Sociedad

INCENDIOS EN CÓRDOBA

“Usan el fuego como herramienta para el avance de nuevos negociados”

Conversamos con el geógrafo y ambientalista Joaquín Deon sobre los incendios que están devorando lo poco que queda de bosque nativo en la provincia de Córdoba. Sus causas, responsables, quiénes se benefician y el rol del Estado en manos del peronismo cordobés desde hace 20 años, fueron algunos de los ejes de la entrevista.

Luis Bel

@tumbacarnero

Sábado 3 de octubre | 18:07

Sectores ambientalistas vienen denunciando que un 95% de los incendios son intencionales y detrás están quienes buscan el cambio de uso del suelo una vez que el fuego deja cenizas donde antes hubo bosque nativo. Señalan además las complicidades del Estado provincial en el control y seguimiento, y en la falta de presupuesto e inversión para la protección de estos ecosistemas.

Un informe publicado en UNCiencia y confeccionado a partir de imágenes satelitales, muestra que entre 1999 y 2017, período que coincide casi como la pieza de un rompecabezas con los 20 años de gobierno peronista en la provincia, los incendios dañaron más de 700 mil hectáreas en Córdoba. Son 18 años, sin contar con los enormes fuegos de este año, de una devastación de un bosque con algunas especies que necesitan en algunos casos hasta 30 años para recuperarse.

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A comienzos del siglo pasado, se calcula que Córdoba contaba con unas 12 millones de hectáreas de bosque nativo, de las cuales hoy quedan alrededor del 3% por ciento, a pesar de que es una ecuación que está en discusión, números más, números menos, nos da la escalofriante cifra de 360.000 hectáreas que sobreviven a la voracidad capitalista que avanza con la connivencia estatal.

Conversamos con Joaquín Deón, geógrafo, becario de CONICET-UNC e integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, sobre las causas de este crimen social y ambiental, quiénes son sus beneficiarios y cuáles las consecuencias y el alcance para el medioambiente.

Recientemente dijiste que “donde hay incendios, negocios quedan” y señalaste tres patas de este negocio: ganadería, minería e inmobiliario. ¿Podemos repasar cada uno de estos sectores y cómo se benefician?

Cuando decimos "donde hay incendios, negocios quedan" es necesario entender de que están en juego 3 patas del negocio desarrollista-extractivista en los territorios cordobeses. Que también se puede extrapolar a todo lo que es el chaco serrano y las sierras pampeanas, porque estos incendios se están replicando en la provincia de Catamarca, San Luis y en Santiago del Estero. Lo concreto es que no es llamativo que en otros territorios extra pampeanos y obviamente serranos, y de valles intermontanos, que están atravesando una sequía muy acuciante producto de la emergencia climática global
(a la que se ha venido contribuyendo muchísimo desde Argentina con los desmontes), que son los territorios más próximos también a ese llano productivista que "tanto tiene para darle" supuestamente al mundo. Y que deja en nuestro territorios muchísima contaminación, problemáticas ambientales, despojos, fumigaciones, como parte de esa combinación.

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Cuando hablamos que las 3 patas de este negocio están accionando, hablamos por ejemplo de la ganadería, con los feedlots o la ganadería extensiva también, que se lleva adelante en las sierras. Y es fundamental para entender este proceso. El modelo de ganadería de feedlot o ganadería engordada a corral, con cantidades enormes de animales, está funcionando con mucha fuerza en el norte de la provincia de Córdoba. Muchos de los campos que se quemaron en el incendio grande que abarcó parte de Copacabana, Ischilín, Villa Albertina, con un incendio que comenzó allí y llegó a Capilla del Monte, a Charbonier, son territorios donde la avanzada ganadera es muy fuerte, esa avanzada viene de la mano de un modelo silvopastoril que tiene en su base a la Ley Agroforestal y a la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias. Que son como un guiño de ojo que da el Ministerio de Agricultura para que el desplazamiento ganadero de lo que es la parte ya desmontada del gran chaco y la parte avasallada con la soja de la región pampeana y extra pampeana, tenga su desplazamiento ganadero hacia las sierras de Córdoba. Se arriendan y se compran campos a esos fines y se aggiornan o se establecen leyes a los fines de poder explotar los campos de esa manera. No es menor entender de que procesos que llevan adelante los legisladores de la provincia de Córdoba junto con el ministro Sergio Busso que está al frente de agricultura, insistan en la necesidad de que la Ley de Bosques se modifique, facilitando la producción silvopastoril a gran escala. Por un lado feetlot, o sea con corrales, pero también con pasturas, con siembras de forrajes debajo de los grandes árboles del bosque nativo. Lo importante es esto, que se termina entendiendo al bosque nativo como parte de un negocio productivo de unos pocos, de un enriquecimiento de esos pocos y en perjuicio sobre los bienes comunes. Negándose el fachinal, rolándoselo con esos rolos mecánicos con cuchillas que trituran todo el bosque nativo y que al mismo tiempo son tirados por esos grandes tractores, unidos por cadenas que van cortando todo a su paso y abren lugar a la llegada de ese ganado vacuno que viene a deteriorar los ecosistemas, a anular los procesos de polinización y el trabajo que llevan adelante las comunidades campesinas con el uso medicinal, con el uso alimentario y con el uso apícola de los montes nativos.

