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Red Internacional

A tres décadas de la muerte de joven chupado y asesinado por la Policía antes de un show de Los Redondos, lo que revelan documentos de Inteligencia generados por la Policía Bonaerense.

Juan Ignacio Provéndola@juaniprovendola

Lunes 26 de abril | 11:51

La muerte de Walter Bulacio a causa de la paliza que sufrió por parte del personal de la comisaría 35ª de Capital Federal se convirtió en un emblema de la violencia institucional en democracia. Ya sea por la arbitrariedad con la que fue detenido, por la brutal golpiza que padeció en la seccional porteña o por la impunidad de la que gozaron los culpables, el Caso Bulacio evidenció como pocas veces desde 1983 la perdurabilidad de prácticas represivas que se creían desterradas una vez que la última Dictadura abandonó el poder en Argentina.

Bulacio tenía apenas 17 años cuando fue detenido el 19 de abril de 1991 junto a otras 72 personas en la puerta del estadio porteño de Obras Sanitarias, en el marco de una violenta razzia dispuesta por la comisaría 35ª de la ciudad de Buenos Aires. Todos ellos habían concurrido allí para ver un show de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sin imaginar que esa noche no la pasarían en el recital, sino alojados en los calabozos de la seccional del barrio de Núñez.

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A pesar de que la Ley de Patronato de Menores prohibía entonces la detención de menores de edad sin la autorización de un juez, Walter permaneció en la comisaría varias horas. Recién abandonó la dependencia al día siguiente, pero no por su propia voluntad ni porque así lo establecía la ley, sino porque su frágil estado de salud obligó a internarlo en el sanatorio Mitre de Buenos Aires. Una semana después murió por causas que varían según quién las cuenta: la policía aseguraba que se trató de un “aneurisma no traumático”, mientras que otras versiones hablaban de una hemorragia interna e incluso de un traumatismo de cráneo.

Lo cierto es que el hecho provocó una multitudinaria indignación que devino en marchas y protestas a lo largo y a lo ancho del país. Conscientes de la responsabilidad que les cabía a las fuerzas de seguridad públicas por la muerte, estas no ahorraron diligencias para perseguir y hostigar a quienes que reclamaban justicia por Bulacio.

Por eso es que desde los organismos de Inteligencia se dispusieron numerosas tareas para seguir de cerca toda actividad pública tendiente a visibilizar la culpabilidad de la Policía en el hecho, en particular la de la Federal, bajo la órbita de la cual se encontraban los efectivos de la comisaría 35ª de Buenos Aires que detuvieron y ultimaron a Walter a golpes, según revelaron las pericias forenses.

Pero como los reclamos no se efectuaban solamente en el ámbito de la Capital Federal, fue necesaria la tarea mancomunada de todas las dependencias de espionaje que operaban sobre los territorios en los cuales se producían movilizaciones. Y allí entró en operaciones la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para escrutar todo lo que sucedía en ese territorio.

Marchas “a cambio de sánguches y bebidas”

La DIPBBA fue uno de los organismos de Inteligencia más importantes de la historia argentina: fue creado en 1956 y funcionó hasta 1998, por lo que su período de operaciones abarcó prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX, etapa en la que se sucedieron numerosos golpes de Estado. Se estima que la agencia bonaerense espió a más de 460 mil personas, de acuerdo a los 4 millones de fojas, alrededor de mil videos y una innumerable cantidad de casetes acumulados en todo ese tiempo. Actualmente el material está bajo la custodia de la Comisión Provincial por la Memoria en la Plata.

Entre ese tonelaje de archivo de espionaje se encuentran varias carpetas dedicadas al Caso Bulacio con títulos explícitos, observaciones inquietantes y directrices emanadas desde los mandos superiores hacia los inferiores. Todo esto permite una doble lectura: por un lado, ver qué era lo que espiaban; por el otro, entender de qué manera realizaban el espionaje y cómo se impartían las órdenes. Al mismo tiempo, permite también entender qué aspectos llamaban la atención o incomodaban a la propia Policía Bonaerense, en especial aquellos vinculados a la cobertura mediática que los hechos represivos generaban (normalmente, y como era de esperar, como valoraciones negativas hacia el accionar de la fuerza),

Una de esas carpetas está fechada el 7 de junio de aquel 1991 y lleva por título “Marchas del silencio – panfletos”. En ese documento, la Dirección de Inteligencia Bonaerense se manifiesta una evidente alarma por la participación de espacios políticos en las acciones de protestas luego de la “aparición de distintos libelos refrendados por la Juventud Socialista-MAS en el ámbito educativo provincial en relación a los casos María Soledad Morales (NdeR: joven de Catamarca violada y asesinada el 8 de septiembre de 1990 por personas vinculadas al poder de aquella provincia) y Walter Bulacio, y en los cuales se hace mención a la formación de una Comisión Investigadora formada por parlamentarios, familiares, compañeros, personalidades y estudiantes “vinculados con los antes mencionados”. Por ese motivo, la DIPPBA le solicita a todas las dependencias zonales del organismo que estén atentos a la “aparición de estos panfletos en la jurisdicción (lugar, fecha y cantidad)”, la “repercusión de los mismos en el espectro educativo (secundario y/o universitario)” y las “posibles derivaciones”.

