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Red Internacional

Tras la multitudinaria movilización contra el fallo de la Corte favorable a los genocidas, varios jueces eligieron negarle el beneficio a otros condenados por crímenes de lesa humanidad.

Sábado 20 de mayo de 2017 | Edición del día

Hace pocos días el juez federal Sebastián Ramos le negó el beneficio al genocida, exprefecto y miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA Juan Antonio Azic, apropiador de Victoria Donda, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad en los años 2011, 2012 y 2014.

Una semana atrás el Tribunal Oral Federal N° 6 le negó la excarcelación al represor Victor Gallo, apropiador del nieto restituido 101 Francisco Madariaga.

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Por su parte el tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata rechazó en las últimas semanas 15 pedidos presentados por condenados por crímenes de lesa humanidad que había pedido que se les aplique el cómputo de 2x1.

Las presentaciones rechazadas son las del excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, de su chofer Hugo Guallama, condenado a perpetua por su participación en el ataque a la casa Mariani-Teruggi en 1976; del sacerdote Christian Von Wernich; del exsuboficial de la Policía Bonaerense de Junín Miguel Ángel Almirón; del exsubjefe de la Unidad Penal 9 de La Plata Isabelino Vega; del guardiacárcel de esa unidad Raúl Rebaynera; de dos médicos penitenciarios que actuaron en esa cárcel; del excomisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata Pedro Antonio Ferriole; del exoficial de la misma repartición Jorge Daniel Lencinas -condenados ambos por la causa “Circuito Camps”; de Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi; y de los civiles de la inteligencia castrense Claudio Grande, Rufino Batalla y Raúl Espinoza; y de los apropiadores Omar Alonso y María Mercedes Elichalt.

Al encontrarse firmes las sentencias de los condenados Etchecolatz, Rebaynera, Vega, Von Wernich, Jurío y Corsi las resoluciones fueron unipersonales, dictado el rechazo por los jueces Germán Castelli (caso Etchecolatz, Rebaynera y Vega) y Pablo Vega (Von Wernich, Jurío y Corsi).

El resto de los pedidos fueron resueltos por los tres jueces del tribunal. Se resolvieron por la mayoría integrada por Vega y Castelli. El juez Alejandro Esmoris se pronunció en minoría a favor de aplicar el 2x1, por considerar que “se trató de una ley penal más benigna”. Los tres magistrados fueron coherentes con su postura anterior al fallo "Muiña" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En San Martín, el 16 de mayo, el Tribunal Oral Federal N° 1 compuesto por los jueces Marta Milloc, Lucía Cassain y Diego Barroetaveña, rechazó el pedido de excarcelación del genocida Carlos Daniel Caimi, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en la causa conocida como “Campo de Mayo”.

A su vez en Córdoba, el intento de salir en libertad de los genocidas Emilio Morard y Héctor Romero, represores del Tercer Cuerpo del Ejército que secuestraron, desaparecieron, torturaron y asesinaron en el centro clandestino de detención “La Perla”, fue denegado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de esa provincia.

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Producto del vergonzoso fallo dictado por la Corte Suprema el 3 de mayo que beneficia a los genocidas, muchos de los represores condenados pidieron inmediatamente que se les aplique el cómputo del 2x1 ya sea para lograr la excarcelación o para acortar sus penas.

Tomando nota del inmenso repudio popular que se iba a suceder en la marcha contra la impunidad, el mismo día los mismos que votaron en el Congreso los pliegos de los jueces de la Corte que Macri nombró por decreto tuvieron que votar limitar el fallo -no aplicable a casos de lesa humanidad-.

Mientras que en el Poder Judicial algunos jueces hoy niegan el beneficio a genocidas, después de 40 años sólo 750 genocidas fueron condenados cuando funcionaron más de 600 centros clandestinos de detención y más de 400 jóvenes apropiados aún hoy desconocen su verdadera identidad. Sólo la movilización independiente logrará encarcelar a todos los genocidas.

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