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Una polémica con el “plan Marshall criollo”

Entre las discusiones abiertas sobre la “pos pandemia”, sin dudas el de qué hacer con la economía en crisis, es uno de los más relevantes. Aquí ensayamos una polémica con la propuesta de la UTEP y su referente Juan Grabois, autodenominada “el plan Marshall criollo”.

Martes 1ro de septiembre | 23:55

Casandra.ilus

Entre las discusiones abiertas respecto a “qué va a pasar después de la pandemia”, sin lugar a dudas el problema económico es de los más acuciantes. No solo en Argentina sino en todo el mundo: como hemos señalado en otras ocasiones, las pérdidas por decenas de millones de puestos de trabajo, el aumento estrepitoso de la pobreza y la indigencia y las cifras récord de caída de la actividad económica, no son más que la aceleración de algunas tendencias presentes en el capitalismo, al menos desde la apertura de la crisis internacional en 2008.

Desde nuevos planes de austeridad, con reformas laborales y previsionales (ya anunciadas en la “pre pandemia”), hasta impuestos a los “súper ricos”, distintos sectores, desde el progresismo hasta representantes del establishment, realizan propuestas para abordar la “economía post pandemia” ante el pronóstico común de que, en el más optimista de los casos, la actividad económica tardará años en recuperar los ya magros valores que tenía hasta ahora.

En este marco, en nuestro país, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) encabezado por Juan Grabois y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en confluencia con algunos de los líderes de la CGT como Gerardo Martínez de la UOCRA, Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros, Roberto Pignanelli del SMATA, entre otros, se presentó el “Plan de Desarrollo Humano Integral”, en concordancia con los pedidos del Papa Francisco de encarar programas de empleo y “salario universal” para todos aquellos trabajadores informales, precarios, cuentapropistas, que se ven afectados por la crisis. Sus impulsores lo han presentado como “un plan Marshall criollo [1] consistente en crear 4 millones de puestos de trabajo en base a un plan de obra pública centrado en la creación de viviendas y en la reconversión de áreas rurales en nuevos núcleos de población.

En este artículo queremos realizar una polémica con esta propuesta, tanto desde la pregunta sobre si el plan da una solución a los problemas más urgentes (el programa), como cuál es el modo, el “cómo” resolver algunos de los problemas planteados (la estrategia elegida).

El problema del empleo

El problema del empleo es uno de los prioritarios en esta crisis. Según los registros de la dirección de Estadísticas y Censos del gobierno porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, cerca de 275.000 personas dejaron de estar ocupadas en el segundo trimestre de este año, de las cuales unas 252.000 pasaron a la inactividad (que no tienen ni están buscando trabajo) representando al 14,7% de la población activa de la Ciudad, y unas 22.900 pasaron a ser desocupadas (es decir que se encuentran buscando trabajo). A nivel nacional, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de junio calculó que el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de diez trabajadores del total de los aglomerados relevados descendió un 3,2 % con respecto al mismo mes del año anterior, y 0,1 % en relación al mes anterior. A su vez, según relevó el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario (ODP-LID) desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), hasta el primero de agosto se registraron 5,5 millones de trabajadores afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario.

Frente a esto el “Plan Marshall criollo” propone “crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo”, sobre todo basados en la obra pública destinada a la vivienda. Los promotores estipulan que las inversiones provendrían tanto del sector privado (en un 70%) como de la “economía popular” (en el 30% restante), es decir, cooperativas de trabajo gestionadas mayormente por los movimientos sociales. El Estado sería el empleador y se remuneraría con un salario social complementario, que hoy ronda los $10.000 por trabajo con una carga mínima de 60 horas mensuales.

