Política

OCUPACIONES DE TIERRA

Una guerra contra las familias pobres y su derecho a la tierra y la vivienda

Los grandes empresarios inmobiliarios, con el apoyo activo del poder político, hace décadas le niegan a las familias trabajadoras ese derecho. Hay que rodear de apoyo la pelea en Guernica.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Jueves 1ro de octubre de 2020 | 22:55

Fotografía: Enfoque Rojo

Primera imagen: paisajes de ensueño, grandes arboledas, lagos artificiales, donde nadan peces y pasan lanchas. Segunda imagen: “pisos” de barro, chapas en el techo y en las paredes, frío y lluvia colándose por cada uno de los rincones de aquello que aspira a convertirse en la casa propia. Dos imágenes opuestas, completamente distintas. La misma provincia, el mismo gobernador: Axel Kicillof.

La primera corresponde a Nordelta. Podría, sin embargo, ser la de algún otro country de los casi mil que pueblan la extensa superficie de la provincia de Buenos Aires. Un fenomenal negociado, que desde hace décadas crece de la mano de los grandes especuladores inmobiliarios y al amparo de todos los Gobiernos de turno.

La segunda corresponde a Guernica, en el sur del conurbano bonaerense. Es la de cualquiera de las precarias construcciones erigidas por miles de familias, que hoy luchan duramente por su derecho a la tierra y la vivienda. Son quienes sufren una extorsión permanente por parte del Gobierno provincial y el Poder Judicial. A las amenazas represivas se une el chantaje gubernamental, que promete fantasmales soluciones futuras mientras, como única propuesta “concreta”, plantea dormir en un parador o entregar chapas para “mejorar” la vivienda actual.

Hay una guerra de los primeros contra los segundos. Lejos de cualquier neutralidad, los Estados -nacional y provinciales- son parte de la misma. En las últimas décadas, mientras favorecieron los grandes negociados especulativos, dejaron sin resolver ese problema fundamental que es la vivienda. Problema que afecta, en la Argentina actual, a más de cuatro millones de personas.

Pero esta guerra, que se agudiza profundamente hoy ante una crisis económica de gran magnitud, no empezó en Guernica.

Historia de entrega y negociados

Los primeros countries se construyeron en la Argentina a mediados de los años 40. Treinta años más tarde ya existían varios emprendimientos privados. Sin embargo, fue la dictadura genocida la que regimentó el funcionamiento de los barrios cerrados por medio de la Ley-Decreto 8.912.

Como relató el sociólogo Ricardo Greene –entrevistado por el programa Alerta Spoiler- eso significó que el Estado retraía “su gestión del territorio, cediéndoselo a los privados para construir territorios que son exclusivos y excluyentes”.

Aquella mecánica acompañó la política desplegada nacionalmente. Mientras la dictadura genocida perseguía, torturaba y asesinaba a miles de compañeros y compañeras, iniciaba un salto gigantesco en el endeudamiento del país y en su subordinación al gran capital imperialista. Aquella agenda neoliberal se refractaba en los decreto-ley particulares.

Al mismo tiempo, aquel régimen antiobrero expulsaba a miles de personas fuera de sus viviendas. En la Ciudad de Buenos Aires, el interventor Cacciatore no dudó en pasar con topadoras por arriba de las precarias casas construidas en las villas. Como relató Pablo Vitale a Ideas de Izquierda, eso significó el desalojo del 90 % de esa población, lo que derivó en la formación “de los asentamientos informales del sur de la ciudad, sobretodo en Quilmes, en el cordón sur”.

El régimen genocida, al tiempo que favorecía los negociados de la especulación inmobiliaria, expulsaba a miles de familias pobres a una marginalidad aún mayor.

Sin embargo, esa guerra contra el derecho a la vivienda no se detuvo al traspasar las puertas del régimen democrático. Los años de Menem fueron continuidad y expansión de ese proceso.

Lubricados por los dólares frescos de las privatizaciones, los grandes emprendimientos inmobiliarios crecieron y se expandieron ligados al desarrollo estatal de la infraestructura urbana sostenida. Las crecientes inversiones en la zona norte del conurbano se nutrieron de las reformas desplegadas a lo largo de la autopista Panamericana. El país vio emerger el lujo de Nordelta en 1998-1999.

Los años menemistas dejaron, según algunas estimaciones, inversiones por USD 4.500 millones en nuevas urbanizaciones cerradas y countries, haciendo nacer 300 nuevos emprendimientos.

Mientras el gran capital estiraba el lujo hasta los límites de lo posible, el Estado nacional seguía destruyendo los medios para paliar la crisis habitacional de millones. Aquellos fueron los años de la privatización del Banco Hipotecario. También los de un fuerte debilitamiento del Fonavi que -como ocurrió en Educación y otras áreas- transfirió más responsabilidades que recursos a las provincias.

Continuando la obra de la dictadura, el menemismo alentó la ampliación del mercado inmobiliario y facilitó la inversión en el sector.

El crecimiento de las inversiones se elevó notoriamente en los últimos años de la Convertibilidad. Mientras el país se hundía social y económicamente, con millones de trabajadores desocupados y familias empobrecidas, se creaban paraísos artificiales como Nordelta. Emergía un nuevo tipo de mega-emprendimiento, capaz de autoabastecerse en todos los terrenos, incluido el de tener sus propias instituciones educativas, culturales y sanitarias.