Esa es la problemática en cuanto a la ganadería, nosotros quisiéramos hacer foco en el vector de desarrollo megaminero de canteras, voy a llamarlo así justificando y amparándome en lo siguiente: que el otro vector de desarrollo es una minería que ya no es de canteras que solamente con maquinas rasgan laderas de cerros para hacer pequeños montículos y triturar la piedra. Ese modelo minero ya se acabó desde la década del 80 hacia aquí y se pasó a un modelo megaminero que extrae cerros completos transformándolos en cráteres que abre las puertas al negocio inmobiliario y que realmente despierta una movilización cada vez más activa de la ciudadanía que sufre los daños producto de esas voladuras. Podemos destacar lo que ocurre en toda Sierras Chicas. Pero también lo que ocurre en Punilla y en Traslasierra con este avance de una megaminería de canteras que busca legitimar un modelo productivo que abastece al llano pampeano y al agronegocio con triturados graníticos. Con la propuesta de producción de harinas minerales y un montón de otros triturados pétreos que lo que buscan es fortalecer las bases del sistema de transporte trasnacional y el sistema de transporte agroexportador del agronegocio pamepano y extrapampeano. No es menor destacar el lugar de la minería, porque la Ley de Bosques 9814 tiene un artículo que claramente autoriza la minería en zonas rojas. Y si bien lo que es la ley misma de bosques a nivel provincial y la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (Ley Nacional 26.331), son leyes que establecen que después de los incendios no se puede cambiar el uso del suelo, hay sobrados antecedentes en los expedientes mineros de empresas como el Gran Ombú, Cante Sur, proyecto cantera Puesto de Funes, proyecto de avance minero en Tanti, que se justifican y se amparan en decir en los mismos expedientes, que los campos se han incendiado.

Acá es importante destacar otro modelo de desarrollo que es el turismo y las actividades recreativas deportivas relacionadas con los vehículos a motor. ¿Por qué? Porque las empresas mineras sponsorean las actividades de vehículos motor en las sierras, principalmente cuadriciclo, motocross y circuitos de enduro que necesitan sí o sí una autorización con evaluación de impacto ambiental en el marco de la Ley Provincial 10.208. Pero a esto no lo hace cumplir el Gobierno provincial, no lo hace cumplir la Secretaria de ambiente ni la policía ambiental que son las autoridades competentes. Y en nuestras serranías hay cientos de circuitos clandestinos en territorios que se han incendiado y que las mineras también los utilizan de justificativo como antecedentes de bosques deteriorados, para solicitar el cambio en el uso de la tierra. Es central entender que la minería y la avanzada inmobiliaria con base en el recreacionismo de élite, como estas actividades de deporte motor, ponen en riesgo las cuencas serranas. Decimos esto por el mismo hecho de que el avance inmobiliario, que es el otro vector de desarrollo está íntimamente relacionado al modelo de agronegocios dado que es el blanqueo de capitales del agronegocio en la renta inmobiliaria, en la compra de campos o en la constitución de fideicomisos en el área metropolitana Córdoba y en los valles turísticos serranos para poder cambiar los usos de la tierra justificándose y amparándose en que esos espacios están deteriorados. Deterioro que viene por la mano de esas actividades deportivas motor que nombraba anteriormente, pero que también están directamente relacionadas a lo que son los impactos mineros.

Se están solicitando cambios en el uso de la tierra y lo demuestra el llamado de audiencia pública para el proyecto de loteos altos de la Estanzuela en La Calera, para poder hacer un loteo efectivo en un lugar que se incendió, que tuvo minería y que tiene circuitos de enduro y motocross en su interior. Se justifica de esa manera un pedido de cambio de uso del suelo en un área que es de bosque nativo.

A su vez es necesario destacar que la avanzada desarrollista inmobiliaria viene de la mano y amparada por el brazo de la firma de intendencias, donde los intendentes y directores de obras privadas, junto con los agentes provinciales del Instituto de Planeamiento del Área Metropolitana Córdoba establecen polígonos enteros de campos donde se puede cambiar el uso del suelo en el marco de la Ley 9.841 y 10.004. El solapamiento de leyes en torno al uso de la tierra en el área metropolitana, tanto en el primer anillo, con la Ley 9.841, y en el segundo anillo, con la Ley 10.004. El segundo anillo llega hasta casi Jesús María, hasta el sur de La Cumbre, hasta Tanti al oeste, hasta Río Primero al este y hasta La Paisanita al sur, establecen directamente como se puede usar el suelo de manera urbana, de manera minera, de manera de agronegocio en las sierras, llanos y pie de montes de nuestra Córdoba en el área metropolitana. Es central entender que ese solapamiento de leyes si le ponemos encima el mapa de los incendios, coincide exactamente con el desastre ambiental que estamos viviendo estos días.