Ahora bien, esta propuesta parte de una premisa: que el sector privado y el estatal no son capaces de generar empleos genuinos, en blanco, con salarios iguales a la canasta familiar y contratos de trabajo sujetos a los convenios colectivos. Es decir, parte de la irreversibilidad de las condiciones de crisis en el empleo de los últimos años. O, dicho de otra manera: el punto de inicio del plan presentado es la “tierra arrasada” dejada tras años de neoliberalismo con su consecuente destrucción del empleo, precarización, aumento del trabajo informal y subempleo. Esto se combina con el presupuesto teórico sostenido por Grabois y otros representantes del “progresismo peronista”, (retomando los postulados de Guy Standing sobre el precariado) respecto a que la creciente imbricación entre el trabajo asalariado y la pobreza estructural, darían lugar a una nueva categoría diferenciada de la clase trabajadora, “la clase peligrosa” para Grabois, cuestión que hemos criticado en múltiples ocasiones, por implicar una renuncia a la perspectiva de unir las filas obreras fragmentadas por el capitalismo.

Si consideramos que entre las causas de esta crisis de empleo está la incapacidad del capitalismo en los últimos años de generar nuevos nichos de inversión productiva rentable, que en nuestro país en particular se expresan en la permanente fuga de capitales en oposición a la inversión productiva por parte de la llamada “burguesía nacional” [2], se puede afirmar que el “Plan Marshall criollo”, está lejos de ir a la raíz del problema. La presencia de muchos de los líderes sindicales de la CGT como impulsores del programa, que han dejado pasar cientos de miles de despidos, suspensiones y rebajas salariales, confirma la idea de que el reclamo por revertir estas condiciones será dejado de lado, o a lo sumo proclamado livianamente.

A su vez, el plan establece la puesta en disposición de un enorme contingente de trabajadores desocupados y trabajadores de la economía popular, para la realización de obra pública a un costo bajísimo para el Estado. Si contemplamos los propios datos del plan, la hora de trabajo sería pagada a menos de $170, a lo cual hay que sumar los descuentos de obra social, jubilación y afiliación sindical, es decir, un costo salarial muy bajo, e ingresos que no llegan a cubrir la canasta básica calculada a junio de 2020 en $14.408. Esto significa que este plan da por sentado que la creación de empleo no sacaría a esos trabajadores de la línea de pobreza. El Entrepreneurial State (estado emprendedor) que pregona Grabois, tomando el término de la economista italoamericana Mariana Mazzucato, es un estado precarizador.

A su vez, vale destacar que lo reducido de la jornada laboral estipula una utilización del trabajo disponible, pero afectando los ingresos y pujando negativamente sobre el conjunto del salario: al legitimar el bajo costo laboral y la idea de que el propio Estado sea contratista y precarizador, habilita una baja en el promedio de ingresos de las y los trabajadores. Muy distinto sería impulsar un plan de obras públicas en gran escala, destinado a las necesidades de las grandes mayorías, que se combine con levantar un programa de reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario, que implique trabajo para todos y con un ingreso igual a la canasta familiar. El financiamiento de un proyecto de este tipo, de crear empleo para todos en base a la obra pública, podría venir de un impuesto a las grandes fortunas y del no pago de la deuda externa. Claro que esto supone afectar las ganancias capitalistas y unir a diversos sectores de la clase obrera, perspectiva radicalmente opuesta a la de los líderes de la CGT que presentan este proyecto.

Finalmente, si bien el plan se propone un plan de viviendas para urbanizar los asentamientos precarios y resolver el problema habitacional, poco dice de atacar los intereses de la especulación inmobiliaria, empezando por la expropiación de las viviendas que ya están disponibles y ociosas (lo cual significaría dar hogar a millones de familias prácticamente sin inversión) y que solo en la Ciudad de Buenos Aires se estima que existen más de 340.000 (por no mencionar las propiedades de la Iglesia Católica). Un plan integral de viviendas, a su vez, debería contar con la gestión de los propios habitantes y trabajadores de los barrios, de forma articulada con una reducción de las tarifas de gas, agua y electricidad, lo cual implica retrotraer los tarifazos que ya vienen desde el macrismo y alejarse de los manejos burocráticos.

