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Red Internacional

Semana de fuerte crisis política tras la derrota electoral del oficialismo con acusaciones cruzadas por el ajuste. A pesar de los reproches, todo el oficialismo aprobó la ley de Solidaridad que suspendió la movilidad previsional y recortaron jubilaciones, así como también el presupuesto de este año que eliminó el IFE. Es necesaria una salida de otra clase.

Viernes 17 de septiembre | 21:07
Foto: Télam.

Pasaron las PASO, el lunes los “mercados” festejaron los resultados electorales. Pero a los pocos días se desató una fuerte crisis política por la derrota electoral del oficialismo. Hubo declaraciones cruzadas, que incluyó hasta audios de la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos acusando de “okupa” y “mequetrefe” a Alberto Fernández. Este jueves la vicepresidenta publicó una carta donde busca despegarse del ajuste en curso de este Gobierno, el conocido “yo no fui”. Sin embargo, desde la asunción del presidente se decidieron leyes y hubo medidas concretas respaldadas por todo el oficialismo que desmienten las afirmaciones de la expresidenta. También en la carta, Cristina admite que sugirió como eventual Jefe de Gabinete a Juan Manzur, sus diputados votaron la reforma jubilatoria macrista que ajustó los haberes.

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Por su parte, las medidas que el Gobierno iba a anunciar este jueves pasado para aliviar el castigado bolsillo quedaron en suspenso. La crisis pospuso dichos planes aunque las mayorías populares no pueden esperar, los salarios pierden contra la inflación y el salario mínimo vital y móvil se ubica por debajo de la canasta de indigencia, cubre menos de la mitad de la canasta de pobreza.

“Solidaridad” con los especuladores

El 17 de diciembre de 2019 a solo siete días de asumir Alberto Fernández, sin pandemia en el país, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”. El principal objetivo de la ley era crear las condiciones para la renegociación de la deuda pública con los acreedores privados, así la norma incluyó la suspensión de la movilidad previsional por 180 días y en su reemplazo se otorgaron subas discrecionales por decreto. Se decidió suspender justo cuando la fórmula iba a arrojar por primera vez subas acumuladas por encima de la inflación tras la pérdida de alrededor del 20 % del poder de compra de las jubilaciones durante el macrismo. Este fue el comienzo de las promesas incumplidas electorales, en este caso recomponer las jubilaciones.

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Con la suspensión de la movilidad el Gobierno logró un recorte de $ 100.000 millones a las jubiladas y jubilados. En su reemplazo se otorgaron bonos para las jubilaciones mínimas y luego se votó una nueva fórmula que no tiene un piso que garantice que no se pierda con la inflación. Desde la asunción del Frente de Todos la jubilación mínima, que percibe la mayoría de los jubilados, hasta julio de este año disminuyó un 6,7 % en términos reales.

Además, la ley de Solidaridad autorizó al Tesoro el uso de casi U$S 5.000 millones del Banco Central para seguir pagando servicios de deuda y capital mientras durara la renegociación con los acreedores. Es decir, los dólares fueron para los especuladores en vez de recomponer jubilaciones o salarios tras el desastre macrista.

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También la ley dispuso medidas impositivas para aumentar la recaudación, pero fue leve para algunos sectores y otros no se tocaron. Los bancos no hicieron ningún aporte “solidario”, o en el caso de las empresas energéticas las retenciones solo les aumentaron en dicha norma tres puntos, y para las patronales agrarias se incluyeron topes máximos que eran menores a los que regían en 2015 para todas las exportaciones agrícolas y ganaderas. Todos estos sectores fueron ganadores durante la era Macri, pero la “solidaridad” se les exigió a las jubiladas y los jubilados.

La ley de Solidaridad, que ya anticipaba una hoja de ruta de ajuste para honrar la deuda ilegal, fue votada por todo el oficialismo en el Congreso, tanto por Máximo Kirchner como por Fernanda Vallejos.

