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Red Internacional

La toma de Villa Garrote pone al desnudo la realidad de la situación crítica en un barrio popular que Julio Zamora y Axel Kicillof quieren ocultar en Tigre.

Brenda ReymundoProf. de Historia

Romina RPan y Rosas

Jueves 6 de enero | 16:20

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Complejo “Sueños Compartidos”, ubicadas en el Barrio Garrote, Tigre.

En la noche del domingo 12 de diciembre, familias, mujeres jefas de hogar, jóvenes trabajadores y desocupados, tomaron las 120 viviendas deshabitadas del complejo “Sueños Compartidos”, ubicadas en el Barrio Garrote, a un año de la primer toma y después de que el gobierno incumplió el acuerdo con la mitad de las familias, limitándose a entregar un subsidio por única vez de $30.000 y kits de 4 planchas de fibrofácil, chapas y algunos pocos tirantes. Estos pocos e insuficientes recursos los entregaron bajo el nombre de “soluciones habitacionales” vía el Ministerio de Hábitat y Ambiente y nunca más volvieron a convocar a las familias censadas para otorgarles una vivienda digna.

Luego de realizar un corte sobre la Avenida Italia en Tigre el pasado 15 de diciembre y de haber organizado -junto a la Asamblea de Desocupados de la Zona Norte en lucha por trabajo genuino- una colecta de donaciones, se reunieron con vecinas de Guernica y eligieron a sus representantes para las negociaciones con el Estado. Representantes del Municipio que conduce el intendente del Frente de Todos, Julio Zamora, no brindaron ninguna respuesta a la necesidad de vivienda ni a la denuncia que hicieron las familias de que se están vulnerando los derechos de las infancias.

Familias de Garrote junto a una delegación de la Asamblea Permanente de Guernica.
Familias de Garrote junto a una delegación de la Asamblea Permanente de Guernica.

La promesa de “Sueños compartidos” y la fiesta de la especulación inmobiliaria en Tigre

Como es de público conocimiento “Sueños Compartidos” en 2011 dejó de ser una misión para ser un escándalo legal de imputados por el delito de defraudación a la administración pública, por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. Esta causa que inició en 2011 y significó la paralización de la obra en Garrote (entre otras), fue elevada a juicio oral en diciembre de 2019 y aún continúa sin resolución. Van 11 largos años de espera para cientos de familias que habitan en condiciones críticas el Barrio Garrote y que están hacinadas por falta de espacio, no tienen acceso al agua potable ni servicio cloacal, habitan viviendas muy precarias que se destruyen ante la creciente del río, y conviven con grandes concentraciones de basura que el municipio no se hace cargo de retirar. Es la expresión más cruda de cómo los sectores populares en el distrito de Tigre sufren las consecuencias de la falta de un plan de urbanización y de obras porque se beneficia el mega negocio inmobiliario para construir barrios privados, countries, y complejos habitacionales de lujo, incluso sobre zona de humedales como en Nordelta.

A pocos metros de la toma de Garrote se está desarrollando un megaproyecto para seguir ampliando un complejo de edificios llamado “Venice” sobre el Río Luján y hacer una “ciudad navegable” recreando una Venecia en Tigre con comercios y zona residencial. Este proyecto que es cuestionado por profesionales, ambientalistas y el CELS (que realizó una medida cautelar exigiendo informes), tendrá un enorme impacto ambiental y vecinos señalan que Venice quiere avanzar sobre la zona de la toma para ampliar su emprendimiento.

Venice Tigre, a metros del barrio Garrote es un proyecto cuestionado por profesionales, ambientalistas y el CELS.
Venice Tigre, a metros del barrio Garrote es un proyecto cuestionado por profesionales, ambientalistas y el CELS.

¿Cómo se vive en Villa Garrote?

“Necesitamos un lugar un espacio para nuestros hijos, somos alrededor de 300 familias y esperamos una respuesta para armar lo que queremos. Este lugar, es nuestro lugar, queremos que nuestros hijos tengan un lugar donde crecer, lo que el gobierno prometió no cumplió” cuentan las mujeres de la toma que llegaron desde el barrio al predio el 17 de Diciembre.

El día a día en la toma no es fácil para ellas que son las que realizan todas las tareas domésticas y de cuidado de niños y mayores sin agua y sin electricidad. Son jóvenes jefas de hogar, cooperativistas, trabajadoras domésticas, cuidadoras, vendedoras ambulantes y cuentan que los departamentos de la toma, aunque están deteriorados, son un lugar mejor que la actual casa precaria donde viven. Imaginan cómo sería este lugar si logran ganar, imaginan que sus niñxs podrían estar mucho mejor.

