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Red Internacional

Al inicio de la pandemia se firmó la resolución 1199/20 por la que se suspendió todos los procesos electorales dentro de los sindicatos, asambleas, congresos ordinarios y extraordinarios. Aún con la apertura de la mayor parte de las actividades, incluyendo las escuelas, no se revirtió la medida, sino que se extendió hasta septiembre. Una resolución que atornilla dirigentes burocráticos a sus sillones, limita la democracia sindical, interfiere en la vida interna de los sindicatos y por lo tanto es buena excusa para mantener la paz social de las dirigencias adictas al gobierno. Analicemos y hagamos historia.

Martes 9 de marzo | 07:00

A raíz de las medidas de restricciones y distanciamiento que se dispusieron con el inicio de la pandemia se firmó la Resolución 1199/20. Esta finalizaba el 28 de febrero. En un primer momento podría entenderse que había que tomar medidas de cautela, ante una nueva pandemia, un virus desconocido y un nivel de contagios que no paraba de crecer. Pero este año, a pesar de la apertura con protocolo de la mayoría de las actividades, una nueva resolución del Ministerio de Trabajo (133/2021) extendió la medida hasta el 31 de agosto del 2021, con posibilidad de extenderlo si así el Ejecutivo lo determina. ¿Qué explicación tiene?

Todo esto va de la mano de prorrogar los mandatos de representantes electos 180 días a partir del 31 de agosto. Lejos de las elecciones legislativas, lejos de los conflictos en curso. La norma expresa que “en el marco de la ampliación de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por el Decreto N°260/2020 esta Cartera Laboral ha dictado sucesivas normas para resolver la problemática institucional de las organizaciones sindicales reguladas por la Ley 23.551, procurando evitar mayores contagios…”. Esta medida contempla a sindicatos, seccionales, centrales, delegados o comisiones internas. Son conocidas las tensiones entre las alas de la CGT, que ahora, por una intervención estatal, no tendrán que resolverse hasta nuevo aviso. Para estas personas se garantizó, por decreto continuidad, estabilidad y hasta vacunación VIP.

Es así como los mandatos de dirigentes, autoridades de la CGT y otros gremios pesados, como Daer, Barrionuevo, Genta, Pereyra o Maturano, ni se ponen en cuestión: simplemente se prorrogan hasta mejor momento. Caló también consiguió prórroga, mientras los obreros de Siderar Canning, del Grupo Techint, no solo denuncian a la patronal, al Ministerio de Trabajo, sino al propio sindicato por los ataques a sus salarios y derechos laborales.

Sonia Alesso y Roberto Baradel son otros que se benefician con la resolución, mientras la docencia vuelve a las escuelas con enormes cuestionamientos, sin medidas de protección, y con cientos de casos de COVID-19 ya detectado, y docentes que fallecieron estos días.

Una situación más que paradójica en la que abren todas las escuelas como sea, hay que ir a trabajar en condiciones no aptas para la presencialidad, recibir alumnos, grupos, transitar aulas y pasillos, viajar en transporte público lleno, etc. pero no podemos definir por medio de elecciones libres quiénes están a la cabeza de los sindicatos. Todo dispuesto por una norma dictada desde una oficina de un Ministerio.

En el caso del SUTE, sindicato de los y las trabajadoras de la educación de Mendoza,que está conducido por un frente de listas opositoras a la burocracia (FURS) esta resolución implica que el mandato de la actual conducción, que vence el 26 de julio, podría extenderse hasta el 28 de febrero del 2022. Es el Ministerio de Trabajo y sus resoluciones y vetos quien no permite realizar el Plenario de Memoria y Balance y que se pueda conformar la Junta Electoral. Es el Estado quien impone 180 días, (el equivalente a un ciclo lectivo) de prórroga para todos los cargos sindicales. Esto se repite para seccionales o sindicatos de base provincial como SUTEBA, ATEN y la propia CTERA que por estatutos debieran desarrollar procesos eleccionarios.

Una intromisión de la patronal sobre la organización propia de los y las trabajadoras que niega la posibilidad de resolver democráticamente qué política, qué línea interna, cuál es la orientación que un sector decide que tenga su sindicato.

El decreto además establece una mordaza sobre la posibilidad de la presencialidad para los órganos de debate y resolución (ar 1 y 4 de la Resolución 1199/20), muy conveniente para que junto con las cúpulas burocráticas impongan una paz social.