Se puede plantear que así como algunas de las teorías sobre el “fin del trabajo” expresan la idea de la “exclusión” y de trabajo precario como una irremediable tendencia del capitalismo, la asimilación “progresista” de estas tendencias supone tomarlas como punto de mira de cualquier horizonte transformador. Parafraseando a Alejandro Galliano, podemos decir que se trata de un modelo igualitarista en el marco de una supuesta “escasez de recursos”, con la pretensión de alejarse de la economía de mercado. Sin embargo, el resultado puede ser interpretado a la inversa: la consolidación de una perspectiva sobre la “miseria de lo posible”, cuyo punto de partida son las condiciones heredadas del neoliberalismo y en la cual el Estado se subordina a sostener esta realidad, que busca cristalizar la pérdida de derechos mediante paliativos que acercan a las grandes mayorías al hambre estructural sin dejar de ser mano de obra disponible. A su vez, se puede señalar la operación ideológica según la cual estaríamos ante una “escasez de recursos”, cuando en realidad existe un problema respecto a qué clase social detenta esos recursos y de qué forma se utilizan. Si la alianza social entre movimientos sociales, ocupados, desocupados y los sindicatos, exigiesen un plan integral de obras públicas y empleos, donde se pusiera en cuestión la propiedad de quienes detentan los medios de producción, se podría pensar una planificación que parta de concentrar recursos en las inversiones que respondan a las necesidades de infraestructura y satisfacción de las necesidades sociales más urgentes.

Repoblar Argentina

Uno de los elementos del Plan consiste en la propuesta de trasladar población de las zonas urbanas a las zonas rurales. Según el documento presentado, la idea sería “repoblar la Argentina, a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral”.

Citando a Alberdi, uno de los padres del liberalismo local, Grabois afirma que “gobernar es poblar” y crear trabajo. Según el dirigente de MTE, “son millones los argentinos que con algunas certezas y un pedazo de tierra elegirían reiniciar su camino más cerca de la naturaleza”, lejos de la contaminación urbana.

Sin lugar a dudas el problema de la sobrepoblación en las ciudades y la contaminación urbana es uno de los grandes temas a resolver para mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías, no solo en Argentina sino a nivel global. Como señala Mike Davis “los residentes de áreas urbanas hiperdegradadas constituyen un asombroso 78,2 por 100 de la población urbana de los países menos desarrollados y al menos un tercio de la población urbana global”. La concentración de población y de la economía en las grandes ciudades, a su vez, ha sido un problema histórico en nuestro país, vinculado al modelo agro exportador y sus “ciudades puerto”, combinado con un bajo desarrollo industrial y un avance constante del monopolio de la tierra y los recursos naturales por parte de un puñado de terratenientes, transformando zonas inmensas previamente pobladas en áreas cultivables (por ejemplo de soja) a costa del desplazamiento de la población local.

Es decir, al igual que con el problema del empleo, las causas de esta sobrepoblación, están vinculadas con problemas estructurales inherentes al capitalismo y particularmente al escaso desarrollo de las fuerzas productivas debido a la dependencia y a la presencia de rasgos semi coloniales en la estructura económica, como lo expresan las fuertes ataduras de las finanzas locales a la exportación agrícola-ganadera como mecanismo de obtención de divisas. Con lo cual, para evaluar el proyecto, estamos obligados a preguntarnos hasta qué punto confronta con esta estructura económica.

En este sentido lo primero que se nos viene a la mente es la contradicción entre la expectativa de Grabois de que el gobierno aplique (negociación mediante) un plan de este estilo, y la limitada voluntad política del albertismo de avanzar en un tema de mucha menor envergadura como la mentada expropiación de Vicentin, o las tibias reformas que incluso en los 12 años de gobierno kirchnerista se propusieron respecto “al campo”. Incluso si pensáramos en el peronismo histórico, el de Perón, lejos se estuvo de una “reforma agraria”, y los intentos de limitar el poder de los dueños de la tierra con medidas como la creación del IAPI, rápidamente encontraron sus contornos.

