Bolivia: cooperativismo a la medida de los empresarios

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La Ley Minera de Evo Morales

 

ALEJANDRO SCHNEIDER

Número 9, mayo 2014.

 

Durante las últimas semanas, en Bolivia se estuvieron produciendo una serie de hechos que en cierta forma muestran la verdadera cara del actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). En este sentido, no nos referiremos a la denuncia sobre posibles actos de corrupción por parte del entorno familiar del vicepresidente Álvaro García Linera con la compañía aérea Boliviana de Aviación, ni tampoco al mezquino incremento salarial que dispuso Evo Morales Ayma con el beneplácito del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo. En esta ocasión, solo queremos hacer una breve referencia al conflicto desatado entre la administración masista y los empresarios cooperativistas en torno a la discusión de una nueva Ley de Minería y Metalurgia. Tras más de ocho años de estar en el poder, en términos generales, los gobiernos del dirigente cocalero se caracterizaron por continuar con el sistema primario exportador que identifica al territorio desde la llegada de los españoles.

 

El modelo social de acumulación de capital permanece atado a una lógica extractivista alimentada por los altos precios mundiales de algunas materias primas. La producción primaria de bienes no renovables sigue teniendo un peso central en la estructura económica del país. Esta situación acarrea un conjunto de consecuencias: primero, reafirma una dependencia respecto a los recursos minerales no reemplazables; segundo, genera una alta vulnerabilidad de la economía frente a las fluctuaciones del mercado internacional; y tercero, reproduce un mercado de trabajo con elevados niveles de precarización laboral.

A pesar de que en la campaña electoral de 2005 Morales hizo promesas alrededor del renacimiento de la minería estatal bajo la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), sus administraciones se caracterizaron por fortalecer al ámbito privado representado tanto por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), como por la mediana y gran minería privada en manos de empresas transnacionales.

Lejos de la promesa de buscar la renacionalización del subsuelo, el interés de Evo fue continuar con la estrategia capitalista de los años noventa de fomento a los contratos de riesgo compartido entre cooperativistas y empresas extranjeras.

En ese sentido, los gobiernos del MAS privilegiaron la relación con el sector cooperativista dentro del mundo de la minería. Desde el inicio de su administración, Morales les dio un lugar destacado en su alianza política con el objetivo de atraer a este sector porque, al mismo tiempo que representa un voluminoso número de eventuales votantes, se ha convertido también en el gran creador de empleo para los desempleados provenientes de otros ámbitos laborales.

De este modo, el primer ministro que Evo designó para esta área fue Walter Villarroel, expresidente de FENCOMIN. Además, creó el cargo de Viceministro de Cooperativas Mineras, a manos de hombres que previamente habían sido autoridades departamentales y nacionales del área. Asimismo, los cooperativistas actuaron como asambleístas durante la Convención Constituyente y, en la actualidad, también se desempeñan como diputados, senadores y representantes diplomáticos.

El mandatario indígena permitió y alentó la actividad económica de los empresarios cooperativistas, incluso, a costa de la muerte de trabajadores que peleaban por la defensa de sus puestos de trabajo. Es necesario recordar que el gobierno masista fue el principal responsable del brutal ataque (con cerca de veinte obreros fallecidos y decenas de heridos) perpetrado por los socios cooperativistas contra los asalariados mineros en el cerro Posokoni en Huanuni, en octubre de 20061.

Asimismo, la política favorable hacia el sector se evidencia no solo observando las nuevas áreas que adquirieron los cooperativistas bajo su gobierno (muchas de ellas alcanzadas tras cortes de rutas, avasallamientos de yacimientos y movilizaciones), sino también en la obtención de ventajas en términos impositivos y en cambios jurídicos que los beneficia frente a otros actores2.

Al respecto, en este último punto, uno de los frutos que lograron fue la firma de un Decreto Supremo por la cual se modificó los términos en que se ejerce la explotación de la Reserva Fiscal Minera, en detrimento del Estado nacional boliviano3. Sin embargo, hay un hecho más importante; los cooperativistas consiguieron que la administración masista no acceda a la principal demanda de los sectores asalariados mineros: la nacionalización de los yacimientos y su control por medio de la COMIBOL. Cabe subrayar que todo esto se dio en un escenario signado por el incremento de las exportaciones de los bienes del subsuelo, en algunos casos, con la exclusiva participación de los empresarios cooperativistas4.