¿Cómo evaden estos negocios las prohibiciones sobre cambio de uso de suelo que establecen las leyes de bosques nacional y provincial?

Las estrategias para evadir las prohibiciones sobre el cambio de usos del suelo están claramente normadas también, están establecidas, por ejemplo, en el artículo 14 de la Ley de Bosques (9.814) que habla directamente de que las obras publicas y las obras de interés público ameritan el cambio de categorización de bosques rojos o amarillos, a áreas de bosques que se pueden modificar, o sea, áreas verdes.

Planteamos esto, porque específicamente después de estos períodos de catástrofes o desastres ambientales, que tienen en su haber momentos como las inundaciones, las sequías o los grandes períodos en que se realizan incendios, se solicitan autorizaciones para ejecutar obras de interés público, como las lagunas de retención y los microembalses. Ahora se están pensando sistemas en lo alto de las sierras como picadas perimetrales y caminos públicos en la parte alta de las sierras, sobre la base misma de justificar que donan la tierra para hacer esa actividad o para hacer por ejemplo grandes tanques tipo australianos, para proveerles agua a los bomberos en lo alto de las sierras. Pero son obras que si los propietarios de los campos así lo requieren, se pueden considerar como obras de interés público. Y en ese carácter de obras de interés publico, como también lo son las que están intentando hacer mineras como El Gran Ombú, que es donar la estancia La Reducción, que pertenecía a Silvina y Victoria Ocampo, para hacer o un museo o un cuartel de bomberos, son obras que terminan permitiendo el cambio en el uso de la tierra con fines de explotación inmobiliaria principalmente.

Te parece que la forma de detener esto es únicamente la vía legal o como en Mendoza la gente tiene que salir a la calle

Campos con estas condiciones los hay y muchísimos, más después de las inundaciones el 15 de febrero de 2015. Es central que esto que esta ocurriendo en Sierras Chicas, particularmente con los 32 microembalses y represas que se han querido construir, han tenido un freno de la ciudadanía ante el entendimiento común de que esto es un negocio encubierto.

Que se haya frenado en la instancia de audiencia pública el embalse del Carapé; que se haya frenado en la instancia de proyecto y prospección, el proyecto de embalse Cabana 3M, cerca de la Capilla de Buffo; que se haya frenado la instancia de investigación para la realización de la represa Santa Lucía entre Villa Allende y Cosquín, son procesos que dan cuenta de una ciudadanía activa que está entendiendo que los negociados están buscando hasta el último detalle en las leyes y hasta el último detalle en su negociado con el Estado provincial para poder cambiar el uso de la tierra a diestra y siniestra en nuestras serranías. Es importante destacar esto porque los dibujos que han trazado en las cartografías del plan director de Sierras Chicas del Iplam en el año 2016 están estableciendo más de 40.000 hectáreas para el avance urbano en zonas que son protegidas, rojas y amarillas en la Ley de Bosques. En áreas donde si bien ya existen barrios de loteos de la década del 30, del 40 o del 50 en nuestra serranía, los intersticios de bosques que tienen esos espacios como los barrios, como los limites entre un loteo antiguo y otro, están buscando ser llenados con estas obras y con grandes complejos inmobiliarios en su entorno. Se busca urbanizar 40.000 hectáreas de bosques en las cuencas medias en detrimento de las miles de personas que habitamos en las cuencas bajas de los ríos y arroyos serranos. No es llamativo entonces que donde haya habido incendios, negocios queden, pues hay pruebas acabadas en lo que he estado comentando, pero también hay pruebas acabadas en lo que está haciendo el Estado, que es convocar ilegal e inconstitucionalmente, audiencias públicas en el medio de la cuarentena sin escuchar a la ciudadanía que necesita participar. Y no con los mecanismos ilegales que establece el Estado provincial, que es que tenés que tener categoría de ciudadano digital nivel dos, o sea ser ciudadano superior en la vida digital de las personas para poder participar en instancias donde el ejercicio de la ciudadanía se tiene que dar como se da normalmente: inscribiéndose para esas instancias y sin más trabas que la de simplemente asistir al lugar, esperar a que le toque la palabra y expresar todo el rechazo a este modelo extractivista, desarrollista, de base productivista, que busca enajenarnos de nuestros bienes comunes. Como vamos a estar demandando colectivamente entre muchas personas los próximos días.

Estamos parados sobre un desastre ambiental que sigue haciendo negociados y el fuego está siendo la herramienta para detonarlo todo antes de que esta pandemia lleve cada vez más, de nuevo a la gente a la calle. No hay que esperar a que la cosa se ponga peor y hay que movilizarnos colectivamente para que se dejen de llevar adelante estos negociados que ponen en riesgo a todas y a todos, y a los bienes comunes que compartimos con el ambiente.







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