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La Izquierda Diario

El Equipo Argentino de Antropología Forense realizará pericias a aviones en desuso de las FFAA que se encuentran en Campo de Mayo y eran utilizados para los "vuelos de la muerte".

Lunes 21 de diciembre de 2020 | 11:40

A casi 45 años del golpe genocida, el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, dictó esta semana una medida cautelar para preservar pruebas que podrían encontrarse en aviones en desuso depositados en Campo de Mayo, uno de los centro clandestinos más grandes del país. Las pericias estarán a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a pedido del tribunal.

El TOF Nº 2 de San Martín, que preside el juez Walter Venditti, le solicitó al jefe del Ejército, general de brigada Agustín Cejas, que "se adopten medidas necesarias para que no se modifique el estado actual ni la situación jurídica de los aviones: Twin Otter matrícula AE-106 y Fiat G-222 matrículas AE-260, AE261 y AE-262; sin perjuicio de los derechos que pudieren haber adquirido terceros". Cabría la frase del lobo que cuida a las gallinas.

Hace una semana se realizó una inspección ocular en el lugar, que como publicamos en este diario mostró imágenes que hielan la sangre. Te puede interesar:

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En esa oportunidad, la Fiscalía General a cargo de Marcelo García Berro, solicitó una medida cautelar para que se preservaran las pruebas que podrían hallarse en aviones Fiat G-222 y Twin Otter que aún permanecen en el Batallón 601 de aviación del Ejército. Sson aviones que están en Campo de Mayo desde hace mucho tiempo y somo sostienen desde que la fiscalía podrían tener elementos que serían útiles para la causa.

Vale preguntarse por qué recién después de casi 24 años el Poder Judicial toma esta decisión, tratándose de un centro clandestino del que desaparecieron más de 5000 personas, donde nacieron más de 200 niños y niñas en su maternidad clandestina, quienes fueron apropiados con participación directa de la Iglesia, a través del Movimiento Familiar Cristiano. Es evidente que desde el Estado se garantizó la impunidad para muchísimos genocidas.

De acuerdo a la resolución judicial "Dada la indicación in situ realizada por el testigo Escobar Fernández, (un ex conscripto que cumplía en aquel momento el Servicio Militar Obligatorio en Campo de Mayo), es procedente como prueba sobreviniente disponer la excavación del ángulo de tierra y vegetación baja ubicado en la cabecera norte de la pista de despegue y aterrizaje con un alcance de 50 metros desde el vértice en la búsqueda de ampollas y todo otro deshecho de material medicinal descartable". Escobar asegura que vio en ese sector montañitas de ampollas de Ketalar, una droga que usaban los genocidas para adormecer a las víctimas y luego arrojarlas con vida desde los aviones.

"En esta causa tenemos declaraciones de casi 200 exsoldados conscriptos que fueron testigos de muchos de los crímenes cometidos en Campo de Mayo y son testimonios que nos permiten avanzar con la investigación", explicó el Ministerio Público. La Fiscal Soiza Reilly explicó que en 2012, y durante la instrucción de esta causa, "se notó la presencia de estos aviones y desde el Ejército nos dijeron que se venderían a Italia como chatarra, pero esa operación se frenó con una cautelar".

"La noticia de que los aviones seguían en Campo de Mayo se conoció el año pasado en base a una inspección del EAAF y se reafirmó con la declaración de Marcelo Castillo, integrante del equipo, que lo contó en una de las audiencias de este juicio", detalló.

La Fiscalía solicitó también las planillas de registro de los vuelos que salieron de Campo de Mayo, algo que Soiza Reilly hizo en la causa ESMA III, en la cual se investigaron delitos similares.

"Son aviones, en el caso de los Fiat, que se utilizaban para hacer prácticas de paracaidismo y en el caso de los Twin Otter son naves que se podían abrir en vuelo y se pudieron utilizar para lo que estamos investigando", apuntó.

El juicio por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo

La causa llega a juicio después de cinco años desde que la jueza federal de instrucción de San Martín Alicia Vence la elevara en 2015. La investigación tuvo los testimonios claves de alrededor de 400 conscriptos quienes durante los años de la dictadura hicieron el servicio militar obligatorio en esa guarnición del Ejército.

En este juicio por delitos de lesa humanidad se juzga a cinco militares retirados por los denominados "vuelos de la muerte", que salían de Campo de Mayo para arrojar a víctimas del terrorismo de estado desde el aire al Río de la Plata y al océano Atlántico, durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica.

En el auto de elevación a juicio de la Fiscalía, se señala: “Las víctimas que eran trasladadas al Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo, eran subidas, vivas o muertas, a los aviones y/o helicópteros del Batallón que luego despegaban y durante el vuelo eran arrojadas a las aguas del Río de la Plata y/o al océano Atlántico para que no fueran encontradas, debido a la clandestinidad del accionar desplegado por las Fuerzas Armadas”.

Los cinco militares están imputados directamente por el secuestro, las torturas y el homicidio de cuatro víctimas. Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni que eran estudiantes secundarios, y fueron secuestrados a comienzos de noviembre de 1976, torturados en alguno de los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, para luego ser subidos a un avión del Batallón y arrojados a las aguas del Río de La Plata. Sus restos fueron hallados en la zona de Magdalena y Punta Indio, los trajo el agua.

Otra de las víctimas es Rosa Novillo Corvalán, a quien secuestraron entre octubre y noviembre de 1976 en Zárate, y fue trasladada a Campo de Mayo. Su cuerpo apareció en las costas de Magdalena, con marcas de disparos en la axila, la pierna y la cabeza.

Roberto Arancibia fue secuestrado en mayo de 1977 junto a su esposa María Eugenia Zago de su casa mientras estaban junto a sus dos hijos. Fueron secuestrados y llevados a Campo de Mayo. El cuerpo de Maria Eugenia nunca apareció, pero los restos de Roberto fueron encontrados en febrero de 1978 en las costas de Las Toninas.

A casi 45 años del golpe genocida, la lucha por el juicio y castigo en cárcel común para todos los genocidas está más vigente que nunca.

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