Según el último censo disponible de 2019 hay 800 hogares y 2700 personas habitando la garrote, el 50% tiene vivienda precaria y le faltan los servicios, el 63% está ubicado sobre zona de basural o de desbordes cloacales y sólo el 60% accede a agua corriente y durante la pandemia fue unos de los primeros barrios en tener un gran pico de contagiados.

Esta realidad excede a Garrote, según los últimos datos del Indec el 4,2 % de las personas en los aglomerados urbanos viven en hacinamiento crítico, o sea más de tres personas por cuarto. Si se proyecta a todo el país, serían 1,9 millones de personas. También el documento revela que casi la mitad de las personas en las ciudades (49,1 %) no acceden a algún servicio o red pública (cloaca, red de gas o agua corriente). Si se proyecta a todo el país, serían alrededor de 22 millones de personas. El mismo organismo también señala que de 9 millones de familias relevadas durante el tercer trimestre del año pasado en la Encuesta Permanente de Hogares, el 44 % tenía jefatura femenina, la mayoría de esas mujeres no tienen pareja y 3 de cada 10 tienen un ingreso que no supera los 30 mil pesos.

Ministerios vs realidad

En junio de este año el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reconociendo que las mujeres son las que más sufren la falta de vivienda, crearon un Programa Interministerial Habitar en Igualdad y según el anuncio tiene “ la finalidad de impulsar políticas públicas habitacionales y de desarrollo urbano con perspectiva de género, dirigidas a mujeres y a la comunidad LGBTI+”. Sin embargo no sólo no se traduce en viviendas concretas, sino que cuando al Gobierno le toca atender a los problemas habitacionales responde con maniobras, desalojo y represión como en Guernica, pero también en el Barrio Nueva Unión y la toma de Ciudad Evita que fue brutalmente desalojada por la bonaerense de Berni en plena navidad.

Según un estudio realizado por el CELS en Octubre del 2021 sobre vivienda, en el caso de los hogares sostenidos por mujeres y personas trans-travesti o no binaries, la alta vulnerabilidad llega al 34% y 38%, respectivamente, mientras que en aquellos hogares que son sostenidos por un varón, la alta vulnerabilidad se reduce al 26%.

Y en cuanto a las diferencias por edad, la franja etaria de entre 16 y 29 años registra el mayor nivel de vulnerabilidad: 33%. Es decir, son las mujeres más jóvenes las que más sufren la crisis habitacional y las que solo consiguen alquilar de palabra y hasta una sola habitación.

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La misma Ministra Elizabeth Gomez Alcorta reconoció que 7 de 10 pobres son mujeres (sabemos que muchas de ellas se ven empujadas a tomar una tierra en donde vivir) pero se mantiene en un silencio aturdidor frente a la respuesta represiva del Gobierno que integra. Esto responde a una declarada política de atender a las necesidades del FMI por encima de las necesidades de miles de mujeres, jóvenes e infancias. Como expresó Matias Hof en un artículo publicado en este medio, con los US$ 4.604 millones destinados hasta noviembre de este año por el Frente de Todos (desde su asunción) para cumplir con las exigencias del Fondo, se podrían haber construido más de 130.000 viviendas.Como denunció la candidata a Concejal en Tigre por el FITU Paula Akerfeld.

Pasaron los gobiernos Peronistas, de Cristina y Alberto, y de Cambiemos con Macri pero nunca fue la prioridad resolver los problemas estructurales de las familias trabajadoras que empujadas por su situación social y económica toman tierras, viviendo en condiciones críticas.

Mientras Zamora, intendente de Tigre, se prepara para su re-re-eleccion, llegando a 8 años, esta realidad lleva 11 años y las obras que nunca se terminan, los terrenos que se venden a grandes empresas inmobiliarias para crear barrios lujosos y canchas de golf.

Los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, junto con el accionar de los Intendentes, fiscales y jueces son los que avalan y encubren los negociados que hay detrás de las promesas y mentiras de campaña.

Solo la organización democrática e independiente de los partidos políticos que empujan a miles de familias al hacinamiento, y la unidad de los sin techo junto a las organizaciones sociales, barriales, de desocupados, de trabajadores y políticas que enfrentan el ajuste del FMI es la que puede lograr conquistar el derecho a la vivienda.




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