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Red Internacional
La Izquierda Diario

Presentamos entrevistas sobre tres casos de violencia machista en Córdoba con un denominador común: la responsabilidad de los gobiernos y del Estado en todos sus poderes.

Sábado 27 de febrero | 23:29

La violencia de género suele representarse como una cadena, donde existen diversos eslabones que culminan en el abuso y femicidio, como su expresión más extrema. Las mujeres hace tiempo que señalamos uno de los eslabones más importantes de esta cadena de violencia patriarcal: el Estado y los gobiernos que lo administran.

De acuerdo a la CORREPI, 1 de cada 5 femicidios son perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El caso más representativo fue el de Úrsula Bahillo, que denunció 18 veces a su femicida Matías Martinez, miembro de la policía bonaerense.

¿Quién nos cuida de la policía?

Aquí en Córdoba, Ivana Módica, asesinada por el miembro de la Fuerza Aérea Javier Galván, también había denunciado a su agresor. Pero jamás recibió ayuda ni contención por parte del Estado más que una cautelar. Carolina, compañera de trabajo de Ivana, contó a La Izquierda Diario que “fue un femicidio de manual, no hubo ningún seguimiento”. De esta manera, las mujeres denuncian, sus agresores son notificados, y las medidas del Estado se frenan allí. Esta situación muchas veces genera más exposición a las víctimas que no reciben seguimiento posterior a la denuncia.

La situación dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía es peor. “No hay ningún tratamiento, preguntan a las víctimas el dato y si el agresor tiene acceso a armas de fuego. Pero no usan esa información para notificar a la Fuerza respectiva, ni solicitan ninguna medida, como no darle acceso a un arma o tratamiento psicológico”, dijo Carolina.

Los violentos gozan de total impunidad por parte del Estado, mientras a las mujeres se las revictimiza, expone, abandona. “Hay desidia, indiferencia, subestimación de la denuncia de la víctima. Se repiten conductas que se ajustan a un patrón cultural patriarcal. Se conjetura que denuncian para perjudicar al hombre, para vengarse, por resentimiento”, sigue señalando Carolina. Es por esto que cientos de pibas escriben en sus carteles ¿Quién nos cuida de la policía?

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La policía no solo goza de impunidad, sino que se encarga de garantizarla protegiendo a los violentos y culpabilizando a las mujeres. Es lo que sucede con el caso de Georgina, una joven de Córdoba, que está detenida tras haber sufrido múltiples abusos por parte de su agresor.

Georgina, hermana de Abigail, declaró a este medio que su hermana está presa de forma injusta. Su familia denunció a la pareja de Abigail por violencia de género. “Mi mamá lo hizo porque veía lo que estaba viviendo mi hermana y porque también el chabón la violentó a ella. No recibió ayuda”. Según Georgina, la madre del agresor sostiene “un vínculo afectivo con un policía”, por lo que logró que detuvieran a su hermana. La Justicia aún no le tomó declaración a la joven, que tampoco recibió ninguna contención estatal como subsidios o la intervención de equipos multidisciplinarios.

¿Y de la Justicia?

“Yo creo que tenemos claro hoy en día que tenemos un Sistema Judicial que es totalmente patriarcal, que necesita una transformación judicial urgente, no una mera reforma” dijo Giselle, abogada querellante en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa, a este medio.

Cecilia fue asesinada en Capilla del Monte en abril del pasado año, aún no hubo juicio y se está lejos de encontrar justicia. El único detenido por el caso es un joven que “confesó” entre apremios ilegales de la policía y sin un abogado presente. Mientras tanto, las pistas que apuntan a la responsabilidad de policías no fueron investigadas por parte de la justicia. “Podemos decir que la Justicia peca por vagancia, dice “un caso menos”, pero si no fuera por lo combativa que es la familia de Cecilia y el equipo de Justicia por Cecilia (...) si no fuera por toda esta estrategia, y quizá fuera otra familia, que se conforma, quizá el caso estaría cerrado y no hubiese pasado más nada” contó Giselle.

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La búsqueda de justicia para las víctimas queda en manos de sus familias, amistades, y militantes, mientras el Poder Judicial hace gala de su desidia. “Yo no sé a ciencia cierta si están actuando en connivencia (policía y la justicia) para garantizar algún encubrimiento, pero pareciera que sí debido a las demoras que tuvimos al principio desde la justicia y desde la fiscalía para avanzar con la causa” sostuvo la abogada, y continuó: “desde el equipo de justicia por Cecilia, y particularmente desde un pensamiento propio, creemos que algo está pasando. Algo oscuro que se intenta encubrir. No olvidemos que a Cecilia se la buscó en teoría unos 20 días con todos los medios (...) y de repente aparece su cuerpo en un lugar de fácil acceso. Nosotras pensamos que ella pudo haber estado secuestrada y desde donde le dieron la muerte la trasladaron”.

El Estado es responsable: nuestro grito vital

Estos tres casos son un pequeño botón de muestra de una realidad extendida, multiplicada por miles. En todos estos casos podemos encontrar las diversas aristas de un entramado profundo que involucra a las distintas fuerzas del Estado sosteniendo, aplicando, permitiendo, encubriendo, reproduciendo estructuralmente la violencia machista que termina en la cruda realidad de los femicidios. Por eso gritar "el estado es responsable" no es una consigna vacía, sino vital.

Las fuerzas armadas y de seguridad que cometen 1 de cada 5 femicidios como el de Ivana Módica, que no toman las denuncias, que asesinan pibes en los barrios, que garantizan las redes de trata en todo el país, no van a cuidarnos. Sabemos que la Justicia patriarcal y de clase, con jueces elegidos a dedo, que protegen los intereses de los ricos, no va a apurarse por buscar justicia para las víctimas como lo demuestra el caso de Cecilia Basaldúa.

El movimiento feminista y las mujeres sabemos muy bien que no basta con declarar que “se puso fin al patriarcado” como dijo el presidente Alberto Fernández, para que eso sea una realidad. El patriarcado sigue existiendo y se revela en cada acto de violencia y opresión que sufrimos las mujeres y disidencias. Derribarlo no será cuestión de declaraciones, leyes, ni reformas; sino de transformar radicalmente la estructura de una sociedad basada en la explotación y opresión de millones que nos reserva a las mujeres el destino del trabajo doméstico no remunerado, de la precariedad de la vida, de la pobreza y la desocupación.

Patriarcado y capitalismo deben caer juntos, es la bandera de las feministas socialistas. Pero que al Gobierno no le sirva de excusa el carácter estructural del problema: hoy deberían tomar medidas elementales para evitar que el círculo de la violencia machista termine en más femicidios. Necesitamos que frenen los discursos e indignaciones de funcionarios por twitter, y que se destinen recursos reales para combatir la violencia machista con refugios, subsidios acordes a la canasta familiar, atención de equipos multidisciplinarios, etc. Enormes recursos que se destinan al FMI podrían dedicarse a un verdadero plan integral para combatir la violencia machista. Porque para que no haya Ni Una Menos, nuestra vida tiene que ser la prioridad.




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