Política

DEBATE GOBIERNO-OPOSICIÓN

¿Y por qué no derogan todas las leyes de la dictadura?

El kirchnerismo y la oposición debaten si hay que derogar o no algunas de las leyes de la última década. Nadie dice nada de las leyes de la dictadura que afectan al pueblo trabajador y siguen vigentes después de más de 30 años.

Lucho Aguilar

@lukoaguilar

Martes 21 de octubre de 2014 | Edición del día

El kirchnerismo inició una creativa campaña. El “Frente Derogador”, encabezado por Massa con el apoyo de la mayoría de la oposición, estaría empeñado en eliminar todas las leyes impulsadas estos años por el oficialismo. Hay que ser sinceros: el tesón de los opositores en ser más serviciales a “las corporaciones” que el kirchnerismo, les da argumentos de sobra. Ese intento de un nuevo consenso derechista encuentra el límite en las propias expectativas populares, más que en un kirchnerismo cada vez más moderado.

Pero meta campaña y relato, ni las usinas oficiales ni los medios de la “corpo” reparan en todas las leyes que siguen vigentes porque, justamente, ninguna de las grandes fuerzas políticas decidió derogarlas. Es el caso de muchas de las leyes impuestas a sangre y fuego por las dictaduras militares que arrasaron desde 1969, y sobre todo en 1976.

La ley con sangre entra

La dictadura militar fue, luego del fracaso del gobierno del General e Isabel Perón, la política del imperialismo y los grandes empresarios para derrotar el ascenso obrero y popular iniciado en 1969.

Ocurrido el golpe, la Constitución fue reemplazada por el Estatuto del Proceso y se creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), un apéndice creado para redactar leyes. La CAL estaba integrada por tres oficiales de cada fuerza, se reunía secretamente, y sólo trataba proyectos enviados por Videla, Agosti y Massera, y sus continuadores.

Bajo ese régimen, los militares sancionaron más de 1.700 leyes nacionales y 18.000 decretos. Muchas de ellas siguen vigentes.

No estamos hablando de una calle con el nombre de un general o el emplazamiento de un busto castrense (que las hubo). Se trata de normas que aún rigen la economía del país y la vida cotidiana de millones de personas, pero afectan sobre todo al pueblo trabajador.

Banqueros y buitres

Martínez de Hoz fue uno de los hombres del empresariado que ocupó el Ministerio de Economía durante la dictadura. En 1977 impulsó la Ley de Entidades Financieras, que regula la actividad de bancos y financieras. La reforma permitió la completa liberalización del mercado financiero, dándole libertades a los bancos para fijar tasas y favoreciendo todo tipo de negocios especulativos. Amparada por esa y otras leyes, en la última década esa rama de la economía ha logrado niveles de concentración y de ganancias extraordinarios.

También la dictadura impuso la aún vigente Ley de Inversiones Extranjeras. Con ella se buscaba ceder más negocios al imperialismo, e incluía una cláusula por la que cualquier capital internacional gozaría de los mismos beneficios que el capital local. También favorece a las empresas extranjeras con exenciones impositivas y fondos del Estado, y otorga facilidades para girar sus ganancias a sus casas matrices. Esa extranjerización de la economía que buscó fomentar la dictadura pegó un salto con el menemismo. Pero fue durante el kirchnerismo, contrariamente al relato oficial, que llegó a su apogeo: dos tercios de las principales 500 empresas del país son extranjeras. Chevron, Kraft, Ford, Lear, Barrick Gold, todos a sus anchas.

Con las leyes que apretaban a Luciano Arruga

Para tratar a los menores que tienen “conflictos con la ley”, todavía está en vigencia el decreto militar 22.278/80, que lleva la firma del general Videla. El Régimen Penal de la Minoridad establece que un menor de 16 años “no debe ser penado”, pero les otorga atribuciones a los jueces para recluirlo. En manos de la policía, muchos pibes mueren asesinados por gatillo fácil. Otros quedan en manos de una justicia empecinada en perseguir a los jóvenes pobres, que no tienen prácticamente derecho a defensa y terminan encerrados no sólo en institutos, sino en comisarías. De acuerdo con la ley, a los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años se les pueden aplicar las mismas penas que a los adultos.

Los debates impulsados por el kirchernismo y la oposición para reformar este régimen mantienen la postura de penalizar a los menores, bajar la edad de imputabilidad, condenándolos en definitiva al encierro.

¿Cuándo van a laburar los curas?

