diversas políticas, los gobiernos avalan o alientan la precarización laboral (empleos part-time, horarios flexibles, etc.) y el abaratamiento de los costos de la mano de obra, en pos de facilitar las inversiones y negocios. Las condiciones laborales de las mujeres en el Mercosur, como en toda América latina, confirman la tendencia mundial (la propia OIT constata que el 50 % de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones precarias)3.

Por eso, la participación de las mujeres en la Lista 1 A, encabezada por Nicolás del Caño y Myriam Bregman, que se impuso en las internas del Frente de Izquierda, no fue un dato menor. La inversión del cupo femenino, en algunos distritos, el promedio de un 60 % de mujeres a nivel nacional y la destacada participación de muchísimas mujeres trabajadoras (de la industria, docentes, enfermeras, estatales, etc.) son la consecuencia legítima de la existencia de una fuerza de mujeres que batalla contra la explotación capitalista, enfrenta a las burocracias sindicales, se organiza por sus derechos y encuentra en el Frente de Izquierda un canal político, donde expresar sus luchas.

En las elecciones de octubre se votarán, por primera vez, representantes al Parlasur. La lista del Frente de Izquierda sostiene que la voz de las mujeres, la clase trabajadora y la juventud se oiga en ese parlamento del Mercosur. Sin embargo, sabemos que lejos de ser una tribuna de los pueblos latinoamericanos, el Parlasur es una institución casi decorativa, donde lo que predomina es el lobby para garantizar los negocios de las grandes empresas imperialistas que operan en la región, ofreciéndoles mejores condiciones para la explotación de las clases trabajadoras sudamericanas y la obtención de ingentes ganancias. Por eso, Nicolás Del Caño en su rechazo en la Cámara de Diputados, no solo señaló la hipocresía de los discursos de la “unidad latinoamericana” de los gobiernos regionales, sino que también planteó que con el Parlasur “se establece una clara ampliación de las prerrogativas y privilegios de estos parlamentarios, incluso sobre lo que determina la propia Constitución Nacional” y denunció que “se intenta ampliar los privilegios que hoy tienen los funcionarios y legisladores a nivel nacional a los integrantes de este nuevo cuerpo, con salarios y jubilaciones decenas de veces superiores a los de la media de cualquier trabajador, garantizándose por esta vía una casta de políticos que, cual gerentes, les aseguran sus negocios a los grandes capitalistas”. Por ese motivo, sostenemos que esos parlamentarios, como todos los funcionarios políticos, también perciban una dieta que no sea superior al salario de una maestra.

A pesar de ello, consideramos que conquistar allí la presencia de una voz de las mujeres, la clase trabajadora y la juventud, permitirá contar con una nueva tribuna para denunciar la situación en la que vivimos las mujeres de Argentina y toda América latina, pelear por nuestra agenda común de lucha, pero también impulsar la solidaridad con las luchas obreras y populares, por encima de las fronteras, expresando la necesidad de unir a los pueblos trabajadores de toda la región e internacionalmente.

Poner esa “tribuna regional” al servicio de la lucha de las mujeres por nuestros derechos no puede estar escindido de la construcción de un fuerte movimiento de mujeres en América latina, que sea una fuerza política consecuente en la lucha por los derechos democráticos y que se proponga la perspectiva de la revolución socialista para la emancipación femenina y para acabar con la explotación capitalista que hoy recae, con doble peso, sobre las espaldas de las mujeres.

En ese camino abona su práctica política la agrupación de mujeres Pan y Rosas con presencia no solo en Argentina, sino también en Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y México. La tribuna del Parlasur permitiría amplificar para las mujeres de América latina los ejemplos de nuestras compañeras obreras de Kraft-Mondelez de Argentina, que paralizaron la producción contra el acoso sexual de un supervisor contra una trabajadora, o de las mujeres de MadyGraf,  que después de resistir junto a los trabajadores el cierre de la empresa, la pusieron a funcionar bajo control obrero, sosteniendo una campaña permanente contra la violencia hacia las mujeres. También el ejemplo de nuestras compañeras de Pão e Rosas, del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la Universidad de San Pablo (Brasil), que en medio de una durísima huelga por reivindicaciones sindicales, impulsó una campaña contra la homolesbotransfobia, o el de las trabajadoras del metro que enfrentaron los despidos y persecuciones del gobierno derechista de San Pablo, al tiempo que sostienen una gran campaña contra la violencia, los abusos y violaciones que sufren las mujeres en el subterráneo. Acciones como estas, son el testimonio de que la lucha por la emancipación de las mujeres no es, ni puede ser un tema “anexo” en la agenda de una izquierda que se propone fortalecerse cada vez más, en los principales batallones de la clase trabajadora del continente. Por el contrario, son parte esencial del camino de la lucha por la liberación de todas las cadenas de explotación y opresión. Hoy, Pan y Rosas tiene el desafío de que todas las tribunas políticas que el Frente de Izquierda de Argentina pueda obtener en las legislaturas provinciales, el Congreso Nacional y el propio Parlasur, sean una prolongación –en otro terreno- y un amplificador de la lucha que diariamente nos encuentra en las calles, enfrentando a las patronales, las burocracias sindicales, los gobiernos que gerencian los negocios de los capitalistas y sus fuerzas represivas, a un lado y a otro de sus propias fronteras.

 

1 Ipas (2013-2015), “Cuando el aborto es un crimen. La amenaza para mujeres vulnerables en América latina”, Chapel Hill, EE.UU.

2 Ídem.

3 Para ver más sobre precarización laboral entre las mujeres, L. Ortega, “Entre la feminización del trabajo y la precarización”, IdZ 20, junio 2015.

Parlasur

No comments

Te puede interesar

La quiebra intelectual

  Social-liberales y Nac&Pop: la persistencia de una razón conformista Número 10, junio 2014. VER PDF Como decíamos en la presentación de IdZ 1, el ...