Vivienda popular: de “ganada”, ni noticias

Hace un lustro, cuando cumplió su 70° aniversario, Clarín eligió recordar la historia de los countries y barrios cerrados. Analizando los años inmediatamente previos, publicitaba que “entre 2005 y 2015 surgieron opciones dinámicas y exitosas. La oferta de urbanizaciones privadas se expandió fuertemente en la zona de la Autovía 2, en la periferia de la ciudad de La Plata y Brandsen, y también en el Sudoeste del Gran Buenos Aires con la ampliación de la ruta 58 y la pavimentación de la 52, donde surgió el llamado “corredor verde” que conforman Canning, San Vicente y Ezeiza. El paisaje del Sur se transformó. La disponibilidad de tierras y el precio más accesible que en la Zona Norte lograron un boom parecido al que explotó en Pilar en los años ‘90”.

La algarabía del gran diario argentino empalmaba con la del empresariado inmobiliario, que forjaba fabulosos ganancias. Los años de la llamada “década ganada” fueron prolíficos para los grandes inversores. El Estado y la casta política de los partidos patronales no fue ajena. Eduardo Costantini, el dueño de Nordelta, encontró amigos en todos los rincones del poder político para sus negociados. Sergio Massa, en ese entonces parte del kirchnerismo gobernante fue uno de los más activos.

La contracara de aquel festival de opulencia la encarnaron las mayorías populares. El kirchnerismo, a pesar de su discurso político, no atendió la demanda de millones de personas. El censo de 2010 -tras siete años de “gestión “nacional y popular”- marcó un déficit habitacional de 3.5 millones de viviendas.

Los tiempos posteriores no mejoraron la escena. El Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), que atiende a la situación de los Barrios Populares, fue una radiografía de esa persistencia. Marcó que “aproximadamente 4.000.000 de personas (935.000 familias) viven en los 4.416 barrios populares identificados en todo el país”. Desnudó, además, el carácter estructural del problema al indicar que el 68% de los mismos preexistían al año 2000, mientras los restantes se habían conformado con posterioridad.

El relevamiento -realizado en común por el Gobierno nacional, Cáritas, la ONG Techo y movimientos sociales- finalizó el 31 de diciembre de 2016. Demasiado temprano para echarle la culpa a la “herencia” macrista.

En provincia de Buenos Aires, donde hoy tiene lugar el mayor reclamo con ocupaciones de tierras, entre 2008 y 2013 se construyeron 50 mil viviendas (unas 6 mil en promedio por año). Aquella cifra representó el 23% del total nacional, un número pobrísimo en comparación con la necesidad existente.

Sin embargo, se evidencia como obsceno al compararse con otro porcentaje: en 2015, cuando finalizaba la gestión de Scioli, se estimaban 1.000 emprendimientos cerrados y 100.000 unidades habitacionales (casas, departamentos, townhouses, entre otros) en todo el país. El 80 % estaban en Buenos Aires.

Buenos Aires, paraíso de los countries, infierno de las familias pobres a la hora de conquistar tierra y vivienda. Con Scioli, Vidal o Kicillof. Parece que no importa cuando leas esto.

Ganancias y pedidos de represión

Los últimos meses apuntaron un crecimiento sideral del negocio de los countries. Esa es la explicación más directa e inmediata del poderoso lobby de especulación inmobiliaria. A las órdenes de ese sector empresario responden hoy Kicillof, Larroque y Berni, trabajando contrarreloj por el desalojo en Guernica.

Un reciente informe de Reporte Inmobiliario indica que la construcción de casas en los countries se abarató enormemente a precio dólar. El sitio, integrante del lobby inmobiliario, informaba hace tres meses que construir “una vivienda con buen nivel de terminaciones y con una superficie de 305 m2 alcanza un costo algo por encima de los 30,5 millones de pesos, lo que se traduce a un total de 244.512 dólares". El ahorro, en comparación con diciembre de 2017, alcanzaba el 60 %.

Ese fenomenal negocio es lo que los grandes especuladores pretenden aprovechar, aún a costa de la vida de miles de familias. Evidenciando lo lucrativo de la situación, Reporte Inmobiliario sitio acaba de lanzar un evento especial para los primeros días de octubre, destinado a promocionar la compra y venta de lotes y casas en barrios cerrados.

Todos somos Guernica

La postergación del desalojo por parte del juez Rizzo no implica el final de la presión contra las miles de familias que en Guernica reclaman tierra y vivienda. Por el contrario, abre un redoblado chantaje del Gobierno provincial, intentando un desalojo que no implique represión para evitar un costo político ante parte de sus votantes. Su papel en la guerra contra las familias pobres y su derecho a la vivienda no ha terminado.

Montando un coro reaccionario, TV, radio y grandes medios bombardean metódicamente con la idea de que los "usurpadores" son quienes reclaman un derecho negado por décadas, quienes se ven obligados a montar una precaria vivienda en el barro. Nada dicen contra aquellos grandes delincuentes -sin comillas- que evaden impuestos y hacen ganancias siderales con el aporte del poder político.

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Hay que seguir rodeando de apoyo esta durísima pelea. A acompañar activamente el reclamo de esas miles de familias que salieron a luchar por un derecho que la clase dominante y el Estado capitalista les niega hace décadas.

En esta guerra, nuestro lugar está junto a quienes ocupan tierras. Para que estas sean inmediatamente declaradas de utilidad pública y expropiadas. Para que eso sea el paso inicial de un plan de vivienda que, controlado por las propias familias, garantice una solución duradera y real al problema de la vivienda. Para que el pueblo trabajador empiece a desandar el camino que grandes especuladores y poder político le imponen desde hace tiempo.







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