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CRISIS EN VENEZUELA

Venezuela: trabajadores de Coca-Cola exigen volver a sus puestos de trabajo

Martes 11 de junio | 14:53

La empresa sigue usando todas las artimañas “legales” para llevar a cabo en los hechos despidos masivos, disfrazándolos de “suspensiones”, incluso apela al artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo.

A finales del año pasado Coca Cola, con el aval del gobierno, suspendía a miles de trabajadores en todas sus plantas del país, con el caso más masivo en su planta de Valencia donde las suspensiones llegaban a más de 400 personas.

En medio de la catástrofe económica y en pleno período de fiestas de fin de año los empresarios y el gobierno seguían golpeando duro a los trabajadores con los despidos masivos, siendo arrojados de esta manera al abismo de la pauperización.

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El artículo 148 de la Ley del Trabajo, al que apela Coca Cola, es usado por los empresarios para el despido masivo encubierto como reducción de personal, sea por “razones técnicas o económicas”. Se trata de un artículo que permite, mediante artilugios “legales” y lo que se llama como “objeto de proteger el proceso social de trabajo”, los despidos de los trabajadores.

Tal artículo dice que “Cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio del poder popular con competencia en materia de trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o a petición de parte, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando la actividad productiva de bienes o servicios, y el derecho al trabajo”.

Aunque sostiene que “Los trabajadores y trabajadoras quedarán investidos de inamovilidad laboral durante este proceso”. Es decir, no dice absolutamente nada sobre cómo quedan los trabajadores una vez terminado el “proceso”, lo que abre luego de una supuesta “evaluación” por parte del ministerio y a “conveniencia de las partes”, avalar despidos masivos.

Cuando se dieron las suspensiones avaladas por el Ministerio del Trabajo, en el caso específico de Coca Cola, los trabajadores quedan percibiendo solo el 60% del salario mínimos, sin ningún otro complemento ni prima ni bono. Sin embargo, les dijeron que con acceso a tickets y otros beneficios complementarios, pero eso no está ocurriendo y hay trabajadores a quienes las clínicas se niegan a atender mientras la empresa se desentiende. Incluso ha muerto la hija de un trabajador por falta de atención del seguro médico, y la respuesta de la empresa fue que en la condición de suspendidos solo está cubriendo al trabajador y no a familiares. Una decisión unilateral de la empresa que, literalmente, está llevando a la muerte a trabajadores o familiares.

También en este caso de Coca Cola la suspensión viene acompañada de prohibición de acercarse a las instalaciones de la empresa, lo que además de estar fuera de ley, indica claramente un contenido discriminatorio y antisindical en las “suspensiones”, pues busca impedir cualquier tipo de organización de los trabajadores para ejercer el reclamo de sus derechos.

La Coca Cola introdujo un documento en la Inspectoría del Trabajo en la que habla en realidad de “reducción de personal” y de un supuesto “peligro de extinción de la fuente de trabajo”, por lo que se evidencia que, en realidad como dicen los trabajadores, se está efectuando una simulación de suspensiones, cuando el objetivo real es el despido.

Las suspensiones hechas en diciembre por seis meses vencieron este 10 de junio, pero la empresa unilateralmente decidió extenderla por seis meses más, y no reincorporar a los trabajadores.

El hecho que haya abierta intención discriminatoria y antisindical se puede corroborar también porque a pesar de las suspensiones y el supuesto peligro de quiebra, a los trabajadores que actualmente están laborando la empresa está ofreciéndoles discutir un contrato colectivo. Es decir, pretenden mantener en el virtual despido a los más de 2.500 suspendidos desde diciembre, y discutir un nuevo contrato colectivo a medida de la empresa, echando a la calle en los hechos a esos miles de trabajadores, entre los cuales además se encuentran los sectores más organizados que luchan sus derechos. La empresa cuenta además con la complicidad de un sector de la burocracia sindical que se presta para esa jugada antiobrera.

Los trabajadores acudieron este martes a la sede central del Ministerio del Trabajo en Caracas para exigir que ordenen a la empresa permitir el ingreso este martes a sus puestos de trabajo y retomar el goce de todos sus derechos como trabajadores, toda vez que la suspensión, aprobada de hecho por el propio Ministerio del Trabajo en diciembre, venció este 10 de junio.

A los trabajadores que han estado gestionando su reincorporación, la empresa les adelantó días atrás que la suspensión se prorroga por seis meses más, hasta el 10 de diciembre. El ministerio dice que si la empresa quiere prorrogar la suspensión debe hacer la solicitud ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente, pero la empresa alega que no es necesario ese trámite pues en la primera solicitud aprobada por el ministerio, en diciembre, quedaba establecido que se podría prorrogar por igual tiempo.

Este martes los trabajadores acudieron a sus puestos de trabajo en diferentes plantas del país, como por ejemplo en Los Cortijos y Antímano en Caracas, o en Valencia. Sin embargo, no les permitieron acceso.

Los trabajadores decidieron este martes dirigirse nuevamente ante el Ministerio del Trabajo a presentar pruebas de lo que sería el accionar ilegal de la empresa.





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