La reciente aprobación del nuevo Código Civil y Comercial confirmó la buena relación que mantiene Cristina Kirchner con la cúpula eclesiástica, que impide reclamos tan sentidos como el aborto seguro, legal y gratuito. La relación del Estado con la Iglesia está materializado en una serie de leyes. Por ejemplo, la Ley Nº 21.540, firmada por Videla en 1977, que establece que “los Arzobispos y Obispos y el Vicario Castrense tienen una jubilación equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración de un Juez Nacional de Primera Instancia”. Hoy esa suma supera los 30 mil pesos, 10 veces la mínima que cobran millones de jubilados. El mismo beneficio tienen curas y sacerdotes seculares, a quienes además se pagan todos sus pasajes.

Todos esos privilegios siguen vigentes, lo mismo que los subsidios a las escuelas privadas, entre ellas las confesionales.

Espiando a los que luchan

Hace pocos días, Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley “anti-espionaje”. El diputado nacional del PTS-FIT propone derogar los decretos secretos del general Onganía que instituyeron y reglamentaron el espionaje de la Policía Federal. Esas normas le dan un “marco legal” al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, cuya función es el espionaje político. Allí revistaba Américo Balbuena, un pseudo periodista que se había infiltrado en la Agencia Rodolfo Walsh durante años, para reunir información sobre organizaciones populares.

Se calcula que hay más de 1000 agentes en esta condición, que se suman a otras formas de infiltración como las que realiza la SIE o la Gendarmería con el Proyecto X. Durante el kirchnerismo, estas metodologías no sólo continuaron, sino que parece que de la mano de Sergio Berni se “perfeccionaron”.

La tercerización que mató a Mariano la impuso Videla

La dictadura militar llegó para acabar con la insurgencia obrera que había emergido con el Cordobazo, y empezaba a cuestionar no sólo a la burocracia sindical y el peronismo en el gobierno, sino que también ponía en discusión el poder del capital dentro de las fábricas. Los empresarios golpearon las puertas de los cuarteles, y uno de los primeros objetivos de la Junta Militar fue atacar las conquistas que habían conseguido los trabajadores, algunas expresadas en leyes y convenios colectivos. Ya en abril de 1976 los militares habían creado la regla 21.297 para derogar 25 artículos y modificar otros 98 puntos de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974.

A 38 años, y a pesar de las muchas reformas a la LCT, muchos de aquellos cambios permanecen como los impuso Videla.

Lo pueden decir los obreros de Kraft, que tras la muerte del tercer compañero en la planta en pocos años, pararon contra la dictadura del servicio médico de la empresa, que entre otras cosas rechazaba los certificados médicos particulares gracias la derogación del artículo 227 de la LCT después del golpe.

La tercerización estaba contemplada en el artículo 32 de la ley, pero como “actividad principal y accesoria” y aplicando el convenio de la empresa principal. La dictadura y los gobiernos posteriores la convirtieron en una herramienta de los empresarios (y el Estado como pudo mostrar el caso de Mariano Ferreyra), para atacar los derechos y conquistas de los trabajadores.

La burocracia sindical que mató a Mariano y persigue a los delegados en Lear y otras fábricas, sigue manteniendo su impunidad y privilegios gracias a otras leyes que el kirchnerismo nunca se animó a tocar.

El Frente Continuador

La lista de leyes de la dictadura todavía vigentes podría continuar. Pero a esta altura vale agregar dos cuestiones más. La primera, que algunas leyes o artículos de la dictadura se han modificado recién en los últimos años. Hasta 2009, tiempo después de que se rompiera la alianza del kirchnerismo con el golpista Grupo Clarín, todos los gobiernos habían garantizado la vigencia de la Ley de Medios de Videla. La oposición, escandalosamente, se opuso a las limitadas modificaciones oficiales.

La segunda, que también el neoliberalismo asestó duros golpes a conquistas y derechos de los trabajadores y las libertades democráticas. Si las leyes son una expresión de las relaciones de fuerza entre las clases sociales, la legislación neoliberal era un reflejo de la nueva ofensiva del capital sobre el pueblo trabajador. Un raconto de las leyes de los 90 que siguen vigentes con el kirchnerismo, pasando por las privatizaciones, la entrega de las riquezas naturales, la criminalización de la protesta, la salud de los trabajadores y la flexibilización laboral, implicaría varias notas más. Ya lo abordaremos.

No se trata de defender el andamiaje jurídico de una democracia que también gobierna al servicio de los empresarios, y recicla las fuerzas represivas dispuestas a imponer ese orden como haga falta. Pero este repaso permite ver cómo, tras el cínico y demagogo debate sobre “derogaciones” y “continuidades”, todos esconden la vigencia de muchas leyes de la dictadura, que ninguno de los protagonistas del debate está dispuesto a eliminar.

En esa, son todos del “Frente Continuador”.







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