Sociedad

INCENDIOS EN ARGENTINA

Una ley que es puro humo

Un proyecto del Frente de Todos prohíbe los cambios en el uso del suelo en áreas incendiadas. Oculta que estos cambios ya se encuentran prohibidos, pero que los programas de protección previstos en la ley de bosques y de manejo del fuego se encuentran – y continuarán- desfinanciados.

Santiago Benítez

Dr. en Biología - Conicet - @santiagombv1

Sábado 3 de octubre | 19:37

El proyecto en cuestión es presentado en el marco de los crímenes ambientales desatados en 14 provincias y particularmente graves en lugares como las Sierras de Córdoba y los Humedales del Delta del Paraná. Propone modificar artículos de la Ley Nacional de Manejo del Fuego (26815). Específicamente, “a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas” prohíbe por 60 años modificar el uso del suelo, lotear y realizar cualquier emprendimiento inmobiliario y cualquier actividad agrícola distinta al uso original.

Esta normativa parece inspirarse en leyes similares del Estado Español, que prohíben el cambio en el uso del suelo luego de incendios forestales. Sin embargo, el Estado Español continúa siendo uno de los países de la Unión Europea más afectados por los incendios, en su mayoría de origen intencional.

Este proyecto intenta dialogar con muchas personas afectadas o sensibilizadas por la crítica situación provocada por los incendios en amplias zonas del país. Sin embargo, cabe señalar sus limitaciones. En particular, la prohibición de realizar cambios en el uso del suelo en zonas protegidas por la Ley de Bosques 26.331 ya existe desde la sanción de esta ley, producto de la movilización popular en 2007, y artículos similares existen en la Ley Nacional de Manejo del Fuego 26.815. El proyecto no agrega nada en el caso de las reservas naturales, donde por definición se prohíbe todo cambio de uso de manera indefinida.

Ley 26.331, art. 40: “En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial.”

Ley 26.815, art 22 bis: “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio (...)”

A diferencia de la iniciativa de Máximo Kirchner, Leonardo Grosso y otros diputados, estas dos leyes tienen una asignación presupuestaria que, en el caso de la Ley de Bosques, ha sido sistemáticamente disminuida y ninguneada desde su creación. Este vaciamiento continúa en el proyecto de presupuesto 2021 presentado por el ministro de economía, Martín Guzmán, donde la suma otorgada equivale sólo al 4,8% de lo que la misma Ley de Bosques establece como necesario para su funcionamiento y que debería corresponder al 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales.

Según cálculos de la fundación Vida Silvestre Argentina, con el presupuesto presentado por el ministro Guzmán, se asignarán para el cuidado de los bosques en todo sentido (equipamiento, formación, programas educativos, pago a propietarios por conservación, etc.) el equivalente a 25 pesos anuales por hectárea.

La Ley de Bosques misma enfrenta ahora el cuestionamiento del ministro Juan Cabandié, que ha afirmado en reuniones con organizaciones ambientalistas y campesinas, y también junto a gobernadores tan amigos de la naturaleza como Jorge Capitanich, su firme intención de emprender la modificación de esta normativa, poniendo énfasis en el “aprovechamiento sustentable” y abandonando la perspectiva plural de protección ambiental de los bosques nativos.

Esta cesión frente a sectores extractivistas también se expresa en la reciente e indignante reducción en las retenciones a las exportaciones del agronegocio, de la megaminería metalífera o al intento de instalar factorías industriales de carne de cerdo en el país.

Humedales, plantaciones y especuladores inmobiliarios.

La iniciativa presentada por el diputados del Frente de Todos si es novedosa en incorporar prohibiciones al cambio del uso del suelo en zonas de humedales, bosques implantados, pastizales y de la interfaz urbano-rural. Sin embargo, la simple prohibición de la especulación inmobiliaria en muchos de estos ambientes no es suficiente.

Por poner un ejemplo, nada dice de los humedales donde el uso ganadero es acompañado de prácticas tradicionales de “quema para el rebrote”. El proyecto presentado sólo establece la prohibición de cambiar el uso de esas tierras para la urbanización. Las prácticas ganaderas y su uso del fuego asociado no son tocadas, porque no constituyen un cambio respecto a su uso actual. La única solución es la realización de procesos colectivos y participativos para el establecimiento de zonas de protección de humedales, similares a los establecidos (pero casi siempre ignorados) en la Ley de Bosques. Al respecto, el proyecto de Ley de Humedales presentado por la bancada del FITU es el único que establece la prohibición del uso del fuego.

Una situación similar surge con la prohibición de cambios de uso para los bosques implantados, equiparándolo a bosques nativos. Muy por el contrario, las plantaciones de árboles exóticos para su aprovechamiento forestal son solo monocultivos con apariencia de bosque, verdaderos desiertos de biodiversidad, que además muchas veces consisten en especies (como pinos o eucaliptos) propensos a sufrir incendios forestales explosivos.

Poniendo el foco en los ambientes urbano-rurales, finalmente, encontramos una normativa que podría beneficiarse de procesos de ordenamiento territorial, que todas las localidades deberían realizar obligatoriamente. Lamentablemente, como lo muestra el ejemplo de Guernica, poco podemos esperar de gobiernos que privilegian los derechos de propiedad de especuladores inmobiliarios sobre el derecho a la vivienda digna o sobre el derecho a gozar de los beneficios que los ambientes naturales proveen a toda la población.







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