La misión encomendada tenía tan sólo cuatro días de duración, lo cual obligó a intensificar las tareas durante el breve lapso otorgado. Al término del mismo, la jefatura central recibió como respuesta un profuso informe en el que se brindan detalles y una claridad conceptual que no duda en vincular a los movilizados con otros fines: luego de anticipar que los volantes de la polémica “serán distribuidos en todos los Centros de Estudiantes, tanto secundarios como universitarios; así como también en villas y barrios carenciados de Capital y el Gran Buenos Aires”, el documento infiere que para la marcha organizada para el 23 de junio de 1993 desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo no participarán únicamente “cuadros militantes”, sino también “una cantidad importante de jóvenes habitantes de Villas de Emergencia del conurbano bonaerense, en su mayoría no politizados pero sí estrechamente vinculados a delitos comunes, los que ya están siendo convocados por los punteros de las organizaciones políticas, ya que la finalidad de la marcha y movilización es la de ‘juntarse a putear a la yuta asesina’, para lo cual ofrecen medios de locomoción gratis, sandwichs y bebidas”. Una caracterización llena de estigmatización y prejuicios.

“La yuta mata, la indiferencia también”

Los pedidos de justicia por Walter Bulacio siguieron efectuándose varios meses después de su muerte, y con ellos también se extendieron la preocupación y la consecuente vigilancia de los organismos de inteligencia, entre ellos la DIPPBA, ya que las acciones también encontraron fuerte eco en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Un documento del 27 de enero de 1992 que llevaba por nombre el de “Panfletos críticos hacia el accionar policial” detalla la aparición de volantes que la DIPPBA atribuye a “una supuesta organización denominada ANARQUÍA (SIC), cuyo logo es una letra ‘A’ encerrada en un círculo generalmente de color rojo que ya ha aparecido en varias pintadas efectuadas en diversas zonas de La Plata desde hace largo tiempo”. El informe transcribe el contenido de los panfletos y subraya dos líneas: aquella que dice “Policía, más que una profesión: asesino” y otra que sostiene que “la yuta mata, la indiferencia también; cualquiera puede ser Walter Bulacio; el poder que ellos tienen es el que nosotros les damos, no deleguemos nuestra soberanía”.

En otro párrafo, el citado memo de la DIPPBA hace una particular lectura de lo que le sucedió a Bulacio, según el cual el joven debió ser internado en el sanatorio Mitre porque “comenzó a sentir mareos y cefaleas”, aunque sin explicar debidamente qué fue lo que había ocasionado estas molestias que lo condujeron al deceso (los golpes propinados por policías, claro). Pero lejos de ser una omisión involuntaria, el informe luego sostiene que “las circunstancias particulares en las que ocurriera el fallecimiento dieron lugar a la utilización parcializada del hecho por parte de los medios de comunicación, los cuales en un principio publicaron extensos artículos adjudicando en algunos casos la responsabilidad de la muerte al desempeño policial en la oportunidad”. Cola de paja, que le dicen.

No obstante estas observaciones, la DIPPBA se encargó de resaltar en las líneas finales del informe que la detención y posterior muerte de Bulacio se produjeron en el marco de un operativo de la Policía Federal, y no de la Bonaerense a la que este organismo de inteligencia reportaba, por lo que no oculta su sorpresa al entender que en estos panfletos vigilados “se involucra también a esta institución policial (NdeR: la Bonaerense), en virtud de captar la atención del lector ante el término generalizador ‘Policía’”.

La causa judicial por el asesinato de Walter Bulacio deambuló por distintos juzgados de instrucción, cámaras de apelaciones y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque sin ninguna resolución favorable al esclarecimiento del hecho. Por eso las marchas y movilizaciones continuaron incluso años más tarde, como por ejemplo ocurrió el 23 de abril de 1993, poco después de un nuevo aniversario de la muerte del joven.

Un espía infiltrado en esa marcha que procesó desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo dejó asentado en un informe secreto las exposiciones que los distintos oradores realizaron en el escenario montado sobre la calle Balcarce, frente a la Casa Rosada. Curiosamente, el agente designado a esa misión no logró averiguar el nombre de la primera disertante, de quien sólo pudo decir que se trataba de “una estudiante con un altavoz que no se identificó”, evidenciando una llamativa inutilidad para lograr un cometido esencial en la tarea de cualquier espía: conocer la información básica de quien se vigila.

