Política

EDITORIAL

Una “solución” punitivista para un problema social

La ocupación de terrenos como emergente de una grave situación social. Con mayor o menor énfasis, todos encuadrados con el discurso de Sergio Berni. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite por Radio Con Vos, 89.9.

Fernando Rosso

@RossoFer

Domingo 6 de septiembre | 22:21


  •  La cuestión de la ocupación de tierras no es nueva en el país en general, y menos que menos en la provincia de Buenos Aires, en particular. Pero evidentemente, la crisis económica agravada por la pandemia y la cuarentena empeoró este problema.

    Con una situación social y económica que muestra índices como los que existían en 2001-2002 a nadie le puede sorprender la irrupción de demandas sociales urgentes, casi de supervivencia. A ver: es muy probable que la pobreza haya alcanzado ya a la mitad de la población, la desocupación está a niveles exorbitantes y el deterioro general de las condiciones de vida es evidente para quien mire de frente a la realidad. En un país contencioso como la Argentina, lo extraño sería que no existieran estas demandas. Es posible que el lugar que ocuparon los reclamos por alimentos en aquellos años, lo ocupen hoy las tomas de tierras. Ya no se trata sólo de no tener qué comer, sino de no tener dónde vivir. Y en buena hora se activaron los reclamos porque es falsa la típica inversión de causas y efectos que hacen los medios o los funcionarios que no quieren hacerse cargo de la situación: las tomas no son el problema, el problema es que la gente no tenga dónde vivir en un país con los recursos que tiene la Argentina.

  •  Frente a esta situación, la respuesta más potente fue la respuesta punitiva para transformar a las víctimas en delincuentes. Una respuesta rústica y primaria: policializar y judicializar esta grave cuestión social. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, llevó la voz cantante: la ocupación es sinónimo de delito y la única respuesta posible es la “tolerancia cero”. "El derecho a la propiedad privada es innegociable" agitó Berni ante las luces de las cámaras de TV, en la que es muy participativo y parece que los deslumbran mucho más que cualquier otra cosa. Lo secundó Sergio Massa, que pidió que se prive del Ingreso Familiar de Emergencia a las personas que ocupan tierras. Porque no es malo recordarlo: Sergio es Massa, el que alguna vez propuso sacar el Ejército a la calle para enfrentar a la “inseguridad” y el que alguna vez se fue a estudiar los métodos progresistas de Rudolph Giuliani en Nueva York para enfrentar el delito: fue el que craneó de la “tolerancia cero”. Ahora, la cuestión no es sólo Berni (o Massa), es el respaldo político con el que cuenta. Hoy Mario Wainfeld reveló en Página 12 un breve diálogo telefónico que tuvo con el presidente Alberto Fernández en el que le dijo como si fuera un comentarista que “si yo fuera juez no condenaría a quien se instaló en estado de necesidad”. Claro, el detalle es que es algo más que un juez, es el Presidente del país en cuyo distrito más poblado se está criminalizando un problema social. Sin embargo, un par de días antes y frente a las cámaras del canal Todo Noticias afirmó que es “un tema complejo” pero que “no está legalmente permitido” y destacó el respeto que tiene por Berni. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que la acción de la toma “es ilegal”. Por último, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió de manera explícita a bancar a su ministro de Seguridad. Berni se tomó hasta la licencia de hablar por el gobernador e hizo una síntesis muy buena: “Si no estuviera de acuerdo conmigo ya me hubiese pedido la renuncia”. Y cuando tenés razón…
  •  Entonces, tenemos que la respuesta punitiva es, hasta ahora, avalada por la mayoría del Gobierno nacional o provincial y por sus funcionarios más encumbrados.
  •  Pero, para que esta orientación gane aval social, hay un método que es el predilecto de los manipuladores: mezclar todo. Ya hablamos en este espacio sobre el agite de las encuestas que ponen al tope la cuestión de la “inseguridad”; sobre la construcción mediática del tema (“el jubilado contra el delincuente”); sobre espectáculo de visibilización de crímenes urbanos violentos con víctimas que son personas comunes. Todo para que el reclamo de más policía gane ascendencia. Se toma una parte por el todo y ese método no estuvo ausente en este caso: se dice que las personas que ocupan no son grupos de personas pobres, sino un negocio inmobiliario de un de minorías de vivos ¿Existen esos grupos de vivos? Claro que existen, pero no representan ni de cerca a la mayoría que protagoniza este problema social. Miren, en el verano por una cuestión circunstancial, tuve la oportunidad de conocer la historia que le contó un amigo de un amigo del conurbano (pongamos así) sobre un grupo de personas que usurpaban terrenos, los loteaban, los vendían y hasta tenían un contrato con “constructoras” amigas. Conseguían algunos papeles y todo. Una historia larga, pero lo más interesante es el final feliz: ¿saben quiénes eran los primeros y principales “beneficiarios”? Policías que, obviamente, habilitaban el “negocio”.
  •  Se mezcla todo: en los mismos días en los que se está discutiendo este fenómeno de las tomas, se anuncia un plan de “seguridad” para la Provincia. También en los mismos días en los que se reaviva el fantasma del “peligro mapuche” en la zona de Villa Mascardi en Bariloche donde vecinos se autoconvocaron con consignas temerarias como: “plomo y más plomo”, “repriman a esos delincuentes”, “nos juntamos unas 300 personas con palos, piedras y algún arma de ‘juguete’ y los sacamos como se debe” “prendan fuego y vayan armados”.
  •  Así todo mezclado “hace sentido” o mejor dicho, aporta a la construcción de un peligroso sentido común puntivista. Y como demuestra la amplia y trágica experiencia argentina, la escalada verbal prepara el terreno para una réplica represiva.
  •  Como el derecho al trabajo, la Constitución y varios tratados internacionales a los que adhiere nuestro país sentencian que el acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho humano. Ese derecho está violentado permanentemente en la Argentina, parece que esa “ilegalidad” no le molesta mucho a Berni. No se pone en “macho alfa” contra las “ilegalidades” de los especuladores inmobiliarios que adquieren tierras con el único objetivo de revenderlas obstaculizando la ampliación del parque habitacional o con la impunidad de la patria sojera o con los desmontadores que expulsan a pobladores de regiones rurales. O, como recordó Myriam Bregman, contra el “inmigrante” Joe Lewis, el inglés que se apropia ilegalmente de Lago Escondido en el sur. Decía en una nota en Tiempo Argentino de hoy que parece que hay ilegalidades e “ilegalidades”; derechos y “derechos”.
  •  Circuló bastante por estos días aquel dicho: “Dónde hay una necesidad, nace un derecho”. Pero mucho tiempo antes, alguien sentenció algo menos “optimista”, pero muy real: cuando se enfrentan dos derechos, la que decide es la fuerza. Por lo pronto, en Buenos Aires se puso a disposición del fanático defensor del sacrosanto derecho de la propiedad privada, Sergio Berni, el Plan Centinela II, que incluye 4000 gendarmes, 10000 policías y la construcción de nuevas cárceles. Habrá que pensar la fuerza que se opondrá del otro lado para evitar que las consecuencias de su poder recaigan sobre las mayorías privadas de sus derechos más elementales.





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