Más pobreza, pero el Frente de Todos aprobó un presupuesto sin IFE

“También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada”, afirma Cristina Fernández en su carta. Pero otra ley destacada avalada por todo el oficialismo fue el Presupuesto 2021 que ya mostraba el ajuste que llevarían adelante este año. En el presupuesto inicial si se sumaban todos los gastos excluyendo el pago de intereses de deuda (es decir, considerando sólo el gasto primario), había una caída del 9,5 % en términos reales (eso dando por válido la inflación de ficción del 29 %). La única ilusión no fue la inflación estimada también se consideró que no sería necesario reforzar la partida de salud porque la pandemia no impactaría este año. Eso no ocurrió y el rebrote obligó al Gobierno a ampliar la partida de salud.

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El Presupuesto de este año proyectó un déficit fiscal primario (gastos mayores a los ingresos sin intereses de la deuda) de un 4,2 % del PBI. Esta pauta ya significaba una disminución con respecto al déficit fiscal primario del 2020 que llegó el 6,5 % del PBI.

Además, en dicha ley se decidió eliminar el Ingreso Familiar de Emergencia cuando a fines del 2020 la pobreza ascendió al 42 %, según el Indec. De nuevo, ¿por qué aprobaron este Presupuesto de ajuste cuando en Diputados la bancada del Frente de Todos la lidera Máximo Kirchner y Cristina Fernández preside la Cámara del Senado? El proyecto mostraba la disposición del Gobierno a reducir el “gasto” para alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI y en ese aspecto no hay diferencias dentro de la coalición.

¿Y los recursos que envió el FMI para hacer frente a los efectos de la pandemia?

En el acto de lanzamiento de la campaña electoral del Frente de Todos Cristina Fernández adelantó que el país no usaría los Derechos Especiales de Giro (DEG), que son recursos que envió el FMI a todos los países miembros para hacer frente a los efectos de la pandemia, porque se destinarían a pagar los vencimientos que existen este año con el Fondo en septiembre y en diciembre.

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Esto fue una decisión del Gobierno ya que el Fondo en su página web aclara que el destino de dichos recursos “brindaría apoyo de liquidez a muchos países en desarrollo y de bajos ingresos que están luchando, permitiéndoles pagar por la atención médica y apoyar a las personas vulnerables”.

Si como dice Cristina en su carta el país atraviesa “una delicada situación social”, ¿por qué los recursos se destinan a la deuda en vez de atender las necesidades sociales? Desde la asunción de Alberto Fernández se pagaron U$S 2.311 millones en concepto de intereses al FMI. Una suma que equivale a lo que se necesita para construir 66.000 viviendas. El próximo 23 de septiembre el Gobierno se prepara para pagar unos U$S 1.900 millones al organismo.

En el medio de la crisis política el vocero del FMI, Gerry Rice afirmó que las negociaciones siguen, incluso en el Presupuesto 2022 que ingresó sobre la medianoche del miércoles al Congreso se desprende que se alcanzaría un acuerdo con el organismo. Un pacto que tendrá una duración de al menos diez años e incluirá las recetas de siempre del Fondo, más ajuste y reformas estructurales (laboral, previsional y tributaria). En una reciente revisión al programa de Ecuador el FMI señala que las autoridades tienen previsto reformar su mercado de trabajo, y “mejorar el entorno empresarial” para “atraer la inversión extranjera directa”, mayor flexibilización laboral.

Habrá que ver cómo sigue la crisis política, y si se anuncian nuevas medidas para maquillar el ajuste. Sin embargo, nada bueno vendrá para la clase trabajadora si se sigue bajo el régimen del FMI.

Hay que pelear por una salida de otra clase que rechace el acuerdo con el organismo, como planteó el Frente de Izquierda en la reciente campaña electoral, y movilizarse por el desconocimiento soberano de la deuda, entre otras medidas para reorganizar la economía en función de las grandes mayorías.

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