Pero supongamos que podemos separar analíticamente la propuesta de sus impulsores. El resultado es un programa que nuevamente redunda en la condena a una existencia mínima a millones de trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo. La comparación con el modelo alberdiano que propone Grabois en realidad sería más precisa si se la comparase con el modelo sarmientino: este bregaba por una especie de imitación del modelo de farmer (granjero) de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, para dar forma a una sólida franja de pequeños y medianos productores independientes que ayudaran a colonizar la agreste Pampa y la árida Patagonia, en contraposición al modelo latifundista de propietarios absentistas. Claro que desde aquel entonces hasta el presente mucha agua ha pasado bajo el puente. El modelo agroexportador se consolidó, el latifundio del siglo XIX dio paso a la gran propiedad terrateniente actual compuesta de capitales nacionales y extranjeros, con un sistema relativamente tecnificado y orientado por las tendencias del agro business internacional.

La tecnología actual con la que cuenta el agro está compuesta tanto por elementos dañinos para la naturaleza (fertilizantes agrotóxicos, transgénicos, etc.) como por maquinarias que reducen enormemente el trabajo humano (sembradoras, regadoras, cosechadoras, etc). Como se ha dicho en muchas ocasiones, esa capacidad instalada permitiría, reconversión productiva y ecológica mediante, alimentar no solo a la población Argentina sino a parte importante de la población mundial, sin que eso requiera necesariamente un aumento del trabajo humano. La propuesta de Grabois, sin embargo, se inicia con la renuncia a esta perspectiva: por el contrario, propone un modelo agrícola muy inferior tecnológicamente al actual, en el cual con recursos escasos las familias salidas de las ciudades deberían “volver a la naturaleza” como si se tratase de un viaje en el tiempo a mediados del siglo XIX o antes. En vez de proponer atacar la gran propiedad terrateniente y reconvertir la producción con los medios más avanzados de la tecnología agrícola (que ahorrarían enormes contingentes de trabajo humano), se propone un modelo “paralelo” donde la solución al hambre es hallada en la propia naturaleza, si es que no ahondamos en la indagación sobre la calidad de las tierras fiscales que se propone utilizar el proyecto (seguramente muy distintas a las que proponía Sarmiento cuando la posesión de las tierras pampeanas y del litoral aún no se había desarrollado como en la actualidad), o el destino que se propone para sus producciones.

Por otro lado, vale preguntarse: ¿Este traslado de población no implicaría una segregación de hecho entre la población “privilegiada” que puede quedarse en las ciudades, y aquella que se ve obligada a migrar para poder sostenerse? Más allá de que es necesaria una descentralización de la actividad económica y es insostenible la acumulación de población en mega ciudades, un cambio de este tipo sin modificar los rasgos estructurales que históricamente delinearon esta fisonomía, supondría aceptar las distancias económicas, culturales y políticas que el capitalismo ha creado entre “campo y ciudad” o entre las localidades más alejadas y los centros económicos. Además, el proceso de producción de un nuevo espacio urbano implica un conjunto de transformaciones que se dan en el tiempo para dotar a esos terrenos de la infraestructura necesaria como conexión al tendido eléctrico, asfalto y apertura de calles, así como de un sistema de evacuación de lluvia, residuos y demás servicios tanto de abastecimiento y saneamiento, que dependen del grado de desarrollo económico la urbanización del territorio. Si el territorio ya consolidado en urbano y semiurbano no cuenta con muchos de los servicios básicos que no fueron provistos en décadas, ¿porque la urbanización de áreas desde cero sí sería posible?

Finalmente, desde el punto de vista político y estratégico, esta separación territorial profundizará la división ya existente entre las filas obreras (que como ya planteamos arriba es “teorizado” por Grabois en base a la idea de “precariado” como categoría diferenciada), disminuyendo su “poder de fuego”, pensando por ejemplo en una acción conjunta entre los principales centros fabriles y las poblaciones pobres de sus alrededores.

