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Red Internacional

Sin lugar a dudas la salud mental ha quedado en el ojo de todos con la pandemia. A los padecimientos de la vida cotidiana vino a agregarse un nuevo factor estresante. En ese marco, y debido al constante reclamo y señalamiento de la situación de emergencia por parte de los profesionales del área, la Legislatura declaró la emergencia en salud mental en Tucumán, aunque sin muchas medidas concretas.

Alea Romero CamposEstudiante de Psicología (UNT) | @alearome

Viernes 5 de noviembre | 12:00

En su última sesión, la Legislatura de Tucumán aprobó la emergencia en salud mental por un lapso de dos años. La medida se fundamentó en el impacto subjetivo que tuvo la pandemia para millones de personas, con el objetivo de “reforzar todos los niveles de atención, fundamentalmente, la atención primaria de la salud (APS)”.

Sin embargo, en el proyecto de ley presentado por Sara Alperovich, las medidas concretas en este sentido son la creación de una línea telefónica de emergencia e información, y una exhortación a la elaboración de informes y realizar campañas de difusión. Pero de conjunto no se estipula ningún tipo de presupuesto para su ejecución, no se habla de ampliar la base de profesionales absorbidos por el sistema público, parece que es una emergencia no tan urgente.

La realidad en la provincia es alarmante si tenemos en cuenta que Tucumán se encuentra en los primeros puestos nacionales de trabajo informal, esto implica que la enorme mayoría de la población no cuenta con cobertura médica, por lo que acceder a algún tratamiento psicológico o psiquiátrico es un verdadero lujo, que si ponderamos con los magros sueldos de la región, se deduce que muy pocos acceden al mismo.

Trabajos precarios, jornadas interminables, falta de vida social, la propia historia, todos factores estructurales del sufrimiento psíquico bajo el sistema capitalista pero fuertemente agravados por la pandemia, que no sólo profundizó todos los anteriores, sino que además abrió nuevos horizontes de incertidumbre, encierro e inestabilidad constante, que como ya se puede ver, han impactado profundamente en la salud mental de la población.

¿Y la ley de salud mental?

El gran problema existente es que pese a la ley de salud mental, en los 11 años que lleva desde su sanción a nivel nacional, no se han implementado las medidas necesarias para fortalecer el sistema de atención primaria, que permitiría que el acceso a la misma no fuera un privilegio para unos pocos o para “los que están peor”. Es que todos los gobiernos sostienen su pacto con las farmacéuticas, por lo que desmanicomializar no fue una opción.

La realidad en las áreas de salud mental se aleja mucho de la estipulada por la ley, no sólo jamás se destinó el presupuesto establecido, sino que además se fue recortando de forma constante en los últimos 11 años. Son las y los trabajadores de la salud quienes se ponen a usuarios y familiares al hombro y quienes con grandes esfuerzos sostienen la atención, pero eso también quedó en evidencia con la pandemia.

Actualmente en la provincia es imposible acceder a algún servicio terapéutico gratuito ambulatorio, ya que permanecen cerrados o se encuentran desbordados por la demanda. Resulta hasta perverso hacer campaña con el sufrimiento de los trabajadores y sus familias. Hacer alarde de una emergencia que no se dispone en lo absoluto a ampliar de forma real y concreta la capacidad del sistema público de salud, que no se propone (más que de discurso) acabar con las enormes desigualdades en su acceso, no es una emergencia.

Por otro lado, la situación de trabajadoras y trabajadores y el estado de los hospitales es harto conocido, edificios deteriorados, escasez de camas y recursos para tratamientos ambulatorios. Trabajadores sobreocupados y con sueldos de miseria, pero que dan la pelea por una salud pública de calidad como vimos en el gran proceso que llevaron adelante los autoconvocados de la salud, con fuerte adhesión en los monovalentes de la provincia, cómo se vio en las asambleas del hospital del Carmen y Obarrio.

La situación de los trabajadores de la salud mental que se desempeñan en áreas de niñes, adolescencia y familia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social no es mejor, lo hacen en condiciones totalmente fraudulentas y precarias. El Estado se vale de las mismas maniobras con las que las empresas privadas niegan la relación de dependencia de sus trabajadores. Contratados durante años como monotributista, sin derechos laborales, y con 70 a 100 casos que debe seguir cada operario, cómo vemos en el caso de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf).

Aún manteniendo esas condiciones, el Ministerio de Desarrollo Social va por más, criminalizando trabajadores para sacarse su responsabilidad en la falta de presupuesto para la implementación de verdaderas políticas sociales. Ahí también son los laburantes quienes se ponen en la primera fila, cómo pudimos ver en el paro de 72 horas que llevan adelante desde ayer, para oponerse al intento de criminalizar a las trabajadoras pero también en defensa de las infancias y adolescencia.

La universidad tampoco puede dar la espalda a la emergencia en salud mental que dejó planteada la pandemia. Tiene que abandonar el abstencionismo que sostiene desde que se decretó la cuarenta y poner a disposición sus recursos humanos, intelectuales y materiales al servicio de las familias que lo necesiten. La Facultad de Psicología debe reabrir el Centro Universitario de Atención Psicológica (CUAP) y multiplicar las prácticas profesionales, formando a todes les estudiantes avanzados para volcarse a la asistencia. Es momento de terminar con el sistema meritocrático de las prácticas y que la universidad se ponga al servicio de las necesidades sociales.

Sin duda la pandemia nos ha planteado nuevos desafíos en la demanda de acceso a la salud mental, los recursos están, sólo se necesita el presupuesto para ponerlos en marcha. Es necesario organizarnos, seguir el camino que marcaron los autoconvocados de la salud, y que hoy retoman en la Dinayf, y extenderlo a la universidad, para que la declaración de la emergencia sea el puntapié para la ampliación de la planta de trabajadoras y trabajadores de la salud mental en el ámbito público, para el pase a planta permanente de quienes trabajan precarizadxs en los ministerios y para terminar con la meritocracia en las prácticas universitarias.




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