Géneros y Sexualidades

OPINIÓN

Violencia de género: ¿el Gobierno tiene un plan?

La semana pasada se anunció el “Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022”. El plan incluye novedades respecto al presentado en 2017 por el macrismo, y también críticas provenientes de diversos sectores del feminismo. Presupuesto y derecho al aborto: dos puntos que generan malestar.

Sol Bajar

@Sol_Bajar

Viernes 17 de julio | 00:45

El alcance de "la violencia de género", se sabe, es amplio, y a esta altura ya está bastante clara la responsabilidad que le cabe a las instituciones del Estado. Sin embargo, recién este jueves 16 de julio, después de varios años de exigencia del movimiento feminista y LGTB, la legislatura porteña aprobó el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo actualizado a 2020, abandonando de este modo (si no fuera vetado) el restrictivo protocolo del año 2012 que rige en la Ciudad para orientar a los profesionales en el acceso a este derecho.

Llamativamente, uno de los argumentos centrales que esgrimieron desde los bloques mayoritarios -ni hablar de la izquierda, que lo denunció siempre- es que negar este derecho a las personas gestantes, "es violencia". Llamativamente, digo, por dos cuestiones puntuales: la legalización del aborto sigue estando cajoneada por esos mismos sectores en el Congreso Nacional y el Plan de acción contra la violencia de género, presentado para los próximos dos años, como el anterior (del período 2017-2019) no contempla ni por asomo este derecho.

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Entonces, ¿hay plan?

La semana pasada se anunció, en una conferencia virtual, el “Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022”. Un Plan que surge de la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que en este caso consistió en la presentación de un documento de unas 200 páginas donde se anunciaron compromisos y propuestas de planes y acciones para ese período.

Según las autoridades, el Plan tiene tres ejes fundamentales: “las ‘violencias extremas’ (femicidios, travesticidios, y transfemicidios), la ‘autonomía económica’ de las personas en situación de violencia, y ‘la dimensión cultural y estructural’ de la problemática”. Algo que, por supuesto, es fundamental.

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Sin embargo, algo que despertó la atención de distintos sectores del feminismo fue que en la conferencia de prensa, donde estuvieron presentes, además de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el presidente de la nación Alberto Fernández; la secretaria de Legal y técnica Vilma Ibarra; la académica Dora Barrancos, que actualmente integra el Comité Asesor presidencial y otras figuras que integran ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo, no hubo ni un solo pañuelo verde, el color que representa la adhesión a la legalización del aborto, a la que muchos de los presentes adhirieron abiertamente en la campaña electoral.

"No es este el momento, con la pandemia más severa que se vivió en este siglo y en el siglo pasado", explica luego a Página 12 Vilma Ibarra, quien asegura que el proyecto alternativo al de la Campaña Nacional, presentado en 2019 por octava vez consecutiva, "ya está escrito" aunque nadie siquiera lo conozca.

Dos años

“A partir de ahora tenemos 2 años para ejecutar el plan”, explicó en estos días Carolina Varsky, Subsecretaría de Programas Especiales contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio que conduce Gómez Alcorta. “El plan está organizado en torno al ciclo de la política pública y relacionado con la prevención, la asistencia, el fortalecimiento del acceso a la justicia y entrelazado con un eje importante para nosotras que es el monitoreo y la gestión de información”, agrega en diálogo con Agencia Abraxas.

Aunque no tuvo mucha trascendencia en los medios, el plan fue elogiado porque incluye por primera vez a la población LGTTBI, porque promueve la creación de algunos planes de acompañamiento y asistencia monetaria (como el Plan Acompañar, que de concretarse se implementaría con un pago por única vez para las víctimas de violencia); y porque anuncia la construcción de 12 centros “de política de género y diversidad” en todo el país.

Para magnificar los anuncios, partamos de decir que hoy, en la provincia de Buenos Aires, según el último censo de 2010, hay más de 8 millones de mujeres y solamente dos refugios que dependen del Poder Ejecutivo provincial, en tanto que hay otros 56 refugios que dependen de los 135 municipios que hay en toda la provincia. En casi todos casos se denuncia que los lugares están muy deteriorados, que hay poca capacidad edilicia (generalmente unas 20 personas) y una atención deficitaria. El anuncio del gobierno, de creación de 12 centros en dos años no parecería tender a resolverlo.