Sí, en cambio, el efectivo logró precisar algo sobre la persona encargada de cerrar el acto. Se trataba de la abuela de Walter, dato que el agente confundió y distorsionó creyendo que era la madre la mujer que se presentó ante el micrófono del escenario. Lo único que el espía consideró relevante consignar de su alocución fue una expresión desahuciada y dolorosa: “Esta mujer manifestó que le había mandado dos cartas al Presidente (NdeR: Carlos Menem) y, entre llantos, dijo que no había tenido respuesta alguna a sus reclamos”.

El rock como todo llanto

Entrevistado por este periodista casi 18 años después de la muerte de Bulacio, Skay Beilinson reflexionó: “Siempre estábamos al borde de una catástrofe y era muy doloroso. Fuimos conscientes de que, al convocar mucha gente, éramos responsables”. El entonces ya exguitarrista de Los Redondos incluso fue más allá: “A mucha gente le ha resultado complicado lo que hacíamos y algunos nos dijeron cosas que pasaban por atrás, pero no pudimos confirmarlas. Por un tiempo decidimos no tocar en Capital, porque venía muchísima gente, había enfrentamientos con la policía y era muy descontrolado. Generaba mucho pánico lo que se movía alrededor de Los Redondos”.

Si bien reconoció que todo aquello “fue muy desgastante”, Skay aseguraba que “tratábamos de extremar las medidas y, gracias a Dios, nunca sucedió nada”. Una verdad a medias, debatible, incluso cuestionada: si bien la muerte de Bulacio no se produjo durante un recital propiamente dicho y ni siquiera dentro del recinto donde se iba a desarrollar (pero sí en los accesos al mismo, lo cual motivó una áspera carta abierta de Enrique Symns al Indio Solari en la revista Cerdos y Peces, donde fustigó: “Mataron a un invitado tuyo en la puerta de tu casa”), luego la violencia fue in crescendo a medida que avanzaban los años, crecía la convocatoria y —en simultáneo, no hay que negarlo— se empoderaban las fuerzas represivas bajo los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. En el último acto de Los Redondos en Buenos Aires (el doblete en River el 15 y 16 de abril de 2000), Jorge Ríos punteó con un cuchillo a siete personas en pleno estadio antes de ser linchado por parte del público. “Ha pasado algo muy grave acá. Han entrado un par de hijos de puta, no sé si mandados por alguien o qué, que se cagan en el esfuerzo de la banda y de los 70, 80 mil pibes que vinieron. Hay varios chicos lastimados”, alertó Solari al micrófono después de media hora de pausa y antes de retomar el concierto con todas las luces prendidas de la cancha.

En el libro Recuerdos que mienten un poco, el Indio le confiesa al periodista y escritor Marcelo Figueras que la Policía les pedía “una guita que en esencia era una coima” a cambio “de asegurarte que te iban a dejar la fiesta en paz”. Solari además jura no haberse enterado de la razia que estaba aconteciendo en los accesos a aquel show de Obras del 19 de abril de 1991 porque “en los camarines estás aislado del mundo”. Lo que sucedió después es relativamente conocido, pese a que —curiosamente— las versiones son encontradas: ¿hasta qué punto Los Redondos acompañaron a la familia de Walter Bulacio en procura de justicia? Cada cual medirá el aceite con su propia vara. El mismo Indio compartió en sus redes la semana pasada (cuando se cumplieron tres décadas de la detención) un dibujo con el rostro de Walter y la leyenda: “Pensando en vos siempre”.

Lo concreto es que sólo la persistente lucha de familiares y allegados a Walter Bulacio impidió que la causa agonizara, logrando que en 2004 la Corta Interamericana de Derechos Humanos ordenara la reapertura de la misma, condenada hasta ese entonces al archivo y el olvido. Gracias a esa acción, el Tribunal Oral en lo Criminal 29 de Capital debió llamar a un juicio oral y público que terminó siendo un chiste: solo fue condenado Miguel Ángel Espósito, comisario de la seccional 35ª y jefe del operativo que acabó con la vida de Bulacio, aunque no por la muerte del joven sino tan sólo por “privación ilegal de la libertad”. La sentencia judicial a tres años de prisión en suspenso le permitió a Espósito eludir la cárcel, aunque permanece por siempre una pena imposible de soslayar: la social. Aquella que, tal como reza un divulgado cántico entre las marchas e incluso recitales de rock, declama: “Yo sabía, yo sabía: a Bulacio lo mató la policía”.


Documental

En el año 2011 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y TVPTS (canal digital predecesor de La Izquierda Diario) coprodujeron el documental Yo sabía que a Walter lo mató la Policía. Miralo

Yo sabía, que a Walter lo mató la policía [TVPTS + CORREPI] Duración: 41 minutos 2011




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