A tal punto la burocracia sindical defiende y valora esta intromisión del estado en la vida de las organizaciones de los trabajadores, que en Neuquen, ante la organización en una seccional opositora a la burocracia (Zapala) de asambleas presenciales, fue la conducción provincial de ATEN (dirigida por la lista Celeste de Guagliardo) quien intimó a que se reviera la convocatoria citando el decreto. Es la dirección provincial del sindicato, la que amparándose en legislación del Ministerio de Trabajo y los burocráticos estatutos (de agosto del ´82, cuando ni siquiera había terminado la dictadura), la que afirma que se pone el riesgo la organización por una decisión autónoma de la seccional, citando el art 55°, inc c) de dicho texto. Todo aduciendo que se trata de una falta grave intentar desarrollar el debate democrático en forma presencial.

Con o sin pandemia no hay distingos entre radicales y peronistas a la hora de solicitar la intervención del estado en las organizaciones de trabajadores. Una de las líneas de la burocracia peronista del SUTE (lista Azul Naranja alineada con el yaskismo y Anabel Fernández Sagasti) intentó dejar sin efecto la voluntad de cientos de compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación de la seccional de Guaymallen mediante el pedido de intervención del Ministerio de Trabajo. Pero la casi totalidad de quienes votaron en ella se expresaron públicamente defendiendo el sentido de su voto, con pronunciamientos y juntadas de firmas y acciones en la calle. Idéntica actitud tuvo el Gobierno radical de Alfredo Cornejo quien pretendió desconocer la legitimidad de las autoridades del Gremio de empleados Judiciales de la provincia de Mendoza.

La historia dice que no siempre fue así

Los sindicatos en la Argentina desde hace décadas están mayoritariamente al mando de burocracias que muy lejos están de los intereses de los y las trabajadoras. Utilizan las cajas de las obras sociales, el férreo control con patotas, negocios con patronales y gobiernos, acuerdos de paz social, para ir naturalizando que es así.

Pero no siempre fue así. Desde los orígenes de la organización obrera, en la Argentina hemos tenido páginas heroicas de lucha y organización. Y los sindicatos jugaron un rol destacado, con direcciones socialistas, anarquistas, independientes. En un folleto de León Trotsky, Los Sindicatos en la era de la decadencia imperialista, que reúne textos del período 1921-1940, adelanta: “hay una característica común, en el desarrollo, o para ser más exactos en la degeneración, de las modernas organizaciones sindicales de todo el mundo; su acercamiento y su integración al poder estatal…”

El Estado se mete en la vida de los sindicatos, los quiere regular, encorsetar. Desde la década del ´30 hay un proceso profundo y violento de sometimiento de las organizaciones sindicales a la regulación del Estado. La CGT fundada en 1930 arrancó su historia pactando con el gobierno golpista de Uriburu. Nada que ver con la tradición un movimiento sindical que había vivido la Semana Roja, la Semana Trágica o las huelgas de la Patagonia.

Las expresiones que vamos a encontrar en esos orígenes del movimiento obrero no tienen nada que ver con la imagen que tenemos de Moyano, de “los gordos”, de Daer o Barrionuevo. Esos dirigentes “atornillados a los sillones”, incuestionables, e intocables, con patotas y anillos de oro. Sin embargo no es que han faltado procesos de organización y recuperación de comisiones internas, seccionales, cuerpos de delegados y hasta sindicatos provinciales, como el caso del SUTE Mendoza. Existen además procesos de lucha que superan a la burocracia y, que con métodos democráticos pelean por puestos de trabajo, contra cierres con tomas de fábrica, etc, como estamos viendo estos días en Arrebef en la localidad de Pérez Millán. También hay sectores que se organizan a pesar de no tener sindicato, como el caso de los repartidores, quienes protagonizaron hasta paros, como el caso de Pedidos Ya.

Fue el peronismo el que consolidó este proceso con medidas como el cobro compulsivo del aporte “solidario”, resoluciones, leyes, que fueron moldeando este modelo sindical controlado desde el estado a través de burocracias cada vez más empresarias y millonarias. Décadas después, y con el mito que "los sindicatos son de Perón" mantienen dirigencias burocráticas amoldadas a esta subordinación al Estado. Porque, incluso, según sus leyes, un sindicato para negociar colectivamente necesita el reconocimiento del estado a través del propio Ministerio de trabajo. La posibilidad de firmar convenios, acuerdos, no está dado por la representatividad, la legitimidad, masividad, si no por una personería gremial.