Esta discusión, haciendo un paralelismo en el plano político, no histórico y social ya que las circunstancias son muy distintas, puede asimilarse a la que planteaba Lenin a los narodniki rusos, defensores de la comunidad rural campesina rusa contra el avance capitalista. Según Lenin estos “consideran la comunidad rural como algo superior y mejor comparándola con el capitalismo”. Al oponerse a las consecuencias del desarrollo capitalista, idealizaban y romantizaban a las comunidades. Del mismo modo, el plan de Grabois intenta hacer del vicio una virtud: frente al modelo sojero, una agricultura familiar paralela que en principio no entra en contradicción con el agribusiness y que tampoco ofrece una resistencia a la dependencia nacional, causante del modelo productivo vigente con sus respectivos elementos de dependencia. Más bien profundiza algunas desigualdades: mientras en algunos campos se trabaja con cosechadoras automáticas, algunos deberán conseguir su alimento con pala y arado manual.

Este planteo, desde ya, no implica no defender a los pequeños productores agrícolas o a las comunidades originarias que luchan por sus tierras contra el avance de la gran propiedad, sino articular su defensa con un plan que ataque el nudo de la “cuestión agraria”, la propiedad del suelo, comenzando por la expropiación de la gran propiedad agropecuaria, en primer lugar de los 1.300 grandes propietarios bonaerenses y sus homólogos nacionales (alrededor de 4.000) y el gran capital agrario. A su vez, se establecería el monopolio estatal del comercio exterior, nacionalizando la propiedad de los monopolios exportadores. Un planteo de este tipo permitiría discutir realmente el “qué” y el “cómo” se produce, desterrando los mecanismos contaminantes, el monocultivo, la extensión de la frontera agrícola a costa de los pequeños propietarios y comunidades, redirigiendo el destino de la producción a las necesidades alimentarias más acuciantes.

En esa tarea, los cientos de miles de trabajadores rurales, pequeños productores, y campesinos pobres son una fuerza social fundamental para luchar por esta perspectiva. Suponer que cambios profundos pueden venir de la mera “presión” por parte de los movimientos sociales para “negociar” con el Estado, que fue fundado sobre estos cimientos, es ocultar el profundo arraigo de estas estructuras en las formas que adopta el capitalismo en nuestro país, a las cuales la llamada “burguesía nacional” no se propone enfrentar por los múltiples lazos que la unen a la misma.

Contención

Como hemos señalado a lo largo de este artículo, tanto desde el punto de vista programático como desde el punto de vista de las fuerzas sociales involucradas en su realización (los “movimientos sociales” como fuente de presión sobre las organizaciones sindicales y el Estado, para desde ahí negociar y “gestionar” alguna de estas salidas), el plan presentado abona a una perspectiva social que cristaliza gran parte de la realidad heredera del neoliberalismo. Limitando los horizontes de transformación social, renunciando a apoyarse sobre las posibilidades técnicas del capitalismo actual en función de una salida favorable a las grandes mayorías, el “Plan Marshall” criollo abona a la idea de que solo se puede “repartir escasez”, como si se tratase de rascar en los márgenes de un sistema cuya riqueza material no se sabe dónde está. La realidad es que la omisión de un plan para atacar las bases de las desigualdades que el plan pretende paliar, es a su vez la confirmación de que los grandes resortes de la economía capitalista no pretenden ser cuestionados.

Tomando la analogía con el “plan Marshall”, el propio Grabois señala que en aquel entonces “los capitalistas renunciaban a una parte considerable de su ganancia y el movimiento obrero renunciaba a la confiscación de los medios de producción [3]. Es decir, se trataba de un enorme plan de contención, que junto con el rol traidor de las conducciones estalinistas en los procesos revolucionarios abiertos tras la posguerra, pretendían mantener el “orden social” a la medida de los acuerdos de Yalta y Postdam. Este plan luego fue combinado con el “Estado de bienestar” que suponía la estatización a gran escala de las organizaciones del movimiento obrero y una institucionalización de la cooptación de los sectores más privilegiados del mismo.

