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Red Internacional

Panorama.Una semana de caricias a Pfizer, represión a trabajadores y desprecio a los pueblos originarios

Este viernes la Prefectura y la Federal reprimieron a trabajadores ocupados y desocupados en Puente Pueyrredón. Los reclamos por trabajo, salario y vivienda fueron respondidos con gas pimienta. El discurso colonialista de Alberto Fernández y las políticas de Estado del Frente de Todos. Los laboratorios terminan la semana felices.

Eduardo Castilla@castillaeduardo

Viernes 11 de junio | 23:23
Foto: Enfoque Rojo.

La mochila roja se llena de gas pimienta. Los pulmones y los ojos también. La Prefectura reprime a un trabajador de Pedidos Ya. Podríamos apostar, sin completa certeza, que es uno de los cuatro millones de monotributistas a los que la AFIP había impuesto, estafa mediante, una deuda retroactiva desde enero.

La foto es casi una postal de época. Una suerte de confesión de la política oficialista, escenificada este viernes en Puente Pueyrredón. Trabajadores ocupados y desocupados, organizaciones sociales y políticas de izquierda. Sobre ellos y ellas cayeron los golpes y los palos. La respuesta estatal al crecimiento de la pobreza no es un IFE de emergencia. Tampoco un aumento inmediato del salario mínimo, hoy en niveles de indigencia. Menos aún anunciar una suba considerable de todas las partidas sociales al nivel necesario para atender la crisis social en curso. Es gas pimienta.

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En una suerte de caleidoscopio social, el corte y la represión exponen las imposibilidades del relato político que, en el tono épico de la campaña, prometió dejar atrás la herencia macrista. Trabajadores despedidos durante la pandemia, en la que formalmente rige la prohibición de hacerlo. Tercerizados del ferrocarril y las privatizadas cuyos salarios se distancian progresivamente de sus necesidades y de la Canasta Familiar. Jóvenes repartidores, obligados a un pedaleo agotador por ingresos paupérrimos, agrupados arbitrariamente en el mundo del monotributismo. Familias de Guernica, Los Ceibos y La Nueva Unión reclamando -una vez más- su derecho a la tierra y la vivienda. Una clínica -San Andrés de Tres de Febrero- con capacidad para atender internaciones, cerrada en plena pandemia por decisión patronal.

La convocatoria -decidida hace una semana en asamblea- vino a expresar en formato reducido las múltiples tensiones que recorren a la abrumada sociedad que habita el país. Quizá por eso la represión encontró la (moderada) crítica de una conducción afín a kirchnerismo como la de UTA-Ctera. No lo sabemos, pero nos permitimos imaginar, en otra sala de ese experimento llamado Frente de Todos, una sonrisa en los labios de Sergio Berni.

La izquierda -demonizada por la corporación mediática, con contadas excepciones- volvió a marcar el paso donde corresponde. Una escena de múltiples marchas y reclamos -varias en los años macristas- se repitió: Nicolás del Caño del lado de los manifestantes, denunciando y enfrentando la represión contra las trabajadores y trabajadoras que protagonizaban el corte.

El show de Sergio

La dureza represiva contra la movilización de este viernes contrasta -y fuerte hay que decirlo- con la suavidad con que se trata a los grandes laboratorios. El martes, montando su propio show en la Cámara de Diputados, Sergio Massa les tendió una alfombra roja de recibimiento.

El hombre que cultiva amigos en el empresariado y la Embajada norteamericana llevó a algunos pocos laboratorios a hablar ante legisladores oficialistas y opositores. Presentada como una suerte de rendición de cuentas, la audiencia no pasó de las formalidades. Los acuerdos firmados entre Gobierno y grandes farmacéuticas se guardan bajo siete llaves.

Pfizer y Richmond se sintieron como en su casa. Las alabanzas hacia la empresa norteamericana partieron del siempre pro-imperialista bloque de Juntos por el Cambio. La empresa de Marcelo Figueiras contó las simpatías del Frente de Todos. AstraZeneca, la socia del argentino Hugo Sigman, evitó el convite y anunció que respondería por escrito. Una ventaja nada menor para la empresa que ha usufructuado a pleno las ventajas técnicas argentinas, garantizándose la provisión del antígeno necesario para su vacuna, aunque esto casi no haya redituado en dosis para nuestro país. Como fustigó durante la reunión Nicolás del Caño (PTS-FIT), ni siquiera se atrevieron a dar la cara.

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Fue precisamente el legislador de izquierda el único que cuestionó abiertamente los negociados de Pfizer y Richmond. A la multinacional aclamada por el macrismo le preguntó lo obvio: si desarrollaron pruebas en la Argentina para su vacuna ¿por qué abundan las exigencias al Estado nacional y escasean -completamente- las dosis?

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Las caricias oficiales hacia las grandes farmacéuticas no solo se contraponen a los palos que caen sobre la cabeza de ocupados y desocupados. También contrastan vivamente con el trato hacia los pueblos originarios. Las palabras presidenciales de este miércoles son mucho más que un simple error de interpretación.

De exabruptos, discursos y políticas

En febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió en una sentencia que el Estado Argentino había violado los derechos de 132 comunidades indígenas de Salta. El fallo establecía, entre otras cuestiones, que habían sido vulnerados “los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos”. Aquel reclamo, impulsado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, se había iniciado en 1991. Desde 1998, la asociación era patrocinado por el CELS. La información se obtiene apenas googleando.

Las palabras describen un paisaje común. Los derechos de los pueblos originarios son una verdadera ficción en la Argentina. La falta de vivienda, de acceso al agua potable y a otros servicios, la ausencia de una cobertura real de Salud por parte del Estado son moneda corriente. Las imágenes de Salta, Formosa o el Chaco que suelen invadir la pantalla de la Corpo opositora no son un relato creado. Otro cantar es que sean utilizadas para operar políticamente. Pero las operaciones se sustenten en una dramática realidad.

Este viernes, confirmando la precariedad de las vidas originarias, la Policía de Chaco asesinó a José Lagos, un joven qom de tan solo 14 años. La saña policial quedó patentada en las imágenes que recorren las redes. La provincia la gobierna Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

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Pero ese historial de desprecio no tiene nada de novedoso. Volvamos el tiempo una década. El 6 de mayo de 2011 una patota de La Cámpora desalojó un campamento de la comunidad qom que se encontraba apostado en la avenida 9 de Julio, a escasas cuadras de Casa Rosada. Estaban allí desde diciembre del año anterior, en espera de ser recibidos por la presidenta Cristina Kirchner.

Buscaban nacionalizar un reclamo, denunciar la brutalidad del régimen peronista de Gildo Insfrán, donde los pueblos originarios eran y son hostigados de manera permanente. Donde los asesinatos y las muertes por desnutrición o enfermedades evitables son parte de una estadística que el poder central no contabiliza.

El comentario racista de Alberto Fernández es (mucho) más que eso. Concentra, cual significante vacío, la subordinación al gran capital imperialista -español en este caso- con un desprecio hacia quienes habitaron estas tierras en épocas precolombinas.

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No hay exabrupto, errores o malas interpretaciones. Hay una política de Estado que, bajo el peronismo y el macrismo, considera a los pueblos originarios personas de segunda o, incluso, tercera categoría. Jorge Capitanich y Gildo Insfrán, responsables políticos de muchas de las miserias padecidas por esos pueblos, son parte activa y celebrada de la coalición oficialista que encabezan el presidente, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Aunque el Inadi conceda al presidente la gracia de no considerar sus dichos discriminatorios, el efecto que eso tenga en la localidad de San Martín, donde mataron a un joven de 14 años, será completamente nulo.




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