Mientras tanto, los informes de los Observatorios que impulsan distintas organizaciones indican que ya son 82 las mujeres asesinadas, víctimas de femicidio, en lo que va de la cuarentena (hasta el 10 de julio según el último informe, del Observatorio Maristela Zambrano), siendo Buenos Aires la provincia con más casos. El 71 por ciento de las víctimas fue asesinada en su vivienda, dejando 99 hijas, hijos e hijes sin madre. El 65 por ciento de los femicidas eran parejas o exparejas y 1 de cada 7 mujeres contaban con denuncias previas.

Críticas

El plan del gobierno fue poco festejado, y hubo además algunas críticas que llamaron la atención. Es un dato, porque en sectores del activismo y del movimiento transfeminista había muchas expectativas en los anuncios oficiales, tanto por las definiciones generales, a siete meses de gestión, como por este Plan en particular. De esas críticas, destaco tres:

Por el lado del presupuesto, el anuncio fue criticado porque según la ministra Elizabeth Gómez Alcorta el Plan contaría con 18.000 millones de pesos para ejecutar en todas las acciones y tareas que se propone para esos dos años de implementación –entre junio de 2020 y junio de 2021-, pero como señalan algunas referentes eso es engañoso, y no es nuevo.

Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizó por ejemplo que “no está claro cuánto de ese presupuesto será de gestión directa del Ministerio y cuánto se gestionará a través de otros organismos”, como podrían ser el Ministerio de Obras Públicas, o el de Desarrollo Social o mismo ANSES, que están a cargo de la administración de planes, de los programas de construcción, etc.

Como adviertió Gherardi en diálogo con Letra P, no se sabe con cuánto dinero se contará efectivamente para cumplir con los objetivos del plan. Es un tema al que habrá que prestar atención porque en otro debate que se viene en el Congreso: el del Presupuesto 2021, que ingresaría en septiembre desde el Ejecutivo nacional, y habrá que ver con lupa qué dicen en concreto las partidas (además de seguir luego cuánto, efectivamente, se ejecuta o no).

La abogada Soledad Deza, que expuso hace unos días en las reuniones del Congreso Nacional para tratar el tema de “violencia de género”, cuestionó que mientras se debaten reformas penales sobre la violencia consumada, los femicidios, la medidas urgentes para prevenirla no están en discusión.

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En diálogo con #SeTeníaQueDecir, uno de los noticieros de La Izquierda Diario, la abogada de la joven Belén en Tucumán sostuvo que "debería hacerse hincapié en el resto de las violencias, que quedan invisibilizadas en la faceta más violenta de las violencias, los femicidios". "¿Qué pasa con las violencias en la salud, con la violencia contra la libertad reproductiva? ¿Qué pasa en marcos de la pandemia donde por el confinamiento las posibilidades de consentimiento sexual, y por lo mismo, se van a incrementar los embarazos no intencionales? ¿Qué pasa con las mujeres que por el mismo aislamiento obligatorio no pueden conseguir sus métodos anticonceptivos, no sólo porque no pueden salir de la casa sino porque no figura la anticoncepción dentro de las prioridades sanitarias? ¿Qué pasan con las violencias obstétricas de los maltratos de aborto? ¿Y qué pasa con la misma discusión de la discusión de legalización del aborto?"

Quizá una de las críticas más duras provino de la propia Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que en un comunicado que difundió desde sus redes sociales subrayó que a pesar de las declaraciones de Fernández a favor del aborto, “no escuchamos mención alguna a la despenalización y legalización ni vimos presencia de pañuelos verdes”. En ese comunicado, la Campaña denunció también que en medio de la pandemia y en pleno siglo XXI, hay presas y muertas por abortar y señaló que “estos datos, que están a la vista y forman parte de la violencia que sufrimos día a día”.

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Otra de las críticas que recibió el Plan provino de Fabiana Tuñez, la ex titular del entonces Instituto Nacional de las Mujeres, que en las redes sociales estuvo tuiteando con ironía argumentando que gran parte del nuevo plan reedita en realidad, con otros nombres, los programas ya existentes, creados bajo el macrismo.

Fuera de ironías, como señala la Campaña, la crisis socioeconómica que se va configurando de la mano de la pandemia tendrá a las mujeres, lesbianas, travestis, trans como las más perjudicadas. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas se prevén más de 7 millones de embarazos no deseados en el mundo si el confinamiento se prolonga por 6 meses. “Erradicar las barreras para el acceso a la IVE es urgente” señala la Campaña que ayer, en la legislatura porteña, arrancó la adhesión, con el apoyo de numerosas organizaciones sociales, políticas y de mujeres, la adhesión de la Ciudad al nuevo protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo.







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