Salvando las distancias, se podría sostener que la insistencia de Grabois en varias entrevistas sobre que “de no tomar estas medidas se complica la situación social”, se trata de un mensaje análogo al del “plan Marshall” para los capitalistas: es mejor esto que un proceso de desborde social sin límites claros. Dicho de otra manera: o lo hacemos nosotros manteniendo “las reglas del juego” o puede que el descontento social las empiece a cuestionar más íntegramente. La perspectiva de limitar la acción de los movimientos sociales a “presionar” sobre el Estado no solo disminuye sus perspectivas autónomas, sino que condena su acción a mera finalidad “negociadora” que a su vez es extremadamente contemplativa de la agenda política del gobierno actual, por ejemplo en lo que respecta al pago de la deuda externa, que no es mencionado como una fuente de financiamiento para el proyecto presentado.

Desde la izquierda anticapitalista y socialista, se trata de apostar a que las consecuencias de la crisis social, económica y humanitaria, en este caso agravada y profundizada por la pandemia, la paguen quienes la generaron, los capitalistas. Esto implica apostar a una perspectiva en donde las y los trabajadores lejos de apartarse de la pelea en aquellos lugares donde es más fuerte, los principales resortes de la economía, las “posiciones estratégicas” al decir del sociólogo John Womack, utilice esta fortaleza para tomar en su manos el conjunto de las demandas sociales de los sectores explotados y oprimidos de la sociedad. Esto implica, en primer lugar, enfrentar la política traidora de las burocracias sindicales que han dejado avanzar la fuerte fragmentación en la que hoy se encuentra la clase trabajadora y sus tentativas actuales de consolidarlo renunciando a la pelea por recuperar los puestos de trabajo perdidos. Agrupar a los sectores combativos y anti burocráticos de la clase obrera, de la juventud, de las mujeres, de los movimiento ecologistas, es una tarea fundamental.

A su vez, la articulación de las peleas entre los barrios populares por viviendas dignas y las principales concentraciones industriales capaces de paralizar la producción, la unidad entre ocupados y desocupados, entre trabajadores rurales y urbanos, permite pensar en la formación de una fuerza social capaz de imponer medidas de fondo para terminar con el hambre, la miseria y estructuralmente con la dependencia de nuestro país, empezando por el no pago de la deuda externa, que implicaría a su vez apuntar al control del comercio exterior y de la banca, contra los “fugadores seriales”. Si el “Plan Marshall criollo” parte de esta dependencia estructural como una premisa ineludible, un plan que realmente dé una salida de fondo a los problemas de las grandes mayorías tiene que empezar por cuestionar esta atadura histórica.

La idea de “recursos escasos” está disociada de la enorme riqueza material disponible que implicaría su centralización y concentración en función de las inversiones más urgentes: solo con el dinero fugado anualmente por los empresarios evasores, los intereses de la odiosa deuda externa y las viviendas ociosas existentes, se podrían resolver rápidamente muchos de los problemas aquí planteados. Una sociedad de la “abundancia”, sin embargo, sólo sería posible apropiándose de lo más avanzado de la ciencia y la técnica a nivel internacional, lo cual supone una perspectiva transformadora que exceda las fronteras nacionales, y cuestione íntegramente la propiedad capitalista. Para avanzar en esta perspectiva no alcanzará con que los trabajadores, tanto sindicalizados, como precarios o de la “economía popular” sean una “presión” para negociar con el Estado capitalista, sino un verdadero sujeto de cambio social, en alianza con el resto del pueblo explotado y oprimido, que en base a su organización política, patee el tablero de “la miseria de lo posible”.









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