En la obra citada, León Trotsky agrega: “La estatización de los sindicatos, según la concepción de los legisladores, se introdujo en beneficio de los obreros de asegurarles influencia en la vida económica y gubernamental. Pero, en tanto que el capitalismo imperialista domine el Estado nacional, y en tanto pueda derribar, con ayuda de las fuerzas reaccionarias internas, la poca estabilidad de la democracia, y reemplazarla con una dictadura fascista descarada, en esa misma medida la legislación relativa a los sindicatos puede convertirse fácilmente en un arma en las manos de la dictadura imperialista”.

Por eso la tarea de recuperar los sindicatos no se limita a ganar elecciones, conquistar direcciones independientes del estado y los partidos patronales, sino de transformaciones profundas. Y desde ya esto no será ni sencillo ni pacífico

La burocracia es parte y aprovecha

Estamos en un momento muy complejo, con gobiernos y patronales, utilizando como excusa la pandemia, están atacando. Con el discurso “todos tenemos que hacer el esfuerzo”, asistimos a despidos, rebajas salariales, paritarias cerradas o amordazadas, ataque a diversos derechos laborales. En este contexto el rol de los sindicatos no es tema menor.

La burocracia está muy tranquila con la resolución del Ministerio de Trabajo. Es garantía de la falta de vida interna en el medio de una escalada inflacionaria y ataques a derechos laborales de todo tipo en importantes gremios. Este decreto es una herramienta más de la paz social. Aunque no faltan ejemplos para afirmar que algo se mueve por abajo y que hay procesos de todo tipo a lo largo y ancho del país.

Recuperar los sindicatos: es la tarea

Si bien argentina es un país con una alta tasa de sindicalización en comparación a otros países, todavía queda mucho por hacer. La resolución del ministerio impide la elección de delegados y comisiones internas en aquellos lugares donde no se conformaron con anterioridad a la pandemia en el marco de pretensiones de ajustes por parte de la patronal. Tampoco tienen posibilidad de elegir delegados los establecimientos creados recientemente.

Pero superando las restricciones, la apuesta es a que se desarrolle la más amplia participación de la base. Donde hay organización sindical y donde no. Donde surgen procesos de lucha y resistencia la burocracia intenta bloquear la posibilidad de votar representantes a la cual el Estado le brinda una herramienta más con esta norma.

El desarrollo de la actividad de base, de formas de coordinación, autoconvocatorias allí donde no hay representatividad o donde resulta vital superar a la burocracia sindical, resulta crucial. Desde los sindicatos en manos de direcciones antiburocráticas hay que denunciar esta intromisión en la vida interna de los sindicatos y desarrollar formas creativas de participación, sorteando las prohibiciones y limitaciones. Por ejemplo, en medio del ASPO (aislamiento social) se desarrollaron enormes caravanazos en Mendoza, de forma creativa ante la prohibición de concentraciones, que impidieron una reforma educativa nefasta y privatizadora.

Pero este proceso de lucha se desarrolló masiva y fuertemente porque hubo un proceso de deliberación enorme, aprovechando la virtualidad, con asambleas en más de mil escuelas, que elaboraron mandatos que fueron firmados en forma electrónica, y con plenarios departamentales y un enorme plenario provincial resolutivo.
No parecería lógico, pero lo legal es que, en el caso de la educación, salud y todo el estado, hay que pedir permiso a la patronal para realizar asambleas o una movilización para reclamarle por salarios, condiciones o cualquier derecho. Por eso es necesario sortear los límites de la intromisión estatal y hay sobrados ejemplos que nos dejó la pandemia, con marchas con distanciamiento social y medidas que van recuperando parte de nuestra historia, como es el bloqueo, los cortes de calles y rutas, piquetes, huelgas, etc.

¿Qué sería lógico? Que una postergación de los procesos electorales se deba a la decisión de sus afiliados y afiliadas, si es que definen que las condiciones no están dadas o porque no se puede garantizar las medidas de seguridad. Que se decida en el marco de la mayor democracia sindical y no porque la patronal, a través de su estado, o el estado como patronal, así lo impone.

Al peronismo y su pata en los sindicatos, la burocracia sindical, hay que superarlo con un movimiento de trabajadores y trabajadoras independientes del Estado, clasista, sobre la base del principio de la democracia sindical. Y sin dudas, para empezar, hay que pelear contra todo límite e intromisión del Estado en la actividad sindical.




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