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Red Internacional

Tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición declararon "de interés público" el proyecto presentado por la empresa Fortescue para la producción de "Hidrógeno Verde". En la misma sesión se declaró zona franca, o sea, libre de impuestos a la exportación, a la estación portuaria de Punta Colorada.

Jueves 21 de abril | Edición del día

En el día de ayer, todas las bancadas (con la ausencia del legislador Chocconi) votaron a favor de declarar "de interés público", el proyecto presentado por la empresa australiana Fortescue para la realización, según el proyecto aprobado, "de todas las obras de infraestructura necesaria para la generación de energía eléctrica de fuente renovable, con destino exclusivo a la producción del denominado hidrógeno verde(sic)y sus derivados", en la localidad de Sierra Grande. Minutos antes, se había votado a favor, con la sola abstención del legislador José Luis Berros, la creación del Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Río Negro, que funcionará bajo la irónica denominación de "Corporación Punta Colorada". En otras palabras, la declaración del puerto de Punta Colorada, donde según el censo de 2010 viven cuatro personas y que está ubicado a solo 35kms de Sierra Grande, como zona libre de impuestos a la exportación.

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"Un día histórico" fue la descripción que más se oyó entre los oradores. Con el apoyo de la burocracia de la UOCRA en la puerta de la legislatura, algunos legisladores calificaron como "de alegría" o "de esperanza" el clima en el que se desarrolló la sesión. En la misma se otorgó el visto bueno a la entrega de 625.000 hectáreas de tierras fiscales a manos de la firma australiana (al precio de 5.000 pesos anuales por hectárea) además de un puerto sin restricciones para la exportación. Algunos hablaron de una refundación de Sierra Grande, localidad donde se instalaría la planta productora. Apelando a las promesas de trabajo y desarrollo sustentable para la zona, no faltaron las alusiones a la teoría del derrame, las declaraciones de preocupación por el bienestar de la población local, de aplicación de la perspectiva de género a la hora de otorgar los puestos de trabajo que se generarían y las reflexiones acerca de las nefastas consecuencias de proyectos anteriores en la zona como la mina de hierro.

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El acuerdo fue presentado en la legislatura por la gobernadora Arabela Carreras el cinco de abril, hace apenas quince días. Sorprendentemente (o no tanto) la comisión encargada de analizar el proyecto, ya estaba conformada desde el dos de marzo y ya había mantenido reuniones con CEOs de la empresa. Este proyecto, que ya se había preacordado en noviembre del año pasado, forma parte del plan extractivista del gobierno de Alberto Fernández. Es un ejemplo de como los intereses de las mayorías populares, quedan relegados por los gobiernos, para cumplir con las grandes corporaciones. Más allá de los discursos y las declaraciones de buenas intenciones, todos los partidos políticos de la provincia, ayer se encolumnaron detrás de la iniciativa presentada, dando un paso más en el camino del saqueo de nuestros recursos y la entrega de los bienes comunes a manos de las multinacionales.




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