 

¿Quiénes son los cooperativistas?

A diferencia de lo que se puede creer, el cooperativismo minero en Bolivia no es un sistema solidario. Por el contrario, es un sector capitalista que se desarrolla sobre la base de la explotación de sus trabajadores asalariados. Las cooperativas son empresas privadas que buscan denodadamente aumentar su tasa de ganancia sobre la base de un elevado nivel de expoliación laboral de la fuerza de trabajo que contratan. El sector cooperativista, internamente, no conforma un grupo homogéneo: algunos son empresarios y otros son trabajadores. Detrás del concepto de cooperativas mineras se oculta una compleja realidad en donde se despliega un amplio abanico de situaciones, que abarca desde empresas con cerca de treinta miembros hasta otras que emplean a miles de trabajadores. En general, los dirigentes de cooperativas que controlan a las federaciones locales y departamentales se componen de un grupo minoritario de socios que se halla al frente de los órganos de dirección de las cooperativas. Por otra parte, no cualquiera puede convertirse en socio de una cooperativa minera: para acceder a esa posición se necesita comprar una cuota de admisión que oscila entre los 1.000 y 3.000 dólares. Cada socio explota una parcela contratando una cuadrilla de trabajadores mineros donde organiza libremente su producción usufructuando un paraje determinado de un yacimiento. De este modo, se conforma una verdadera unidad productiva, donde se trabaja para el beneficio de unos pocos, con una limitada (o casi nula) capacidad de inversión.

En el seno de las cooperativas se emplean a trabajadores con diversos acuerdos laborales. Si bien imperan los contratos por medio de salarios preestablecidos, también es normal que se pague según la producción obtenida, sin ningún compromiso salarial previo. Como la explotación en cada cooperativa tiene un alto grado aleatorio, se producen fuertes diferencias en su interior: mientras algunos miembros no logran beneficios en varios meses, otros pueden obtener ganancias en forma inmediata.

Los trabajadores de las cooperativas producen en forma inestable, de acuerdo con las demandas de los empresarios cooperativistas y con los vaivenes de la cotización de los metales en los mercados. La jornada de trabajo, que puede alcanzar hasta las dieciséis horas diarias, se lleva a cabo en condiciones altamente precarias: se desarrolla en hábitats donde impera el calor y el frío extremo. El trabajo al interior de la mina requiere un gran esfuerzo físico (la perforación se efectúa con maza y cortafierros) y numerosos mineros solo cuentan con un equipo básico de protección (el guardatojo y las botas de goma). La carencia de herramientas y maquinarias, junto con la escasez de elementos de protección para el personal, hace que el empleo en las cooperativas cause numerosos accidentes de trabajo. Si bien, en su mayoría, los trabajadores al interior de las minas son varones adultos, también se desempeñan mujeres, adolescentes y niños.

Además de las precarias condiciones laborales, la gran mayoría de las cooperativas carecen de ingenios para el procesamiento de minerales: la concentración de los bienes extraídos se realiza en forma manual. A eso se debe añadir la utilización de productos químicos contaminantes –como el xantato, el ácido sulfúrico, el mercurio– que provocan cuantiosos daños en la salud de los trabajadores. Un detalle no menor es que tampoco las cooperativas efectúan tareas de prospección. La mayoría no planifican la labor en los yacimientos, lo que conduce a una disputa permanente y desorganizada por la extracción de las mejores vetas. Este sistema conlleva a que se generen mayores riesgos de accidentes laborales por la falta de conocimiento de las propias condiciones de las zonas productoras que, por lo general, son propensas a inundaciones y derrumbes. Por otro lado, por la forma en que se lleva a cabo la extracción, no están disponibles los recursos para paliar los importantes daños ambientales que se generan. En el sistema de explotación que implementan las cooperativas mineras, el Estado prácticamente se encuentra ausente en diversos aspectos: desde su nula intervención en las tareas de planificación, prospección y control de las condiciones laborales, hasta en el magro ingreso que recibe vía aporte impositivo a través del Impuesto Complementario a la Minería. En idéntico sentido, los socios de las cooperativas comercializan los minerales con especuladores y rescatadores, evadiendo las contribuciones fiscales.

