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Red Internacional

En la provincia que gobierna Capitanich, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, actual gobernador de la provincia y presidenciable, la agenda de la derecha adquiere forma en el vaciamiento de aquellos organismos autárquicos que investigan los abusos del estado sobre personas privadas de la libertad o sin condena efectiva. Entrevistamos a trabajadora despedida del comité provincial contra la tortura.

Sábado 16 de abril | 12:59

A las continuas marchas de organizaciones sociales y sindicatos exigiendo que se cumplan acuerdos salariales y laborales. Cuando la mirada de los organismos de DDHH fija sus miradas en las provincias del noreste argentino (NEA) y los abusos de sus fuerzas represivas, como en el alto índice de pobreza en la niñez, dialogamos con Diana Della Bruna comunicadora social, militante social y ambientalista de la provincia, que cumplía tareas en el departamento contra la tortura y el delito institucional para que nos cuente su situación y de sus compañeras y compañeros que ven como se vacía ese sector

• ¿Hace cuánto trabajas en esta dirección? ¿Y cuál era tu tarea específica? Y, si podes, contarnos los casos que estuvieron investigando.
Trabajo en el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes desde el 1 de enero de 2020. Entré para formar parte del Área de Comunicación y Prensa, donde desarrollé tareas de producción de contenidos, revisión y redacción de informes y comunicación institucional.
El Comité es un organismo autónomo y autárquico que se rige por la Ley 3264-b y cuya finalidad es “fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad velando por el mejoramiento de las condiciones de detención de éstas, reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación y normas internacionales, así como procurar especialmente la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Además de los monitoreos en espacios de detención, el Comité se ha constituido en querellante de numerosas causas que abordan muertes bajo custodia policial o ejecuciones extrajudiciales, como son los casos, por citar sólo algunos, de Jesús Martínez (2017), Sebastián Ponce de León (2019), Diego Emanuel Barreto (2020) y Josué Lago (2021).
¿Cuáles son las fundamentaciones que da el gobierno para despedirlas?
Nosotras, al igual que los/as seis compañeros/as despedidos/as el año pasado, estábamos contratadas bajo la modalidad de contrato temporario por tres meses, que encubría la relación de dependencia, ya que se nos renovaba casi automáticamente y continuábamos en nuestro trabajo.
Al ser un organismo autónomo y autárquico quien tomó la decisión de echarnos fue el Cuerpo de Miembros, que son las cinco autoridades que rigen el organismo. En mi caso, la presidenta y el vicepresidente me convocaron un día después del vencimiento de mi contrato y me dijeron que no tenían dudas de mi profesionalismo y de la calidad de mi trabajo, pero querían reducir el área de comunicación. En la misma trabajan tres personas, siendo yo la única mujer.
Por el sector al que pertenecían y tras los procesamientos realizados a los policías responsables del asesinato de Leandro Bravo, ¿crees que este despido tiene que ver con el caso?
No, estos despidos se realizan de forma sistemática desde julio de 2021 cuando asumieron las nuevas autoridades. Creo sí que el año pasado, al despedir a trabajadores/as que se desempeñaban en el interior, se perdió de vista la necesidad de contar con personas del organismo en los territorios. No olvidemos que Leandro Bravo fue asesinado en Charata.
Por otra parte, despedir a una comunicadora de un organismo en el cual las estrategias de visibilización son fundamentales a la hora de prevenir hechos de tortura, ejecuciones extrajudiciales o muertes en custodia, generando conciencia social alrededor de estos temas, me parece un retroceso.
•Recientemente fueron reprimidos cineastas en CABA, ¿cómo relacionarías tu caso con el avance del discurso derechista de mano dura contra la protesta social, económica y ambiental que se vienen desarrollando en el Chaco y en el país?

Creo que el caso de nuestros despidos tiene que ver con el avance de una política de ajuste y disciplinamiento a la clase trabajadora, desconociendo los derechos laborales, precarizando cada vez más aprovechando la situación en la que se encuentran muchas personas y organizaciones a partir de la pandemia.
Como una comunicadora comprometida con los derechos de los Pueblos Indígenas; la lucha que llevan a delante movimientos como Somos Monte desde una mirada profundamente socioambiental por la protección del segundo bosque más importante de América Latina; el movimiento feminista y la protección de los Derechos Humanos, sí observo un avance de discursos y acciones represivas hacia la protesta social, como también el “cajoneo” de las soluciones a estas que son las emergencias que se están planteando en los territorios.
• En tu denuncia, además de ser despedida, confirmas que el Estado contrata personal en forma precarizada, ¿se puede saber el número de personal que está en esta situación en la que el estado incumple con las leyes laborales?
En el Comité, que no cuenta con una Ley de estructura, la totalidad del plantel de trabajadores/as está contratada bajo esta modalidad de contratos temporales que duran tres meses y se renuevan, en una situación de total precarización. Son aproximadamente treinta personas.
-Por último, ¿cómo se están organizando y cuáles son las próximas medidas que van a realizar?
Las/os trabajadores se encuentran nucleados en ATE y realizaron las denuncias correspondientes. Para el lunes 18 a las 10 de la mañana se está organizando una manifestación frente a las instalaciones del Comité, ubicado en la calle Illia 474 de la ciudad de Resistencia, y contamos con que la movilización, la difusión y la protesta hagan dar marcha atrás a estas medidas contrarias al derecho al trabajo digno.




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