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Red Internacional

Este viernes detuvieron en su casa de Viedma al adiestrador de perros que participó en casos complejos y halló pruebas clave en muchas causas que involucran a poderosos. Lo acusan de un delito que, según el propio Código Penal, no existe para casos como el suyo. Un ataque a la lucha de tantas familias víctimas de la violencia del Estado y los sectores de poder.

Daniel Satur@saturnetroc

Sábado 4 de diciembre de 2021 | 15:21

La campaña de desprestigio y criminalización contra Marcos Herrero por parte del Poder Judicial, con apoyo de poderes políticos y mediáticos, llegó a su punto máximo este viernes cuando el adiestrador de perros fue detenido en su casa de Viedma, Río Negro, acusado por un fiscal mendocino de “plantar pruebas” en la causa de Viviana Luna, desaparecida desde 2016 y cuya familia convocó a Herrero como perito de parte.

En el pedido de detención, el fiscal Gustavo Pirrello (titular de la UFI de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza) acusa a Herrero de “falsas denuncias”, “falso testimonio”, “usurpación de títulos” y “encubrimiento”. Pirrello es quien lleva adelante la “investigación” de la desaparición de Luna.

Para la propia familia de la mujer, la causa se destaca por su avance prácticamente nulo en cinco años. Por eso decidieron pedir la colaboración de Herrero, quien participó en varias causas complejas a lo largo y ancho del país (donde sectores poderosos procuraban mantener la impunidad y el perito con sus perros hallaron pruebas contundentes).

El fiscal Pirrello acusa a Herreo de “manipular evidencia en la escena” sin esperar “la presencia policial” ni contar con “autorización judicial”. Se refiere a los hechos ocurridos en septiembre pasado, cuando en un hotel abandonado de Potrerillos (Mendoza) el perito de parte y su perro Yatel hallaron huesos humanos.

Como luego las pericias confirmaron que se trataban de partes de un cráneo de varón, se descartó que se tratara de Luna. Pero en el mismo lugar Yatel también encontró una especie de monedero que, según la familia, podría pertenecer a la mujer. Y junto a ese objeto había papeles que se relacionan con la expareja de Luna y con personajes relevantes de la política y el Poder Judicial de Mendoza. Para el fiscal que no avanzó en nada en la causa, esos objetos fueron plantados por Herrero y, por ende, también por la familia de la víctima.

La familia de Luna nunca negó que ese rastrillaje se hubiera hecho sin autorización judicial ni presencia policial. De hecho lo justifican. Es que, tras cinco años sin tener una respuesta del Estado, no pueden menos que desconfiar y por eso decidieron hacer esa movida de forma particular.

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Falsa falsificación

Uno de los delitos más graves que se le imputan a Marcos Herrero es el de “usurpación de títulos”, ya que no tendría una certificación oficial que autorice las tareas que hace años realiza con sus reconocidos canes. Para eso apelan a los términos del artículo 247 del Código Penal de la Nación, que dice que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente”. El segundo párrafo de este artículo agrega que tendrá una multa quien “públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren”.

Una de las abogadas que trabajó en varios casos relevantes junto a Marcos Herrero dijo a La Izquierda Diario que la imputación es “un absurdo total”. Para ella, “desde un aspecto jurídico, esa acusación tiene un problema de tipicidad derivado del principio de legalidad consagrado en nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, ya que no existe título habilitante para la especialidad de Marcos ni la de ningún guía”.

“Y más allá de esta imputación absurda, por otro lado encontramos que todos los códigos procesales prevén esta situación”, continúa la abogada. Se refiere puntualmente al Código Procesal Penal de la Nación y al Código Procesal Penal de Mendoza, provincia donde se tramita la causa contra Herrero.

En el caso del CPPN, en su artículo 254 afirma que “los peritos deberán tener título de tales en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de expedirse y estar inscriptos en las listas formadas por el órgano judicial competente”. Pero aclara que “si no estuviere reglamentada la profesión, o no hubiere peritos diplomados o inscriptos, deberá designarse a persona de conocimiento o práctica reconocidos”.

En el caso del Código Procesal mendocino, el artículo 245 coincide con el código nacional. Dice que “los peritos deberán tener título habilitante en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de expedirse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. En caso contrario, o cuando no existan peritos diplomados, deberán designarse a personas de conocimiento o práctica reconocidos”.

¿Entonces por qué el fiscal Pirrello, con acompañamiento de la jueza mendocina Carolina Colucci y del juez de Río Negro Gustavo Dvorzak, se lanzaron a la caza de Herrero? Porque argumentan que el perito y sus perros no cuentan con una habilitación certificada de la Dirección Nacional de Cinotecnia, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Eso es una falacia total”, responde indignada la abogada que trabajó junto a Herrero. “La Dirección Nacional de Cinotecnia fue disuelta hace tres años, mediante la resolución 299/2018 del Ministerio de Seguridad. Incluso quien se arrogaba cargos que no le pertenecían era el exdirector de esa repartición, que se seguía presentado en la causa de Facundo Astudillo Castro detentando ese cargo”, agrega.

Según la letrada, actualmente la única repartición que se encarga de certificaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación es el Registro Nacional de Binomios de Búsqueda y Rescate de Personas Vivas con Perros. El propio registro está creado para búsqueda de personas vivas, que no es búsqueda de restos humanos, la especialidad a la que se dedica Marcos”.

Según la información pública brindada por el mismo Ministerio de Seguridad, las técnicas que se certifican son “búsqueda de personas vivas en estructuras colapsadas” (aplicada en casos de derrumbes y otros siniestros), “búsqueda de personas vivas en áreas rurales” y “búsqueda de personas vivas en áreas urbanas”. Es decir, nada de lo que hace Herrero y por lo que innumerables veces fue convocado por familiares de víctimas de secuestros, desapariciones y crímenes de violencia institucional.




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