 

La Ley de Minería y Metalurgia

La situación antes descripta permite en cierta forma comprender el debate de fondo que se dio durante las últimas semanas. El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados confirma en gran medida los principales lineamientos de la actual Ley N° 1777, de origen neoliberal, sancionada durante la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997. De esta manera, la norma en cuestión consolida la presencia de la gran minería y de los empresarios cooperativistas, garantiza beneficios contributivos para este sector, y protege sus inversiones de cualquier posible avasallamiento por parte de las comunidades rurales que reclaman sus tierras. Es conveniente subrayar que los pueblos originarios indígenas no son reconocidos como sujetos con derechos mineros; para poder explotar los recursos deben previamente convertirse en cooperativa o en empresa, o bien, emplearse en ellas. En cualquiera de las circunstancias, el proyecto, ya sea por medio de la intervención del Estado o por medio de sectores privados, beneficia a las grandes firmas transnacionales.

Sin embargo, a pesar de haberse presentado en el Parlamento en forma consensuada por los principales actores involucrados, el proyecto de ley produjo un sinnúmero de reclamos por parte de los empresarios cooperativistas, quienes buscaron mayores privilegios a los ya obtenidos5.

De este modo, entre otras demandas, aspiran a la facultad de firmar acuerdos (sin intervención del Estado) con terceros para explotar áreas entregadas en titularidad, tal como había sido concebido en el proyecto original. En este sentido, rechazan los cambios introducidos por la Cámara de Diputados en las que se alteró esa disposición que iba en sentido contrario a lo establecido por la Constitución Política, debido a que es el Estado el único que puede asignar áreas de trabajo. En última instancia, la discusión encubre un forcejeo entre cooperativistas y el gobierno sobre quién se enriquecerá con los convenios firmados con las multinacionales mineras.

Al calor de esta disputa, como en otras ocasiones, los empresarios cooperativistas, valiéndose de sus empleados, efectuaron un rotundo bloqueo en las principales rutas interdepartamentales del altiplano. Como consecuencia se desarrollaron una serie de enfrentamientos con la policía que derivaron en el fallecimiento de dos trabajadores junto con medio centenar de heridos. A raíz de ello, tras la renuncia del ministro del área Mario Virreira, Morales decidió suspender el tratamiento legislativo del proyecto.

Es evidente que el responsable central de este escenario es el propio gobierno del MAS. Durante todos estos años ha alimentado al insaciable empresariado cooperativista con el fin de solucionar momentáneamente los problemas de empleo a la vez que logra su apoyo electoral. Asimismo, en cierta forma, también ha colaborado a esta situación la actitud claudicante de los distintos dirigentes de la COB que no han querido encabezar una gran movilización obrera minera que ponga fin a la explotación privada de los recursos naturales y que luche por la nacionalización de los yacimientos bajo una administración obrera colectiva.

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1. Una situación similar se produjo a raíz del avasallamiento de los yacimientos en Colquiri en 2012. En esa ocasión fue asesinado un trabajador asalariado en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en La Paz, en el marco de una serie de movilizaciones.

2. Entre las áreas que obtuvieron se encuentran los ricos yacimientos de Himalaya (wólfram) y el 50 % de la veta Rosario (zinc y estaño) en Colquiri.

3. Hasta ese entonces, el Estado boliviano era el único propietario de los recursos mineralógicos de la Reserva Fiscal Minera. Esta norma, desde sus orígenes, había sido duramente cuestionada por los cooperativistas y los empresarios privados, nacionales y extranjeros. Con la nueva disposición legal, Morales acalló estas críticas.

4. Durante 2013 la exportación de minerales de las cooperativas fue tres veces mayor a la del sector estatal. Por otro lado, este último sector no participa de la explotación de valiosos minerales como plomo, antimonio y wólfram. Página Siete, 13 de abril de 2014.

5. Entre otros privilegios, el proyecto de ley beneficia a los cooperativistas con la liberación del pago del canon de arrendamiento que cancelaban al Estado por la explotación de minerales. Antes, cuando hacían contratos, ya sea con la COMIBOL o por la explotación en las áreas de reserva fiscal, tenían que pagar arrendamiento; esto ahora se ha eliminado.

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